José Luis Olivas Salgado
Expediente 86/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Luis Olivas Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
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SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 22 DE MARZO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: De la certificación que precede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer recurso de queja contra el acuerdo de tres de marzo dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda promovida por José Oliva Salgado y/o José Luis Olivas Salgado, por propio derecho y en representación de Mercado Héroes de México, Asociación Civil; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación que precede se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya hecho valer recurso de queja contra el acuerdo de tres de marzo dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda promovida por José Oliva Salgado y/o José Luis Olivas Salgado, por propio derecho y en representación de Mercado Héroes de México, Asociación Civil; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del cuadernillo en que se actúa, visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), concuerdan con las que obran en el expediente físico; archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en los supuestos previstos en el capítulo ocho, apartado 8.1.2, número 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del expediente mencionado y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente al quejoso y cúmplase.
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Agréguese el escrito firmado por ********, con el que pretende desahogar la prevención que se le formuló en proveído de veintiséis de enero último. Ahora bien, toda vez que en el ocurso de cuenta, lo mismo que en los diversos presentados en este juzgado el siete, quince, diecisiete y veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se desprende que en el apartado de actos reclamados narra las violaciones en las que, a su parecer, incurren las responsables respecto del Acuerdo de Clasificación ACR-01-2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se clasificó como reservada la información referente a los procedimientos de adquisiciones de insumos y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la "Torre y/o Plataforma Centinela" Es decir, se limita a insertar diversas cuestiones calificativas y argumentos que no participan de la naturaleza propia de los actos reclamados, sino apreciaciones sobre ellos, es decir, incipientes conceptos de violación, lo que impide que exista certeza sobre el acto que reclama de cada ente señalado como autoridad responsable. Circunstancia que indefectiblemente les acarrearía a aquéllas (autoridades responsables) un estado de indefensión, pues las imposibilitaría para rendir eficazmente su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Enero de 1991, Octava Época, registro digital 223603, página 69, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta ( activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Sin embargo, en obvio de dilaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que sigue es analizar la demanda de amparo para verificar si se actualiza alguna causal de improcedencia, pues de acontecer tal circunstancia debe desecharse. En ese orden de ideas, debe decirse que el accionante tanto en la demanda, como en su escrito aclaratorio presentado ante esta potestad el siete de febrero de dos mil veintitrés, señaló, entre otras cosas, comparecer con el carácter de representante común de todos y cada uno de los diversos doscientos sesenta y siete (267) quejosos adherentes, acompañando al último de dichos ocursos copia simple con el nombre y firma de éstos. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causa de improcedencia que deriva de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el artículo 6°, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, y el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. [.]". Por su parte, el artículo 204 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 204.- Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por subscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La subscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales o marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, si no están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la subscripción. [.]". De dichos artículos se obtiene que el juicio de amparo se encuentra regido por el principio de instancia de parte agraviada, esto es, únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por sí, a través de su representante legal o de su defensor; y, que se tiene como autor de un documento a la persona que lo suscribe; de donde se sigue, que cuando en el procedimiento constitucional se advierte que quien comparece a instar no es la parte agraviada, éste se torna improcedente. Como se mencionó, ****, tanto en la demanda como en su escrito aclaratorio presentado ante esta potestad el siete de febrero de dos mil veintitrés, señaló, entre otras, comparecer con el carácter de representante común de todos y cada uno de los diversos doscientos sesenta y siete (267) quejosos adherentes, acompañando al último de dichos ocursos copia simple con el nombre y firma de éstos; sin embargo, carece de firma autógrafa de quien aparece como su suscriptor; la cual es necesaria para considerar ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien acude a promover ese medio extraordinario de defensa. Lo anterior, pone de manifiesto que al no contar con firma