José Luis Martínez Navarro
Expediente 798/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Martínez Navarro
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Luis Martínez Navarro; con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida en este asunto, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término legal de cinco días concedido al promovente José Luis Martínez Navarro, para dar cumplimiento a la prevención ordenada por auto de treinta y uno de julio del año en curso, sin que lo haya desahogado en sus términos; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó a dicho promovente y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda promovida por José Luis Martínez Navarro, contra actos de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; fórmese el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número progresivo 798/2018-II. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del ocurso aclaratorio, aclare su demanda y bajo protesta de decir verdad proporcione su domicilio particular en donde fue buscado con el fin de ejecutar la orden de captura reclamada. Hágase de su conocimiento que la exigencia que le es requerida en este acuerdo, deberá sujetarse a la veracidad, pues la misma, en su momento será confrontada con los datos que se adviertan de las constancias que se aporten a los autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que investigue sobre la posible comisión de delitos, lo anterior, conforme lo prevé el artículo 261 de la Ley de Amparo. Apercíbase al promovente que de no cumplir con lo anterior en el término indicado, de conformidad con lo preceptuado en el penúltimo párrafo, del citado artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Es de aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de Jurisprudencia P/J.127/99, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, Materia Común, publicada en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas." Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Jorge Chessal Palau, María Eugenia Hunter Puente y Rogelio Favela Rueda, quienes cuentan con sus cédulas profesionales números 1517090, 8976132 y 71229265, respectivamente, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a Valeria Reyna Navarro y Rodrigo Palau García Rojas, por así haberlo solicitado expresamente. Asimismo, como lo solicita el quejoso se autoriza a Jorge Chessal Palau, para oír y recibir notificaciones a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "jchessal"; en consecuencia, realícense ésta y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal vía electrónica. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, ténganse por hechas las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que se opone a la publicación de sus datos personales y los de su representada legal, en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En atención a ello, dígasele que en virtud de que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente procedimiento constitucional, ni en la sentencia que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y sentencias, no así al momento de emitirse. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. Finalmente, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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