José Luis Medina Santiago

Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
130/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • José Luis Medina Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE QUINCE DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve José Luis Medina Santiago, contra actos de las siguientes autoridades responsables: Juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Actuaria adscrita al Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 130/2017-XV. DESECHAMIENTO Ahora bien, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgado advierte de oficio que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 113 de la citada legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo. Para tal efecto es indispensable precisar el contenido de las normas invocadas, las cuales son del literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;". De una interpretación gramatical del numeral 113 de la ley en la materia, se infiere que los jueces de distrito están facultados para desechar las demandas de amparo, cuando exista causa notoria y manifiesta de improcedencia, es decir que al analizar el escrito de demanda o escrito aclaratorio, pueda advertirse una causa que origine la improcedencia del juicio de garantías, pero que tal motivo sea claro y manifiesto, que no quede lugar a dudas en cuanto a su procedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por no ser susceptible de desvirtuarse durante el lapso procesal que culmina con la audiencia constitucional. En cuanto a la hipótesis normativa prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, a partir de una interpretación sintáctica, armonizada con el sistema al que pertenece, se concibe que el juicio de amparo para que sea procedente, es necesario que la parte quejosa, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, cumpla con el principio de definitividad y así, agotar o interponer el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Bajo esas circunstancias, la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ahora bien, del análisis integral que se efectúa de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por el promovente, se hace consistir en lo siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO: De la Autoridades Ordenadoras el Auto de fecha 01 de FEBRERO del año 2017, decretado por el Juez SEGUNDO DEL RAMO FAMILIAR de este Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, del Juicio Ordinario Civil, en la que se promovió en mi contra JUICIO ESPECIAL DE ALIMENTOS, Con Número de Expediente: 118/2017". En la cual ordena en la foja 02 y 03, que con fundamento en los artículos 272 y 278, del Código Civil vigente en el estado, se decreta la medida provisional: I.- TOMA EN CUENTA LA SOLA PRESENTACIÓN DE LA ACTA ADMINISTRATIVA PARA QUE DE FORMA PRESUNTIVA SE DECRETE POR SI MISMA LA EXISTENCIA DE EL CONCUVINATO CON LA C. DUANI NARCIA LUNA, amén de que jamás y nunca viví en esa relación con dicha señora. AHORA BIEN LA AUTORIDAD RESPONSABLE PASA POR ALTO Y VULTENA EL ORDENAMIENTO LEGAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 278 FRACCIÓN I, establece que al admitirse la demanda de ALIMENTOS o antes si hubiere urgencia, se dictara provisionalmente y solo para mientras dure el Juicio las disposiciones siguientes: II..- EL JUEZ DETERMINARA CON AUDIENCIA DE LAS PARTES TENIENDO EN CUENTA EL INTERES FAMILIAR, QUE EL HOY QUEJOSO DEBA DE PAGAR LA CANTIDAD DE EL 30%, POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A MI SUPUESTA MENOR HIJA DE NOMBRE NITZIA GUADALUPE MEDINA NARCIA Y A MI SUPUESTA CONCUVINA DUANI NARCIA LUNA. AHORA BIEN Y EL JUEZ, PASA POR ALTO ESTE ORDENAMIENTO, YA QUE JAMAS Y NUNCA FUE DEBIDAMENTE ACREDITADO QUE EL SUSCRITO FUE QUIEN PRESENTO EN EL REGISTRO CIVIL 01 DE VILLA FLORES, CHIAPAS A MI SUPUESTA MENOR HIJA NITZIA GUADALUPE MEDINA NARCIA. YA QUE LO CIERTO ES QUE JAMAS Y NUNCA ME HE PRESENTADO ANTE UN OFICIAL DEL REGISTRO PÚBLICO CIVIL ALGUNO PARA REGISTRAR A LA MENOR ALUDIDA POR LO QUE CONSIDERADO QUE TAL ORDENAMIENTO ES VIOLATORIAO DE TODAS MIS GARANTIAS CONSTITUCIONALES ASÍ COMO EL DEL DEBIDO PROCESO, YA QUE DICHO AUTO ME DEJA EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENCIÓN YA QUE ME DESAMPARA POR QUE ME DEJA SIN UNA CANTIDAD DE DINERO PARA SUBSISTIR A MIS GASTOS. Las Ejecutoras el C. Actuario del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la NOTIFICAIÓN DE LA DEMANDA DE ALIMENTOS". De lo anterior, claramente se advierte, que en la especie, el promovente reclama esencialmente el auto de uno de febrero del año en curso, dictado en el juicio especial de alimentos 118/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual se decretó pensión provisional de alimentos del treinta por ciento de sus sueldos y demás prestaciones. Al respecto, el quejoso del amparo, antes de acudir al juicio constitucional, debió interponer en contra de la citada determinación, el recurso de apelación, cuenta habida que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, prevé a favor de las partes dicho medio ordinario de defensa, específicamente en los artículos 663, 666 y 671 en relación con el 991 y 992 de dicho Código procesal, el cual la parte quejosa omitió hacer valer de forma previa a ocurrir a demandar el amparo. Los artículos antes mencionados son del contenido siguiente: "Artículo. 663. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo. 666. La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución en la forma y términos previstos en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva." "Artículo. 