José Luis Mondragón Valdez

Expediente 1014/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1014/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
12/09/2023

Partes del expediente

  • José Luis Mondragón Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se avocó al conocimiento del incidente de inejecución de sentencia con motivo de la imposibilidad jurídica y material para el cumplimiento del fallo protector emitido en este juicio, y que se registró bajo el incidente de inejecución de sentencia 12/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese

  2. Principal

    Principal 1014/2022-IV-E El cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que el término de quince días para que las partes se inconformaran contra el auto de treinta y uno de julio del año en curso, que declaro la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector y se ordenó remitir el expediente en que se actúa en grado de inejecución de sentencia al Tribunal de Alzada, transcurrió a la parte quejosa del cuatro al veinticuatro de agosto actual. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo previsto en el dispositivo legal 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otorgado las partes en proveído de treinta y uno de julio del año en curso, por tanto, remítase el presente expediente en grado de incidente de inejecución de sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que dicho órgano sea quien determine lo procedente a la conclusión alcanzada de la imposibilidad jurídica y material para acatar la sentencia protectora. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Apoya lo expuesto, en lo conducente, se comparte la jurisprudencia 4417, Décima Época, Libro 42, Tomo I, pagina 490, mayo 2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Asimismo, con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase de su conocimiento que el expediente en que se actúa, quedó habilitado para su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se substancie el medio de impugnación de mérito. Notifíquese.

