José Luis Herrera Castor

Expediente 733/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
733/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
21/10/2020

Partes del expediente

  • José Luis Herrera Castor
  • Juez Segundo de lo Civil, Distrito Judicial Bravos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al que anexa los autos originales del juicio de amparo 733/2019-II, así como copia certificada de la resolución pronunciada por la Superioridad, en el amparo en revisión penal 400/2019, con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia emitida en el presente asunto, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este toca se refiere. Por tanto, con transcripción del presente proveído, acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en los libros de gobierno y electrónicos, asimismo, en su oportunidad archívese el presente expediente. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista, y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintinueve de noviembre del año en curso, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, para la substanciación del recurso hecho valer; sin que sea necesario remitir copia de éste para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, toda vez que se correrá traslado con él a la representación social federal adscrita a este juzgado y ambos pertenecen a una institución indivisible, de modo que aquél debe considerarse sabedor del recurso por medio de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. Apoya lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2006419, de la Décima Época, visible en el libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 2116, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se lee lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 89 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936 (abrogada), establecía que en el trámite de la revisión, el Juez de Distrito debía remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, el escrito de agravios original y la copia correspondiente al Ministerio Público Federal. Por su parte, el artículo 89 de la ley de la materia publicada en el mismo medio de difusión el 2 de abril de 2013 establece que el órgano constitucional de primer grado distribuirá las copias del escrito de agravios entre las partes y, una vez integrado el expediente, lo remitirá al tribunal revisor con el escrito original de agravios. Así pues, a diferencia de la norma abrogada, la vigente ya no dispone que el juzgador a quo remitirá al ad quem una copia de los agravios para el Ministerio Público; por el contrario, establece que distribuirá las copias entre las partes, género que incluye a la representación social; por tanto, a él corresponde entregar la del escrito relativo. No es óbice a lo anterior que los órganos jurisdiccionales de amparo de primer y segundo grados tengan adscritos a sendos agentes ministeriales, pues el Ministerio Público Federal es una institución indivisible, de modo que debe considerársele sabedor del recurso si se le comunica su interposición a través del que esté adscrito al juzgado de primera instancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada******************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintinueve de noviembre del año en curso, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio de amparo y el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, para la substanciación del recurso hecho valer; sin que sea necesario remitir copia de éste para el Agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, toda vez que se correrá traslado con él a la representación social federal adscrita a este juzgado y ambos pertenecen a una institución indivisible, de modo que aquél debe considerarse sabedor del recurso por medio de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado. Apoya lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2006419, de la Décima Época, visible en el libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 2116, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se lee lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 89 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936 (abrogada), establecía que en el trámite de la revisión, el Juez de Distrito debía remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, el escrito de agravios original y la copia correspondiente al Ministerio Público Federal. Por su parte, el artículo 89 de la ley de la materia publicada en el mismo medio de difusión el 2 de abril de 2013 establece que el órgano constitucional de primer grado distribuirá las copias del escrito de agravios entre las partes y, una vez integrado el expediente, lo remitirá al tribunal revisor con el escrito original de agravios. Así pues, a diferencia de la norma abrogada, la vigente ya no dispone que el juzgador a quo remitirá al ad quem una copia de los agravios para el Ministerio Público; por el contrario, establece que distribuirá las copias entre las partes, género que incluye a la representación social; por tanto, a él corresponde entregar la del escrito relativo. No es óbice a lo anterior que los órganos jurisdiccionales de amparo de primer y segundo grados tengan adscritos a sendos agentes ministeriales, pues el Ministerio Público Federal es una institución indivisible, de modo que debe considerársele sabedor del recurso si se le comunica su interposición a través del que esté adscrito al juzgado de primera instancia. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ************, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada******************, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. SE DEJA A DISPOSICIÓN DE LA PARTE TERCERA INTERESADA EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO LOS AGRAVIOS

