José Luis Mora Vargas

Expediente 807/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
807/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • José Luis Mora Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, procedente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, a través del cual se acusa recibo del diverso 16628/2019, por el que se remitió el juicio de amparo 807/2019, promovido por José Luis Mora Vargas, asimismo, se informa que dicha autoridad aceptó la competencia planteada. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, al tratarse de un cuaderno de antecedentes y no existir documentos originales, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, del acuerdo en cita, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veinte de abril de dos mil veinte.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta, promovida por José Luis Mora Vargas, contra los actos reclamados del Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 807/2018. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: * La determinación de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente no especificado S.E. 38/2018, derivado del expediente S.I.P.E. 596/2018-II, en que se negó la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad solicitada por el quejoso, así como su ejecución. Expuesto lo anterior, es menester puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Esto, con base en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que dispone: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Asimismo, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, como en el caso se actualiza, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, si se toma en cuenta que el amparista está privado de su libertad personal en el interior del Centro de Readaptación Social "Licenciado Eduardo Ruiz", en Uruapan, en el Estado de Michoacán, purgando la pena de prisión impuesta en la causa 134/2019, del registro del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, respecto de la cual solicitó la sustitución de la pena de prisión, es inconcuso que este órgano de control constitucional carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda, pues el acto reclamado tiene ejecución en el Estado de Michoacán. En ese contexto, de conformidad con la fracción XI, párrafo segundo, del Punto Cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, que ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecuta el acto reclamado. Es aplicable, en lo conducente, dado que no se opone a la ley de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 633 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". Consecuentemente, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales al juez que se estima competente para conocer del asunto, a quien se solicita acuse de recibo vía fax. En otro orden, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada.

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