671. De los autos y sentencias interlocutorias que deriven una ejecución que puedan causar daño irreparable o de difícil de reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por lo que considera el daño irreparable o de difícil reparación. "Artículo 991. La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el artículo 666. Cuando la tramitación del juicio se haya regido por las disposiciones generales del código, igualmente se regirá por estas disposiciones, por lo que toca a los recursos; pero en todo caso, si la parte recurrente careciere de abogado, la propia sala solicitara la intervención de un defensor de oficio, quien gozara de un plazo de tres días mas para enterarse del asunto y a efecto de que haga valer los agravios o cualquier derecho a nombre del (sic) la parte que asesore." "Artículo 992. La sentencia en que se nieguen los alimentos es apelable en ambos efectos, la que los otorga, solo procede en el efecto devolutivo. interpuesto el recurso, se remitirá el original del expediente, dejando copia certificada de la resolución para su ejecución, la que se ejecutara sin fianza. En la sentencia que decrete los alimentos, se fijara el monto de la pensión correspondiente misma que deberá depositarse por adelantado." De lo anterior, debe destacarse que previamente a la presentación de la demanda de amparo, se debió observar el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para obtener la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado antes de acudir ante los tribunales de la federación, pues en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ello aún en el supuesto de que se estime que el acto es de ejecución irreparable, pues ello, no exime de agotar el principio de definitividad. Tal y como lo establece la tesis de jurisprudencia 44/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, libro X, julio de 2012, tomo 1, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo". Igualmente, la jurisprudencia 113/2013, visible a foja 350, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, diciembre de 2013, Decima época, que a la letra dice lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". No pasa inadvertido para este juzgado de distrito, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en el presente asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en el presente caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Ilustra a lo anterior la tesis aislada 2a.LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en la página 156, tomo XII, julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia". Asimismo, no pasa inadvertido que el acto reclamado pudiera tener una ejecución de imposible reparación, sin embargo, se reitera ello no implica una excepción al principio de definitividad, pues la ley que rige el acto contempla un recurso por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que ahora se reclama, que en el presente asunto es el recurso de apelación, mismo como lo establece dicha legislación, se deberá interponer en efecto devolutivo, es decir, dicho efecto, suspende la ejecución del auto de origen. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 77/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 990, tomo II, octubre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, registro 2004677 del rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Por consiguiente, y al ser esta una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por José Luis Medina Santiago. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página seiscientos dieciocho, del tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, de texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Vale agregar que no pasa desapercibido para este juzgador que el quejoso en su escrito inicial de demanda, específicamente en el capítulo de antecedentes haya manifestado que el Registro Oficial 01 del Registro Civil de Villa Flores, Chiapas, registró de manera "ilegal" a la menor N.G.M.N. como su hija, violando todos los reglamentos legales del estado de Chiapas, sin embargo tal alegación únicamente se toma como antecedente de su acto reclamado, sin que pueda tomarse como acto reclamado, ya que no señaló como autoridad responsable al mencionado Registro Civil de Villa Flores, Chiapas, por lo que, tal argumento no podría en su caso ser estudiado por este juzgado federal. Máxime, que aún y cuando se tuviera como acto reclamado y fuera señalado como responsable el Registro Civil de Villa Flores, Chiapas, se actualizaría de manera notoria y fehaciente la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del dispositivo 61, de la Ley de Amparo, pues en contra del registro del acta de nacimiento de referida menor, el quejoso debe de promover juicio ordinario de nulidad, atento a lo dispuesto en los numeral 50 del Código Civil del Estado de Chiapas y 24 del Código de Procedimientos del Estado de Coahuila, pues es competencia de las autoridades del orden común, dilucidar las cuestiones de nulidad de actas del registro civil y una vez que se emita el fallo correspondiente de resultar adverso a sus pretensiones, podrá comparecer a la instancia constitucional a reclamar la sentencia dictada en el juicio correspondiente. En ese contexto, ante lo improcedente de la demanda de amparo lo legalmente procedente es desechar la misma. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica, y autorizando para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Antonio Velasco Bermudez y, en restringidos del citado numeral a la diversa persona que menciona, toda vez que su cédula no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza y da fe Pedro Francisco Luna González, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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