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, LA CUAL A LA LETRA DICE:Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 733/2019-II, promovido por José Luis Herrera Castor, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades. Resultando PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el mismo día, José Luis Herrera Castor demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclamó, en lo esencial, la orden de embargo y su ejecución, dictada en el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, seguido por Yolanda Reyes Estrada, en contra de Raúl Cerón Saavedra y Saúl Ricardo Chavira Trevizo y los respectivos actos que derivaron a ese embargo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se violaron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda bajo el consecutivo 733/2019-II y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. Una vez desahogada la prevención relativa, el catorce del mismo octubre, se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede. Considerando PRIMERO. Competencia. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto proveniente de autoridades laborales, que tuvo ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera: 1. Del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos: a. Todo lo actuado en el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, seguido por Yolanda Reyes Estrada, en contra de Raúl Cerón Saavedra y Saúl Ricardo Chavira Trevizo. b. Las órdenes de embargo, remate y adjudicación a favor de la tercera interesada, respecto del inmueble identificado como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, inscrito bajo el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. 2. Del Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos y de los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos: c. La ejecución de la orden de embargo. 3. Del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: d. La inscripción del título de propiedad que corresponde a la audiencia de remate llevada a cabo en el citado expediente. Sirve de sustento, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. En su informe con justificación, el Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos negó la existencia de los actos de ejecución que se le atribuyeron, y al respecto refirió que únicamente tiene funciones administrativas y que la ejecución de las órdenes jurisdiccionales compete a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba que tenga el alcance de desvirtuar tal negativa, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos de ejecución que se atribuyeron al Encargado de la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. En otro orden de ideas, al rendir sus respectivos informes justificados, el Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, así como el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos aceptaron la existencia de los actos que les atribuyó el solicitante del amparo, en la esfera de sus atribuciones, consistente en todo lo actuado en el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, seguido por Yolanda Reyes Estrada, en contra de Raúl Cerón Saavedra y Saúl Ricardo Chavira Trevizo, así como las órdenes de embargo, remate y adjudicación a favor de la tercera interesada, respecto del inmueble identificado como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, inscrito bajo el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, así como la ejecución de esas determinaciones y la correspondiente inscripción del referido Registro Público; lo que se corrobora con las copias certificadas que las responsables remitieron adjuntas a su informe con justificación; documentales a las que se reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si existe se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. A. Improcedencia respecto de todo lo actuado en el juicio de origen (con excepción del embargo, remate y adjudicación) En la especie, este Juzgado considera que respecto de los actos reclamados por el solicitante del amparo al Juez Civil responsable, consistente en todo lo actuado en el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, seguido por Yolanda Reyes Estrada, en contra de Raúl Cerón Saavedra y Saúl Ricardo Chavira Trevizo, el quejoso carece de interés jurídico para impugnar las actuaciones dictadas en ese procedimiento, con excepción de aquellas que afectan su patrimonio. