José Luis Hernández Fernández
Expediente 759/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/06/2016
Partes del expediente
- Frida Gabriela Álvarez Bejarano
- José Luis Hernández Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
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Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que el quejoso , hubiese recurrido el auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 27/05/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERA INTERESADA FRIDA GABRIELA ALVAREZ BEJARANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL GABRIELA LIZZETE BEJARANO SANCHEZ EL AUTO DE 25/05/2016, QUE EN LO CONDECENTE DICE: V I S T O S, agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase a la Agente del Ministerio Público Investigador número IV-A de esta ciudad rindiendo su informe con justificación; asimismo remite copia certificada del oficio 9679 de treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual consignó ante el Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad la averiguación previa IV/245/2016 y ejerció acción procesal penal y civil reparadora del daño en contra de José Luis Hernández Fernández (aquí quejoso) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y abusos deshonestos, ilícito previsto y sancionado por el artículo 161 y 165 del Código Penal de Estado de Querétaro, cometido en agravio de la menor F.G.A.B. Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión del Ministerio Público de desahogar diversos medios probatorios ofertados dentro de la averiguación previa IV/245/2016. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Por su parte, el artículo 61, fracción XVI, y 71 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)". De ahí que la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora de la interpretación relacionada de los dispositivos reproducidos evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; lo anterior, en razón de que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tiene la naturaleza de ser restitutoria a favor de la parte quejosa de los efectos sufridos por el acto declarado inconstitucional, esto es, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que los efectos protectores serán el de restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la causa de improcedencia que ahora se explica, es conveniente realizar un ejercicio reflexivo en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. En ese sentido, cabe distinguir entre efecto consumado de modo reparable e irreparable; para explicar lo anterior conviene tener en cuenta el texto de la tesis I.3º.A.150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto sostienen lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio invocado se entiende por acto consumado de modo reparable aquel que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, las mismas sí pueden ser reparadas por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser revocada, restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente el juicio constitucional; por el contrario, el consumado de forma irreparable es aquel que sus efectos y consecuencias formales y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En ese sentido, con la finalidad de demostrar que en la especie efectivamente el efecto y consecuencia de los actos reclamados por el justiciable tienen el carácter de consumados de modo irreparable, esto es, sin posibilidad material alguna para dejarse sin efectos, se hace conveniente precisar de modo particular cuál es el motivo fáctico y de queja constitucional de los que se duele la parte quejosa a fin de analizar si con respecto a la situación material que ahora acontece -de ser inconstitucionales tales motivos- pueden ser reparados con motivo de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte solicitante de amparo aduce sustancialmente que el Ministerio Público responsable ha sido omiso en desahogar diversas pruebas ofertadas dentro de la averiguación previa IV/245/2016. El objeto material que el quejoso pretende con motivo de la instauración del presente juicio de amparo, se advierte de modo literal con se precisó lo es que el que el fiscal admita y desahogue los medios probatorios ofertados dentro de la citada averiguación previa. Por otro lado, de las constancias que remito la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que mediante oficio 9679 de treinta de marzo de dos mil dieciséis, consignó ante el Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad la averiguación previa IV/245/2016 y ejerció acción procesal penal y civil reparadora del daño en contra de José Luis Hernández Fernández (aquí quejoso) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y abusos deshonestos, ilícito previsto y sancionado por el artículo 161 y 165 del Código Penal de Estado de Querétaro, cometido en agravio de la menor F.G.A.B. Por lo tanto, en evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado es de carácter consumado de modo irreparable, toda vez que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad del mismo si la situación material que ahora prevalece hace imposible lograr la pretensión básica de la parte quejosa consistente en admitir y desahogar diversos medios de probatorios ofertados dentro del averiguación previa IV/245/2016, si como quedó evidenciado en párrafos precedentes, se pone de manifiesto que el acto reclamado se consumó de un modo irreparable al haberse ejercitado acción penal y civil reparadora del daño en contra del quejoso. Asimismo, en el caso se actualiza la causa de improcedente prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, cambió la situación jurídica del inconforme, y por tanto, deben considerarse consumadas de modo irreparable las posibles violaciones reclamadas, por no poder decidirse sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica ocasionada por la consignación de la averiguación previa mencionada. Apoya lo anterior la tesis XV.3o.5 P emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 941 del Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. De igual manera sustenta lo anterior la tesis IV.2o.P.43 P emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 1373 del Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con las fracciones XVI y XVII del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS...VI
- Principal
