Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Expediente 815/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 145 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
815/2014
Año
2014
Actuaciones
145
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Juzgado Penal En Ciudad Hidalgo
  • JUZGADO PENAL EN CIUDAD HIDALGO y Otros.
  • Jose Luis Gonzalez Gonzalez
  • JOSE LUIS GONZALEZ GONZALEZ y Otros.
  • Gerardo Barajas Hernández
  • TERESA NIETO SÁNCHEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 145.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que dentro del juicio de amparo en que se actúa, se formaron nueve tomos de pruebas, con las constancias que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San José El Alto, Querétaro quien fue absorbido por el Juez Séptimo del mismo ramo, relativas a las copias certificadas de la causa penal 157/2004, que adjuntó a su informe justificado. En tal virtud, tomando en consideración que en auto de doce de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en San José El Alto, Querétaro, las documentales descritas; sin que sea necesario requerirle el acuse de recibo respectivo, en la inteligencia de que la constancia de recepción de la presente comunicación hace las veces del mismo...IV

  2. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el telegrama de cuenta, remitido por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón Coahuila, mediante el cual solicita acuse de recibo del exhorto 110/2015-IV, del índice de éste Juzgado; en consecuencia, como lo solicita el Juez oficiante, acúsese recibo de estilo, vía fax...IV

  3. Principal

    Visto; por cuanto de la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa o la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, hubiesen recurrido el auto de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, con motivo de lo decretado en líneas precedentes se ordena devolver al Juez Segundo de Primera Instancia Penal en San José El Alto, Querétaro, diez tomos de copias certificadas de la causa penal 157/2004, que adjuntó a su informe justificado, sin que haya lugar a requerirle acuse de recibo, en virtud de que la constancia de notificación hace las veces del mismo...IV

  4. Principal

    ...Visto el estado de autos, y como de la certificación de cuenta se desprende que la parte quejosa incumplió con la carga procesal impuesta en proveído de nueve de marzo de dos mil dieciséis, esto es, de acudir a este Juzgado Federal con el objeto de recoger los edictos para emplazar a los terceros interesados que aún faltan de ser llamados a juicio, entregarlos para su publicación y devolverlos ya publicados a este órgano jurisdiccional o bien haber acreditado las gestiones tendentes a ello, y así, poder llamar al presente juicio a los terceros interesados siguientes: BECERRIL GUEL LEONOR. ORTIZ CASARIN FERNANDO. GARZA LÓPEZ DE HEREDIA LUIS RODRIGO GERARDO. ARTEGA ESTRADA ALEJANDRO. CRUZ SÁNCHEZ CELERINO. FLORES ROSTRO BLANCA PATRICIA. SOLÍS NOGUÉZ DANIEL. PRADO GONZÁLEZ J. JESÚS. JAIME HUERTA JUAN ALONSO. MENDOZA TRENADO ESTELA. GUERRERO HERNÁNDEZ ALEJANDRO. VILLASCAN VÁZQUEZ IRMA YOLANDA. RENDÓN ARCOS JUANA. MOLINA JIMÉNEZ SALOMÓN. CASTILLO CRUZ JUAN ÁNDREZ ABURTO MATUS EDNA ELENA. DE SANTIAGO LUNA VÍCTOR. SERRANO GARCÍA JORGE. ESTRADA CASTILLO FABIOLA. CHÁVEZ HERNÁNDEZ RODOLFO. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. NAVA HERRERA MARTHA LETICIA. ORTIZ CASARÍN FERNANDO. VARGAS BORJA JAIME. ARIAS RICO JOSÉ. ROSAS PÉREZ IGNACIO. MARTÍNEZ ROJAS MA. GUADALUPE. REVELES MARTÍNEZ JOSÉ. HERNÁNDEZ MATA MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ ESPINDOLA ALEJANDRO. SERRANO GARCÍA JORGE. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. ALCÁNTARA DONNADIEU OSCAR GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. TREJO RESÉNDIZ LORENZA. ESTRADA DE LA PARRA YOLANDA. DORANTES RAMÍREZ SILVIA. QUINTANA SAAVEDRA RAMÓN. ROMERO ROJAS TERESA. MARTÍNEZ GUARDIOLA JUAN MANUEL. GALVÁN LANDAVERDE SILVESTRE. ALEJANDRO BALDERAS ORTIZ. Sin que haya realizado lo propio, por lo que tal circunstancia ocasiona que el suscrito juzgador no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio en que se actúa, pues al no realizarse la publicación de los edictos, queda paralizado el procedimiento al arbitrio de la parte quejosa; sin que su interés particular, pueda estar por encima del interés público que caracteriza al juicio de garantías, y que además se encuentra tutelado por el artículo 17 Constitucional. