José Luis López Muñoz

Expediente 293/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
293/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • José Luis López Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente de juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos a que haya lugar. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. a) Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. b) De acuerdo a la interpretación de la fracción I, inciso a), del artículo 18 del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, este expediente resulta depurable. c) Por tanto, conforme al numeral 18 del Acuerdo General en cita, se conservará por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se emite este proveído. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se depurará el expediente conforme a lo señalado en el referido Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notificación y envío de oficios Se faculta al actuario adscrito a este juzgado de control constitucional, a efecto que firme los oficios que derive de este acuerdo, y los remita inmediatamente a través del medio de comunicación más eficaz, debiendo levantar la certificación en la que se asiente el nombre de la persona, cargo y hora en que fue recibida la comunicación oficial. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Incorpórese a los autos los oficios de cuenta, suscritos por la Titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta localidad; respecto del primero, se le tiene designando al licenciado ***, defensor Público Federal adscrito a dicha Delegación, para que asista al aquí quejoso ***; y, con el segundo oficio por conocimiento, se advierte que mediante similar DOAX/1983/2021, de su índice, notificó al licenciado ***, su designación; de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley Federal de Defensoría Pública, solicítese al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, para que en el ámbito de sus atribuciones, facilite el acceso a sus instalaciones al defensor Público Federal, licenciado Florentino Francisco Pimentel Girón, para que en el momento que se requiera, realice las visitas necesarias al aquí quejoso ****, y con ello, brindar una pronta, completa e imparcial administración de justicia, pues de acuerdo a los párrafos segundo y tercero del artículo 58, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las visitas de los Defensores Públicos a sus defendidos deben desarrollarse en un área adecuada, para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse de manera libre y privada con su defensor público. En efecto, el numeral descrito anteriormente, dispone lo siguiente: "Capítulo VI Ingresos, Visitas, Revisiones Personales y Entrevistas en los Centros Penitenciarios Artículo 58. Entrevistas y visitas de organismos públicos de protección de los derechos humanos. (.) Los defensores, en todo momento, podrán entrevistar a las personas privadas de la libertad en privado. No podrá limitárseles el ingreso de los objetos necesarios para el desempeño de su tarea, ni podrá revisarse en contenido de los documentos que introdujesen o retirasen de los Centros Penitenciarios. Los Centros deberán contar con un área adecuada para que la persona privada de la libertad pueda entrevistarse en forma libre y privada con su defensor y a disponer del tiempo y medios razonables para su defensa.". Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    *& MESA 4 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las doce horas del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional del juicio de amparo 293/2021, el licenciado Pedro Guerrero Trejo, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de la licenciada Irma Luna Tenorio, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia personal o virtual de alguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria dio lectura a la demanda y demás constancias de autos y, da cuenta al juez con un oficio, registrado con el número de promoción 5841; y CERTIFICA: Que durante la tramitación de este juicio de amparo, ninguna de las partes hizo manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenido en los artículos 6, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Acto continuo el juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales procedentes y, respecto a la falta de oposición de las partes para la publicación de sus datos personales, resuélvase lo procedente al dictarse la sentencia respectiva. De igual manera, se recibe el oficio (folio 5841), de la Titular de la Delegación del instituto Federal de Defensoría Pública Delegación, Oaxaca; respecto de su contenido, acuérdese por separado. A continuación, abierto el período probatorio, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de las autoridades responsables las que anexaron a su informe justificado. Acto posterior, abierto el periodo de alegatos, la secretaria CERTIFICA: Que las partes no formularon alegatos; por lo que, el Juez acuerda: se tiene por efectuada la certificación que antecede para los efectos legales conducentes, con lo cual se ordena cerrar este período y, se procede a emitir la siguiente sentencia. VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 293/2021, que promovió *****, contra actos del director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. ****, mediante escrito recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en este Municipio, remitido en la misma fecha a la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad y remitido, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional en igual fecha, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Director General. 2. Comité Técnico. 3. Encargado del Área Técnica. Todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. ACTO RECLAMADO: ". A) EL QUE NO SE ME ALLA BRINDADO ATENCION MEDICA, DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2021, YA QUE PRESENTABA DOLOR DE CABEZA, FIEBRE, DIARREA, DOLOR DE CUERPO E INSOPNIO SIN DARME ALGUNA SOLUCION A MI PADECIMIENTO." Acto que estimó violatorio de sus derechos humanos contenidos en los artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y último; 4°, párrafo cuarto; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 18, párrafo segundo; 19, párrafo último y 22, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo promovida por **** bajo el número 293/2021, se admitió a trámite, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se notificó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDOS: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 23/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y tiene ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce competencia (Miahuatlán, Oaxaca). SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Acorde a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese tenor, analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que el quejoso *** reclama: La falta de atención médica desde el trece de enero de dos mil veintiuno, al haber presentado dolor de cabeza, fiebre, diarrea, dolor