Jose Luis Hernandez Estrada

Expediente 1421/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1421/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Hernandez Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó formar un cuaderno de antecedentes, con motivo de la incompetencia legal planteada por este órgano jurisdiccional. Posteriormente, mediante auto de dos de febrero del año actual se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, informando que no aceptó la competencia planteada en este asunto y, por tanto, este Juzgado Octavo de Distrito, se avocó nuevamente al conocimiento del juicio de amparo y, desechó de plano la demanda de amparo; proveído, que causó estado el veintidós de febrero siguiente. Se ordena glosar el cuaderno de antecedentes. En consecuencia, glósese al expediente en que se actúa, el cuaderno de antecedentes que se ordenó formar por separado, a fin de que sean archivados en un solo cuaderno. Se remiten autos al archivo. Finalmente, vuelvan los autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devolución de constancias. Devuélvase al Juzgado Quinto del Ramo Familiar en esta ciudad, los tomos de constancias que acompañó a su informe justificado remitido al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mismos que obran por separado. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/557/2023, de ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó a Rodolfo Jiménez Silva, para desempeñarse como Secretario en funciones de Juez de Distrito de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Se tienen por recibidos y se agregan al expediente los oficios y anexos de cuenta. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el expediente 331/2019 en dos tomos, que se acompaña al de cuenta y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Determinación. Se tiene por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, al que acompaña el diverso oficio 8009/2022, copia simple del escrito de demanda, actas de emplazamiento a los terceros interesados, el juicio de amparo 1421/2022 y el expediente 331/2019 en dos tomos. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que el seis de diciembre del año próximo pasado, se ordenó remitir los presentes autos al archivo, como asunto concluido y atendiendo a que con esta data reingresa el expediente en que se actúa; por tanto, dése de baja del archivo y háganse las anotaciones correspondientes tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como en los Libros relativos. Avocamiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del referido juicio. Atento a su contenido, este órgano jurisdiccional procede a su estudio en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama del Juez Quinto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad: - La determinación de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 331/2019 de su índice, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el demandante del amparo en contra de la sentencia definitiva emitida por la autoridad responsable, en virtud de no haber señalado las constancias que debían remitirse a la superioridad para la substanciación del mismo. Así, por las razones que enseguida se expondrán, este Órgano Jurisdiccional considera que se surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. [.]" Con el objeto de exponer las razones que justifiquen la actualización de la causa de improcedencia en comento, resulta pertinente destacar que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable: La resolución emitida el catorce de octubre de dos mil veintidós, en el expediente 331/2019, en el que se tuvo por no admitido el recurso de apelación interpuesto por el citado quejoso, contra la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen, al no haber señalado las constancias que debían remitirse al Tribunal de Alzada. Ahora bien, del oficio 8009/2022, que remite la autoridad oficiante, se advierte que el Juez Quinto Familiar, señalado como responsable, informó que José Luis Hernández Estrada, aquí quejoso, promovió recurso de queja en contra de la determinación que por esta vía pretende reclamar, mismo que precisó, se encuentra pendiente de resolver. En tales condiciones, si la parte quejosa impugnó a través del citado recurso de queja, la determinación que por esta vía también pretende combatir, deviene incuestionable que al estarse tramitando dicho medio de impugnación en sede ordinaria y estar pendiente de resolución el citado recurso, se actualiza en el caso que nos ocupa, la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, seis de diciembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del que se advierte que la superioridad acusa recibo del oficio 26050/2022, así como del juicio de amparo 1421/2022, del que deriva el presente cuaderno, en virtud de la legal incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito; asimismo, informa que dicho órgano judicial se avoca al conocimiento del citado asunto. En consecuencia de lo anterior, toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver este juicio, se precisa que este expediente es susceptible de destrucción, tal como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese

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