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, y por consiguiente se impone el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63 fracción V y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los diversos 5º, fracción III, y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del propio ordenamiento, así como los numerales 14 y 17 de la Constitución Federal. Lo anterior es así, ya que si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, en sus primeras veintidós fracciones no prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el hecho de que el quejoso, una vez requerido para tal efecto, no recoja los edictos que quedaron a su disposición para su publicación y con posterioridad exhiba ante el juez de amparo los mismos a fin de emplazar a juicio a los terceros interesados citados; no menos cierto es, que de una interpretación sistemática de los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5º, fracción III, y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la ley de la materia, así como del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la convicción, que la contumacia en que incurre la parte quejosa de no recoger los edictos para su publicación y por ende de no exhibirlos con la única finalidad de emplazar al juicio a dichos terceros interesados, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que imposibilita al juzgador de amparo para pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada, lo que de suyo se traduce en una hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional. En efecto, la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la referida ley de amparo, dispone, esencialmente, que si se desconoce el domicilio de los terceros interesados, el juez de distrito debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél, y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos de la parte tercero interesada que aún no ha podido ser llamada. En el caso resulta evidente, que desde que fue presentada la demanda de garantías no se tuvo conocimiento cierto del domicilio de los terceros interesados: BECERRIL GUEL LEONOR. ORTIZ CASARIN FERNANDO. GARZA LÓPEZ DE HEREDIA LUIS RODRIGO GERARDO. ARTEGA ESTRADA ALEJANDRO. CRUZ SÁNCHEZ CELERINO. FLORES ROSTRO BLANCA PATRICIA. SOLÍS NOGUÉZ DANIEL. PRADO GONZÁLEZ J. JESÚS. JAIME HUERTA JUAN ALONSO. MENDOZA TRENADO ESTELA. GUERRERO HERNÁNDEZ ALEJANDRO. VILLASCAN VÁZQUEZ IRMA YOLANDA. RENDÓN ARCOS JUANA. MOLINA JIMÉNEZ SALOMÓN. CASTILLO CRUZ JUAN ÁNDREZ ABURTO MATUS EDNA ELENA. DE SANTIAGO LUNA VÍCTOR. SERRANO GARCÍA JORGE. ESTRADA CASTILLO FABIOLA. CHÁVEZ HERNÁNDEZ RODOLFO. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. NAVA HERRERA MARTHA LETICIA. ORTIZ CASARÍN FERNANDO. VARGAS BORJA JAIME. ARIAS RICO JOSÉ. ROSAS PÉREZ IGNACIO. MARTÍNEZ ROJAS MA. GUADALUPE. REVELES MARTÍNEZ JOSÉ. HERNÁNDEZ MATA MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ ESPINDOLA ALEJANDRO. SERRANO GARCÍA JORGE. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. ALCÁNTARA DONNADIEU OSCAR GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. TREJO RESÉNDIZ LORENZA. ESTRADA DE LA PARRA YOLANDA. DORANTES RAMÍREZ SILVIA. QUINTANA SAAVEDRA RAMÓN. ROMERO ROJAS TERESA. MARTÍNEZ GUARDIOLA JUAN MANUEL. GALVÁN LANDAVERDE SILVESTRE. ALEJANDRO BALDERAS ORTIZ. Por lo que este juzgador dictó las medidas pertinentes para lograr su emplazamiento, esto es, en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil catorce se requirió a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Penal de San José El Alto, Querétaro, para que en el término de tres días informara los nombres de los ofendidos en la causa penal de origen, aquí terceros interesados, así como su último domicilio que obrara en actuaciones (fojas 130 a 132 del tomo I del Juicio de Amparo); en consecuencia, mediante oficio 3830 recibido en este órgano jurisdiccional el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, la citada autoridad responsable informó que existían 362 (trescientos sesenta y dos) ofendidos, así como su último domicilio registrado (folio 136 del tomo I del Juicio de Amparo). Por lo que, en proveídos de quince de diciembre de dos mil catorce y diecisiete de abril de dos mil quince (folios 158 a 161 y 757 a 758, respectivamente del tomo I del Juicio de Amparo), se ordenó emplazar a la totalidad de la