José Luis Medina Méndez

Expediente 1505/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1505/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Medina Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1505/2023-V, promovido por José Luis Medina Méndez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por José Luis Medina Méndez; auto admisorio de diez de octubre de dos mil veintitrés e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Municipio de Tlaxcala y/o Ayuntamiento de Tlaxcala y Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala remitió copia autentica del oficio TLAX/1086/2023/PVG-RS deducido del expediente CEDHT/PVG/01/2023. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene ofrecida, admitida y desahogada la prueba antes referida, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 1505/2023-V, promovido por José Luis Medina Méndez por propio derecho, contra actos de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado en la misma fecha a este Juzgado de Distrito José Luis Medina Méndez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLEES: ORDENADORAS: Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. Visitador General Encargado de La Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. EJECUTORA: Notificador adscrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: La omisión de emitir, aprobar y firmar el proyecto de recomendación en el expediente de queja CEDHT/PVG/01/2023, y su relativa notificación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diez de octubre de dos mil veintitrés, se radicó la demanda y admitió a trámite la misma, requirió el informe justificado a la señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza administrativa; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La omisión de emitir, aprobar y firmar el proyecto de recomendación en el expediente de queja CEDHT/PVG/01/2023, y su relativa notificación. TERCERO Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo de las constancias que remitió en vía de anexo a su informe justificado, se advierte su existencia, de ahí que se tenga por cierto el acto a ellas reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas y relacionadas con el acto aquí reclamado, mismas que remitiera la responsable en vía de anexos y que se encuentran integradas al expediente físico y digitalizadas en el expediente electrónico, copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis del Acto Reclamado. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. La parte quejosa aduce, esencialmente, que la autoridad responsable violenta en su contra el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no impartir la justicia de manera pronta y expedita, dentro de los plazos que establece la ley. Asiste razón jurídica a la parte quejosa. Se precisa que, al realizar el análisis del acto reclamado, no puede considerarse que se esté transgrediendo la naturaleza de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, establecida en el artículo 2 de la Ley que rige dicha comisión, la cual establece que la misma es in organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; y que tiene por objeto esencial, la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, se estima que en el caso, se está en presencia del incumplimiento del artículo 17 constitucional, que establece el principio de justicia pronta y expedita, el cual no contraviene la naturaleza de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ya que la resolución de la queja, en el sentido que corresponda, no implica una decisión con efectos vinculatorios para alguna autoridad o parte específica, pero sí es vinculatorio que se cumpla con la prerrogativa constitucional de justicia pronta y expedita, la cual está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial, dentro de los plazos que el legislador establezca en las leyes, los cuales deber ser generales, razonables y objetivos. Establecido lo anterior, conviene recordar que el artículo 1 Constitucional establece que es obligación de todas las autoridades en el ámbito de su competencia, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; por su parte en sus artículos 103, fracción I y 107 fracción I también Constitucionales, establece que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos, por tanto, la existencia de un acto con tales características es esencial para su procedencia; coligiéndose de lo anterior que, en principio, fuera de las recomendaciones que emitan las Comisiones de Derechos Humanos a nivel federal o estatal, los diversos actos u omisiones que dicten o incurran con motivo de su función, sí puede participar del escrutinio de los Tribunales de la Federación. En ese sentido, de conformidad con el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que cualquier persona pueda acceder a una tutela no jurisdiccional de sus derechos humanos, la cual implica que todo individuo puede acceder a un proceso ante las Comisiones de Derechos Humanos, lo cual si bien no significa que siempre deba emitirse una recomendación, lo cierto es que, si debe ajustarse a la garantía de que el procedimiento se ajustará a los estándares de legalidad exigibles a todas las autoridades, por tanto, aunque la Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala, es un organismo constitucionalmente autónomo y, por tanto, goza de plena independencia para emitir sus recomendaciones, eso no significa que pueda actuar arbitrariamente, de ahí que debe tramitar las quejas que ante ella presenten los gobernados, con apego a la ley, sin incurrir en arbitrariedades. Establecido lo anterior, se destaca, que en el caso de las constancias relevantes que integran el presente asunto, así como del contenido del informe justificado rendido por la responsable, se advierte lo siguiente: Que mediante oficio S.E./006/2023 de tres de enero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos remitió a la entonces Primera Visitaduria General hoy Defensoría de Derechos Humanos, el escrito de queja interpuesto por José Luis Medina Méndez, en contra del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y el entonces Presidente de Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala. Ante la omisión de emitir la resolución correspondiente y notificar la misma, el ahora quejoso promovió el presente juicio de amparo indirecto, mismo que fue admitido a trámite en diez de octubre de dos mil veintitrés, y entre otras cuestiones fue requerido el informe justificado a la señalada como responsable. Mediante oficio S.E./2498/2023, de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la responsable rindió su respectivo informe justificado al cual anexó constancias relativas al recurso de queja CEDHT/PVG/01/2023. Y en esa línea, impuesta esta Juzgadora Federal de dichas constancias, se advierte lo siguiente: 1.