José Luis Guillermo Aranda Guerrero
Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Guillermo Aranda Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados por los Jueces Primero y Cuarto Menores Civiles de esta ciudad, mediante los cuales en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de julio del presente año, acusan recibo de los diversos comunicados 13731/2022 y 13734/2022, así como del tomo de prueba que se adjuntaron a los mismos.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de treinta de junio del presente año, por el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de las medidas; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. En virtud de que resulta innecesaria la retención de las constancias que como justificación a su informe remitieron los Jueces Primero y Cuarto Menores Civiles, ambos de esta ciudad, devuélvanseles y solicíteseles el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que anexó el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ************, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, incluyendo las providencias de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diez de enero del presente año, mediante las cuales se despacharon autos con efectos de mandamientos en forma a fin de requerir de pago a la parte quejosa. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como a las recibidas en proveído de veintiuno de junio del presente año, se advierte que: Los endosatarios en procuración de **************, demandaron en la vía ejecutiva a ****************, el pago de la cantidad de 122,510.79 (ciento veintidós mil quinientos diez pesos 79/100 M. N.), entre otras prestaciones; el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite el asunto bajo el número de expediente *************. En dicha providencia se ordenó requerir a la parte demandada el pago inmediato de suerte principal y anexidades legales reclamadas, apercibido que de no hacerlo se embargarían bienes de su propiedad suficientes para cubrir el adeudo reclamado, asimismo se ordenó su emplazamiento.-acto reclamado- Por auto de diez de enero de la anualidad que trascurre, se tuvo como nuevo domicilio del demandado -aquí quejoso-, el ubicado en calle *************, de esta ciudad, por lo que se tuvo como parte integrante del auto a cumplimentar de fecha veintiuno de septiembre del año inmediato anterior.- acto reclamado- El treinta de marzo de dos mil veintidós, dentro del mencionado juicio de origen se tuvo por recibido el convenido celebrado por *************, y *****************, siendo ratificado el cinco de abril del presente año. En virtud de lo anterior, seis de abril hogaño, se elevó a la categoría de cosa juzgada dicho convenio. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M-1023/2021, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, incluyendo las providencias de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diez de enero del presente año, mediante las cuales se despacharon autos con efectos de mandamientos en forma a fin de requerir de pago a la parte quejosa. En ese orden, aún y cuando el acto reclamado sigue subsistiendo, pues no fue dejado sin efectos, la materia u objeto del mismo dejó de existir, debido al auto de seis de abril del año en curso que elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado entre las partes dentro del juicio ejecutivo mercantil M-**************, por lo que carece ahora de materia ya que mediante dicho proveído culminó el juicio natural. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó el acto reclamado, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, el juicio de origen culminó en virtud del convenio celebrado por las partes, elevado a categoría juzgada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, en especial las constancias que anexó el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil ************, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, incluyendo las providencias de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diez de enero del presente año, mediante las cuales se despacharon autos con efectos de mandamientos en forma a fin de requerir de pago a la parte quejosa. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Cuarto Menor Civil de esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como a las recibidas en proveído de veintiuno de junio del presente año, se advierte que: Los endosatarios en procuración de **************, demandaron en la vía ejecutiva a ****************, el pago de la cantidad de 122,510.79 (ciento veintidós mil quinientos diez pesos 79/100 M. N.), entre otras prestaciones; el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite el asunto bajo el número de expediente *************. En dicha providencia se ordenó requerir a la parte demandada el pago inmediato de suerte principal y anexidades legales reclamadas, apercibido que de no hacerlo se embargarían bienes de su propiedad suficientes para cubrir el adeudo reclamado, asimismo se ordenó su emplazamiento.-acto reclamado- Por auto de diez de enero de la anualidad que trascurre, se tuvo como nuevo domicilio del demandado -aquí quejoso-, el ubicado en calle *************, de esta ciudad, por lo que se tuvo como parte integrante del auto a cumplimentar de fecha veintiuno de septiembre del año inmediato anterior.- acto reclamado- El treinta de marzo de dos mil veintidós, dentro del mencionado juicio de origen se tuvo por recibido el convenido celebrado por *************, y *****************, siendo ratificado el cinco de abril del presente año. En virtud de lo anterior, seis de abril hogaño, se elevó a la categoría de cosa juzgada dicho convenio. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil M-1023/2021, de la estadística del Juzgado Cuarto Menor Civil de esta ciudad, incluyendo las providencias de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno y diez de enero del presente año, mediante las cuales se despacharon autos con efectos de mandamientos en forma a fin de requerir de pago a la parte quejosa. En ese orden, aún y cuando el acto reclamado sigue subsistiendo, pues no fue dejado sin efectos, la materia u objeto del mismo dejó de existir, debido al auto de seis de abril del año en curso que elevó a la categoría de cosa juzgada el convenio celebrado entre las partes dentro del juicio ejecutivo mercantil M-**************, por lo que carece ahora de materia ya que mediante dicho proveído culminó el juicio natural. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó el acto reclamado, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, el juicio de origen culminó en virtud del convenio celebrado por las partes, elevado a categoría juzgada. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
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