José Luis Lara Nuñez

Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
128/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • José Luis Lara Nuñez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, en que se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por el inciso d) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se tiene que el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos tercero, noveno, decimoquinto y trigésimo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma *******, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante *******, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por ********************, contra actos del Juez Octavo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo ********************/2023-VII. Desechamiento A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. Como cuestión previa, es menester precisar que para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/********************5 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página ****************************************, cuyo rubro es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se advierte que el quejoso ********************, señaló como acto reclamados los siguientes: a).- La orden de desalojo de la vivienda ubicada en calle ********************, número ********************, casa ********************, fraccionamiento ********************, ordenado en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario familiar, registrado con el número de expediente ********************42/2022, del índice del Juzgado Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y se ordenó la permanencia en dicho inmueble a ******************** (en esa época esposa del quejoso); mandamiento que fue ejecutado en el mes de septiembre del citado año. b).- El cambio del domicilio de la actora, ********************, diverso al que fue depositada en el referido inmueble dentro del juicio ordinario familiar expediente ********************42/2022. Ahora bien, por cuestión de método, primero se analizara la causa de improcedencia respecto al acto reclamado mencionado en el inciso a). Respecto a dicho acto reclamado, se advierte un motivo manifiesto e indudable causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 1******************** y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 1********************. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que lo rija; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre sí, además no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de garantías, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. Por lo tanto, la causa que torna inejercitable la acción de garantías tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 1******************** de la Ley de Amparo en lo general, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de garantías, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional, no puede quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia a que se alude, cobra aplicación la tesis aislada del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo ********************3, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." La tesis que precede y que se considera afín a la nueva Ley de Amparo, al tratar un tópico que recoge de nueva cuenta el legislador, pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, a saber: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para la promoción del juicio de garantías. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Debe precisarse que en el caso, no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla general contenida en el propio artículo 1******************** de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no es de aquellos que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. De lo transcrito en párrafos que anteceden, se destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo, para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el apéndice de 1995, Quinta Época, Tomo VI, página 6, con el tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".a aquél en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado.", implica una expresión o actividad exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, al precisar la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado, y que con respecto a la presentación de la demanda es una cuestión que le perjudica. También es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 193-198 Primera Parte, página ********************1, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos ********************3 y **************************************** Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verifica cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Bajo esa óptica, se afirma que la presentación de la demanda, en el caso específico, resulta extemporánea, toda vez que bajo protesta de decir verdad señaló en el apartado de los antecedentes del escrito de la demanda, en lo conducente, lo siguiente: "a).- Con fecha ******************** de mayo ******************** adquirí el bien inmueble siendo soltero se ubica en ******************** número 96********************5 casa ******************** fraccionamiento ********************, mismo que se encuentra inscrito en la sección primera de la inscripción ********************54 del folio ******************** libro ********************del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad. b).-Que me case posteriormente con la señora ******************** el día 3 de junio ******************** por el régimen de sociedad conyugal. c).- Que obra en el Juzgado Octavo Familiar por Audiencia del Distrito Judicial Bravos radicado bajo el número ********************42/2022, en el cual la señora ******************** solicita la DISOLUCIÓN DEL VINCULO MATRIMONIAL. d).- En fecha de acuerdo VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS La Juez titular INFUNDADAMENTE señala ´tomando en consideración que el Estado tiene obligación de sancionar y prevenir la violencia en contra de las mujeres y considerando que esta no es un caso aislado, sino recurrente, cíclico y generalmente oculta, su mera manifestación bajo protesta de decir verdad en un contexto lógico y creíble es suficiente para tener por demostrada la apariencia del buen derecho´, ya que no existe causa para ello, ordeno mi desocupación de Mi casa y asimismo señalo en dicho acuerdo ´Y que las medidas provisionales decretadas, subsistirán hasta en tanto concluya este juicio mediante cualquiera de las formas autorizadas por la Ley´. e).- Por lo que con fecha ______ del año 2022, aproximadamente a las seis hora con veinte minutos toca a mi puerta una persona de sexo femenino quien se identifica como Actuario adscrito del Supremo Tribunal de Justicia con residencia en esta ciudad misma que me exhibió unos documentos en copia simple, informándome que debía desocupar el inmueble, dijeron estas personas que me iban a sacar mis cosas a la calle, dos de los policías que la iban acompañando me dijeron que le hiciera como quisiera pero que no pusiera violento porque si no me iban a madrear, que fuera a los juzgados a investigar si me interesaba volver a mi casa, pero que en ese momento me tenía que ir. (.)" Dichas manifestaciones se la otorga el valor de confesión, en términos de los artículos 95, 19******************** y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo. En ese sentido, de lo anterior se aprecia que por lo menos desde el mes de septiembre de dos mil veintidós, al quejoso se le notificó del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar, registrado con el número de expediente ********************42/2022, donde, entre otras cosas, se le indicó que contaba con un plazo de nueve días para contestar la demanda entablada en su contra, y con motivo de la medida provisional concedida por la actora, se decretó la separación de personas, y se ordenó al demandado, aquí quejoso, para que desocupara inmediatamente el domicilio donde habitada, ubicado en calle ********************, número 96********************5, casa ********************, fraccionamiento ********************, señalando la permanencia de la actora, ********************, en el citado inmueble. Inclusive, el propio quejoso adjuntó al escrito de la demanda, copia de la diligencia de emplazamiento donde se le informó respecto a la medida de separación del domicilio que habitada en compañía de la actora. Por lo que, en el presente asunto, conforme lo prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la promoción del juicio de amparo se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación al quejoso. Por tanto, debe considerarse como inicio del plazo para la promoción de la demanda, el día hábil siguiente a la fecha en que surtió efectos la notificación del