José Luis Hernández López
Expediente 1010/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1010/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Hernández López
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, del que se advierte que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso José Luis Hernández López, contra el auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo, quedando radicado dicho recurso con el número 318/2019 del índice del Tribunal Colegiado en cita. .
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCIÓN QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, once de noviembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por José Luis Hernández López, por propio derecho contra actos del Titular del Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia Mixto en Modalidad Digital, con sede en Veracruz, Veracruz; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1010/2019-II, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. Ahora, del escrito de demanda de amparo, se advierte que el promovente señala como acto reclamado la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente de jurisdicción voluntaria 3/2019-I del índice del Titular del Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia Mixto en Modalidad Digital, con sede en Veracruz, Veracruz, a través del cual determinó dejar a salvo los derechos tanto de José Luis Hernández López, parte promovente, así como del opositor Francisco Pineda García, para que los hicieran valer en la vía y forma que resulte procedente. Una vez precisado el acto que se impugna en esta vía, debe decirse que, no ha lugar a dar trámite a la demanda de amparo, puesto que habrá de desecharse de plano, al advertirse la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. En efecto, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionada con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impone el acatamiento al principio de definitividad en el juicio de amparo, tratándose de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria, son apelables en ambos efectos, salvo disposición expresa en contrario. De tal norma se obtiene que procede recurso de apelación en ambos efectos en contra de la resolución dictada en jurisdicción voluntaria; y al efecto puede interponerlo el interesado a quien le perjudique la resolución judicial, sin que se advierta que el aludido media de defensa sea optativo. Descrito el acto reclamado, es evidente que en términos del citado artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, existe la posibilidad de promover en su contra el recurso de apelación, como medio ordinario de defensa a través del cual se puede revocar o modificar dicho acto. Por tanto, si el acto en análisis fue emitido en un expediente de jurisdicción voluntaria, es inconcuso que previo a instar este juicio biinstancial, era menester que la parte quejosa agotara el medio ordinario de defensa que prevé el código procesal de la entidad, es decir, el recurso de apelación regulado en citado numeral 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción previstos en el párrafo segundo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lo constituyen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército. Tampoco se está ante una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos relativos a una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se advierte que el acto reclamado se trate del auto de vinculación a proceso y que la quejosa se trate de persona extraña al procedimiento, pues es parte promovente en el expediente de jurisdicción voluntaria del que emana el acto reclamado. Aunado a que, la procedencia del recurso de apelación previsto en el artículo 699 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y demás relativos, delimitan las reglas para resolverse y la forma de substanciación, por lo que la legislación aplicable no requiere interpretación adicional alguna. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. De ahí que, en la especie, el acto reclamado no se encuentra en un caso de excepción para que exima a la parte promovente de agotar el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, consultable en la página 2377, Tomo 3, Libro V, Febrero de 2012, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." En consecuencia, si la solicitante del amparo no promovió el recurso de apelación, no se encuentra en aptitud de acudir al juicio de amparo, pues al tener el carácter de promovente en el expediente de jurisdicción voluntaria 3/2019-I del índice del Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia Mixto en Modalidad Digital, con sede en Veracruz, Veracruz, se encontraba sujeta al medio de impugnación que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz Por lo anterior, se insiste, previo a instar el presente juicio constitucional debió agotarse el aludido medio de impugnación de conformidad con el referido ordenamiento legal, pues de no hacerlo así, el amparo que se promueva resulta improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de mérito, respecto del acto reclamado ya precisado, esto es, la resolución de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el referido expediente de jurisdicción voluntaria, por su notoria y manifiesta improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la referida legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previa razón que al efecto se emita y acuerdo que a ésta recaiga, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia a Laura Flores Moreno, Silvia Lorena Ríos Pérez de León y Lilia Elizabeth Madrigal Ortega, por tener registrada su cédula profesional que los acredita como licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho que se lleva en los órganos del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que indica, por no encontrarse registradas en dicho sistema. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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