José Luis Nava Pérez

Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
471/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2020

Partes del expediente

  • José Luis Nava Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de octubre de dos mil veinte. Visto; téngase por recibido el oficio signado por la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en alcance a su informe justificado, remite las documentales con las que acredita que el veinte del mes y año en curso, se notificó al acreedor alimentario ****, el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio especial de alimentos 799-2/2017 de su índice, promovido por*****, en contra de ***; por tanto, glósense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En este contexto, de dichas documentales se advierte que el veinte de octubre de la presente anualidad, la autoridad responsable notificó al acreedor alimentario ****, el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio especial de alimentos 799-2/2017 de su índice, promovido por****, en contra de ****; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". Conforme al texto legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el presente asunto, por virtud de que la autoridad responsable, con fecha posterior a la presentación de la demanda, es decir, el veinte de octubre de dos mil veinte, notificó el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, al acreedor alimentario****; lo que evidencia que dejó de existir el agravio que le fue causado al quejoso **** Sobre este precepto debe decirse que el Alto Tribunal ha establecido que la causa de improcedencia que prevé se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado son destruidos en forma total e incondicional y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, que al rubro y texto reza: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Junio de 199 Tomo IX, página 38). ??????????????? Así como la diversa tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Noviembre de 1997, Tomo VI, página 71). Los anteriores criterios determinan que la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad a la que se le atribuye deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. De acuerdo a lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte de la autoridad responsable de notificar al acreedor alimentario Luis Arturo Nava Ramos, el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictado en el juicio especial de alimentos 799-2/2017 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, promovido por ****, en contra de José Luis Nava Pérez; y de las constancias exhibidas por la propia autoridad, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2° de esta última legislación, se aprecia que la autoridad responsable el veinte de octubre de dos mil veinte, notificó personalmente al acreedor alimentario ****, el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte, emitido juicio especial de alimentos 799-2/2017 de su índice, promovido por ****, en contra de ****, por lo que se surte una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que da lugar al sobreseimiento, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. ??????????????? Sirve de sustento a esta determinación jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Marzo de 200e4, Tomo XVII, página 386). En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se deja sin efectos la hora señalada para la audiencia constitucional, es decir, las trece horas con veinte minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veinte. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con el que cuenta la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, para rendir su informe justificado, tomando en consideración que en el Acuerdo General de cinco de octubre de dos mil veinte, emitido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, por el que se citan medias especiales de trabajo para los órganos jurisdiccionales de Primera Instancia en las Materias Civil y Familiar, y de Paz del Distrito Judicial de Tabares, y del Municipio de Acapulco, respectivamente, así como Segunda Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se determinó declarar como días no laborable del seis al dieciocho de octubre del año en curso. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado y remite anexos en apoyo del mismo; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.

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