Jose Luis Martinez Jaimes

Expediente 993/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
993/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Luis Martinez Jaimes

Actuaciones

  1. Principal

    ... La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado. Por tanto, háganse en el Libro de Gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia; se provee lo siguiente: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Martínez Jaimes, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 993/2021-II. DESECHAMIENTO. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ...Por consiguiente, de una lectura integra del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa tilda de inconstitucional los actos siguientes: -El auto de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 1721/2018, mediante el cual el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, requiere al aquí quejoso exhiba voluntariamente en el local del referido Juzgado, la multa impuesta en audiencia de fecha tres de septiembre de la presente anualidad, consistente en cien unidades de medida y actualización, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su cobro mediante el procedimiento económico coactivo correspondiente. - El auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente antes citado, por el cual el Juez responsable no acordó favorable la petición del quejoso, relativa a dejar sin efectos la multa impuesta. En ese orden, se procede desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en la demanda se reclaman diversas determinaciones emitidas en un procedimiento del orden civil, sin haberse agotado el recurso ordinario previstos para tal efecto. El citado numeral 61 fracción XVIII establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Ahora bien, para mejor comprensión del asunto se estima oportuno señalar como antecedentes del asunto los siguientes: - El once de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo origen el juicio de controversia familiar radicado en el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, bajo el expediente 1721/2018, promovido por el aquí quejoso. - Por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se previno al promovente para que hiciera la entrega física del menor J.M.A., a su progenitora Nataly Albino Hernández, en el domicilio donde actualmente vive con sus menores hijos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, hasta un arresto por doce horas e incluso el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para recuperar al menor en comento. -Contra dicha determinación el quejoso interpuso recurso de revocación, el cual se resolvió confirmar el auto materia del recurso de revocación -auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno-. - En audiencia de reintegración de menor de tres de septiembre de dos mil veintiuno, la contra parte pidió se hiciera efectiva la multa con la cual se apercibió al quejoso, misma que se acordó favorable, imponiéndole la multa en ese acto por desobediencia. -En fecha veintiuno de septiembre del año en curso Nataly Albino Hernández, con la promoción No. 11358, solicitó se hiciera efectiva la medida de apremio impuesta al quejoso, a lo cual el Juez responsable se pronunció en auto de veintidós de septiembre del año en curso, siendo favorable y determinando lo siguiente: "...se previene en este acto a JOSÉ LUIS MARTINEZ JAIMES, para que en el plazo de tres días que al efecto se le concede, exhiba voluntariamente en el local de este Juzgado, la multa impuesta en audiencia de fecha tres de septiembre de la presente anualidad por auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, es decir, cien unidades de medida y actualización, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su cobro mediante el procedimiento económico coactivo correspondientes". -Por auto de veintiocho de septiembre de este año, en atención a lo peticionado por el quejoso, la responsable acordó lo siguiente: "...Finalmente respecto del escrito registrado con la promoción número 11608, es de decirle al promovente que no es procedente acordar favorable lo solicitado, atendiendo a que dicho medio de apremio que fue impuesto por auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno (foja 411 y 412 del principal), ante la desobediencia judicial en la que incurrió el señor JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JAIMES, máxime, que dicho auto fue recurrido mediante el recurso de revocación planteado por el hoy ocursante (foja 435 del principal), asilas cosas, el señor JOSE LUIS MARTÍNEZ JAIMES, no asistió a la audiencia de entrega de menor ordenada en autos, programada para el día tres de septiembre de dos mil veintiuno, argumentando que aún no se resolvía el recurso de revocación interpuesto y que se cita líneas anteriores foja 534 del principal), imponiéndole la multa en ese acto por desobediencia judicial, aunado a esto, en fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno se resolvió el recurso de revocación interpuesto por JOSÉ LUIS MARTÍNEZ JAIMES, confirmando el auto de revocación interpuesto y resuelto en fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno." Estas dos últimas determinaciones constituyen los actos reclamados. Ahora bien, de los antecedentes citados se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, el acuerdo de veintidós y veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin embargo, dichos actos no tienen el carácter de definitivos, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues se estima que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación establecido en el artículo 5.74, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Lo anterior es así, pues el artículo citado dispone: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales". Sobre este tenor, se colige que el acto reclamado, debió combatirse a través del recurso de revocación, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; por lo que antes de acudir a esta instancia constitucional, la parte quejosa debió agotar dicho medio de defensa ordinario, a través del cual se puede revocar, modificar o invalidar los autos contra los cuales no procede la apelación, de ahí que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Lo anterior evidencia que, el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el recurso de revocación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica la jurisprudencia publicada con el número 573 en la página 515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común del tenor literal siguiente: ... En esa tesitura, cuando se trata del amparo pedido contra actos dictados dentro del proceso jurisdiccional, se tiene como presupuesto necesario que el acto reclamado constituye un acto de ejecución irreparable pues, como se explicó en párrafos precedentes, de no tener esa naturaleza se trataría de una mera violación procesal, susceptible de ser analizada hasta el amparo directo que se llegara a promover contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que pusiera fin al juicio y, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto ni siquiera sería procedente. Es sobre esa base, como ya se apuntó que el juez de amparo debe verificar que el quejoso haya cumplido con la carga de agotar los recursos ordinarios o que se encuentre en un caso de excepción, según la regla de definitividad contemplada en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El agotamiento de los recursos ordinarios antes de promover el juicio de amparo es una regla, una razón operativa de carácter perentorio, que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ende, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. Por tanto, si la ley ordinaria no contempla el recurso, o éste no es adecuado y eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar el recurso, o bien, promoviéndolo las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no han producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma le permite renunciar a ellos, es legítimo que opere una excepción a la regla de la definitividad, por lo que el juez de distrito estará en aptitud de estudiar el caso. A contrario sensu, si el justiciable tuvo a su disposición un recurso existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no lo agotó, entonces no será legítimo dejar de observar la regla de la definitividad. En conclusión podemos decir que las excepciones al principio de definitividad no solamente se presentan en el juicio de amparo directo, respecto de las violaciones al procedimiento como lo prescribe el artículo 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo reproduce la Ley de Amparo; antes bien, tales excepciones se presenta también en amparo indirecto, en casos específicos en donde los derechos de una persona menor están involucrados en la contienda judicial y existen razones justificadas para liberar al quejoso de la carga de interponer los recursos ordinarios. Lo que en el caso concreto no se actualiza pues como se dijo, no obra en autos evidencia que de ejecutarse el acto reclamado se genere un riesgo para el menor involucrado, en virtud de que los actos que aquí se reclaman, son relativos a una sanción económica impuesta al aquí quejoso por un desacato judicial. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda promovida por José Luis Martínez Jaimes, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otra autoridad. DOMICILIO PROCESAL. Toda vez que el promovente tiene un autorizado el cual cuenta con el usuario ""MIRVALFER87", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona a la Secretaria del Juzgado para que, previo cercioramiento del registro proporcionado, autorice al usuario que se refiere para la consulta electrónica del presente expediente. Hecho lo anterior, téngase por autorizado al usuario referido para la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa con el nombre de usuario mencionado y notifíquesele vía electrónica está determinación, así como las sucesivas que se dicten en el presente asunto. Lo anterior, con el objeto de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus SARSCoV2 (COVID-19). ...Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.

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