de cuerpo e insomnio sin darle alguna solución a su padecimiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 1) Dirección General, 2) Presidente del Comité Técnico, ambas informes por conducto del director Jurídico y 3) Encargado de la Dirección Técnica del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA; con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa y se tienen por ciertos los actos reclamados, como así se advierte de las constancias que exhibieron como justificante del mismo. CUARTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes, al constituir una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Por su parte, los artículos 9, fracciones II, IX y XII, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122, 130 y 1313, de la Ley Nacional de Nacional de Ejecución Penal, establecen claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta u objetos, entre otros. Como ya se acotó, el quejoso hizo consistir el acto reclamado en la falta de atención médica; sin embargo, respecto a las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento, existe jurisprudencia que determina que la persona privada de su libertad debe agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de ejercer la acción constitucional. En efecto, en la jurisprudencia en cuestión, se establece: "Registro digital: 2018548 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 79/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230 Tipo: Jurisprudencia OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Además, en la ejecutoria que originó la citada jurisprudencia, la Primera Sala del más Alto Tribunal del País determinó que una condición de internamiento es cualquier medio o acto que garantice a la persona privada de la libertad una vida digna y segura dentro del centro de internamiento, entre los que señaló, de manera enunciativa más no limitativa, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación del servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo y artículos para el deporte y la recreación. Por lo cual, estableció que las omisiones inherentes a las condiciones de internamiento a que se refiere la Ley Nacional de Ejecución Penal, son cualquier omisión que impida que la persona interna tenga una vida digna y segura dentro del centro de reinserción social. En esa tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con su reclusión; como lo es, lo relativo a la atención médica; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deben ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Sin que al efecto se pueda considerar actualizada alguna de las excepciones a que alude la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo; pues en el caso, la parte quejosa no reclama que el acto de que se duele carezca de fundamentación y, por el contrario, encontramos que las cuestiones relativas a las condiciones de los internos se encuentran reguladas por la citada ley de ejecución: además, no se está en el caso de que el medio de defensa que está previsto para combatir el acto en estudio se encuentre contemplado en un reglamento sin que la ley aplicable lo haga, pues como se precisó en líneas precedentes, es la propia Ley de Ejecución de Penas la que lo estipula. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2017822 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: PC.III.P. J/18 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo II, página 1701 Tipo: Jurisprudencia PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte que el quejoso en su carácter de interno del Centro Federal de Readaptación Social Número Trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, reclama en este juicio de amparo la falta de atención médica desde el trece de enero de dos mil veintiuno, en que presentó diversos síntomas: dolor de cabeza, fiebre, diarrea, dolor de cuerpo e insomnio, sin que le hubieren dado alguna solución a su padecimiento; de donde se reitera, que son cuestiones atinentes a sus condiciones de internamiento, al afectar su forma de vida al interior del centro penitenciario, cuya omisión de observancia deben hacer valer a través del medio de impugnación previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, resulta improcedente este juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia invocada y lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que ese juzgado advierta que deba suplirse la deficiencia de la queja (falta de conceptos de violación), como lo solicita el quejoso, dado el sentido de la determinación que se pronuncia. Al efecto se invoca, por tratar sobre el tema, el criterio siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 226555 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 1o. J/23 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Al respecto se cita la jurisprudencia VII.2o.C. J/238, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico" [Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921]. Asimismo, cabe precisar que lo anteriormente determinado no contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que, además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K(10a.) de la Décima Época, que es del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." [Visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2]. QUINTO. Notificación al quejoso. Toda vez que el quejoso ****, se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, se comisiona al Actuario adscrito a este juzgado, para que se constituya en ese lugar y notifique al quejoso la presente resolución, entregándole copia autorizada, para su conocimiento y efectos legales procedentes. SEXTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por *****, contra las autoridades y por el acto reclamado, especificados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento a lo ordenado en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica a las partes; personalmente al quejoso y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    *& MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se agregan a los autos, los oficios signados por el 1) Encargado de la Dirección Técnica y 2) el Director Jurídico en ausencia del Director General y Presidente del Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXACA; con los cuales rinden su informe justificado, con el contenido de los oficios de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia respectiva. Por otra parte, toda vez que el Director Jurídico, remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado; en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas documentales de su parte, mismas que se desahogan en razón de su propia naturaleza, para ser consideradas al resolver este juicio. Asimismo, se tiene a la primera de las responsables adhiriéndose a las constancias que remitió el Director Jurídico en ausencia del Director General y Presidente del Comité Técnico, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece "CPS-OAXAC. Notifíquese por lista electrónica.

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