José Luis García

Expediente 127/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
127/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • José Luis García

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LAS PARTES LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto dictado el trece de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de demanda, promovido José Luis García, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; fórmese juicio de amparo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 127/2019-I, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe analizar ante todo el escrito de demanda y que, en caso de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, aunado a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la citada ley de la materia, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Primeramente, es necesario establecer que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado el siguiente: El auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 1734/2018/II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual le fue requerida la desocupación, entrega física y material del inmueble ubicado en el número B, de la calle Aquiles Serdán y/o Ferrocarril, en Juan Rodríguez Clara, Veracruz; con el apercibimiento que en caso de ser omiso en lo anterior, sería acreedor a la medida de apremio que señala el artículo 53, fracción II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. En este contexto, después de analizar el escrito de cuenta, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107, todos de la Ley de Amparo; lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo, dada la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia en comento, por los motivos que a continuación se exponen. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, prevén lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior (.)." Dichos artículos prevén la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que se promueva contra actos dictados con motivo de la ejecución de una sentencia, cuando éstos no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Asimismo, se desprende que actualmente la Ley de Amparo define lo que debe entenderse por "última resolución" que se dicte en el procedimiento del que deriven los actos reclamados, la cual debe entenderse como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora, en primer término, se debe precisar que del contexto integral de la demanda se desprende que el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil 1734/2018/II del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el cual se dictó sentencia el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por lo que en cumplimiento a dicha determinación, mediante auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se requirió al aquí quejoso la desocupación, entrega física y material del local comercial ubicado en el número B, de la calle Aquiles Serdán y/o Ferrocarril, en Juan Rodríguez Clara, Veracruz. Asimismo, en el capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó que Alejandra García Bañuelos, parte actora en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, argumentó que el aquí quejoso había celebrado un contrato de arrendamiento con ella, por lo cual únicamente era poseedor de dicho inmueble. En ese tenor, resulta claro que el acto que se reclama en esta vía, esto es, el auto de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro de los autos del expediente 1734/2018/II, fue dictado por la responsable con motivo de la ejecución de la sentencia de dicho juicio, sin embargo, dicho acto no constituye la última resolución, es decir, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia emitida en dicho controvertido o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, dado que de dichas actuaciones impugnadas pueden derivar todavía diversos actos para lograr la cumplimentación material y jurídica de la sentencia que dirimió el conflicto. Lo anterior, máxime que de lo relatado por el quejoso en su escrito de demanda, en ningún momento se advierte que el requerimiento de desocupación, entrega física y material del inmueble reclamado, provenga de un procedimiento de remate, dado que hace alusión a que la actora en el juicio ordinario de origen se ostentó como legítima propietaria, aduciendo que había celebrado un contrato de arrendamiento con el quejoso respecto del inmueble reclamado, por lo que éste último únicamente era arrendatario del mismo. Se invoca en apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia VII.2o.C. J/19, (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la foja 1672, Tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Se invoca en apoyo a lo antes expuesto, la tesis I.13o.T.13 K (10a.), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la foja 1602, Libro 7, Tomo II, de junio de dos mil catorce, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en la que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra dentro de los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución." Regla de procedencia, respecto del procedimiento de ejecución de sentencia - que tiene como finalidad evitar que se retarde o entorpezca la ejecución de un fallo definitivo, cuyo cumplimiento es de orden público, aún en el caso en que el promovente sea la parte vencedora del juicio. Resulta aplicable a lo antes expuesto la jurisprudencia número 1 a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 88/2003-PS, publicada en la página setenta y cinco, del Tomo XX, Julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada.". En ese orden de ideas, se reitera, los actos reclamados, se encuentran dentro del procedimiento de ejecución del juicio de origen, sin que se trate de la última resolución que puede ser dictada dentro del procedimiento respectivo, puesto que todavía no se trata del auto o resolución que tenga por cumplida la resolución que puso fin al juicio de que se trata o declare la imposibilidad material para ello. En las relacionadas circunstancias, al haber quedado plenamente demostrado que en el caso particular se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia en estudio; en consecuencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por José Luis García. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, por así haberlo señalado expresamente en su escrito de demanda; asimismo, téngase como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Raúl Ríos Errasquin, por no tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de la parte promovente, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.

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