autógrafa de quienes se refiere el promovente como quejosos adherentes, es dable establecer que en la hipótesis fáctica no se ha ejercido la acción constitucional, pues al faltar uno de los elementos formales, válidamente se llega a la conclusión que no existe una manifestación expresa de la voluntad para efecto de promover el juicio constitucional, máxime que cuando se trata de algún acto jurídico por escrito, es requisito sine qua non que contenga la firma autógrafa del gobernado, pues de lo contrario se debe considerar como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, y por tanto, este juzgador la desestima de plano. Deficiencia que no puede subsanarse mediante una prevención, como lo refiere en dicho ocurso aclaratorio el accionante, por no constituir alguna de las irregularidades de las previstas por el artículo 114 de la Ley de Amparo, en cuanto a omisión de algún requisito de los señalados en el diverso artículo 108. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por José Luis Olivas Salgado, con el carácter de representante común de todos y cada uno de los diversos doscientos sesenta y siete (267) quejosos adherentes. Es aplicable al respecto la tesis I.15o.A.17 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, en su Novena Época, página 1613, de cuyo contenido se lee: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE TENERSE POR NO INTERPUESTA CUANDO EL ESCRITO RELATIVO NO SE ENCUENTRE FIRMADO POR EL QUE APARECE COMO PROMOVENTE, SIN TENER QUE PREVENIRLO PARA QUE LA FIRME. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña, en los casos en que la ley lo permita expresamente. En esos términos, si el escrito de demanda no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la ausencia de firma en el escrito de demanda equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo y, entonces, no debe, incluso, prevenirse al señalado como promovente para que estampe su firma, pues, además, ésta no entraña uno de los requisitos de forma a que se refiere el artículo 116 de la legislación de la materia, que pueda regularizarse en términos del diverso 146, sino un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, cuya ausencia no conduce siquiera a desechar por improcedente la demanda, pues no puede desecharse lo que no existe, sino a tenerla por no interpuesta ante la falta de expresión de la voluntad del que aparece como promovente.". Así como por las razones que informa, la tesis XVII.7 K (10a.), del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Décima Época, página 2154, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Adicionalmente, el accionante del amparo impugna, al parecer, el Acuerdo de Clasificación ACR-01-2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se clasificó como reservada la información referente a los procedimientos de adquisiciones de insumos y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la "Torre y/o Plataforma Centinela"; respecto del cual, si bien se adelantó, se limitó a insertar diversas cuestiones calificativas y argumentos que no participan de la naturaleza propia de los actos reclamados, sino apreciaciones sobre ellos, es decir, incipientes conceptos de violación, lo que impide que exista certeza sobre el acto que reclama de cada ente señalado como autoridad responsable; manifestó, bajo protesta de decir verdad que, al menos desde el diez de agosto del año próximo pasado, tuvo conocimiento de los actos llevados a cabo por la titular del Poder Ejecutivo del Estado, data en la que refiere que se anunció mediática y públicamente el "inicio" de una estrategia para el combate a la inseguridad en la entidad federativa. En ese sentido, el referido artículo 113 de la ley de la materia señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XIII [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." De lo trascrito se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente en el supuesto de que no se promueva dentro de los términos que establecen los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que a letra dice: "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Dicho lo cual, al no encontrarse el acto señalado dentro de ninguno de los supuestos que se establecen en las fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, transcrito, el plazo con que contaba la quejosa para acudir a instar era de quince días, mismo que inició el doce de agosto de dos mil veintidós y concluyó el uno de septiembre de la misma anualidad, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto del mismo año, por resultar inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, como se desprende del sello de recepción de dicha oficina, es claro que se realizó cuando ya había fenecido el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo. Así las cosas, resulta evidente que la parte quejosa se conformó tácitamente con los actos reclamados; por lo que, al no encontrarse ante alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 17 de la ley de la materia, es indudable que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia en estudio. Aunado a lo anterior, dada la imprecisión de la certeza sobre el acto que reclama de cada ente señalado como autoridad responsable, conviene señalar que en términos de los preceptos transcritos, las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el plazo de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término para promover el juicio de amparo es el de quince días, según las reglas establecidas en el numeral en comento. Es decir, para la impugnación de las normas a través del juicio de amparo debe quedar acreditado que se produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, bien porque la entrada en vigor de las mismas los produzca de inmediato, o porque dichos efectos se hayan producido por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley por actualizarse los supuestos de la norma. Lo anterior implica que para que surja el derecho de un particular para solicitar amparo en contra de una ley, es necesario que se individualice el efecto de la misma en aquel que lo promueve. