José Luis Ordaz Bretado
Expediente 1929/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1929/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Luis Ordaz Bretado
Actuaciones
- Principal
En diez de diciembre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro CERTIFICO: Que transcurrió el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra del auto de veintidós de octubre de la presente anualidad, en que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo número 1929/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diez de diciembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto de veintidós de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por José Luis Ordaz Bretado, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por lo que, al no ser de relevancia documental, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en el párrafo segundo del punto décimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, se ordena su archivo definitivo y una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En veintidós de octubre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta al Juez con un oficio y anexos, registrado bajo el número de folio 20911.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. Téngase por recibido el oficio de cuenta 9686/2015, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 197/2015; en dos tomos las documentales que en copia certificada acompañó la autoridad responsable Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, así como los autos del juicio de amparo 1248/2014 y un cuaderno de antecedentes del mismo. Acúsese el recibo correspondiente; agréguense los antecedentes de revisión; hágase del conocimiento de las partes que el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, REVOCÓ la sentencia dictada el diez de febrero de dos mil quince, que por una parte sobreseyó en el presente juicio de garantías y por otra negó el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa Mónica Martínez Alvarado, y en su lugar ORDENO LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, para el efecto de que se deje insubsistente la audiencia constitucional de trece de noviembre de dos mil catorce, así como el auto emitido el veintiocho de agosto de dos mil catorce, exclusivamente por lo que se refiere a la autoridad responsable de mérito, emitiendo otro proveído, en el que se tenga por recibido el informe justificado de la misma, notificando de manera personal a la parte quejosa, a efecto de que tenga oportunidad de ampliar la demanda de amparo; asimismo, se acuerde lo conducente respecto a la prueba documental ofrecida por la quejosa en su escrito inicial de demanda. En ese orden de idas, a fin de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la superioridad debe empezarse por decretar como al efecto se hace Y DEJAR SIN EFECTO LEGAL ALGUNO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, y en consecuencia, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, se deja sin efecto el auto emitido el veintiocho de agosto de dos mil catorce, dentro del presente sumario, únicamente por lo que refiere a lo acordado respecto al informe justificado rendido por el Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, y en tal virtud, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Director General de Procedimientos de Remoción de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República, con sede en México, Distrito Federal, con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes, sin perjuicio de su relación que se haga en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asimismo, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida admitida y desahogada de acuerdo a su propia y especial naturaleza la copia certificada del procedimiento de remoción VG/PR/038/2014 que en dos tomos remite la autoridad en mención; sin perjuicio de relacionarla y valorarla en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Dado el volumen de las referidas actuaciones, y a fin de facilitar su consulta, se determina formar cuaderno de pruebas por separado. En el mismo sentido, atendiendo a lo ordenado por la Superioridad, córrase traslado a la parte quejosa con el contenido del informe justificado, a fin de que manifieste si amplía si demanda en relación a la fundamentación y motivación complementaria expuesta por la autoridad responsable, y de ser así deberá exhibir copias suficientes de su demanda de amparo para correr traslado a las partes; con el apercibimiento de que de no hacerlo, se continuará el procedimiento en este juicio de amparo únicamente por la autoridades y actos señalados en su demanda; en el entendido, de que el plazo para ampliar su demanda es de quince días, acorde a lo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, cumpliendo con los requisitos del artículo 108 de la ley de la materia. Por otro lado, y tomando en consideración que en el escrito inicial de demanda la quejosa de mérito ofreció como prueba documental pública la copia certificada de la averiguación previa AP/PGR/ZAC/ZAC-1/569/2012, la cual señaló obra en poder de la Agencia Primera Investigadora en la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, en obvio de mayores dilaciones de carácter procesal, solicítese a dicha agencia Investigadora, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS, contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita a este Tribunal Federal, copia certificada de la totalidad de constancias que integran la citada averiguación previa, ello en virtud a que estas resultan necesarias para dictar la resolución correspondiente en el presente juicio de garantías. Sustenta lo aquí ordenado, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, del siguiente tenor literal: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *Amci En esta fecha se giraron los oficios 29883, 29884, 29885, 29886, 29887, 29888, 29889, 29890, 29891, 29892, 29893, 29894, 29895, 29896, 29897, 29898, 29899, 29938 y 29942