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene precisar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución, así como 5º, fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en ese orden, establecen: Artículo 107. Las controversias de las que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [...] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...] Bajo este esquema, puede acudir al juicio de amparo en calidad de parte quejosa, entre otros, quien: A. Aduzca ser titular de un derecho subjetivo. En efecto, el derecho subjetivo se concibe como la facultad de exigencia consignada en una norma objetiva de derecho, que puede imponerse coercitivamente a otras personas. En otras palabras, se trata de un derecho que supone la concurrencia de dos premisas fundamentales: una potestad de exigir y una obligación correlativa, traducida en el deber jurídico de cumplir con dicha exigencia. Bajo esa lógica, sólo puede estarse frente a un derecho subjetivo cuando la facultad regulada en la norma se encuentra revestida de un poder de exigencia imperativa, lo que permite diferenciarlo tanto de la regulación normativa de las meras actuaciones particulares, como de aquellos supuestos en que la norma no establece en favor de una persona determinada la facultad de exigir, sino que consigna solamente una situación que puede aprovechar un sujeto o que puede ser benéfica para éste, pero cuya observancia no es susceptible de reclamarse por el beneficiado (interés simple). B. Que el titular de dicho derecho subjetivo alegue que el acto reclamado vulnera derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y afecta su esfera jurídica de manera directa. Además de la existencia de un derecho subjetivo, quien promueve debe probar que el acto reclamado transgrede sus derechos humanos y afecta su esfera jurídica de forma directa, a efecto de poder acudir ante el órgano jurisdiccional a solicitar el cese de la transgresión. De esa forma, en la lógica del interés jurídico, dado que el amparo únicamente protege bienes jurídicos reales y objetivos -partiendo de la base de que se alega su vulneración directa-, las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. Consecuentemente, deben acreditarse de forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. En el caso, de los antecedentes reseñados en el anterior considerando de esta sentencia, se aprecia que el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, fue promovido por Yolanda Reyes Estrada, en contra de Raúl Cerón Saavedra y Saúl Ricardo Chavira Trevizo, en el que el hoy quejoso, José Luis Herrera Castor, no figura como parte procesal, ni se encuentra vinculado con la obligación de pago establecida en ese proceso. Lo anterior es así, dado que el quejoso no tiene el carácter de actor ni demandado, tampoco se trataba de algún obligado o persona que a la que se le debía llamar para deducir sus derechos respecto de la acción de desahucio deducida en el natural y, menos aún, se emitió condena en su contra, pues cabe destacar que partes en el juicio, son aquellas a quienes les nace el derecho que la autoridad judicial declara o constituye a su favor o bien, impone una condena a su contraria. Entonces, al no haber sido señalado el aquí quejoso como demandado, ni haberse seguido la litis natural en su contra, ni dictado sentencia condenatoria que de manera directa lo condene, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, respecto de los actos especificados consistentes en todo lo actuado en el juicio especial de desahucio E5-1135/2014, con excepción, desde luego, de aquellas que sí se emitieron directamente sobre el bien raíz que afirma es de su patrimonio, dado que el solicitante del amparo es ajeno a esa relación procesal. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2o.C J/254, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, del Tomo XXII, Materia Civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución General de la República, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, respecto de los actos que la parte quejosa hizo consistir en todo lo actuado en el juicio civil del que derivan los actos reclamados. B. Improcedencia respecto del embargo, remate y adjudicación que se tildan de inconstitucionales. En la especie, respecto de los actos que trastocaron el inmueble que el quejoso pretende defender en la instancia constitucional (embargo, remate y adjudicación), el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En la especie, de las constancias que obran en el expediente de origen se advierten los siguientes antecedentes relevantes: Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil catorce, Yolanda Reyes Estrada demandó en la vía especial de desahucio de Raúl Cerón Saavedra (como obligado principal) y Saúl Ricardo Chavira Trevizo (como fiador) la desocupación y entrega de un bien inmueble otorgado en arrendamiento al primero de los demandados, así como al pago de las pensiones rentísticas adeudadas y las que se siguieran generando. Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al entonces Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, quien el veintisiete de octubre de dos mil catorce, radicó el asunto bajo el consecutivo E-1135/2014. Seguido el procedimiento, el seis de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a los demandados al pago de las prestaciones que les fueron reclamadas. El veintisiete de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia de segundo grado en la que, después de la interposición de un diverso juicio de amparo directo, se confirmó la sentencia de primera instancia. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, el entonces Juez Quinto de lo Civil dictó auto de requerimiento de pago y, a falta de ello, que se procediera al embargo de bienes que garantizaran el pago establecido en la sentencia definitiva (folio 253). El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago en contra de Saúl Ricardo Chavira Trevizo y ante la falta de pago, se trabó embargo respecto del cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que le correspondieran al referido demandado, respecto del inmueble identificado como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, inscrito bajo el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos (folios 272 a 275). El veintinueve de junio del mismo año, se ordenó girar oficio al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a efecto de inscribir el embargo respecto del inmueble de referencia (folio 280). La anotación relativa se realizó el dos de septiembre de esa anualidad (foja 305). El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de remate y, en su primera almoneda, se adjudicó el inmueble de referencia a favor de la parte actora en el juicio de origen (folios 329 y 330). Por acuerdo de seis de febrero de dos mil dieciocho, se notificó a las partes la radicación administrativa del expediente a favor del ahora Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Bravos (folio 335). Inconforme con los actos consistentes en el embargo, remate y adjudicación, el peticionario de amparo formuló la demanda de amparo, ostentándose como propietario original del inmueble identificado como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, inscrito bajo el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. Así, para acreditar su interés jurídico, la parte quejosa ofreció, entre otras documentales, las siguientes: i) Original del contrato privado de compraventa fechado el veintiocho de julio de dos mil cinco, en el que se advierte que el quejoso (como comprador) adquirió de Saúl Ricardo Chavira Trevizo y de Claudia Zamora Perezcastillo (vendedores), la propiedad del inmueble identificado como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, inscrito bajo el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de cuyo contenido se advierte, en lo que aquí es trascendente, que en la tercera se pactó lo siguiente: [.] TERCERA.- LA PARTE COMPRADORA TOMARÁ LA POSESIÓN MATERIAL DEL INMUEBLE SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN Y CLÁUSULAS DE ESTE CONTRATO DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL MISMO Y, A FIN DE FORMALIZAR EL PRESENTE ACTO JURÍDICO, EN ESTA MISMA FECHA, LA PARTE VENDEDORA OTORGAN ANTE LA FE DE LA LIC. AIDA MIREYA ARCINIEGA ROMÁN NOTARIO PÚBLICO NUMERO 31 DE ESTE DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, PODER GEN[E]RAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE COMO MEDIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL. [.] ii) Primer testimonio de la escritura pública de propiedad 783 (setecientos ochenta y tres), expedida el ocho de septiembre de dos mil tres, ante la fe de la licenciada Aida Mireya Arciniega Román, Notario Público Número 31 con ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en el que consta el contrato de compraventa que celebraron Saúl Ricardo Chavira Trevizo y de Claudia Zamora Perezcastillo (compradores), y Graciela Álvarez Esparza de Moye (vendedora), respecto del bien inmueble que se identifica como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, en el que también obra la inscripción registral del referido instrumento en el número 116, folio 117, libro 3576, de la Sección Primera, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a favor de los mencionados compradores. iii) Original del instrumento notarial de veintiocho de julio de dos mil cinco, pasado ante la fe pública de la licenciada Aida Mireya Arciniega Román, Notario Público Número 31 con ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en el que consta el mandato general irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que Saúl Ricardo Chavira Trevizo y Claudia Zamora Perezcastillo otorgaron al ahora quejoso, exclusivamente respecto del bien raíz que se identifica como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, de cuya lectura se advierte que se otorgó en los siguientes términos: [.] Las facultades otorgadas son generales pero limitadas en su objeto, debiendo ser ejercidas únicamente por lo que respecta a un terreno rústico, identificado como Lote 7 (siete), de la Fracción 43 (cuarenta y tres), en Samalayuca, Distrito Bravos, Chihuahua, con superficie de 1-99-99.98 HAS. (UNA HECTÁREA NOVENTA Y NUEVE ÁREAS NOVENTA y NUEVE CENTIÁREAS NOVENTA y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS), inscrito