José Luis Melquiades Gómez Olvera

Expediente 551/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
551/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • José Luis Melquiades Gómez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, agréguese el oficio de la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, residente en la Ciudad de México, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 7/2018, suscitado entre el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república y este Juzgado. Acúsese recibo. Por cuanto el Tribunal Colegiado en mención resolvió que el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, es el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por José Luis Melquiadez Gómez Olvera; se acuerda: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes, además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la comunicación signada por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que a consecuencia de que este juzgado no aceptó la competencia declinada para conocer del asunto, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, domiciliado en la Ciudad de México, para que determine lo que estime procedente. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede y dentro del término que establece el artículo 48 párrafo segundo de la Ley de Amparo, por recibida la comunicación oficial suscrita por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que contiene el acuerdo de veintisiete de abril de esta anualidad, al que anexo el juicio de amparo indirecto ****, que contiene la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de las autoridades responsables Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y otras autoridades. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 551/2018-XI. Ahora bien, mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, emitido por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó carecer de competencia legal para resolver el juicio de garantías ****promovida por ****, contra actos del Delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y otras autoridades; y declinó la competencia en favor de este juzgado; en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, pues determinó que el acto reclamado por el promovente, se ejecutó y se seguirá ejecutando en el Estado de Chiapas. Sin embargo, con todo respeto a la decisión del juez homólogo, este juzgador determina que no es factible en este momento procesal aceptar la competencia planteada, en atención a lo siguiente: El juzgado oficiante determinó que el acto reclamado hecho valer por el promovente se traduce en la orden de retención, confiscación, aseguramiento, del bien vehículo que refiere es de su propiedad, así como de la cantidad de ****) que aduce llevaba consigo al momento que le retuvieron su automotor marca Volkswagen, color rojo encendido, tipo beetle, modelo 2004, con número de motor ****, serie ****7, dos puertas. Asimismo, que tales actos reclamados se ejecutaron y se seguirá ejecutando en el Estado de Chiapas, por lo que atendiendo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, carecía de competencia legal para conocer del juicio de amparo y consideró que la misma recae en un Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. **** De lo anterior, se advierten las hipótesis para determinar la competencia de los jueces de Distrito, teniendo como premisa para ello la ejecución del acto reclamado. En ese contexto, de un estudio integral realizado a la demanda de amparo, se obtienen las siguientes consideraciones: ***** Pues si bien, tal y como lo argumentó el juez homólogo al dictar el auto de incompetencia pudiera inferirse que la ejecución de los actos reclamados fueron realizados en el Estado de Chiapas, empero, no se tiene de manera clara en que ciudad, municipio o poblado del Estado de Chiapas, se llevó a cabo la retención, confiscación o aseguramiento reclamados, lo cual es de vital importancia para dictar el auto de incompetencia pues cabe señalar que atendiendo a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado federal no tiene competencia en todo el Estado de Chiapas, por lo que si los actos reclamados se llevaron a cabo dentro de uno de los municipios en los que ejerce jurisdicción los juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, este juzgador no estaría en aptitud legal de aceptar la incompetencia declinada por el juzgado homólogo pues carecería de la misma por razón de territorio. **** Lo anterior, se trae a colación pues de las tres reglas de competencia antes mencionadas específicamente de la segunda la cual prevé que son competentes los juzgados de distrito para conocer de una demanda de amparo, cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, ante el que se presente la demanda. En relatadas condiciones, de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, no se puede concluir que el aseguramiento del bien mueble y el dinero retenido al quejoso, vaya tener ejecución exclusivamente en el Estado de Chiapas, pues atendiendo a la naturaleza de los bienes asegurados los mismos puede trasladar su ejecución a la carpeta o procedimiento en el cual se haya ordenado su aseguramiento, pues de la propia demanda de amparo se tiene que el quejoso señalo como autoridades responsables ordenadoras al Delegado de la Procuraduría general de la república en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad pero también señaló con tal carácter al Procurador General de la República; y al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, ambas con domicilio en la Ciudad de México, por lo que de integrarse algún procedimiento ante éstas dos últimas autoridades en el que se haya ordenado el aseguramiento reclamado por el quejoso y se hayan puesto a disposición los bienes asegurados, podría tener competencia para conocer de los mismos los Juzgados de Distrito que se encuentren dentro de la jurisdicción territorial en donde tienen el domicilio las referidas autoridades responsables a saber la Ciudad de México. Por tanto, si en la demanda de amparo en estudio no se tiene la certeza que autoridad ordenó el