José Luis Mateos Martínez

Expediente 1843/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1843/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • José Luis Mateos Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha quedado firme. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe justificado rendido por el Secretario Auxiliar y Jefe de Actuarios ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y con las constancias descritas en el oficio de cuenta, sin perjuicio de tenerlas en cuenta al resolver el presente juicio. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda se obtiene que el quejoso sustancialmente reclama la paralización del trámite del expediente 206/2016 del índice estadístico de Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, derivado de que el Secretario Auxiliar ha sido omiso en dictar los acuerdos correspondientes dentro de los términos legales y el actuario de dicha adscripción, en notificarlos dentro del plazo legal, destacando que a la fecha de presentación de la demanda se había señalado como fecha para resolver el incidente de acumulación, las trece horas con treinta minutos del treinta y uno de enero del año en curso. En tanto que del estado de autos y las documentales remitidas por las autoridades responsables, se advierte que por lo se refiere a dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." En efecto de las documentales remitidas por las autoridades responsables como apoyo a su informe justificado se aprecia que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado pues el expediente de origen ya no está paralizado, sino que sigue su curso toda vez que se han emitidos los acuerdos respectivos para continuar con su tramitación e incluso resuelto el incidente de acumulación que se encontraba pendiente. De ahí que no pueda afirmarse que a la fecha exista una dilación en su tramitación, máxime que la autoridad responsable demostró que en la fecha que resolvió el incidente de acumulación incluso notificó a ambas partes la citada determinación. Tales constancias obran en autos y se les otorga valor probatorio pleno por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Y, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Conviene destacar que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. En este sentido, si la parte quejosa consideró que su expediente estaba paralizado con motivo de las omisiones y actuaciones que reclamó; empero, de manera posterior la responsable demostró que no está paralizado porque ha emitido y notificado los acuerdos respectivos para darle continuidad; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia de referencia pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha éstos han cesado. Lo anterior es así, al considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso que a la parte agraviada se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían por tratarse de un acto negativo, los de obligar a las autoridades responsables a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, dar continuidad a la tramitación del expediente de origen, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior se apoya en la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así, como la jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Y, la tesis P.CL/97, publicada en la foja 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior que en la demanda inicial así como en el escrito de desahogo de prevención, se hayan señalado como actos reclamados las omisiones y dilaciones del actuario en la notificación de diversos acuerdos, toda vez que respecto de dichos actos el juicio también deviene improcedente porque además de que constituyen una cuestión de índole procesal, para que este órgano de control constitucional hubiese estado en aptitud de analizar si en su contra procedía el juicio de amparo indirecto, el quejoso primer debió agotar el principio de definitividad haciendo valer el incidente de nulidad que prevé el artículo 217 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Y tampoco pasa inadvertido el contenido del criterio invocado por el impetrante, toda vez que en el particular se estima inaplicable debido a que a no persiste la condición de retardo ni omisión del trámite a que dicha Jurisprudencia se refiere, pues contrario a ello, como de destacó a la fecha el citado expediente no se encuentra paralizado sino que sigue su curso. Así las cosas, al configurarse las causas de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita; y, por tanto, dejar insubsistente la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; dos de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual en atención a los oficios 5965/2017 y 5966/2017, solicita se le remita copia de la demanda de amparo, ello a efecto de estar en posibilidad de rendir su informe justificado; en consecuencia, remítase la copia solicitada para que las autoridades responsables estén en posibilidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada mediante sesión de trece de febrero del presente año, dentro de la queja 1/2017, derivada del juicio de amparo indirecto 1843/2016-Vll, en la cual se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara fundado el recurso de queja y se ordena que de no advertir otra causa de improcedencia diversa a la que se consideró en el acuerdo recurrido, admitir la demanda de amparo promovida por JOSE LUIS MATEOS MARTINEZ, respecto de la autoridad responsable "SECRETARIO AUXILIAR DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE." Atento a lo anterior, se agrega a los autos el oficio y testimonio de cuenta para que surtan los efectos legales conducentes; y, acúsese recibo. Visto el estado de autos se aprecia que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se suspendió el procedimiento con motivo del citado medio de impugnación y, en consecuencia, se reservó acordar lo conducente al escrito de desahogo de la parte quejosa quien preciso que no era su deseo señalar como autoridad responsable al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y además indico en forma precisa las omisiones en que incurrió el Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México; por tanto, se tiene por cumplida la prevención en comento. Admisión. Ahora bien, en estricto acatamiento al testimonio resuelto por el Tribunal y de alzada y al no advertir diversa causa de improcedencia en el escrito inicial de demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Sin que haya lugar a integrar por separado y duplicado el incidente de suspensión, pues la parte quejosa no solicitó la medida cautelar. Intervención de Ministerio Público Federal. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde y, en atención al inciso k), del artículo 26 de la ley de la materia, notifíquesele por medio de lista de publicación que se fija en este órgano jurisdiccional, para los fines legales a que haya lugar. Señalamiento de audiencia. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento. En atención a los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se les atribuye; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causas de improcedencia. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisas de conformidad lo dispuesto por el precepto 251 de la ley de la materia, se harán acreedoras a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Apercibimiento de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Notificación de autoridades responsables. Asimismo, este Juzgador ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a las autoridades responsables, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se le notificara por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, registrada con el ordinal 2002576, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Tercero interesado. De conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado en el presente juicio de amparo al Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México. Por tanto, en conformidad con los artículos 5 y 26, fracción Il, inciso b), de la Ley de Amparo, emplácese por medio de oficio al Ayuntamiento Constitucional de Huixquilucan, Estado de México, en el domicilio donde tiene su residencia oficial, haciéndole sabe la instauración del presente juicio de amparo, su derecho para apersonarse y la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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