José Luis Hernández Rodríguez

Expediente 747/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
747/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • José Luis Hernández Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicha providencia queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; conforme a los artículos 3, 104, 113, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, quien aduce representar a la sucesión a bienes de **********, contra actos del Juez Primero Civil de Partido con sede en Acámbaro, Guanajuato y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 747/2018-IV. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción previsto en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, que por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los preceptos en cita se deduce, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte en su esfera jurídica el acto reclamado y que esa afectación sea real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este sentido, cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, debiendo interpretarse "perjuicio" en el sentido de "ofensa" al derecho del quejoso, por lo que el mal debe ser real y efectivo para la procedencia del juicio constitucional, de modo que debe exigirse la comprobación por parte de éste, del derecho o interés que, en su concepto, ha sido afectado por el acto o actos que reclame de las autoridades responsables. De lo anterior se desprende que la acción constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, esto es, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, pues éste es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional se torna improcedente. Así, el agravio en cuestión debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose por dicha afectación toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos en lo individual como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. Entonces, cuando esa afectación no proviene del acto reclamado sino que pudiese tener su origen en una fuente diversa, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe tenerse por improcedente por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En esa tesitura, está legitimado para promover el juicio de amparo aquel sujeto que es titular del derecho infringido por un acto de autoridad, acción que pude ejercer por sí o por conducto de su representante legal. Por tanto, el juicio de amparo resulta improcedente si no es promovido por la parte agraviada, por su representante legal, por su defensor o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley de la materia lo permita expresamente. En el caso, el gestionante aduce que acude al amparo en carácter de representante de la sucesión a bienes de **********, en por ser cesionario de los derechos del coheredero ********** y tener intereses contrarios a los del albacea de la sucesión **********, y reclama todas y cada una de las actuaciones realizadas en los juicios de información testimonial Ad Perpetuam 598/1995 y C-838/2001, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Acámbaro, Guanajuato, así como las inscripciones hechas en tanto en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio como en la Dirección de Catastro e Impuesto a la Propiedad Raíz, todos con residencia en Acámbaro, Guanajuato. Lo anterior, en virtud de que los que señala como terceros interesados promovieron los referidos juicios de información testimonial ad perpetuam, para adquirir títulos de dominio respecto del inmueble ubicado en calle ********** número **********, de la comunidad de **********, del municipio de Acámbaro, Guanajuato, cuando dicho inmueble pertenece a la sucesión a bienes de **********, que aduce representar. Sin embargo, el carácter de cesionario de los derechos del coheredero **************** no le da legitimación para instar el juicio constitucional. En principio, conviene traer a colación el contenido del artículo 580 de la ley adjetiva civil del Estado de Guanajuato, que dispone: "Art. 580.- El representante legal en las sucesiones es el albacea, en todo lo que se refiere a los intereses generales. En cuanto a los particulares de cada heredero o legatario, son éstos parte para ejercitar sus respectivos derechos." Del dispositivo legal antes transcrito se advierte que los albaceas son órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios; y, en cuanto a los intereses particulares de cada heredero, éstos son quienes deben ejercer sus respectivos derechos. Asimismo, el artículo 2944 del mismo cuerpo de leyes dispone lo siguiente: "Artículo 2944. Son obligaciones del albacea general: I. La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias; VI. La partición y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra de ella; IX. Las demás que le imponga la ley." De este ordenamiento se desprenden las obligaciones que adquiere el albacea al aceptar dicho cargo, entre las que destacan la de defender en juicio o fuera de él la herencia como la validez del testamento; y representar a la sucesión en todos los juicios que se promuevan en su nombre o en contra de ella. En ese sentido, corresponde al albacea deducir todas las acciones relacionadas con la masa hereditaria, al ser una obligación inherente al cargo; además, una vez que asume sus funciones, ni siquiera los herederos pueden ejercerlas, por tratarse de una atribución propia y exclusiva de aquél, quien es designado legalmente como representante de la copropiedad involucrada, hasta en tanto se lleva a cabo la partición relativa. En el caso, el albacea de la sucesión es **********, pues así lo refirió el promovente en la demanda de amparo. En ese orden, la defensa del caudal hereditario corresponde al albacea designado en la sucesión que se tramite, en términos de lo dispuesto por los numerales indicados, y no así a los herederos reconocidos en la misma, ya que carecen de legitimación para promover el amparo en contra de un acto jurídico que afecta a la sucesión, atento a que la representación y defensa de ésta corresponde al albacea y, en caso de que todavía no se hubiera designado, al heredero reconocido, toda vez que éste, en tal hipótesis, tendrá la facultad de defender la herencia que le corresponde. De ahí que, cuando un heredero en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa de derechos de propiedad respecto de un bien de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su derecho no es individual, sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo, y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos, en cuanto representante de la sucesión. Entonces, las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercerlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea. Por lo que si en el caso, el promovente del amparo refiere que acude a defender los derechos de la sucesión a bienes de **********, en su carácter de cesionario de los derechos del coheredero **********, es inconcuso que carece de legitimación procesal para iniciar el presente juicio constitucional en defensa de los intereses que corresponden a la sucesión, ya que si bien tiene el carácter de cesionario, lo cierto es que no alega un perjuicio derivado de un bien propio, sino perteneciente a la sucesión a que se ha hecho referencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con los ordinales 5º, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Ahora, tomando en consideración que solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ************, al no contar con cédulas profesionales, números, ***************** registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura; y en términos limitados del numeral en cita a las demás personas por no encontrarse en dicho supuesto y por así haberlo solicitado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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