parte tercero interesada en el presente juicio, por conducto de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, de los actuarios de la adscripción y mediante el envió de diversas comunicaciones oficiales. Luego, como en proveídos de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, seis, nueve, veintiuno y veintinueve de enero, doce, veinticuatro y veintisiete de febrero, tres de marzo, y veintiocho de abril de dos mil quince (folios 186, 268, 293, 355, 398, 495, 508, 518, 747, 783 respectivamente del tomo I del Juicio de Amparo), se reservó acordar sobre la imposibilidad que tuvieron la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, los actuarios de la adscripción, y las diversas autoridades a las que se les envió comunicaciones oficiales; hasta que obrara la totalidad de las diligencias de emplazamiento encomendadas, este juzgador al no advertir algún otro domicilio en el que pudieran ser localizados los terceros interesados citados en la tabla que antecede; el diecisiete de junio de dos mil quince, de oficio, inició el procedimiento de investigación en términos de lo previsto por el Artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo(folios 1001 a 1011 del tomo I del Juicio de Amparo), para lo cual, requirió al Presidente Municipal de Querétaro; al Director Local de la Comisión Nacional del Agua; al Titular de Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; al Administrador Local de Recaudación de Querétaro, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas; al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; Administrador Local de Servicio al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria delegación Querétaro; al Vocal del Instituto Nacional Electoral; al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Delegación de la Procuraduría General de la República todos con residencia en esta ciudad, y a los Presidentes Municipales de los Municipios de Colón, Ezequiel de Montes, San Juan del Río y Pedro Escobedo, todos con residencia en el Estado de Querétaro, Presidente Municipal de los Municipios de Salvatierra, Guanajuato, Celaya y San José Iturbide; al Director Local de la Comisión Nacional del Agua; al Titular de Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; al Administrador Local de Recaudación de Guanajuato, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas; al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; Administrador Local de Servicio al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria delegación Guanajuato; al Vocal del Instituto Nacional Electoral; al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guanajuato; Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Delegación de la Procuraduría General de la República, todos con residencia en Guanajuato, al Presidente Municipal del Municipio de Huchapan; al Director Local de la Comisión Nacional del Agua; al Titular de Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; al Administrador Local de Recaudación de Hidalgo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria; al Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas y Alcantarillado; al Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; Administrador Local de Servicio al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria delegación Hidalgo; al Vocal del Instituto Nacional Electoral; al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; al Director de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado; Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo; Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Delegación de la Procuraduría General de la República, todos con residencia en Hidalgo, para que informaran a este Juzgado, los domicilios que aparecieran en sus bases de datos de los referidos terceros interesados. Luego, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil quince, con la información proporcionado por las autoridades y personas morales requeridas, respecto a los domicilios de los terceros interesados, se ordenó su emplazamiento por conducto de los actuarios de la adscripción y se giraron diversas comunicaciones oficiales (folios 1595 a 1603 del tomo II del Juicio de Amparo). Posteriormente, en autos de dieciocho de febrero y uno de marzo de dos mil dieciséis, se determinó la imposibilidad para emplazar a los terceros interesados al presente juicio por conducto de los actuarios adscritos a este juzgado