José Luis Hernández Díaz
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Hernández Díaz
- Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Asimismo, considerando que obra en el presente asunto, medio de convicción en original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlo, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Probanza que se entregarán personalmente a la parte quejosa, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos, con el apercibimiento que de no hacerlo así, éste continuará glosado y correrá la misma suerte que este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
AL NO HABER ACUDIDO A NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL PROVEIDO DE VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 410/2023; y fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis del escrito de demanda. En principio, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Titular de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación Administrativa, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el siguiente acto reclamado: La omisión de contestar el escrito de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitó le sean cubiertas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que renuncian al cargo que desempeñan en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en su caso, como administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, las señaladas como responsables Titular de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación Administrativa, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, reclama del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y otra autoridad, la omisión de contestar el escrito de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitó le sean cubiertas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que renuncian al cargo que desempeñan en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en su caso, como administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023; plaza administrativa presupuestada y adscrita a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, lo anterior, con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, se estima que los actos que reclama la parte quejosa no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que tiene sustento derivado de una relación laboral, por lo que las consecuencias jurídicas de su aplicación, deben ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque se está en presencia de una controversia de coordinación, toda vez que emerge derivado a la relación laboral que al ha unido con la autoridad administrativa electoral local y no así de actos de autoridad. Por ende, reitérese se estima que su reclamo está dirigido a un ente que carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que pretende le sean cubiertas las prestaciones a las que estima tener derecho por estar regulado en un Acuerdo General y que se otorgan a los trabajadores que se separan del organismo público local electoral. De ahí que, el acto reclamado se enmarca en un plano de igualdad, consecuencia de una relación laboral, de ahí que se considera que lo reclamado no va encaminado a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que están vinculadas con la prestación de servicios trabajador-empleador, susceptible de impugnarse mediante procedimiento ante la autoridad jurisdiccional electoral, conforme lo dispone el propio Tribunal, en términos de los artículos 7, fracción VIII, 22, a., fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: "Artículo 7. Le corresponde al Tribunal: [.] VIII. Conocer los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley General y las leyes locales, que no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral Nacional; [.] Artículo 22. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: [.] a. Jurisdiccionales [.] V. Conocer y resolver las controversias del orden laboral a que se refiere la Ley de Medios; [.] Mientras que los artículos 124 y 126 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, preceptúan: "LIBRO SÉPTIMO Del Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o el Tribunal del Poder Judicial del Estado y sus Servidores TÍTULO ÚNICO Artículo 124. 1. El Tribunal es competente para resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto y del propio Tribunal. [.] Artículo 126. El servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante escrito que presente directamente ante el Pleno del Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación correspondiente." Por su parte la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en su numeral 30, dispone: Artículo 30 [.] 7.- Las controversias de carácter laboral que se presenten entre el Instituto y los trabajadores que estén integrados al Servicio Profesional Electoral Nacional serán resueltos mediante el procedimiento laboral disciplinario respectivo que para tal efecto sea aprobado por el Consejo General del INE. 8.- Las diferencias laborales que se presenten entre los trabajadores del Instituto que no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral Nacional y este, serán resueltas por el Tribunal. (Lo resaltado es propio). En tal sentido, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el empleador, derivados de una relación laboral, tanto de naturaleza jurisdiccional (laboral) como administrativa, deben ser ventilados ante el propio Tribunal Electoral del Estado y no ante el órgano de control constitucional -vía amparo indirecto-. Por tanto, se establece que, cuando el empleado al servicio del Tribunal Electoral del Estado, promueve en su contra un juicio de amparo con esa calidad -de trabajador- ya que el recurrente narró bajo protesta de decir verdad en los hechos dos, punto uno de su demanda de amparo, que a través de su escrito de petición renunció al cargo administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023, plaza administrativa presupuestada y adscrita a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la cual, venía desempeñando hasta la fecha de suscripción de su ocurso materia de la litis son actos de naturaleza laboral, luego, la pretensión de dicho promovente, constituye un caso de improcedencia de la demanda de amparo. Entonces, el acto reclamado en cuestión no se encuentra revestido de imperio frente a la parte particular agraviada; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo que corresponda; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándole actos que, en todo caso, podría ser demandado ante otra instancia; lo anterior, porque los actos reclamados derivan de una relación entre trabajador y patrón, por lo que no existe una relación de supra a subordinación entre la peticionaria de amparo y el ente señalado como responsable. