José Luis Mata Alfaro

Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
844/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • José Luis Mata Alfaro

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintidós. I. Estado de autos, determinación causa estado. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del auto de veinte de julio del año en curso, que desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. II. Archivo, relevancia documental y destino del expediente. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. III. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Notificación. Dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, el presente acuerdo, se ordena notificar por lista electrónica; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. I. Parte promovente solicita copia. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito electrónicamente por ***, autorizada en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de la copia certificada solicitada; sin embargo, a fin de realizar la entrega respectiva, deberá agendar la cita respectiva en el sistema de Agenda de Citas del Poder Judicial de la Federación. Con independencia de lo anterior, se precisa que del contenido del escrito de cuenta se advierte que la consulta del expediente electrónico relativo a este juicio, la realizó a las dieciocho horas con veintinueve minutos del veinte de julio de este año, y la fecha de publicación se realizó con fecha veintiuno de julio en curso; por tanto, dígasele que deberá consultar el correo electrónico que se encuentra vinculado al usuario proporcionado, a fin de notificarse del acuerdo dictado el veinte de julio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. III. Notificación. Por último, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, la presente resolución se ordena notificar por lista electrónica, a las diversas partes no ordenadas de manera personal; máxime que el mismo no contiene alguna determinación que se califique como urgente. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de julio de dos mil veintidós. Registro de demanda. Con la demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, el dieciocho de julio del año en curso, y turnada a este órgano jurisdiccional, el diecinueve siguiente, que promueve ***, por propio derecho, contra actos del juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 844/2022. Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Análisis de la demanda de amparo. Del análisis realizado a la demanda de amparo en su integridad, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz: La omisión de contestar las peticiones administrativas que realizó el uno y cuatro de julio del año en curso. Del juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca: La omisión de proveer y resolver las peticiones de controversia judicial de once y doce de julio del año en curso, realizadas en virtud de la omisión que reclama al director del Centro Federal de Readaptación social. Desechamiento de la demanda de amparo En ese tenor, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de epígrafe siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. " Bajo ese panorama, se aprecia que respecto al acto reclamado al juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal y encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citadas se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la Ley de Amparo vigente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicable. Asimismo, es preciso señalar que la Segunda Sala del Alto Tribunal determinó que, en tratándose de procedimientos jurisdiccionales, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro del, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste; como puede ser la falta de respuesta a una petición sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Así, concluyó que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esa naturaleza omisiva es notoriamente improcedente, y debe desecharse de plano, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Las consideraciones destacadas dieron origen a la jurisprudencia 2ª.J 48/2016 (10a)5, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Expuesto lo anterior, se precisa que del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de proveer y resolver la petición de controversias judiciales, que presentó el once y doce de julio del año en curso, realizada en virtud de las omisiones que reclama al director del Centro Federal de Readaptación social. Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "Sexto.- Con motivo de esta omisión de la autoridad administrativa de proporcionarme los informes y estudio solicitados, el 12 de julio del año cursante, se promovió a través del citado portal de internet en mi favor controversia judicial ante el Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal del Estado de Oaxaca. Dicha controversia no ha sido admitida a trámite ni ha sido resuelta por las autoridades responsables señaladas en los incisos b) y c)." En ese sentido, la causa de improcedencia a la que se hizo referencia en párrafos precedentes se actualiza, porque este juicio de amparo se promueve contra actos de naturaleza omisiva emanados de un procedimiento de ejecución penal, sin que se advierta del contenido de la propia demanda que exista una abierta dilación del procedimiento ni menos su paralización total; por el contrario, se considera que juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se encuentran en condiciones de proveer en tiempo y forma dentro del expediente de origen. En efecto, el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que el juez de Ejecución contará con un plazo de setenta y dos horas para emitir el acuerdo que corresponda en relación a la controversia que se plante. Entonces, de acuerdo a lo expuesto por la parte quejosa, el once y doce de julio de dos mil veintidós, presentó los escritos de controversia, de los cuales ahora reclama la omisión de acordar; de ahí que la autoridad responsable tenía hasta el catorce y quince de julio de este mes, respectivamente, para emitir el acuerdo relativo. De modo que entre el diecisiete y dieciocho de julio de dos mil veintidós- días siguientes a aquél en que feneció el plazo de la responsable para emitir el acuerdo correspondiente- y el diecinueve de julio del año en curso-fecha en que se presentó la demanda de amparo- solo han transcurrido dos días. Sin que se estime que ese plazo de dos días constituya una "abierta dilación" o "paralización del procedimiento" que haga procedente el juicio de amparo, en razón de que dichos conceptos se analizan en el caso concreto considerando el derecho fundamental al plazo razonable, de conformidad con el artículo 17 constitucional; como a continuación se expondrá: 1° La actividad procesal del quejoso. Esta particularidad evidencia, de acuerdo a los antecedentes narrados por el quejoso Juan Luis Mata Alfaro bajo protesta de decir verdad, que desde el doce de julio de dos mil veintidós, es la primera petición que realiza en atención a la controversia en la cual reclama la omisión de las autoridades ejecutoras. 