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 328, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo I, materia Constitucional, Novena Época, del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". De tal suerte que, una norma es autoaplicativa por contener en sí misma un principio de ejecución que se actualiza en el momento mismo en que entra en vigor, por tanto, es menester reafirmar la necesaria existencia de un agravio personal, actual y directo como presupuesto esencial de la procedencia del juicio de amparo, al acreditar que se está en el supuesto normativo de la norma que se tilda de inconstitucional. Es aplicable en este aspecto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, página 93, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CONCEPTO. La ley tiene carácter de autoaplicativa cuando, con su sola vigencia, afecta de manera inmediata al gobernado, independientemente de que se produzca o no un acto posterior de autoridad que la aplique de manera concreta". En ese orden de ideas, cuando una ley autoaplicativa no es combatida por los particulares durante el término de treinta días contados a partir de su vigencia, es menester ineludible para su posterior impugnación, la existencia material de un acto de aplicación que haga renacer el término de quince días a que se refiere el texto del artículo 17 de la Ley de Amparo. En este sentido se pronuncia la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo IX, enero de 1992, Octava Época, página 124, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INTERPONERLO. Existen, en principio, tres momentos en los que puede reclamarse la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o decreto gubernativo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, a saber: a) Dentro de los treinta días siguientes al de la fecha en que se inició su vigencia, si se trata de una disposición autoaplicativa; b) Dentro de los quince días que siguen al de la notificación o conocimiento del primer acto de su aplicación concreta y, c) Dentro de ese mismo lapso, contado desde el siguiente día a aquél en el que surte sus efectos la notificación del fallo o resolución que recayeron al recurso o medio de defensa que la propia disposición legislativa otorgue al gobernado, por virtud del cual ese acto de aplicación pudo ser modificado, revocado o nulificado. Si en cualquiera de esas hipótesis, no se acude en demanda de la protección federal en los lapsos que se indican, conforme a lo que disponen los artículos 21 y 22 de la propia ley reglamentaria, resulta procedente sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la propia Ley de Amparo". Asimismo, apoya lo anterior, la tesis de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, séptima parte, Séptima Época, página 15, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLAS. Cuando una ley es autoaplicativa puede impugnársele, aunque no hubiese sido aplicada, dentro de los primeros treinta días de su vigencia, o bien dentro de los quince días siguientes al que en concreto sea aplicada; pero en este último supuesto, hace falta demostrar, obviamente, que tal acto de aplicación se ha producido; y no basta argüir que como la ley es autoaplicativa, debe deducirse o suponerse que ha sido aplicada al quejoso, pues esta presunción opera sólo cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros 30 días de vigencia de la ley." En la especie, como se dijo, la parte quejosa impugna el Acuerdo de Clasificación ACR-01-2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, a través del cual se clasificó como reservada la información referente a los procedimientos de adquisiciones de insumos y tecnología necesarios para el desarrollo, implementación y funcionamiento de la "Torre y/o Plataforma Centinela". Al respecto, se limitó a señalar que reclama la citada disposición, toda vez que trasgrede en perjuicio del interés público la obligación de transparentar las fuentes de financiamiento y el procedimiento de pagos que están llevando a cabo de forma periódica para la planeación, proyección, asignación, demolición, construcción ,equipamiento publicidad y funcionamiento, relativas a las afectaciones y acciones en materia de seguridad pública en el Estado de Chihuahua con la obra pública de Gobierno del Estado de Chihuahua conocida como "Torre y/o Plataforma Centinela" al disponer de forma discrecional y en secrecía de dichos recursos públicos. Es decir, por su carácter autoaplicativo. Luego, al no impugnarse en su primera oportunidad el Acuerdo de Clasificación ACR-01-2022 tildado de inconstitucional, es decir, dentro de los treinta días siguientes a su entrada en vigor, es menester que dicho ordenamiento legal se combata dentro de los quince días posteriores al primer acto de su aplicación. