Jose Luis Marin Arenas

Expediente 489/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
489/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Marin Arenas

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 489/2022-IX. Puebla, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Admisión del recurso de queja, Se agrega a los autos el oficio signado1 por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual comunica que el Presidente de dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja hecho valer por el quejoso, el cual quedo radicado bajo el número 89/2022 de su índice. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 489/2022. Puebla, Puebla, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso +++, por medio del cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de once de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Por ello, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Ahora, en obvio de mayores dilaciones, envíese el original del escrito de queja, así como copia certificada de las constancias que obran en el juicio principal en que se actúa al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que las turne al tribunal colegiado que deba substanciar el citado recurso de queja. Sin que haya lugar a proceder en términos de lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito), puesto que en el presente asunto se desechó la demanda, por ende, no se llamó a juicio a alguna otra parte; de ahí que no se integrara la litis constitucional. Pero sobre todo, porque la razón para correr traslado a las demás partes, es para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso, pues constituye un requisito de procedencia, tal como lo dispone el artículo 100 de la Ley de Amparo; situación que en la especie ya aconteció, pues la parte quejosa ya señaló las constancias que deben ser remitidas a la superioridad. Por último, adjúntese el informe con justificación sobre la materia de la queja, haciéndole saber al tribunal que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, puesto que mediante proveído dictado el once de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda origen de este expediente por los motivos que del mismo se desprenden. Notifíquese; por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 489/2022-IX. Puebla, Puebla, once de mayo de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales,1 presentada por el quejoso + , por derecho propio, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Federación Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda, fue circunscrito a los siguientes actos: ".El acuerdo de 15 quince de abril de 2022 dos mil .". Ese acto se lo atribuye a la Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la cédula 2 de la Unidad de Investigación y Litigación "B" del Equipo de Investigación y Litigación II sede Puebla. Pero de la lectura integral de la demanda que realizó esta juzgadora, se desprende que en realidad reclama, los siguientes actos: Los actos de investigación que se encuentra realizando la Ministerio Público, señalados en el acuerdo de quince de abril de dos mil veintidós (acto reclamado); y como consecuencia de ello, no resultar procedente el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación , debido a que se encuentra integrando la misma. Ahora, de los antecedentes de la demanda, así como del oficio que adjuntó a la misma, se desprende lo siguiente: 1. Se inició una carpeta de investigación contra el quejoso, por la posible comisión de un delito, la cual se radicó bajo el número 2. El quejoso presentó un escrito el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, donde solicitó se determinara a su favor el no ejercicio de la carpeta de investigación de marras. 3. Mediante acuerdo emitido el quince de abril de dos mil veintidós (acto reclamado), la agente del Ministerio Público, dio respuesta a la solicitud, en el cual señaló que hasta esa data, se encontraba realizando diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos que se investigan; y que por ello, no era procedente decretar el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, como se señaló en los parágrafos que anteceden, contra los actos de investigación emitidos en una carpeta de investigación, formada por hechos con apariencia de delito, encuentra la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que corresponden al precepto 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Ley de Amparo: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XII. ; [.]". "Artículo 5º. . El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." ...De los preceptos legales transcritos se obtiene que el interés jurídico, representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, entonces ninguna legitimación existirá para entablar el juicio de amparo. De modo que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica. Se entiende por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano competente a fin de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado. Lo anterior, es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo considera para la procedencia de la vía constitucional. Así las cosas, el principio general de procedencia en alusión, consiste en que sólo puede promoverse juicio de amparo si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso; esto es, sólo por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Entonces, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado a favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. Luego, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle. En otras palabras, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o, en su caso, se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Por su parte, es igualmente válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. De