y de las diversas autoridades a las que se les giró comunicación oficial; y toda vez que el procedimiento de investigación se tuvo por agotado, se requirió a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara si tenía alguna imposibilidad para cubrir los gastos que generaría la publicación de edictos (folios 2809 a 2810 y 2820 respectivamente del tomo III del Juicio de Amparo). En razón de lo anterior, y advirtiendo que la parte quejosa no desahogó los requerimientos formulados, mediante proveído de nueve de marzo de dos mil dieciséis (folios 2821 a 2822 del tomo III del Juicio de Amparo), se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dichos proveídos y se ordenó emplazar por medio de edictos a costa del promovente del juicio a los terceros interesados siguientes: BECERRIL GUEL LEONOR. ORTIZ CASARIN FERNANDO. GARZA LÓPEZ DE HEREDIA LUIS RODRIGO GERARDO. ARTEGA ESTRADA ALEJANDRO. CRUZ SÁNCHEZ CELERINO. FLORES ROSTRO BLANCA PATRICIA. SOLÍS NOGUÉZ DANIEL. PRADO GONZÁLEZ J. JESÚS. JAIME HUERTA JUAN ALONSO. MENDOZA TRENADO ESTELA. GUERRERO HERNÁNDEZ ALEJANDRO. VILLASCAN VÁZQUEZ IRMA YOLANDA. RENDON ARCOS JUANA. MOLINA JIMÉNEZ SALOMÓN. CASTILLO CRUZ JUAN ÁNDREZ ABURTO MATUS EDNA ELENA. DE SANTIAGO LUNA VÍCTOR. SERRANO GARCÍA JORGE. ESTRADA CASTILLO FABIOLA. CHÁVEZ HERNÁNDEZ RODOLFO. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. NAVA HERRERA MARTHA LETICIA. ORTIZ CASARÍN FERNANDO. VARGAS BORJA JAIME. ARIAS RICO JOSÉ. ROSAS PÉREZ IGNACIO. MARTÍNEZ ROJAS MA. GUADALUPE. REVELES MARTÍNEZ JOSÉ. HERNÁNDEZ MATA MIGUEL ÁNGEL JUÁREZ ESPINDOLA ALEJANDRO. SERRANO GARCÍA JORGE. GONZÁLEZ PEÑA EUGENIO. ALCÁNTARA DONNADIEU OSCAR GONZÁLEZ ALANÍS MIGUEL ÁNGEL. TREJO RESÉNDIZ LORENZA. ESTRADA DE LA PARRA YOLANDA. DORANTES RAMÍREZ SILVIA. QUINTANA SAAVEDRA RAMÓN. ROMERO ROJAS TERESA. MARTÍNEZ GUARDIOLA JUAN MANUEL. GALVÁN LANDAVERDE SILVESTRE. ALEJANDRO BALDERAS ORTIZ. Para lo cual, se le otorgó un plazo de veinte días de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para que acreditara haber comparecido a recoger los edictos, entregarlos para su publicación y devolverlos ya publicados a este órgano jurisdiccional o bien acreditara las gestiones tendentes para ello, apercibiéndolo para que en caso de incumplir con la obligación se sobreseería en el juicio; quien fue omiso al respecto, a pesar de encontrarse legalmente notificado para ello (folio 2823 tomo III, del Juicio de Amparo). Luego, la inobservancia de esa carga procesal provocó que no puedan tenerse por llamados al juicio de garantías a los terceros interesados antes referidos; ni mucho menos que pueda resolverse el presente el juicio constitucional. Por tal razón, y en atención a la posición jurídica que guarda la parte tercero interesada en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese contexto, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el sumario de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, debe estimarse que su emplazamiento al controvertido constitucional constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso por su omisión en recoger los edictos para su publicación, lo que impide, como ya se dijo, que este juez de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a las partes que tienen derecho en intervenir en él, cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger el quejoso los edictos para su publicación dentro del término concedido para ello, y así lograr el emplazamiento de la totalidad de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio peticionario del amparo, cuyo interés particular, se insiste, no puede estar por encima del interés público, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes; pues como se vio, con la omisión del impetrante del amparo se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones que conducen a decretar el sobreseimiento en el presente sumario. Sin que con lo anterior, este juzgador contravenga la jurisprudencia 108/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". Lo anterior es así, toda vez que de la lectura integral de la ejecutoria que dio lugar al citado criterio, se establece que sólo en el supuesto de que el promovente del juicio de amparo manifieste su imposibilidad para cubrir el gasto relativo a la publicación de los edictos y, tanto de su afirmación, como de los elementos que consten en autos existan indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar dicho