acuerdo reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar, registrado con el número expediente ********************42/2022, ya que es a partir de esa data en que se advirtió que el acto producía agravio en su esfera jurídica. Ahora bien, el artículo 9******************** del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua, establecen: "ARTÍCULO 9********************. Los términos que este código establece, salvo los casos de excepción por él mismo determinados, son improrrogables, y se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación; de la fecha del acuse de recibo si la notificación se hubiere realizado por correo electrónico o, en su caso, mediante consulta remota. Cuando fueren varias las partes y el término común, este comenzará a contarse desde el día siguiente hábil a la última notificación. Cuando la práctica de un acto judicial requiera citación de personas que estén fuera del lugar del juicio para que concurran ante el tribunal, podrá ampliarse el término que fije la ley para ese objeto, por todo el que prudentemente sea necesario atendida la distancia y los medios de comunicación disponibles, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Esta disposición regirá también para la contestación de la demanda, cuando el emplazamiento de la parte demandada se haga fuera del lugar del juicio." Del contenido del citado artículo, se advierte que en materia familiar los términos se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación. Entonces, el término de quince días para la promoción del juicio de amparo, inició al día siguiente en que se notificó el auto reclamado de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar, registrado con el número de expediente ********************42/2022. En este punto, cabe resaltar, que del contenido de la demanda el quejoso señaló: "e).- Por lo que con fecha ______ del año 2022, aproximadamente a las seis hora con veinte minutos toca a mi puerta una persona de sexo femenino quien se identifica como Actuario adscrito del Supremo Tribunal de Justicia con residencia en esta ciudad misma que me exhibió unos documentos en copia simple, informándome que debía desocupar el inmueble, dijeron estas personas que me iban a sacar mis cosas a la calle, dos de los policías que la iban acompañando me dijeron que le hiciera como quisiera pero que no pusiera violento porque si no me iban a madrear, que fuera a los juzgados a investigar si me interesaba volver a mi casa, pero que en ese momento me tenía que ir. (.)" Además, se aprecia de la copia de la diligencia de notificación y emplazamiento practicada al demandado, aquí quejoso, que se realizó a las seis horas con veinte minutos, sin especificar el día, del mes de septiembre de dos mi veintidós; entonces, se tomará como punto de partida de dicha notificación el día último del mes de septiembre de dos mil veintidós; entonces, si la notificación se realizó el treinta de septiembre del citado año, el cual transcurrió del cuatro al veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo se presentó hasta el uno de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, por lo que es evidente que se promovió fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 1******************** de la Ley de Amparo. Sin que se cuestione si es correcta o no la notificación practicada al quejoso, toda vez que no fue señalada como acto reclamado. Lo anterior, conduce a afirmar que el acto reclamado fue consentido tácitamente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable por su relación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS". En esas condiciones, considerando que la presentación de la demanda de amparo se realizó fuera del término de quince días previsto en el artículo 1******************** de la Ley de Amparo, se concluye que el acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario familiar, registrado con el número de expediente ********************42/2022, entre otras cosas, estableció como medida precautoria la separación de personas, y se ordenó al demandado, aquí quejoso, que desocupara inmediatamente el domicilio ubicado en calle ********************, número 96********************5, casa ********************, fraccionamiento ********************, señalando la permanencia de la actora, ********************, en el citado inmueble, fue consentido tácitamente, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XIV del ordinal 61 de la Ley de Amparo. De ahí que proceda decretar el sobreseimiento en el presente juicio, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la legislación invocada. Ahora bien, con respecto al diverso acto reclamado marcado con el inciso b), consistente en el cambio del domicilio de la actora, ********************, diverso al que fue depositada en el referido inmueble dentro del juicio ordinario familiar, registrado con el número de expediente ********************42/2022. Se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso ****************************************, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último aplicado en sentido contrario, que textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo ****************************************. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] Conforme a lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXIII, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que así lo dispone la Ley de Amparo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la fracción V del ordinal **************************************** de la Ley Reglamentaria de los artículos ********************3 y **************************************** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que los actos con efectos de imposible reparación son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera; en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que la quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 3********************/********************(********************a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro ********************, junio de dos mil catorce, tomo I, visible a página 39, con registro 2006589, de rubro y texto siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo ****************************************, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Una vez establecido el marco normativo anterior, del contenido de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa reclama al Juez responsable al diverso acto reclamado, consistente en el auto o determinación donde se estableció el cambio del domicilio de la actora, ********************, diverso al que fue depositada como medida precautoria en el referido inmueble dentro del juicio ordinario familiar ********************42/2022. Entonces, tal auto, desde luego, no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que no afecta los derechos sustantivos de la parte promovente, como podrían ser la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, sino únicamente tiene como efecto cuestiones procesales dentro del citado juicio, donde por cierto el quejoso es parte en dicha contienda y puede, incluso, recurrir dicha determinación. De ahí, que se reitera el acto reclamado es de carácter intraprocesal dentro de la controversia de índole familiar, que tiene índole de carácter adjetivo, ya que la infracción procesal de que se duele la quejosa puede extinguirse con la emisión de la sentencia definitiva, y sólo trascendería en el caso de que la resolución respectiva fuese contraria, afectando de esa manera derechos sustantivos; por lo que en ese momento será cuando la violación de que se duele, podría combatirla a través del recurso ordinario de defensa o en su caso, mediante el fallo definitivo a través del amparo directo en términos del artículo 1********************2 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso ****************************************, fracción V, ambos de la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con el artículo 113 de la misma legislación de la materia, se desecha la demanda de amparo presentada por ********************. Autorizados y domicilios En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza a las licenciadas ********************y/o********************, toda vez que se encontraron en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, según lo establecido en el artículo 2********************, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 2********************8 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ********************°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y ********************1 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, **********, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, **********. Doy fe.

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