2° La conducta de la autoridad responsable. De acuerdo a lo expuesto en la demanda de amparo, es posible concluir que la autoridad responsable actualmente cuenta con el plazo concedido por la ley que rige el acto para emitir el acuerdo y, en su caso, notificar personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, sin que se aprecie una conducta contraria a derecho por parte de la autoridad responsable. 3° Las cargas de trabajo de la autoridad responsable. Concatenado con lo anterior, es de conocimiento público las grandes cargas de trabajo que imperan en los órganos jurisdiccionales, que se incrementaron considerablemente por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y sus diversas variantes. 4° La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de lo ya expuesto, de ninguna forma se advierte que la omisión reclamada por el quejoso implique una afectación irreparable en su situación jurídica, pues se encuentra transcurriendo el plazo para que la autoridad responsable conteste su solicitud y, en su caso, interponer los recursos a su alcance para combatir el actuar de la autoridad responsable. De modo que la afectación que reclama en la demanda de amparo es meramente de carácter procesal, y no sustantivo; atendiendo en el caso particular que no existe una demora prolongada sin justificación, que pudiera constituir, por sí misma, una violación a los derechos dentro del proceso porque, razonablemente, se concluye que el procedimiento no se encuentra totalmente paralizado, en la medida en que, de acuerdo a la actividad procesal de las partes y al contexto en que se desarrolla el juicio, desde su inicio, la autoridad responsable ha proveído lo correspondiente. En apoyo a lo anteriormente expuesto, se invoca el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a), registro 2011580, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Por otra parte, en relación con los actos reclamados al Director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]". En relación con esta causa de improcedencia existe la jurisprudencia P./J.144/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no contraviene lo previsto en la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y conforme a lo dispuesto en su artículo sexto transitorio, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". El artículo y tesis transcritos clarifican que el amparo es improcedente, cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; de forma tal, que el juicio de amparo es improcedente si concurren las siguientes coincidencias: El quejoso sea quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Como se adelantó, el quejoso reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece CPSOAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la omisión de acordar sus peticiones administrativas realizas el uno y cuatro de julio del año en curso. No obstante, de lo establecido en párrafos que preceden se aprecia que ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y encargado de la Administración del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se promovió una controversia contra la omisión que reclama al director del Centro de Readaptación Social número Trece. Lo anterior, pone de manifiesto que se actualiza la causal de inejercitabilidad invocada pues la controversia judicial es la vía idónea para que se analice la omisión de la autoridad responsable Por tanto, este juzgado se encuentra impedido para analizar la omisión de acordar las peticiones que realizó el uno y cuatro de julio del año en curso, ya que de hacerlo se estaría dejando de observar que para ello el legislador contempló las controversias judiciales, las cuales deben ser agotadas previo a la promoción del juicio de amparo. Decisión En consecuencia, ante la actualización de las causales de improcedencia antes mencionadas, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Juan Luis Mata Alfaro, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Autorizados, consulta y notificación a electrónica Se le tiene autorizando, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yanet Franco San Pedro, por encontrarse registrada su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito" , en tanto que a las diversas personas que menciona, se les autoriza en términos de la segunda parte del referido numeral, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente. Ahora, por lo que hace a su petición de que se autorice el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "YANETFRANCO", dentro de los Servicios de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por ello, con fundamento con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se autoriza el acceso a este expediente electrónico, con el referido usuario, a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente. Asimismo, en términos de los artículos 26, fracción IV, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y del capítulo Sexto "De las notificaciones" del Acuerdo General mencionado, se autoriza se realicen las notificaciones personales de forma electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por así haber solicitado expresamente la parte quejosa que este juicio se tramite en línea. Lo anterior, no obstante a que también señaló domicilio físico para tal efecto; sin embargo, se opta por tal medio, dada la contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 y a fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En consecuencia, se instruye al oficial judicial A, para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo inmediato anterior. Asimismo, se tiene a dicha parte proporcionando los correos electrónicos que índica, para que sirvan como medios de comunicación alternativa con dicha parte; precisándole que esto será con el único propósito de que este juzgado pueda brindarle atención mediante esas herramientas tecnológicas; y, sólo de estimarse necesario, este órgano conservará los registros de las comunicaciones y las certificará para incorporarlas al expediente respectivo, sin que ello constituya la realización de una notificación. Habilitación de días y horas En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Autorización de medios electrónicos Por otra parte, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa a través del usuario proporcionado."

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