José Luis Ortiz Dávila

Expediente 1246/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1246/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2018

Partes del expediente

  • José Luis Ortiz Dávila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El trece de julio de dos mil dieciocho Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del seis al doce de julio del año en curso; con exclusión de los días siete y ocho del mes y año en curso por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a trece de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma José de Jesús Martínez Torres, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN b), DE LA LEY DE AMPARO: CUENTA. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con escrito registrado con el folio 13451. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Luis Ortiz Dávila, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de junio del año en curso, manifestando que señala como acto reclamado, el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas. En tales condiciones se prevee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto señalado como reclamado, consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas dentro del procedimiento administrativo de restitución de tierras 90/2018, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que con dicho acto únicamente se inicia el referido proceso. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa algún supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado el quejoso lo hace consistir en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas y, como tal, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, si el quejoso impugna el acto consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, derivado del procedimiento administrativo de restitución de tierras 90/2018, debe concluirse que el sólo inicio de ese procedimiento constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en virtud de que únicamente constituye una parte del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas. Efectivamente, en el artículo 161, de esa ley, se prevé que el procedimiento de restitución de tierras se inicia con el requerimiento al particular que se encuentra en posesión de un bien perteneciente al régimen de fraccionamientos rurales y que haya sido adjudicado a otro diverso. Por su parte, en el artículo 162 se establece que la autoridad administrativa le concederá al particular requerido un término de cinco días hábiles y una vez transcurridos, se emitirá la resolución correspondiente, pudiendo ordenarse en la misma el desalojo del bien de que se trate, siguiendo en este caso las reglas de la ejecución forzosa. Por tanto, el acto señalado como reclamado, consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo la realización de los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras, registrado con el número 90/2018, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales no constituye un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal con el que se busca someter al quejoso al proceso administrativo de restitución de tierras. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto que se lee: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual manera, la jurisprudencia que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción III, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la presente demanda de derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  3. Principal

    CUENTA. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con escrito registrado con el folio 13451. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Luis Ortiz Dávila, por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veinte de junio del año en curso, manifestando que señala como acto reclamado, el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por el Director de Fraccionamientos Rurales del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas. En tales condiciones se prevee: DESECHAMIENTO. Este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se establece el precepto 113 de la Ley de Amparo, de tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del referido precepto legal se advierte que el Juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción, III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el acto señalado como reclamado, consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, dictado por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas dentro del procedimiento administrativo de restitución de tierras 90/2018, constituye un acto dictado dentro de un procedimiento administrativo que no es de imposible reparación, puesto que con dicho acto únicamente se inicia el referido proceso. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa algún supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en el caso concreto, no se surte a cabalidad el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado el quejoso lo hace consistir en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas y, como tal, no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por tanto, si el quejoso impugna el acto consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, derivado del procedimiento administrativo de restitución de tierras 90/2018, debe concluirse que el sólo inicio de ese procedimiento constituye un acto intraprocesal que no afecta derechos sustantivos, en virtud de que únicamente constituye una parte del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Fraccionamientos Rurales del estado de Zacatecas. Efectivamente, en el artículo 161, de esa ley, se prevé que el procedimiento de restitución de tierras se inicia con el requerimiento al particular que se encuentra en posesión de un bien perteneciente al régimen de fraccionamientos rurales y que haya sido adjudicado a otro diverso. Por su parte, en el artículo 162 se establece que la autoridad administrativa le concederá al particular requerido un término de cinco días hábiles y una vez transcurridos, se emitirá la resolución correspondiente, pudiendo ordenarse en la misma el desalojo del bien de que se trate, siguiendo en este caso las reglas de la ejecución forzosa. Por tanto, el acto señalado como reclamado, consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitido por el director de Fraccionamientos Rurales del Estado, a través del cual señaló fecha para que personal técnico de la citada dependencia llevara a cabo la realización de los trabajos pertinentes dentro del lote urbano ubicado en la colonia San José del Saladillo, municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras, registrado con el número 90/2018, del índice de la Dirección de Fraccionamientos Rurales no constituye un acto en el procedimiento que sea de imposible reparación, sino que se trata de un acto intraprocesal con el que se busca someter al quejoso al proceso administrativo de restitución de tierras. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto que se lee: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". De igual manera, la jurisprudencia que dice: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia que resulta al relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción III, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113, del mismo ordenamiento legal lo que procede es desechar la presente demanda de derechos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

  4. Principal

    El veinte de junio de dos mil dieciocho, se da cuenta con un escrito registrado con el número 12982 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de junio de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso José Luis Dávila, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a las prevenciones formuladas en proveído de catorce del mes y año en curso, sin embargo no da cumplimiento de manera concreta a las mismas, ya que, si bien, el quejoso en su demanda refiere reclamar "órdenes giradas para iniciar el procedimiento de restitución de tierras", el cual dice le fue notificado el veinticuatro de mayo del año en curso. Mientras que en su escrito aclaratorio manifiesta que en auto de doce de abril de dos mil dieciocho, le fue notificado la instauración del expediente 90/2018, relativo al procedimiento administrativo de restitución de tierras, y en los incisos que marca como c) y d), refiere un derecho de petición. Sin embargo, no se advierte con claridad el acto que reclama el quejoso, lo que lleva a requerirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Precise con claridad cuál es el acto que reclama, la fecha de su emisión y cuando tuvo conocimiento del mismo y de ser posible exhiba copia simple del auto o resolución del que se duele. 2. Asimismo, deberá exhibir seis copias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, a saber dos, para las autoridades responsables, una más, para la tercero interesada, dos, para aperturar el incidente de suspensión, y una última para darle intervención al Agente del Ministerio Público de la adscripción; salvo que el cumplimiento de la prevención se realice de forma electrónica en términos del artículo 110, párrafo primero, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento del promovente que es el quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio accionante del amparo, ya que es él quien debe manifestar el acto que reclama para estar en aptitud de formar la litis constitucional. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al quejoso que de no dar cumplimiento en los términos indicados dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza. Doy fe. Regina.

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