bajo el NÚMERO 116 (CIENTO DIECISÉIS), A FOLIOS 117 (CIENTO DIECISIETE), DEL LIBRO 3576 (TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS), de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad local. Este mandato es IRREVOCABLE, en virtud de que se otorga como, medio para cumplir con una obligación contraída con anterioridad; quedando facultado para ejercerlo aún después dé la muerte de los suscritos mandantes, hasta la conclusión del acto jurídico para el que fue otorgado. El mandatario queda autorizado para adquirir para sí el inmueble antes descrito, así como para darlo en garantía aún por obligaciones a cargo de terceros o del propio mandatario, y podrá igualmente transmitir su uso o dominio en forma gratuita. [.] Por las particularidades del caso, esas documentales no confieren a la parte quejosa el interés jurídico necesario para acreditar el derecho de propiedad para promover el presente juicio de amparo, ni que adquirió el bien de que se trata con anterioridad a que se materializaran los actos contra los que se inconforma. En efecto, si bien es verdad que los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, lo que el Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. A partir de lo anterior, es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 220, aprobada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Sexta Época, Tomo IV, materia civil, sección Jurisprudencia SCJN, página 180, del siguiente tenor: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que al momento de promover la demanda de amparo, la parte quejosa no comprobó tener un derecho jurídicamente tutelado respecto del mencionado inmueble, toda vez que de acuerdo con las constancias que se allegaron al expediente, no se encuentra fehacientemente acreditado que el citado inmueble haya ingresado a su patrimonio, ni la fecha en que ello ocurrió. Así se sostiene, pues el original del acto traslativo de dominio, aun cuando se trata de un contrato privado de compraventa, carece de fecha cierta por no haberse presentado para su celebración o ratificación ante fedatario público o funcionario autorizado, ni que hubiera sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, ni mucho menos se brindó información acerca de la muerte de cualquiera de los firmantes que intervinieron en su celebración. De esta manera, el referido contrato de compraventa no revela que a la fecha en que el quejoso promovió la demanda de amparo, el bien inmueble materia del embargo, remate y adjudicación en el juicio natural era propiedad del solicitante del amparo, pues tal documental carece de fecha cierta sobre su celebración. Lo anterior es así, porque ninguno de los supuestos que permiten revelar que un acto traslativo es de fecha cierta -señalados en líneas precedentes- fue justificado por la parte quejosa en este contradictorio constitucional, pues la sola mención de la fecha referida en el contrato privado que exhibió, no revela en modo alguno la certeza de ésta, es decir, de la fecha en que dicho documento fue elaborado, aspecto que resulta indispensable a fin de otorgarle valor probatorio frente a terceros y en esa medida, acreditar el derecho que el peticionario de amparo arguye le asiste para promover el juicio constitucional bajo la calidad de propietario, ya que ese dato proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido y avalado por ese documento de fecha cierta, en tanto que evita con ello la simulación indiscriminada de actos jurídicos con el pretexto de haberlos llevado a cabo en fecha anterior al acto reclamado en perjuicio de terceros y garantiza de esa manera la legalidad y seguridad jurídica que debe imperar en cualquier acto traslativo del uso, e impide además que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, pues no hay que perder de vista que el contrato presentado en esos términos, sin ningún requisito de certeza, es de fácil elaboración y de prefecharlo al arbitrio y conveniencia. Al respecto, se cita en lo conducente para ilustrar el momento a partir del cual un documento privado adquiere fecha cierta, la jurisprudencia 1ª./J.21/2010, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Abril de 2010, Tomo XXXI, página 259, que estatuye: DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. De ahí que, el contrato de compraventa que exhibió el quejoso no puede considerarse como un justo título de la propiedad que dice tener, porque carece de fecha cierta; por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico del disconforme, al ser imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo intentado, motivo por el cual el peticionario de derechos fundamentales no justificó tener una propiedad jurídica del inmueble de que se trata. No obsta para arribar a esta conclusión que el promovente de la demanda de amparo haya exhibido el original del instrumento notarial de veintiocho de julio de dos mil cinco, pasado ante la fe pública de la licenciada Aida Mireya Arciniega Román, Notario Público Número 31 con ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en el que consta el mandato general irrevocable