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Página 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis aislada 1.3o.C.10 K (11a.), registro digital 2026260, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) Y SUS EXSERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF). Hechos: El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, destacando como acto reclamado la sentencia definitiva en donde se confirma el auto en el que se determinó desechar la demanda por ser materia eminentemente laboral; lo anterior, en virtud de que se demandaron en un juicio ordinario civil las prestaciones consistentes en el pago de dos quincenas y un aguinaldo íntegro que se depositaron por error a un exservidor público del Instituto Nacional Electoral. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el único órgano competente y facultado para conocer y resolver las controversias suscitadas entre el Instituto Nacional Electoral y sus exservidores públicos. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que no procede resolver el asunto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), también lo es que aun cuando se trata de un exservidor público -y no servidor público como lo establece la ley- del Instituto Nacional Electoral, el vínculo derivó de una relación laboral con éste, por lo que el órgano competente para resolver la controversia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, independientemente de que el Texto Constitucional no contemple a los extrabajadores, sino a los trabajadores del INE, ello no significa que deba interpretarse textualmente y con efectos restrictivos en el sentido de que los conflictos laborales entre dicho órgano constitucional autónomo y sus trabajadores solamente los conoce el Tribunal Electoral cuando están en activo, al contrario, hay varias maneras de interpretarlo, una de ellas es en función del telos, es decir, de la finalidad que persigue y, en el caso, si el problema se presenta entre un extrabajador y la litis versa sobre algún aspecto laboral como la devolución de dinero que se le pagó indebidamente, entonces, como el conflicto derivó de la relación laboral, aun cuando ya no sea trabajador, la persona sí lo fue, por tanto, estos conflictos deben ser resueltos también por el órgano jurisdiccional indicado, porque conforme al párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del diverso precepto 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, los artículos 166, fracción III, inciso e) y 169, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponen que compete a las Salas del Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad electoral nacional y sus servidores, reservando a la Sala Superior competencia exclusiva para conocer de los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores adscritos a órganos centrales. Asimismo, el artículo 94, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que la Sala Superior es competente para conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad electoral nacional y sus trabajadores adscritos a órganos centrales, mientras que corresponderá a las Salas Regionales el conocimiento de los conflictos distintos a éstos. Razonar en sentido diverso implicaría interpretar de una manera restringida y textual dichos artículos, en el sentido de que solamente conocerá de los conflictos de los trabajadores en activo, cuando debe interpretarse para aquellos que por alguna causa no lo están, y el conflicto derivó de dicha relación laboral, lo cual es acorde con la finalidad y arquitectura legal de la materia electoral". Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la restante persona mencionada en el proemio de la demanda por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y otra autoridad. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) con el número 410/2023; y fórmese el expediente electrónico e impreso. Análisis del escrito de demanda. En principio, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Titular de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación Administrativa, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el siguiente acto reclamado: La omisión de contestar el escrito de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitó le sean cubiertas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que renuncian al cargo que desempeñan en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en su caso, como administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023. Desechamiento. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, ya que, en el caso que nos ocupa, las señaladas como responsables Titular de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación Administrativa, ambas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, no tienen el carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas.. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, reclama del Titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y otra autoridad, la omisión de contestar el escrito de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que solicitó le sean cubiertas las prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores que renuncian al cargo que desempeñan en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en su caso, como administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023; plaza administrativa presupuestada y adscrita a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, lo anterior, con efectos a partir del uno de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, se estima que los actos que reclama la parte quejosa no constituyen de autoridad, revestidos del imperio y unilateralidad, ni se realiza en cumplimiento de una norma general, sino se considera que tiene sustento derivado de una relación laboral, por lo que las consecuencias jurídicas de su aplicación, deben ser objeto de análisis de una instancia diversa al juicio de amparo, porque se está en presencia de una controversia de coordinación, toda vez que emerge derivado a la relación laboral que al ha unido con la autoridad administrativa electoral local y no así de actos de autoridad. Por ende, reitérese se estima que su reclamo está dirigido a un ente que carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que pretende le sean cubiertas las prestaciones a las que estima tener derecho por estar regulado en un Acuerdo General y que se otorgan a los trabajadores que se separan del organismo público local electoral. De ahí que, el acto reclamado se enmarca en un plano de igualdad, consecuencia de una relación laboral, de ahí que se considera que lo reclamado no va encaminado a las funciones que como autoridades tienen encomendadas, sino que están vinculadas con la prestación de servicios trabajador-empleador, susceptible de impugnarse mediante procedimiento ante la autoridad jurisdiccional electoral, conforme lo dispone el propio Tribunal, en términos de los artículos 7, fracción VIII, 22, a., fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que establecen lo siguiente: "Artículo 7. Le corresponde al Tribunal: [.] VIII. Conocer los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores públicos, de conformidad con lo establecido en la Ley General y las leyes locales, que no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral Nacional; [.] Artículo 22. Las atribuciones del Pleno serán jurisdiccionales y administrativas, en los términos siguientes: [.] a. Jurisdiccionales [.] V. Conocer y resolver las controversias del orden laboral a que se refiere la Ley de Medios; [.] Mientras que los artículos 124 y 126 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, preceptúan: "LIBRO SÉPTIMO Del Juicio para Dirimir los Conflictos o Diferencias Laborales entre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana o el Tribunal del Poder Judicial del Estado y sus Servidores TÍTULO ÚNICO Artículo 124. 