JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PÉREZ y Otros.

Expediente 77/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
77/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PÉREZ y Otros.
  • José Luis Hernández Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca; al que adjunta las constancias correspondientes. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ... reclamó del mencionado Juez y Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, la ilegalidad del emplazamiento practicado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 172/2018 de su índice. Lo que se asevera en razón a que si bien destacó como actos reclamados el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el citado juicio ejecutivo mercantil, así como la diligencia de notificación personal, requerimiento de pago, traslado, emplazamiento y/o embargo; lo cierto es que de los hechos narrados en su demanda y conceptos de violación, se aprecia que dicho quejoso manifestó que el bien embargado no es de su propiedad, y que se duele de los actos porque se llevaron a cabo sin su presencia, lo que motivó que se le dejara en estado de indefensión y se le privó de la oportunidad de defenderse en juicio; lo que se traduce en el emplazamiento practicado en su contra, el cual estima ilegal. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De las constancias de autos, específicamente de la copia certificada del expediente 172/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por .... en su carácter de endosatario en procuración de Guillermo Saavedra Méndez, en contra de .... , a la que se le confiere pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, se advierte que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda promovida, en el que se dictó auto de exequendum; luego, el cinco de diciembre siguiente, el ejecutor llevador de dicho expediente, llevó a cabo la diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo, y emplazamiento del demandado, y en dicha diligencia, el actor señaló para trabar embargo el vehículo de motor Versa, marca Nissan, color blanco con dorado, con número de serie 3N1CN7AD8KK395262, nombrando la parte actora como depositario judicial a Fidel Alejandro Maceda Estrada. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, se ordenó girar oficio al Delegado de la Policía Vial Estatal con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, para que procediera a la detención del referido vehículo, y lo pusiera a disposición de ese Juzgado, y en ese mismo auto, se declaró rebelde al demandado, aquí quejoso, se procedió a la admisión y calificación de pruebas, y se aperturó el periodo probatorio. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se tuvo al Delegado de la Policía Vial Estatal en Huajuapan de León, Oaxaca, informando que detuvo y dejó a disposición de ese Juzgado el vehículo de que se trata, en el encierro particular "Grúas Alejandro´s", por lo que se ordenó al Ejecutor que, en unión con la parte actora, así como el depositario judicial, se presentaran en dicho encierro y previo el cercioramiento de que efectivamente fuera el bien embargado, en diligencia formal lo entregara materialmente al depositario judicial; siendo ese el estado procesal del juicio de origen, pues de las constancias remitidas por el Juez responsable no se advierte que se hubiere practicado alguna otra actuación. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, esta juzgadora estima que, en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la actuación reclamada a las autoridades responsables, emplazamiento a juicio, en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que tales actos reclamados, no se afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. Por tanto, el acto reclamado de las autoridades responsables no depara un perjuicio de imposible reparación al quejoso, para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales que afectan sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo. Además, si bien es cierto que el emplazamiento a juicio resulta ser la violación procesal de mayor magnitud, también lo es que el mismo, en el caso concreto, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues dicha actuación no produce de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del impetrante, ya que la misma sólo produce efectos meramente intraprocesales, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en el juicio natural, para el caso de que ésta fuera desfavorable a sus intereses, como lo establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, cuando el demandado en un juicio de amparo reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, como en el caso, en el que de constancias de autos del juicio natural se advierte que se encuentra en trámite, es evidente que tal violación no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, hacerse valer como violaciones procesales, en caso de no obtener resolución favorable, al momento de combatir la sentencia. Es así, el quejoso está en aptitud de acudir directamente ante el juez del procedimiento para hacer valer los medios ordinarios que la ley adjetiva civil le otorga, en el caso, el incidente de nulidad de notificación en contra del emplazamiento que estima ilegal, dado que es parte demandada en dicho juicio, el cual se encuentra en la fase del procedimiento y aún no existe sentencia dictada en contra del peticionario del amparo, por lo que los actos que por esta vía combate, no pueden reclamarse en forma autónoma en el juicio de amparo; además, al conocer la existencia del juicio natural está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios en la ley para ejercer su garantía de audiencia. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto de los precisados actos reclamados a las autoridades responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Materia(s): Común, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293 de rubro y texto: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual manera, la tesis XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, página 768, materia Común, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 201562, de rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos. Así también, la jurisprudencia 9/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 691, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000619, de rubro y texto: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que las autoridades responsables residentes en Huajuapan de León, Oaxaca, hayan quedado notificadas del auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión cuando afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado, y en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de ..... artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene a dicho tercero interesado por apersonado a juicio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en... teniéndose por autorizado a Hesiquio Diego Flores con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y a la restante persona, únicamente para oír y recibir las notificaciones, por no encontrarse registrada su cédula profesional en dicho Sistema y por tratarse el presente juicio de la materia civil.