para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que Saúl Ricardo Chavira Trevizo y Claudia Zamora Perezcastillo otorgaron al ahora quejoso, exclusivamente respecto del bien raíz que se identifica como lote 7 (siete), de la fracción 43 (cuarenta y tres), ubicado en Samalayuca, Chihuahua, extendido para disponer del mismo bien raíz; sin embargo, si bien es verdad que esta clase de mandato puede otorgarse para el cumplimiento de una obligación, como lo es la compraventa de un inmueble y que por virtud de esa obligación contraída otorga el poder especial para actos de dominio sobre el inmueble determinado, con una cláusula de irrevocabilidad, debe decirse que esa cláusula irrevocable, no es más que la garantía de que el obligado cumpla con la obligación que es del conocimiento del mandatario. En efecto, por el otorgamiento del poder irrevocable, el mandatario recibe facultades para dar cabal cumplimiento de una obligación del mandante; sin embargo, lo cierto es, que se trata de dos actos: uno el contrato de compraventa, y otro, el mandato que se otorga para el cumplimiento de la obligación, como lo es la compraventa de un inmueble; por tanto, el hecho de que el acto citado en segundo término (mandato) tenga fecha cierta, al haber sido ratificado ante notario, no implica que el primer acto (compraventa) adquiera certeza en esa misma fecha, al tratarse de actos que, si bien están vinculados, son independientes. Máxime que no se debe perder de vista que el mencionado mandato si bien se concedió facultades exclusivas respecto del referido inmueble en favor del quejoso, lo cierto es que dichas facultades son para actuar en nombre y representación de los propietarios y no en nombre propio, lo cual revela que no se tenga prueba fehaciente de que el bien respectivo se haya incorporado a su patrimonio y, mucho menos, la fecha cierta en que ello ocurrió. Aunado a lo anterior, en el caso la parte tercero interesada mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación (pendiente de tirar la escritura correspondiente) derivado de un juicio de desahucio, adquirió un derecho de propiedad sobre el inmueble aquí defendido y rematado en vía judicial común, lo que implica que adquirió coetáneamente un auténtico derecho real sobre ese bien raíz, de ahí que la falta de inscripción del citado contrato de compraventa y, en su caso, del instrumento notarial en que hace descansar su acción la parte quejosa (para efectos de darle publicidad y que surta efectos contra terceros de buena fe), trae como consecuencia que no puedan oponerse frente a terceros que hayan adquirido un derecho real sobre ese mismo bien. Lo anterior es así, porque cuando no se registra los documentos que transmiten un derecho real (contrato de compraventa) no producirá perjuicios contra terceros quienes sí pueden aprovecharse de esa omisión de registro en cuanto le fuere favorable, lo cual sucedió en el caso. Tiene aplicación a lo anterior por similitud la jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, de Agosto de 2013, Tomo 1, página 644, del siguiente tenor: SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. No obsta a la anterior conclusión, lo que pretende el quejoso a partir del origen remoto del derecho de propiedad que afirma tener mediante el contrato de compraventa, que afirma se garantizó a través del mandato irrevocable de marras, que sólo confiere un derecho personal para que, eventualmente, pueda ser ejercido, pues a juicio de quien resuelve, no puede confundirse la existencia de un derecho personal que deriva de la obligación contenida en el referido mandato con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble embargado en el juicio natural, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 256, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo IV, materia civil, página 214, del tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en el embargo, remate y adjudicación del bien raíz que la parte quejosa adujo ser de su propiedad. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras que se señalaron en la demanda, pues la ejecución que se les imputa no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden dictada por las ordenadoras. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por el quejoso. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 126/2018, de su índice, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que consideró, en lo que aquí es relevante, que el contrato privado de compraventa carecía de fecha cierta y, por ende, no era apto para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, aun cuando de forma paralela se hubiera otorgado ante Notario Público un mandato irrevocable para actos de dominio, respecto del mismo bien materia de la compraventa, al tratarse de dos actos jurídicos independientes entre sí. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS HERRERA CASTOR, respecto de los actos y autoridades por los que se realizó pronunciamiento en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista, hoy veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.

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