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veintidós de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con un escrito registrado con el folio 20886; con anexos y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso José Luis Ordaz Bretado, por el que a fin de dar cumplimiento a las prevenciones formuladas en auto de diecinueve de octubre del año en curso, aclara que los actos reclamados los cuales indica que son la admisión del incidente de nulidad de embargo, así como el que no se haya llevado a cabo la audiencia de remate dentro del juicio laboral 148/IV/2012; por tanto, se le tiene por cumplida con la prevención de mérito y se procede a acordar lo procedente. Ahora bien, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." En el presente asunto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, toda vez que este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." Ahora bien, del contenido integral de la demanda de garantías y constancias que adjunta el promovente del amparo, se advierte que el acto reclamado esencialmente se traduce en la admisión del incidente de nulidad de embargo por exceso en la garantía, que como consecuencia del trámite de dicho incidente se dejó sin efecto la audiencia de remate en segunda almoneda, en el juicio laboral 148/IV/2012, promovido por el ahora quejoso José Luis Ordaz Bretado y otros, contra la empresa denominada "Integradora de Ejidos y Varios Más"; así como el que no se haya desahogado la citada audiencia de remate. De lo apuntado en párrafos precedentes se obtiene que los actos reclamados fueron dictados dentro de la etapa ejecución de sentencia, por lo que no se está en el supuesto de que se trate del último acto dictado dentro del procedimiento de ejecución, pues por última resolución -que sería en todo caso contra la cual procedería el juicio de amparo indirecto-, debe entenderse aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de las escrituras de adjudicación y la entrega de los bienes embargados; y al respecto, debe acotarse que el auto que admite el incidente de nulidad de embargo por exceso en la garantía, dictado en el juicio laboral 148/IV/2012, que dejó sin efecto la audiencia de remate en segunda almoneda y que constituye el acto reclamado, forma parte de un procedimiento de ejecución de sentencia dictada dentro del referido sumario, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución; lo que significa que tal acto no da lugar a que se actualice el contenido del último párrafo de la fracción IV del artículo 107, de la Ley de Amparo. En otras palabras, la resolución que reclama el promovente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, forma parte de un proceso de ejecución que tiene como finalidad dar cabal cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen, y si tal acto forma parte de un procedimiento de ejecución, no es sino hasta que la citada autoridad responsable, ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien embargado, puede impugnar las violaciones que cometan en esa fase ejecutiva, junto con la última resolución que en la misma se emita. Asimismo, cabe destacar que la finalidad que persigue el legislador respecto del último párrafo de la aludida fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, es evitar que dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia se abuse de la promoción del juicio de garantías; motivo por el cual dicha instancia constitucional solamente procede cuando se trata de la última resolución en la que la autoridad responsable se pronuncia en relación al otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes embargados. En relación con el tema de que se trata, conviene traer a colación -por identidad de razones- la Jurisprudencia número P./ J.32/2001, resultado de la contradicción de Tesis 27/99, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril del 2001, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESION ULTIMA RESOLUCION, A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la Tesis número XX. 291 K, visible en la Página 545, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo título y contenido a la letra dicen: "ULTIMA RESOLUCION DICTADA EN LA FASE DE EJECUCION DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento." En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, el acto que en esta instancia constitucional se reclama no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, por lo que se concluye que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto deviene notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada; y, en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por JOSÉ LUIS ORDAZ BRETADO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy"
- Principal
En diecinueve de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que el dieciséis del mes y año en curso, compareció el autorizado de la parte quejosa licenciado César Javier de Lara Chávez, a recibir los cheques, número 3173, por la cantidad de $385.61 (trescientos ochenta y cinco pesos 61/1000 moneda nacional), y el diverso número 0029786 valioso por la cantidad de $1,414.34 (un mil cuatrocientos catorce pesos 34/100 moneda nacional); ambos de la Institución Financiera Banorte, remitidos el primero por la Tesorera Municipal de Ojocaliente, Zacatecas y el restante por la Secretaría de Finanzas y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Zacatecas, por concepto de devolución de Derecho de Alumbrado Público; por tanto, remítase a las citadas autoridades responsables, la póliza original del documento mercantil que exhibieron (con firma de recibo); así como copia simple de la cédula del profesionista señalado en líneas precedentes. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO REMÍTASE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PRECISADAS EN EL PRESENTE PROVEÍDO LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.
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