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, Materia Común, Constitucional, Novena Época, página 461, que señala: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció jurisprudencia en el sentido de que el juicio de garantías contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: dentro de los treinta días hábiles contados desde que entra en vigor, y dentro de los quince días a partir del siguiente en que tiene lugar el primer acto de aplicación, según se advierte de la tesis de jurisprudencia 209, visible en la página 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDA SE INTERPONE EXTEMPORÁNEAMENTE EN RELACIÓN CON EL TÉRMINO DE 30 DÍAS SIGUIENTES A SU VIGENCIA, Y NO SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE ACTOS DE APLICACIÓN.". Ahora bien, tratándose de la primera hipótesis, el cómputo del plazo señalado inicia desde el día de su vigencia a las cero horas, porque resultaría incongruente que si la ley de esta naturaleza causa un perjuicio desde la misma fecha en que su observancia es obligatoria, el plazo para promover el juicio empezara a contar hasta el día siguiente, es decir, el segundo día; de ahí que el legislador estableciera en el artículo 22, fracción I, una regla diferente a la prevista por el artículo 21 de la ley de la materia para los casos en que sean reclamables las leyes autoaplicativas en la vía de amparo, pues debe promoverse en el plazo de treinta días a partir de que producen efectos jurídicos. La circunstancia de que en algunos de los textos de las tesis emitidas por el Pleno y Sala de este Alto Tribunal se precise que una "ley sólo puede ser impugnada de inconstitucional como tal, esto es, dentro del término de 30 días siguientes al de su entrada en vigor, a que se refiere el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo", no significa que el cómputo se inicie al día siguiente de aquel en que comenzó su vigencia, sino a partir del día en que entró en vigor, pues el término "siguientes", que se refiere a los días posteriores a aquellos en que se inició la vigencia de la ley, debe entenderse que se utilizó considerando que normalmente se precisa en los ordenamientos normativos que entrará en vigor al día siguiente de su publicación". Luego, si como se precisó, la demanda de amparo, al parecer de lo narrado por el quejoso, se promueve contra una ley autoaplicativa, la oportunidad que tenía para impugnarla era dentro del término de treinta días que para el efecto establece el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, contado a partir del día de su entrada en vigor, esto es, del veintiocho de marzo del año próximo pasado. En lo que interesa es aplicable la tesis 1a. XIII/95, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, mayo de 1995, Novena Época, página 180, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONERLO. No es verdad que los términos a que se contrae el artículo 21 de la Ley de Amparo, se refieren al amparo contra resoluciones o acuerdos, pero no al amparo contra leyes, por lo que en este caso es aplicable la fracción I, del artículo 22 del mismo ordenamiento, que señala un plazo de treinta días y dentro del cual puede promoverse el juicio de garantías. Tales razonamientos son infundados, porque el párrafo segundo de la fracción XII, del artículo 73 de la ley que se viene citando, se está refiriendo expresamente a la ley, y la cual para que no se entienda consentida cuando es impugnable desde el momento de su promulgación, en los términos de la fracción VI, requiere que el amparo se interponga, contra el primer acto de aplicación en relación con el quejoso. Y la aplicación concreta cuando la ley no se impugnó al ser promulgada, constituye el presupuesto del cual se parte para considerar consentida o no la ley dentro del término de quince días que señala el citado artículo 21, que tiene aplicación concreta tanto en las resoluciones o acuerdos, como en la ley, que se combatan por el procedimiento constitucional." En esas condiciones, el término de treinta días para impugnar la norma combatida, con motivo de su entrada en vigor, conforme al artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, inició el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, y concluyó el trece de mayo de la misma anualidad, sin contar los días veintiséis y veintisiete de marzo, dos, tres, nueve, diez, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de marzo, uno, cinco, seis, siete y ocho de mayo del año próximo pasado, por tratarse de días inhábiles, en términos de lo previsto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por ende, si como se ha dicho, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que se realizó una vez fenecido el término de treinta días con que contaba para la impugnación de una norma autoaplicativa establece el diverso 17, fracción I, de la ley de la materia. Por todo lo señalado, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por extemporánea la demanda promovida por *****, por propio derecho y en representación de Mercado Héroes de México, Asociación Civil. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, página 1631, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Notifíquese personalmente al promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Patricia Dolores Torres Cobos, Secretaria que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe. JEBG/PDTC*Fagp
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 03 DE MARZO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Por ende, si como se ha dicho, la demanda de amparo se presentó el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, es inconcuso que se realizó una vez fenecido el término de treinta días con que contaba para la impugnación de una norma autoaplicativa establece el diverso 17, fracción I, de la ley de la materia. Por todo lo señalado, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por extemporánea la demanda promovida
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