V I S T O S, agréguese a los autos el oficio de cuenta, y téngase a la Agente del Ministerio Público Investigador número IV-A de esta ciudad rindiendo su informe con justificación; asimismo remite copia certificada del oficio 9679 de treinta de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual consignó ante el Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad la averiguación previa IV/245/2016 y ejerció acción procesal penal y civil reparadora del daño en contra de José Luis Hernández Fernández (aquí quejoso) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y abusos deshonestos, ilícito previsto y sancionado por el artículo 161 y 165 del Código Penal de Estado de Querétaro, cometido en agravio de la menor F.G.A.B. Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la obligación del Juzgador Federal de realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el quejoso señaló como acto reclamado la omisión del Ministerio Público de desahogar diversos medios probatorios ofertados dentro de la averiguación previa IV/245/2016. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 207, Tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Por su parte, el artículo 61, fracción XVI, y 71 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)". De ahí que la improcedencia del amparo es una institución jurídica por virtud de la cual el juzgado federal se encuentra imposibilitado para determinar si el acto reclamado es constitucional o inconstitucional. Su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes. Ahora de la interpretación relacionada de los dispositivos reproducidos evidencia que el juicio de amparo será improcedente cuando se hayan consumado de manera irreparable los efectos del acto reclamado; lo anterior, en razón de que la sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal tiene la naturaleza de ser restitutoria a favor de la parte quejosa de los efectos sufridos por el acto declarado inconstitucional, esto es, el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que los efectos protectores serán el de restituir a la agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado material que guardaban antes de la violación cometida cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Luego, si los efectos materiales del acto reclamado ya produjeron sus efectos de modo irreparable, esto es, sin poder existir posibilidad jurídica o material alguna de volver al estado de cosas preexistente, el juicio constitucional no tendría la eficacia restitutoria fáctica que lo debe caracterizar; así, para estimar actualizada la causa de improcedencia que ahora se explica, es conveniente realizar un ejercicio reflexivo en torno a la situación material que posiblemente se plantea como efecto consumado del acto reclamado. En ese sentido, cabe distinguir entre efecto consumado de modo reparable e irreparable; para explicar lo anterior conviene tener en cuenta el texto de la tesis I.3º.A.150 K, del Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto sostienen lo siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Del criterio invocado se entiende por acto consumado de modo reparable aquel que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, las mismas sí pueden ser reparadas por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser revocada, restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, siendo procedente el juicio constitucional; por el contrario, el consumado de forma irreparable es aquel que sus efectos y consecuencias formales y materiales ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En ese sentido, con la finalidad de demostrar que en la especie efectivamente el efecto y consecuencia de los actos reclamados por el justiciable tienen el carácter de consumados de modo irreparable, esto es, sin posibilidad material alguna para dejarse sin efectos, se hace conveniente precisar de modo particular cuál es el motivo fáctico y de queja constitucional de los que se duele la parte quejosa a fin de analizar si con respecto a la situación material que ahora acontece -de ser inconstitucionales tales motivos- pueden ser reparados con motivo de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la parte solicitante de amparo aduce sustancialmente que el Ministerio Público responsable ha sido omiso en desahogar diversas pruebas ofertadas dentro de la averiguación previa IV/245/2016. El objeto material que el quejoso pretende con motivo de la instauración del presente juicio de amparo, se advierte de modo literal con se precisó lo es que el que el fiscal admita y desahogue los medios probatorios ofertados dentro de la citada averiguación previa. Por otro lado, de las constancias que remito la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO", se advierte que mediante oficio 9679 de treinta de marzo de dos mil dieciséis, consignó ante el Juez Penal de Primera Instancia de esta ciudad la averiguación previa IV/245/2016 y ejerció acción procesal penal y civil reparadora del daño en contra de José Luis Hernández Fernández (aquí quejoso) por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y abusos deshonestos, ilícito previsto y sancionado por el artículo 161 y 165 del Código Penal de Estado de Querétaro, cometido en agravio de la menor F.G.A.B. Por lo tanto, en evidente que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado es de carácter consumado de modo irreparable, toda vez que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad del mismo si la situación material que ahora prevalece hace imposible lograr la pretensión básica de la parte quejosa consistente en admitir y desahogar diversos medios de probatorios ofertados dentro del averiguación previa IV/245/2016, si como quedó evidenciado en párrafos precedentes, se pone de manifiesto que el acto reclamado se consumó de un modo irreparable al haberse ejercitado acción penal y civil reparadora del daño en contra del quejoso. Asimismo, en el caso se actualiza la causa de improcedente prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, cambió la situación jurídica del inconforme, y por tanto, deben considerarse consumadas de modo irreparable las posibles violaciones reclamadas, por no poder decidirse sobre el acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica ocasionada por la consignación de la averiguación previa mencionada. Apoya lo anterior la tesis XV.3o.5 P emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 941 del Tomo XVIII, noviembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ACORDAR DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y ÉSTA HA SIDO CONSIGNADA ANTE EL JUEZ PENAL Y SE HA GIRADO ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DEL QUEJOSO. El artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo establece que: "El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ... ". De acuerdo con dicho numeral si la recurrente reclamó de las autoridades administrativas la omisión de acordar diversas pruebas ofrecidas dentro de la averiguación previa, la que dio origen al proceso penal respectivo, al haber sido consignada ante el Juez Penal correspondiente y haber girado éste orden de aprehensión en contra del quejoso, con ello operó un cambio de situación jurídica y por lo mismo resulta imposible jurídicamente analizar la constitucionalidad del citado acto sin afectar la nueva situación jurídica, toda vez que al haber sido consignada la averiguación previa al Juez de la causa el representante social dejó de tener el carácter de autoridad para convertirse en parte dentro del procedimiento judicial, circunstancia que hace que en dicho caso concreto se actualice la citada causal de improcedencia. De igual manera sustenta lo anterior la tesis IV.2o.P.43 P emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 1373 del Tomo XXX, octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora queda sometida a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación. Consecuentemente, al actualizarse dicha hipótesis legal, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con las fracciones XVI y XVII del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional fijada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS...VI
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos, de los que se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días, otorgado a la autoridad responsable, a fin de que rinda su informe justificado, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS...VI
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