José Luis Martínez Juárez
Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Martínez Juárez
Actuaciones
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se procede a estudiar si se encuentra cumplida o no la ejecutoria de amparo. Antecedentes. 1.1. A efecto de iniciar el estudio propuesto, es menester precisar que, el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en San Luis Potosí del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ".1) No aplique al quejoso ********************, el artículo 51, fracción I, inciso a), párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en lo presente y en lo futuro. (.) 2) Deje insubsistente la determinación contenida en el oficio ********************, de diez de junio de dos mil veintiuno y el acta de comparecencia de veintiuno de junio del mismo año. 3) Ordene el pago de las cantidades que corresponden a la parte quejosa por las pensiones de viudez y jubilación a las que tiene derecho y que le hayan sido indebidamente retenidas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos humanos violados. En la inteligencia que deberá de cubrirle la cantidad que dejó de pagarle con motivo del ajuste de referencia. En la inteligencia de que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámaras de Senadores y Diputados, del Congreso de la Unión, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción I, inciso a), párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página ciento treinta y cinco, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN."." 1.2. En sesión ordinaria virtual de cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************, relativo al recurso de revisión interpuesto contra el aludido fallo, por parte de la autoridad responsable, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en lo que interesa, confirmó la sentencia impugnada. 1.3. En proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, se recibió el testimonio de la citada resolución y se requirió a la responsable, a fin de que informara el cumplimiento dado a la citada ejecutoria. 2. Informes sobre el cumplimiento. La apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, hizo llegar el oficio ******************** emitido por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con copia de la impresión de pago ********************correspondientes a las cantidades abonadas de manera retroactiva. 3. Valoración probatoria. 3.1. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo según su artículo 2 y que resultan suficientes para demostrar: i. Que se dejó insubsistente la determinación contenida en el oficio ********************, de diez de junio de dos mil veintiuno; en la que fue aplicada una deducción por concepto de compatibilidad, en cuanto a la aplicación del artículo 51, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; su inaplicación presente y futura respecto del aquí quejoso, así como el acta de comparecencia de veintiuno de junio de dos mil veintiuno. ii. Que se realizó deposito a la parte quejosa por la cantidad total de $******************** (********************pesos ********************/100 MN).por concepto de 005 diferencia por resolución definitiva -pensión retroactiva-. Con los informes anteriores se dio vista a la quejosa para que formulara manifestaciones, sin que así lo hubiese hecho ni se hubiese inconformado con la cantidad depositada. 4. Determinación respecto del cumplimiento. Ante tal acreditación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declarar cumplido el fallo de mérito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista; y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma Aracely del Rocío Hernández Castillo, Jueza Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con Yoloxóchitl Martínez Martínez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de los Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Penal del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 295/2023-I. Desechamiento de la demanda. Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifestó e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y esta es firmada electrónicamente (firel) por el autorizado en el escrito de demanda del quejoso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por el autorizado en la demanda de amparo ********************, y esta carece de firma electrónica (firel) del directamente promovente ********************es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma de este último equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte, pues sin su firma electrónica no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime, que en el presente caso no se actualizan los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma electrónica. Sin que pase inadvertido que el escrito de cuenta en realidad se trata de un documento digitalizado en cuyo calce aparece el nombre ********************el cual no es apto para considerarla firmada en términos de ley, ya que en conformidad con el precepto 3 de la Ley de Amparo, las promociones deberán hacerse por escrito; siendo optativo para el promovente presentar su escrito en forma (i) impresa o (ii) electrónicamente y en este último caso: "Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal." Respecto a lo cual, el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Dicho arábigo también dispone que la FIREL se comprende por la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Por su parte, el artículo 10 del referido Acuerdo General, establece que las disposiciones contenidas en este Capítulo Tercero, denominado "De los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal", son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, y en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16 del Acuerdo General citado, disponen que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en dicho Acuerdo General. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, para lo cual tendrán que acceder al referido Portal en el cual se establecen los vínculos necesarios para su tramitación. Y, el artículo 45 de dicho cuerpo administrativo, prevé que para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 de dicho Acuerdo, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, eligiendo el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma electrónica vigente del quejoso, sino de su autorizado, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Lo que actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y********************, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos del aludido numeral a ********************, por no haberse localizado registro de su cedula en el sistema aludido. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, a través del usuario ******************** Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Constancias digitales. Al respecto, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 y 12, inciso g), del similar 1/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas con usuario autorizado para consultar un expediente electrónico vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en este. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica del servidor público, se considerarán como copias certificadas electrónicamente y tendrán la misma calidad que las impresas. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Oposición de datos personales. En cuanto a su petición relativa a la oposición de publicación de sus datos personales, se provee: Dígase a la parte agraviada que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo, ni en la resolución que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y resoluciones, no así al momento de emitirse. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. Ahora, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Se forma expediente. Con la demanda de amparo promovida por ********************contra actos de los Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral Penal del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 295/2023-I. Desechamiento de la demanda. Examinada la demanda de amparo se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional; y, por tanto, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse la misma ya que se actualiza de modo manifestó e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el dispositivo 6, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales aludidos disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer artículo trascrito se observa que, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, conforme al precepto citado en segundo lugar, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley, asimismo, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Del análisis conjunto de tales normas, se advierte que cuando no existe manifestación de voluntad (firma) por parte del quejoso para instar el juicio de amparo, ello conlleva a que no existe instancia de parte agraviada, de ahí que ante la falta de ésta, resulta la actualización de un motivo de improcedencia. Apoya lo anterior la jurisprudencia 156, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento veintiocho, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que a la letra dice: "DEMANDA FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Así como la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página trescientos quince, del volumen X, octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4° y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". Sobre el tema, específicamente respecto a que si se presenta una demanda de amparo vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y esta es firmada electrónicamente (firel) por el autorizado en el escrito de demanda del quejoso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2018, determinó que no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito debe desechar de plano la demanda intentada. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Sobre tales bases, toda vez que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por el autorizado en la demanda de amparo ********************, y esta carece de firma electrónica (firel) del directamente promovente ********************es patente que no se ha ejercido la acción constitucional, pues la ausencia de firma de este último equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. De lo anterior, deviene inconcuso que no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte, pues sin su firma electrónica no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser aquélla una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses. Máxime, que en el presente caso no se actualizan los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, para que sea motivo de excepción la firma electrónica. Sin que pase inadvertido que el escrito de cuenta en realidad se trata de un documento digitalizado en cuyo calce aparece el nombre ********************el cual no es apto para considerarla firmada en términos de ley, ya que en conformidad con el precepto 3 de la Ley de Amparo, las promociones deberán hacerse por escrito; siendo optativo para el promovente presentar su escrito en forma (i) impresa o (ii) electrónicamente y en este último caso: "Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal." Respecto a lo cual, el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece que la firma electrónica es el documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Dicho arábigo también dispone que la FIREL se comprende por la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Por su parte, el artículo 10 del referido Acuerdo General, establece que las disposiciones contenidas en este Capítulo Tercero, denominado "De los servicios electrónicos del Consejo de la Judicatura Federal", son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, y en todos los servicios en línea que presta el Consejo de la Judicatura Federal se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Los artículos 14 y 16 del Acuerdo General citado, disponen que el Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en dicho Acuerdo General. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, para lo cual tendrán que acceder al referido Portal en el cual se establecen los vínculos necesarios para su tramitación. Y, el artículo 45 de dicho cuerpo administrativo, prevé que para la presentación de demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 de dicho Acuerdo, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, eligiendo el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la Oficina de Correspondencia Común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Luego, como la demanda que originó este asunto no se presentó con la firma electrónica vigente del quejoso, sino de su autorizado, no existe la voluntad de quien aparece como promovente, y por tanto es inconcuso que tampoco hay instancia de parte. Lo que actualiza la causal de improcedencia analizada; ante lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y********************, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos del aludido numeral a ********************, por no haberse localizado registro de su cedula en el sistema aludido. Como lo solicita la parte promovente, con fundamento en los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza consultar el expediente electrónico en la forma propuesta, a través del usuario ******************** Se comisiona a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que en dicho sistema ingrese los usuarios respectivos para tales efectos. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Constancias digitales. Al respecto, hágase de su conocimiento que de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 y 12, inciso g), del similar 1/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas con usuario autorizado para consultar un expediente electrónico vía Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en este. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica del servidor público, se considerarán como copias certificadas electrónicamente y tendrán la misma calidad que las impresas. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Oposición de datos personales. En cuanto a su petición relativa a la oposición de publicación de sus datos personales, se provee: Dígase a la parte agraviada que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución que se dicte en el presente asunto se pondrá a disposición del público en versión pública, en la que se suprimirá, en su caso, la información considerada legalmente reservada o confidencial, de conformidad con el marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información del Consejo de la Judicatura Federal, pudiendo quedar exceptuada la supresión de los datos anteriores si resultaran indispensables para comprender lo determinado en el documento, y previa ponderación entre el interés público que derive de comprender el documento y el derecho a la protección de los datos personales y/o el derecho a la privacidad. Sin que haya lugar a suprimir en los acuerdos que se dicten dentro del presente juicio de amparo, ni en la resolución que en su oportunidad se pronuncie, los datos personales de las partes, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto por el citado numeral artículo 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en relación con el citado artículo 73, podrán suprimirse los datos personales cuando se manifieste su oposición de manera expresa, únicamente al hacerse público el contenido de dichos acuerdos y resoluciones, no así al momento de emitirse. Asimismo, al tenor de lo dispuesto en la fracción I del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no se requiere el consentimiento del titular cuando la información se encuentre en fuentes de acceso público y, en términos de lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo, constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista debe señalarse el nombre del quejoso, pues sólo de esa manera las partes podrán tener conocimiento de la determinación respectiva, de donde se sigue que en la versión impresa o electrónica, se deben conservar éstos datos, sin menoscabo de suprimir los demás datos considerados legalmente reservados o confidenciales, en la medida que tal supresión no impida conocer el criterio contenido en la resolución judicial. Ahora, en relación con las pruebas y constancias que obren en el expediente judicial o por separado, se dará acceso a las mismas observando en todo caso lo dispuesto en los artículos 113, fracción XI y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por medio de lista y personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes
- Jose Luis Loredo Gonzalez1174/2019
- Jose Luis Manuel Guilliam de Leon239/2018
- Jose Luis Manuel Guilliam de Leon607/2018
- Jose Luis Manuel Guilliam de Leon284/2018
- Jose Luis Mar del Angel1442/2015
- Jose Luis Martinez Esparza735/2019
- José Luis Martínez Navarro798/2018
- José Luis Martínez Segura302/2017
- Jose Luis Medina Hernandez1310/2019
- José Luis Medrano Vázquez1414/2023
- Jose Luis Mendez Castillo107/2022
- Jose Luis Mendez Castillo697/2023