aseguramiento reclamado, así como ante quien fueron puestos a disposición los bienes asegurados, a criterio de este operador jurídico, no puede asegurarse que la ejecución de los actos reclamados vayan ser exclusivamente en el Estado de Chiapas, pues como se expuso en el parágrafo precedente al ser bienes muebles el objeto del aseguramiento, éste podría trasladarse al procedimiento en el que se haya ordenado, ubicándose en tal caso a la regla de competencia de que cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, ante el que se presente la demanda será el juzgado competente para conocer de la misma. Situación que sería adversa si el objeto de aseguramiento lo constituyera un bien inmueble, pues en ese caso sería indiscutible que la ejecución del aseguramiento que se reclamare sería exclusivamente en el lugar en donde se ubique el predio asegurado, sin embargo al no serlo así en el caso que nos ocupa, este juzgador considera que no puede asegurarse que la ejecución de los actos reclamados seguirán ejecutándose en el Estado de Chiapas, en tal virtud no sería factible en este estado procesal aceptar la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Vale agregar, que de un estudio minucioso al escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que el quejoso en la foja marcada con el número cuatro, en la parte final del capítulo de antecedentes y al principio de sus conceptos de violación, señaló lo siguiente: **** En esas circunstancias, atendiendo que el escrito de demanda lo constituye un todo y no puede ser dividido la continencia de la causa, tal acto a criterio de este juzgador debió ser tomado en cuenta por el juzgado homólogo para analizar su competencia o en su caso de estimarlo conveniente debió haber mandado prevenir la misma, a efecto de fijar de manera correcta la litis del juicio de amparo y atender en su totalidad los actos que en su demanda reclame el promovente, pues si bien en su capítulo de actos reclamados solo señaló como tales la orden de detención, confiscación, aseguramiento del vehículo que refiere es de su propiedad y la cantidad de dinero, como ya se precisó en su capítulo de antecedentes y de conceptos de violación, solicita el amparo y la protección del Justicia de la Unión para efecto de no sea detenida su persona y que las autoridades responsables dictaron actos para privarla de su libertad, lo que se traduce en una orden de detención girada en contra del quejoso, la cual de ser reclamada debe ser estudiada en el juicio de amparo. Por tanto, atendiendo lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, antes de dictar un auto de incompetencia por el aseguramiento reclamado por el quejoso, a consideración del titular de este órgano de control constitucional, debió analizarse las manifestaciones vertidas por el quejoso y en su caso de estimarlo conveniente se debió de mandarse aclarar la demandada de amparo, toda vez podría advertirse, que el quejoso no sólo reclama la orden de retención, confiscación, aseguramiento, del bien mueble que aduce ser de su propiedad, sino también la posible orden de detención girada en su contra o de no estimarlo conveniente pronunciarse en el auto de incompetencia si tal acto no le daría competencia para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, atendiendo a que como ya se dijo con anterioridad no puede separarse la continencia de la causa. Pues es dable indicar que la orden de detención por su especial naturaleza, constituye un acto positivo de autoridad que tiene aparejada una ejecución material, ya que su objeto es la restricción de la libertad de una persona para ser presentada ante la autoridad competente, a efecto de que le sea tomada su declaración. **** Las circunstancias denotadas, permiten establecer que si el quejoso reside en la Ciudad de México y ahí ejercen su vida, entonces de manera objetiva, la ejecución del acto aquí reclamado (orden de detención), tendrá materialización en la entidad federativa a la que pertenece la referida localidad y no en el Estado en que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Aun y cuando el quejoso no realice el señalamiento expreso de las autoridades ejecutoras a quien les atribuye dicho acto, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso previa prevención ordenada por el juzgado, aclare su demanda y haga el señalamiento de las autoridades correspondientes. *** Sin que lo anterior implique, que durante el trámite del juicio de amparo, se advierte que este circuito tenga competencia para conocer de la demanda de amparo, es decir, a favor de un Juez de Distrito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, lo cual se determinará una vez realizado la aclaración correspondiente o bien al recibir los informes justificados de los cuales se advierta las constancias de donde derivan los actos reclamados, por el Juez ante quien se presentó la demanda. **** En ese entendido, tomando en consideración los razonamientos antes plasmados, debe decirse que NO ES POSIBLE ACEPTAR LA COMPETENCIA PLANTEADA EN ESTE MOMENTO PROCESAL, para conocer y resolver respecto de la demanda que dio origen al juicio de amparo ***, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, debido a que la demanda promovida por ***, de estimarlo conveniente debió haber sido debidamente aclarada para obtener una claridad de los actos reclamados, sus antecedentes e identificar la residencia de las autoridades responsables a las cuales se les atribuye los mismos. Por ende, se ordena devolver dicho asunto al Juzgado homólogo, para todos los efectos legales a que haya lugar en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, solicitando atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese el cuadernillo respectivo. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa las listas de publicación de este juzgado, y como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley en la materia, a las personas que indica por así haberlo señalado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. *** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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