José Luis Millan Campos
Expediente 62/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 62/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Luis Millan Campos
Actuaciones
- Principal
Se agrega el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, por el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, informa que el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, declaró extinta la pena de prisión impuesta al sentenciado *** , al haber compurgado la sanción privativa de libertad, impuesta en la causa penal ** por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y en esa fecha ordenó su inmediata libertad. Así, la referida Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, el treinta de enero de dos mil dieciocho, hizo suya la determinación adoptada por el juez de ejecución de sentencias respecto a la extinción de la pena impuesta al enjuiciado. Por ello ordenó al Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de Puebla de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la rehabilitación de los derechos político-electorales del quejoso. Además, en la misma fecha, tuvo por recibido el comunicado 391/2018 del asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla, por el cual informó que en cumplimiento al oficio 371/2018, de veintidós de enero de dos mil dieciocho derivado del exhorto *** del índice del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, fue puesto en libertad el quejoso *** , por haber compurgado la sanción impuesta en la causa penal *** . Por tal motivo, ordenó el archivo de la referida causa penal como un asunto totalmente concluido. Ahora del estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso ** señaló como acto reclamado la permanencia ilegal en reclusión a pesar de haber compurgado la sentencia dictada en la causa penal ** del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Por lo tanto, respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Por ende, es innegable que Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, al hacer suya la determinación adoptada por el juez de ejecución de sentencias (quien también fue señalado como autoridad responsable en este asunto) respecto a la extinción de la pena impuesta al enjuiciado, se restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho humano transgredido, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos una vez ordenada su inmediata libertad y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sobre todo porque el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ordenó la inmediata libertad del quejoso, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, cumplió con dicha determinación y puso en libertad al solicitante del amparo. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo a todas las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por último, cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso.
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA. Se agrega el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, por el cual en cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, informa que el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, el veintisiete de enero de dos mil dieciocho, declaró extinta la pena de prisión impuesta al sentenciado *** , al haber compurgado la sanción privativa de libertad, impuesta en la causa penal ** por el delito de portación de arma de fuego sin licencia y en esa fecha ordenó su inmediata libertad. Así, la referida Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, el treinta de enero de dos mil dieciocho, hizo suya la determinación adoptada por el juez de ejecución de sentencias respecto a la extinción de la pena impuesta al enjuiciado. Por ello ordenó al Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de Puebla de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la rehabilitación de los derechos político-electorales del quejoso. Además, en la misma fecha, tuvo por recibido el comunicado 391/2018 del asesor Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla, por el cual informó que en cumplimiento al oficio 371/2018, de veintidós de enero de dos mil dieciocho derivado del exhorto *** del índice del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, con sede en la Ciudad de México, fue puesto en libertad el quejoso *** , por haber compurgado la sanción impuesta en la causa penal *** . Por tal motivo, ordenó el archivo de la referida causa penal como un asunto totalmente concluido. Ahora del estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso ** señaló como acto reclamado la permanencia ilegal en reclusión a pesar de haber compurgado la sentencia dictada en la causa penal ** del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla. Por lo tanto, respecto de tal acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Por ende, es innegable que Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, al hacer suya la determinación adoptada por el juez de ejecución de sentencias (quien también fue señalado como autoridad responsable en este asunto) respecto a la extinción de la pena impuesta al enjuiciado, se restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho humano transgredido, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos una vez ordenada su inmediata libertad y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sobre todo porque el Juez Tercero de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, ordenó la inmediata libertad del quejoso, el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, cumplió con dicha determinación y puso en libertad al solicitante del amparo. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con treinta y cuatro minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, para celebrar la audiencia constitucional. Sobreseimiento que se hace extensivo a todas las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por último, cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero Especializado en Materia de Ejecución de Sentencias de la Ciudad de México y otras autoridades. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se tramita incidente de suspensión porque el quejoso omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a las autoridades responsables que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en comento, por lo que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrán rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a las responsables que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a las autoridades responsables que manifiesten si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Con independencia de lo anterior y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remita las constancias necesarias relativas de donde se desprende tal información. Se apercibe a las autoridades responsables que si omiten cumplir lo ordenado en el presente párrafo en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de las autoridades responsables, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Se hace notar que los apercibimientos de multa establecidos en este acuerdo, son inaplicables a la autoridad federal, por razón de jerarquía. Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se le apercibe que en caso de que las autoridades que designó como responsables no existan con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a las responsables, con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente les serán notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificaran por medio de lista. Una vez que resulte cierto el acto reclamado, habrá de proveerse el emplazamiento de las personas que en su caso, sean ofendidos o víctimas, en su carácter de terceros interesados, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, desde este momento se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero Especializado en Materia de Ejecución de Sentencias de la Ciudad de México, para que haga valer los derechos que le corresponden como tercero interesado, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, enciso e), de la Ley de Amparo, pues el quejoso se encuentra a disposición del Juez Tercero Especializado en Materia de Ejecución de Sentencias de la Ciudad de México. Además, se le informa que desde el acto del emplazamiento, queda sujeto a consultar las determinaciones relacionadas con los actos reclamados que se notifiquen por lista (en las instalaciones de este juzgado), como las relativas a los informes justificados que se reciban en este juicio, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo. Además, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Por último, se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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