pago, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercero interesada; empero como en la especie, esa hipótesis no se surte, y por el contrario de autos no se advierte que el promovente del amparo haya manifestado esa imposibilidad, luego, es de colegirse, que es a él a quien le corresponde publicar a su costa los edictos de mérito, al no desprenderse que no tuviera los medios económicos para sufragar dicho gasto. A más, que de las constancias de autos se advierte, en específico, de la demanda de amparo, que la parte quejosa autorizó a licenciados en derecho en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, para intervenir en este asunto; asimismo, de la causa penal subyacente, se obtiene que el quejoso se encuentra en libertad y ello le permite tener a su alcance los recursos necesarios para realizar los edictos que no publicó; aunado a que, como ya se dijo, no manifestó su imposibilidad para costear los edictos que se ordenaron publicar a su cargo. Sin que el sobreseimiento decretado en estos términos constituya cosa juzgada, por lo que no impide al promovente del amparo iniciar un nuevo juicio constitucional contra el mismo acto reclamado una vez que tenga conocimiento del domicilio de la totalidad de la parte tercero interesada, o bien cuando tenga recursos para costear la publicación de los edictos. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DEL QUEJOSO DE RECOGER, PUBLICAR O EXHIBIR EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS EN MATERIA PENAL. NO CONSTITUYE COSA JUZGADA Y, POR ENDE, SU DICTADO NO IMPIDE LA PROMOCIÓN DE UNA NUEVA DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL PROPIO ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que ante el incumplimiento del quejoso de atender el mandato de la autoridad en el sentido de recoger, publicar y exhibir los edictos ordenados para emplazar al o a los terceros perjudicados en el juicio de garantías en materia penal, procede decretar el sobreseimiento en él, en virtud de que se incumple con un presupuesto procesal que provoca que el juzgador no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, también lo es que dicho sobreseimiento constituye sólo una mera sanción procesal que no atiende a circunstancias objetivas por virtud de las cuales deba considerarse agotado el tema sobre la procedencia del juicio de amparo contra determinado acto de autoridad, como sucede cuando se concluye que dicho acto se ha consumado de modo irreparable. En ese sentido, resulta inconcuso que el sobreseimiento en los términos señalados no puede constituir cosa juzgada y, por ende, no impide la promoción de una nueva demanda de amparo contra el propio acto reclamado. Lo anterior es así, porque si cambiaran las circunstancias imperantes al momento de tal sobreseimiento, verbigracia, cuando se llegara a conocer el domicilio del tercero perjudicado para emplazarlo o, de ser el caso, el quejoso ya contara con recursos económicos para costear la publicación de los edictos, el impetrante de garantías estaría en aptitud de promover un nuevo amparo sin actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, pues es claro que el motivo o circunstancia generadora del sobreseimiento no llegó a definir la procedencia de la acción constitucional contra ese acto. Sostener lo contrario sería tanto como admitir que el juicio de garantías es selectivo y sólo pueden pedirlo o ejercerlo quienes tengan solvencia para soportar la carga impuesta por la propia ley para el pago de los gastos correspondientes a esa publicación, lo cual no es factible desde ningún aspecto." En las relatadas condiciones, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para su celebración, esto es, las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas la tesis siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SOBRESEIMIENTO ANTES DE LA.- Es cierto que el artículo 74 de la Ley de Amparo, sanciona en su fracción III, el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional; pero esta práctica, que viene a cortar el juicio antes de que se hayan desarrollado sus etapas esenciales, solo se justifica cuando las causas de improcedencia que la motiven sean evidentes, indiscutibles, puestas a salvo de toda posibilidad de contradicción y están fundadas en elementos fehacientes que no den lugar a duda"...IV

Quedan 141 actuaciones en este expediente

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