  3. Principal

    Principal 1014/2022-IV CUENTA. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 9962. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el quejoso ... se apersonó en el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de dicho Instituto y manifestó que no le ha sido posible entregar la documentación requerida debido a que se encuentran suspendidas las actividades de la Secretaría de Educación Guerrero, solicitando que lo esperaran para realizar la entrega de los mismos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Principal 1014/2022-IV El treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: Que conforme a las constancias de autos, el término de tres días otorgado a la parte quejosa para desahogar la vista ordenada en el acuerdo de once de julio del presente año. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta al Secretario Encargado del Despacho, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto; atento al estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. En sentencia de tres de enero del presente año, se concedió el amparo a la parte quejosa, resolución que causó ejecutoria el veintitrés de enero siguiente, y se requirió el cumplimiento de la misma, para el efecto de que la autoridad responsable Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: "1. Deje sin efectos la resolución contenida en el oficio DEG/SP/DP/0978/2022, de diez de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se negó al quejoso BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 el otorgamiento de una pensión por concubinato, a causa de la muerte de Gloria Fuentes Arredondo. 2. Emita un nuevo acto, en el que con libertad de jurisdicción, resuelva la solicitud del quejoso relativa al otorgamiento de una pensión, así como el pago de los importes generados a su favor, teniendo en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el derecho a la pensión por concubinato. 3. Al emitir ese nuevo acto, prescinda de considerar en su determinación la circular que contiene las "Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador o Pensionado Directo Finado. En cumplimiento a esa sentencia, mediante oficio UJ- 610/2023, el Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal en Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió el oficio DEG/SP/DP/000156/2023, de diecinueve de enero del presente año, en el que dejo sin efectos la resolución contenida en el diverso oficio DEG/SP/DP/0978/2022, de diez de octubre pasado, reconoció el derecho que tiene el quejoso a disfrutar de la pensión de viudez, generada por el fallecimiento de su concubina Gloria Fuentes Arredondo, y dejó sin efecto la aplicación de las "Políticas para el Registro de Probables Deudos con Fecha Posterior al Fallecimiento del Trabajador o Pensionado Directo Finado". Asimismo, refiere que para estar en posibilidad material de realizar el trámite administrativo, le requirió a la aquí quejosa para que presente en ese departamento los denominados "REQUISITOS PARA TRÁMITE DE OTORGAMIENTO POR TRANSICIÓN PENSIÓN POR MUERTE DEL PENSIONISTA O TRABAJADOR", en formato PDF, al correo electrónico raul.palmar@ssste.gob.mx; en consecuencia, en auto de veintitrés de enero del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que acredite ante este órgano jurisdiccional que ya exhibió ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, la documentación requerida, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, se proveerá lo que en derecho proceda, sin que haya desahogado dicho requerimiento, a pesar de encontrarse debidamente notificado. No obstante lo anterior, en autos de siete y veintidós de marzo, veinticinco de abril, veintidós de mayo, quince y veintinueve de junio del presente año, se requirió nuevamente a la parte quejosa para que acredite ante este juzgado que realizó la entrega de la documentación solicitada por las autoridades responsables, sin que desahogara dichos requerimientos. Documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, debe ponderarse que el artículo 192 de la Ley de Amparo, señala que una vez que la sentencia de amparo indirecto cause ejecutoria, el Juez de Distrito debe notificar tal circunstancia a las partes. En esa notificación requerirá a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo, lo que desahogarán en un plazo de veinte días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En esa misma notificación debe requerirse también, en su caso, al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la responsable. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 193, si la ejecutoria no se cumple dentro de los tres días, o bien dentro del término ampliado que puede otorgarse cuando la autoridad acredita estar en vías de cumplir o justifica la causa del retraso, entonces se hará efectivo el apercibimiento decretado en el requerimiento, esto es, se impondrán las multas procedentes y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito. Si la autoridad de amparo recibe informe de la responsable de que ya cumplió la ejecutoria, en términos del artículo 196 dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que en el término de tres días, tratándose de amparo indirecto, manifiesten lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo. Transcurrido ese plazo, el órgano de amparo debe dictar resolución donde declare si la ejecutoria está cumplida o no lo está. De esa forma, solamente podrá declarar cumplida la ejecutoria, si las acciones de la responsable satisfacen totalmente, sin excesos ni defectos, los alcances y efectos de la protección constitucional otorgada. Así, podrá considerar que la sentencia de amparo no está cumplida en lo absoluto, no lo está correctamente o es imposible su cumplimiento. En esos casos, deberá remitir el asunto al tribunal colegiado de circuito, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perder de vista que el artículo 214 del mismo ordenamiento legal, señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, o no exista materia para la ejecución y, así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada; lo que implica desde luego, agotar las gestiones necesarias para el cumplimiento de una sentencia protectora, a fin de obtener resultados favorables, hasta que se esté en condiciones legales de decidir si verdaderamente existe o no incumplimiento o imposibilidad en su ejecución. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del A quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, y en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Por ende, conforme a ese precepto, los tribunales colegiados tienen la facultad de pronunciarse sobre la imposibilidad jurídica decretada por el resolutor, o determinar si no se llevó a cabo el procedimiento respectivo, en cuyo caso devolverá los autos al juez de distrito. De todo lo anterior se obtiene, que el legislador dispuso un procedimiento para garantizar el cumplimiento de las sentencias de amparo; y es en el incidente de inejecución de sentencia originado por la declaratoria de imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, conforme al citado numeral 196, quinto párrafo de la Ley de Amparo, donde el tribunal examinará la legalidad de esa determinación. En el caso, la parte quejosa no ha desahogado los diversos requerimientos que le fueron realizados, a fin de que acredite que ha entregado la documentación solicitada por la autoridad responsable, a efecto de poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o en su caso, señale la imposibilidad que tenga para ello, debiendo exhibir copia certificada de las constancias con las que acredite lo anterior. Ahora bien, si por imposible se entiende lo que no puede llevarse a cabo, es pertinente distinguir la imposibilidad material de la imposibilidad jurídica, para cumplir la sentencia de amparo. La primera se da cuando físicamente no pueden volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización del acto reclamado; y la segunda se refiere a la irreparabilidad jurídica, la cual se estima actualizada cuando por las circunstancias del caso, resulta imposible o desproporcionadamente gravoso, restituir la situación que imperaba antes de la violación, ya que lo que se persigue con el medio extraordinario de defensa, es obtener un beneficio en favor del peticionario de amparo, esto es, la salvaguarda de sus derechos, y no un perjuicio. En el asunto de que se trata, lo que motivó la concesión del amparo fue la consideración de que la conducta que atribuyó el quejoso a la responsable, es contraria al marco constitucional. Por tal razón, este órgano jurisdiccional determinó que en forma inmediata la responsable realizara las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, no se logró el cumplimiento a dicha ejecutoria debido a la omisión de la parte quejosa para exhibir la documentación requerida por la responsable, a efecto de que la misma estuviera en posibilidad material de realizar el trámite administrativo correspondiente, y al no tener interés en desahogar los diversos requerimientos realizados por este órgano jurisdiccional, a efecto de tener conocimiento si presentó la documentación requerida, así como tampoco justificar de manera fehaciente la imposiblidad que hubiese tenido para ello. En ese entendido, resulta imposible restituir al quejoso José Luis Mondragón Valdez, en el pleno goce del derecho violado, pues dicha actuación es excusable pues obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad responsable obligada, y no derivada de omisiones culposas o dolosas de ésta, por tanto, no deben aplicarse las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítase el presente expediente en grado de incidente de inejecución de sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para que dicho órgano sea quien determine lo procedente a la conclusión alcanzada de la imposibilidad jurídica y material para acatar la sentencia protectora. Apoya lo expuesto, en lo conducente, se comparte la jurisprudencia 4417, Décima Época, Libro 42, Tomo I, pagina 490, mayo 2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO". Cabe destacar que los autos del expediente en que se actúa, se remitirán al tribunal de alzada, una vez que transcurra a las partes, el plazo previsto en el dispositivo legal 202 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que se integre debidamente, esto es, que se alleguen las constancias de notificación a las partes del presente auto. Fórmese cuaderno de antecedentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase de su conocimiento que el expediente en que se actúa, quedó habilitado para su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que se substancie el medio de impugnación de mérito. Notifíquese personalmente.

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