  4. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca; al que adjunta las constancias correspondientes. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ... reclamó del mencionado Juez y Actuario Judicial adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huajuapan de León, Oaxaca, la ilegalidad del emplazamiento practicado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 172/2018 de su índice. Lo que se asevera en razón a que si bien destacó como actos reclamados el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el citado juicio ejecutivo mercantil, así como la diligencia de notificación personal, requerimiento de pago, traslado, emplazamiento y/o embargo; lo cierto es que de los hechos narrados en su demanda y conceptos de violación, se aprecia que dicho quejoso manifestó que el bien embargado no es de su propiedad, y que se duele de los actos porque se llevaron a cabo sin su presencia, lo que motivó que se le dejara en estado de indefensión y se le privó de la oportunidad de defenderse en juicio; lo que se traduce en el emplazamiento practicado en su contra, el cual estima ilegal. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. --- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De las constancias de autos, específicamente de la copia certificada del expediente 172/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por .... en su carácter de endosatario en procuración de Guillermo Saavedra Méndez, en contra de .... , a la que se le confiere pleno valor probatorio con fundamento en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de la materia, se advierte que el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda promovida, en el que se dictó auto de exequendum; luego, el cinco de diciembre siguiente, el ejecutor llevador de dicho expediente, llevó a cabo la diligencia de notificación, requerimiento de pago y embargo, y emplazamiento del demandado, y en dicha diligencia, el actor señaló para trabar embargo el vehículo de motor Versa, marca Nissan, color blanco con dorado, con número de serie 3N1CN7AD8KK395262, nombrando la parte actora como depositario judicial a Fidel Alejandro Maceda Estrada. Mediante acuerdo de diez de enero de dos mil diecinueve, se ordenó girar oficio al Delegado de la Policía Vial Estatal con residencia en Huajuapan de León, Oaxaca, para que procediera a la detención del referido vehículo, y lo pusiera a disposición de ese Juzgado, y en ese mismo auto, se declaró rebelde al demandado, aquí quejoso, se procedió a la admisión y calificación de pruebas, y se aperturó el periodo probatorio. En auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se tuvo al Delegado de la Policía Vial Estatal en Huajuapan de León, Oaxaca, informando que detuvo y dejó a disposición de ese Juzgado el vehículo de que se trata, en el encierro particular "Grúas Alejandro´s", por lo que se ordenó al Ejecutor que, en unión con la parte actora, así como el depositario judicial, se presentaran en dicho encierro y previo el cercioramiento de que efectivamente fuera el bien embargado, en diligencia formal lo entregara materialmente al depositario judicial; siendo ese el estado procesal del juicio de origen, pues de las constancias remitidas por el Juez responsable no se advierte que se hubiere practicado alguna otra actuación. Ahora, con base en las reglas previamente establecidas, esta juzgadora estima que, en la especie, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la actuación reclamada a las autoridades responsables, emplazamiento a juicio, en modo alguno puede ser considerada como acto de imposible reparación susceptible de reclamación destacada en un juicio de amparo indirecto, puesto que tales actos reclamados, no se afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa conforme a los lineamientos antes expuestos. Por tanto, el acto reclamado de las autoridades responsables no depara un perjuicio de imposible reparación al quejoso, para los efectos del juicio de amparo, sino que, en su caso, sólo constituyen violaciones intraprocesales que afectan sus derechos adjetivos que, por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado del fallo definitivo que se llegare a dictar, pues ello dependerá del sentido favorable o desfavorable de éste; en el primer caso, lógicamente que quedará remediada tal violación y, en el segundo, estará en aptitud de promover en su contra amparo directo, en el que le será factible también impugnar los actos que aquí reclama, en caso de trascender al resultado del fallo. Además, si bien es cierto que el emplazamiento a juicio resulta ser la violación procesal de mayor magnitud, también lo es que el mismo, en el caso concreto, no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues dicha actuación no produce de manera inmediata una afectación a los derechos fundamentales del impetrante, ya que la misma sólo produce efectos meramente intraprocesales, siendo, en todo caso, impugnable como una violación a las leyes del procedimiento a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia dictada en el juicio natural, para el caso de que ésta fuera desfavorable a sus intereses, como lo establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, cuando el demandado en un juicio de amparo reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, antes de que se dicte sentencia en el juicio seguido en su contra, como en el caso, en el que de constancias de autos del juicio natural se advierte que se encuentra en trámite, es evidente que tal violación no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que únicamente produce efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones o, en su defecto, hacerse valer como violaciones procesales, en caso de no obtener resolución favorable, al momento de combatir la sentencia. Es así, el quejoso está en aptitud de acudir directamente ante el juez del procedimiento para hacer valer los medios ordinarios que la ley adjetiva civil le otorga, en el caso, el incidente de nulidad de notificación en contra del emplazamiento que estima ilegal, dado que es parte demandada en dicho juicio, el cual se encuentra en la fase del procedimiento y aún no existe sentencia dictada en contra del peticionario del amparo, por lo que los actos que por esta vía combate, no pueden reclamarse en forma autónoma en el juicio de amparo; además, al conocer la existencia del juicio natural está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios en la ley para ejercer su garantía de audiencia. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia de que se trata, con apoyo en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio respecto de los precisados actos reclamados a las autoridades responsables. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627, Materia(s): Común, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000293 de rubro y texto: TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De igual manera, la tesis XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, página 768, materia Común, Tomo IV, Septiembre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 201562, de rubro y texto: VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos. Así también, la jurisprudencia 9/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 691, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2000619, de rubro y texto: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

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