José Luis Nava Viveros
Expediente 532/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 24/11/2022
Partes del expediente
- José Luis Nava Viveros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio... se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y con base en la revisión de las constancias que remitió el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula C-II-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "C" Zona Norte en la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, así como de las diversas que integran el presente asunto, se realiza el siguiente pronunciamiento: I. En torno a dicha información allegada al presente asunto, es necesario citar el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: (.). De la interpretación de estos dispositivos se aprecia que, la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). (.). En ese contexto, dada la naturaleza del acto impugnado conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por lo anterior, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese sólo hecho se tenga por acreditado el interés jurídico o legítimo de quien lo alega, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado vulnera un derecho legítimamente tutelado. Así se considera, ya que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo, que implica la necesidad de que el acto infiera un perjuicio al titular del derecho subjetivo cuestionado. (.). Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia que indica la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, materia de estudio en este apartado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la citada legislación, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. (.). En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a las diez horas con diez minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso y tercero interesada.".
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte tercero interesada el auto de veinticuatro de octubre del año en curso, que en lo conducente dice: "Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y con base en la revisión de las constancias que remitió el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula C-II-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "C" Zona Norte en la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, así como de las diversas que integran el presente asunto, se realiza el siguiente pronunciamiento: I. En torno a dicha información allegada al presente asunto, es necesario citar el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: (.). De la interpretación de estos dispositivos se aprecia que, la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). (.). En ese contexto, dada la naturaleza del acto impugnado conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por lo anterior, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese sólo hecho se tenga por acreditado el interés jurídico o legítimo de quien lo alega, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado vulnera un derecho legítimamente tutelado. Así se considera, ya que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo, que implica la necesidad de que el acto infiera un perjuicio al titular del derecho subjetivo cuestionado. (.). Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia que indica la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, materia de estudio en este apartado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la citada legislación, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. (.). En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a las diez horas con diez minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso y tercero interesada.".
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Ciudad de México, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y con base en la revisión de las constancias que remitió el agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula C-II-1 de la Unidad de Investigación y Litigación "C" Zona Norte en la Ciudad de México, de la Fiscalía General de la República, así como de las diversas que integran el presente asunto, se realiza el siguiente pronunciamiento: I. En torno a dicha información allegada al presente asunto, es necesario citar el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establece: (.). De la interpretación de estos dispositivos se aprecia que, la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). (.). En ese contexto, dada la naturaleza del acto impugnado conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que, para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por lo anterior, no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que por ese sólo hecho se tenga por acreditado el interés jurídico o legítimo de quien lo alega, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado vulnera un derecho legítimamente tutelado. Así se considera, ya que entre los principios fundamentales para la procedencia de la acción constitucional, se encuentra el de agravio personal y directo, que implica la necesidad de que el acto infiera un perjuicio al titular del derecho subjetivo cuestionado. (.). Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia que indica la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, materia de estudio en este apartado, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la citada legislación, puesto que se trata de una causal manifiesta e indudable que con ningún medio de prueba se desvirtúa. (.). En ese tenor, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, a las diez horas con diez minutos. Hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente al quejoso y tercero interesada.
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