modo que si la precondición para la procedencia de un juicio de amparo, radica en la existencia de un derecho y su consiguiente afectación, entonces, si no hay derecho afectado que tutelar, tampoco existe justificación para analizar la regularidad constitucional de un acto de autoridad. A la luz de lo apuntado, es válido considerar que los actos de investigación emitidos en una carpeta de investigación, cuyo trámite se rige por las normas del Código Nacional de Procedimientos Penales, no genera un escenario concomitante a la tutela de derechos para quienes tengan el carácter de imputados. Cierto, las diligencias que puedan disponerse para la integración y eventual determinación de la acción penal, en una carpeta de investigación, no pueden ser materia de análisis en el juicio de amparo que promueva el imputado, porque ningún derecho fundamental se afecta con las diligencias realizadas para la integración de la referida carpeta. Sobre todo porque el diseño del sistema penal acusatorio, respeta la presunción de inocencia a favor del imputado, desde que inicia la carpeta de investigación, motivo por el cual no puede visualizarse algún derecho fundamental que se le afecte, con la supuesta actividad que realice el agente del Ministerio Público para la eventual determinación del ejercicio de la acción penal. Entonces, si el imputado o la persona que deduce la posibilidad de tener ese carácter, promueve juicio de amparo contra el inicio de una carpeta de investigación, que atañe a la integración para la eventual determinación de la acción penal, debe estimarse que no se cumple el presupuesto procesal de interés jurídico. Lo cual obliga a actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que descansa en la falta de interés jurídico. Bajo esas premisas, debe imponerse la hipótesis de desechamiento de plano sobre los actos de investigación emitidos en una carpeta de investigación, pues no genera una afectación a su interés jurídico conforme al diseño del sistema penal acusatorio. Máxime que el derecho a la presunción de inocencia, entre otros derechos fundamentales que asisten a las personas imputadas, fueron contemplados en el diseño del sistema penal acusatorio, bajo el cual se tramitan las carpetas de investigación, razón por la cual no pueden advertirse afectaciones al quejoso, con la supuesta actividad que realicen las autoridades ministeriales señaladas como responsables, y menos ante el escenario de mera integración como se desprende de los antecedentes relatados por éste, pues ningún acto de molestia informó que haya sido emitido en su contra. Bajo este contexto, debe considerarse la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los siguientes: Los actos de investigación que se encuentra realizando la Ministerio Público, señalados en el acuerdo de quince de abril de dos mil veintidós (acto reclamado); y como consecuencia de ello, no resultar procedente el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación , debido a que se encuentra integrando la misma. Ello obedece, como se dijo, a que el inicio o trámite de una carpeta de investigación, no genera una afectación a la esfera de derechos jurídicos del quejoso, porque estos se mantienen intactos conforme al diseño del sistema penal acusatorio, pese a que el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta iniciada contra aquél, haya emitido actos de investigación para el esclarecimiento de hechos con apariencia de delito, que sean materia de la investigación preliminar. Luego, debe estimarse que la invocada causal de improcedencia, se materializa desde este momento con las características de indudable y manifiesta, sobre el mencionado acto. Sólo resta indicar que tampoco podría considerarse el parámetro del interés legítimo, porque este depende de que el gobernado esté ubicado en una situación particular, respecto del orden jurídico que dio sustento al acto reclamado, lo cual es ajeno al inicio de una carpeta de investigación, porque esta sólo comprende a las personas involucradas en la controversia penal. Por tanto, esta juzgadora concluye que los actos reclamados, encuentran la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del diverso 61 de la Ley de Amparo, que es indudable y manifiesta conforme a las razones expuestas con antelación, las cuales descansan en la falta de interés jurídico. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso, propio derecho, contra los actos de investigación que se encuentra realizando la Ministerio Público, señalados en el acuerdo de quince de abril de dos mil veintidós (acto reclamado); y como consecuencia de ello, no resultar procedente el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación + debido a que se encuentra integrando la misma, pues se actualizó la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquél, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario nohemi_8517. Así, queda descartado el inmueble señalado por la parte quejosa como domicilio procesal, dado que al haber optado por la notificación electrónica, sólo puede considerarse esta vía de notificación (la electrónica). Además, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala en la demanda, pues se encuentran registradas sus cédulas en el Registro de Profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 reformado en cuanto a su vigencia por su similar 7/2022 del Consejo de la Judicatura Federal, se informa al quejoso que puede ofrecer por escrito un número telefónico, como medios para ser contactado. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Además, desde este momento se toma nota del correo electrónico señalado en la demanda, para ser considerado como medio de contacto.Notifíquese electrónicamente.

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