Jose Luis Gonzalez Tovar

Expediente 1324/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1324/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Gonzalez Tovar

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con un anexo certificado que se acompaña. Con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegados a las personas que indica. Ahora bien, visto el informe justificado de cuenta y el anexo que se acompaña al mismo, al que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con el numeral 62 de la aludida legislación. La fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior, encuentra justificación en lo siguiente: José Luis González Tovar, quejoso en el presente juicio de amparo, reclama de la Junta Especial 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, los actos que hizo consistir en: La omisión de fijar nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral 1254/2019, de origen. De la constancia que remitió la autoridad señalada como responsable, anexa a su informe justificado, a la que se ha concedido su justo valor probatorio, se evidencia lo siguiente: La Junta Especial 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil veintidós en el expediente laboral 1254/2019, señaló las diez horas con treinta minutos del treinta de noviembre del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la dilación y omisión de que se duele la parte quejosa, han desaparecido. En efecto, conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en el caso, consistente en la inactividad e impulso procesal de que se duele el promovente del amparo, relativo al señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio de origen; lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causa de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, como ya se analizó, de las constancias que remitió la autoridad responsable, a su correspondiente informe de ley, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno, se advierte que la dilación y omisión reclamadas fueron subsanadas. De lo anterior, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que la autoridad responsable demostró realizar las gestiones correspondientes a fin de pronunciarse en relación a la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en autos del expediente laboral 1254/2019. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el escrito que remite el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual informa que el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se aplicó al menor quejoso, la segunda dosis del biológico Pfizer. En atención a lo anterior, requiérasele al Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que remita las constancias que acrediten las aplicaciones de la primera y segunda dosis al menor quejoso de iniciales CAOC en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en autos; y toda vez que a la fecha no ha informado lo anterior, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas1 informe lo propio. 1 1 Es aplicable la jurisprudencia P./J. 1/2022 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE.", en la que se sustentó el siguiente criterio jurídico: "Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable." [Registro digital: 2024510]. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la legislación en cita, en términos del numeral 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

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