- En ocho de noviembre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, presentó para someter a consideración y aprobación en su caso de la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, el proyecto de oficio de observaciones de resolución en el recurso de queja, ello en términos del artículo 38 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Siendo dicha determinación la última actuación dentro del recurso de queja, cuya omisión de dictar resolución es aquí el acto reclamado. Es oportuno precisar, que en el caso y contexto que nos ocupa se tiene que Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, establece en principio en su artículo 3 que la Comisión responsable conocerá de los recursos de queja por actos u omisiones de naturaleza administrativa proveniente de cualquier servidor público estatal o municipal. Asimismo establece que, si de la investigación de la queja aparece la responsabilidad del servidor público, se formulará la recomendación respectiva. Por su parte el diverso numeral 18, fracción II, inciso a de la referida ley, establece que es atribución de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas violaciones a derechos humanos entre otros por actos u omisiones de índole administrativa de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local y municipal. Finalmente en sus artículos 46, 48, 49 y 56 de la ya mencionada ley, se establece que las conclusiones del expediente, que serán la base de las resoluciones, estarán fundamentadas solamente en la documentación y pruebas que obren en el propio expediente y que una vez concluida la investigación, el Visitador correspondiente formulará en su caso, un proyecto de resolución final, mismo que será sometido al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su consideración y aprobación en su caso. Entregado el proyecto, el Presidente de la Comisión lo estudiará y formulará las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, los signará. Finalmente establece que la Comisión, notificará oportuna y fehacientemente a los quejosos de los resultados de la investigación, la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución de la misma, y en su caso, el oficio de no responsabilidad y de observaciones. Finalmente se tiene que los artículos 120 y 121 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, establece que, la persona titular de la Visitaduria o Defensoría, en un término máximo de quince días, elaborara y presentará ante la persona titular de la Presidencia el proyecto de Recomendación y que en ningún caso transcurrirán periodos de inactividad por más de treinta días hábiles de manera injustificada. De los referidos preceptos legales, se advierte que no existe como tal un plazo para que, entregado el proyecto de resolución de queja el Presidente de la Comisión lo estudie y formule en el caso, las modificaciones, las observaciones y las consideraciones que resulten convenientes y, en su caso, los signará, sin embargo el artículo 121 del Reglamento Interior de la Comisión responsable establece que en ningún caso transcurrirán periodos de inactividad por más de treinta días hábiles de manera injustificada. En ese sentido, al no establecer la legislación aplicable ni su reglamento interior, término para el dictado de la resolución, se estima que el Presidente de la Comisión responsable deberá ajustar su actuar a lo referido en el artículo 121 del reglamento interior respecto a la inactividad procesal, y en consecuencia dentro de los treinta días siguientes, realizar la calificación en el recurso de queja, que conforme a derecho corresponda. En el caso, de las constancias remitidas en apoyo al informe justificado, se advierte que en ocho de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable presentó ante la Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, el proyecto de conclusión en el expediente de queja respectivo a efecto que procediera conforme a sus facultades. Sin embargo, a la fecha en que esto se resuelve, no se advierte que, la autoridad responsable haya emitido la resolución correspondiente y notificado la misma. Por tanto, aunque no se tenga expectativa a una recomendación favorable de fondo, el recurrente sí cuentan con la prerrogativa para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, tramite la queja ante ella presentadas con apego a la Ley y, por tanto, la omisión de resolverlas afecta la esfera jurídica de la aquí parte quejosa, en tanto que la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas de cualquier índole, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación, como acontece en el caso con la Comisión responsable. Como apoyo de esto último se cita la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, página 772, que tiene por texto: "DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. ALCANCE DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR PARA LA ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS." En las relatadas condiciones, al ser fundado el concepto de violación, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el siguiente: EFECTO: La autoridad responsable en el término de tres días contados a partir que cause ejecutoria esta resolución, proceda a realizar la calificación correspondiente respecto al Proyecto de queja elevado a su consideración; y ordene notificar la resolución a la ahora parte quejosa. SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la protección del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de forma del acto que constituyó la Litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a por José Luis Medina Méndez, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero y considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de forma. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, remite copia certificada del proyecto de conclusión (oficio de observaciones) del expediente ********************, de fecha de ocho de noviembre de dos mil veintitrés; de lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. Atento lo anterior, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento a lo solicitado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en referido proveído. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las copias certificadas que remitió la responsable, deducidas del expediente ********************, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la pieza postal devuelta por la Administración de Correos, que contienen el oficio 42359/2023 dirigido al Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco; el cual fue devuelto con la leyenda "rehusado", tal como se advierte en el sello que obra al reverso de la constancia que se provee. Ahora bien, toda vez que de autos se advierte que en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se tuvo al Inspector General de la Guardia Nacional de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en el Estado de Jalisco, rindiendo su informe justificado, remítase al domicilio actual y correcto el oficio 42359/2023, así como el presente proveído, por conducto de la citada autoridad. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio del Coordinador Estatal Aguascalientes de la Guardia Nacional, mediante el cual presenta alegaciones relativas al Recurso de Revisión interpuesto por el aquí quejoso. En consecuencia, una vez que sean remitidas las constancias conducentes para resolver el recurso de revisión interpuesto en el presente asunto, envíese el oficio de la autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios signados por el Visitador General Encarado de la Defensoría de Derechos Humanos I y por la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala y anexos que acompañan; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la ley de Amparo; atento a su contenido, se tiene por rendido su informe justificado; con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la copia autentica que anexaron las responsables a sus informes de cuenta, deducidas del expediente CEDHT/PVG/01/2023 consistentes en el oficio TLAX/1086/2023/PVG-RS, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Por otra parte, requiérase a las autoridades responsables mediante atento oficio que al efecto se gire para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos legales la notificación del presente proveído, remitan constancias suficientes, legibles y completas que tengan relación con la revisión y aprobación del acto reclamado que se le atribuye. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá de cierto el acto reclamado en términos de lo dispuesto por los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá una multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley en materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

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