1. El Tribunal es competente para resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto y del propio Tribunal. [.] Artículo 126. El servidor del Instituto que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante escrito que presente directamente ante el Pleno del Tribunal, dentro de los quince días hábiles siguientes al que se le notifique la determinación correspondiente." Por su parte la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, en su numeral 30, dispone: Artículo 30 [.] 7.- Las controversias de carácter laboral que se presenten entre el Instituto y los trabajadores que estén integrados al Servicio Profesional Electoral Nacional serán resueltos mediante el procedimiento laboral disciplinario respectivo que para tal efecto sea aprobado por el Consejo General del INE. 8.- Las diferencias laborales que se presenten entre los trabajadores del Instituto que no pertenezcan al Servicio Profesional Electoral Nacional y este, serán resueltas por el Tribunal. (Lo resaltado es propio). En tal sentido, los conflictos que se susciten entre el trabajador y el empleador, derivados de una relación laboral, tanto de naturaleza jurisdiccional (laboral) como administrativa, deben ser ventilados ante el propio Tribunal Electoral del Estado y no ante el órgano de control constitucional -vía amparo indirecto-. Por tanto, se establece que, cuando el empleado al servicio del Tribunal Electoral del Estado, promueve en su contra un juicio de amparo con esa calidad -de trabajador- ya que el recurrente narró bajo protesta de decir verdad en los hechos dos, punto uno de su demanda de amparo, que a través de su escrito de petición renunció al cargo administrativo de Especialista C de acuerdo al tabulador aprobado para el ejercicio 2023, plaza administrativa presupuestada y adscrita a la Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la cual, venía desempeñando hasta la fecha de suscripción de su ocurso materia de la litis son actos de naturaleza laboral, luego, la pretensión de dicho promovente, constituye un caso de improcedencia de la demanda de amparo. Entonces, el acto reclamado en cuestión no se encuentra revestido de imperio frente a la parte particular agraviada; es decir, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en virtud de que puede ser combatido ante la autoridad del trabajo que corresponda; luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetarse a las hoy señaladas como responsables, al juicio biinstancial, reclamándole actos que, en todo caso, podría ser demandado ante otra instancia; lo anterior, porque los actos reclamados derivan de una relación entre trabajador y patrón, por lo que no existe una relación de supra a subordinación entre la peticionaria de amparo y el ente señalado como responsable. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Página 1956, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII y 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones, la tesis aislada 1.3o.C.10 K (11a.), registro digital 2026260, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER Y RESOLVER LAS CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE) Y SUS EXSERVIDORES PÚBLICOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (TEPJF). Hechos: El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, destacando como acto reclamado la sentencia definitiva en donde se confirma el auto en el que se determinó desechar la demanda por ser materia eminentemente laboral; lo anterior, en virtud de que se demandaron en un juicio ordinario civil las prestaciones consistentes en el pago de dos quincenas y un aguinaldo íntegro que se depositaron por error a un exservidor público del Instituto Nacional Electoral. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es el único órgano competente y facultado para conocer y resolver las controversias suscitadas entre el Instituto Nacional Electoral y sus exservidores públicos. Justificación: Lo anterior, porque si bien es cierto que no procede resolver el asunto ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), también lo es que aun cuando se trata de un exservidor público -y no servidor público como lo establece la ley- del Instituto Nacional Electoral, el vínculo derivó de una relación laboral con éste, por lo que el órgano competente para resolver la controversia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, independientemente de que el Texto Constitucional no contemple a los extrabajadores, sino a los trabajadores del INE, ello no significa que deba interpretarse textualmente y con efectos restrictivos en el sentido de que los conflictos laborales entre dicho órgano constitucional autónomo y sus trabajadores solamente los conoce el Tribunal Electoral cuando están en activo, al contrario, hay varias maneras de interpretarlo, una de ellas es en función del telos, es decir, de la finalidad que persigue y, en el caso, si el problema se presenta entre un extrabajador y la litis versa sobre algún aspecto laboral como la devolución de dinero que se le pagó indebidamente, entonces, como el conflicto derivó de la relación laboral, aun cuando ya no sea trabajador, la persona sí lo fue, por tanto, estos conflictos deben ser resueltos también por el órgano jurisdiccional indicado, porque conforme al párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del diverso precepto 105, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, los artículos 166, fracción III, inciso e) y 169, fracción I, inciso g), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación disponen que compete a las Salas del Tribunal Electoral resolver, en forma definitiva e inatacable, los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad electoral nacional y sus servidores, reservando a la Sala Superior competencia exclusiva para conocer de los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores adscritos a órganos centrales. Asimismo, el artículo 94, numeral 1, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que la Sala Superior es competente para conocer y resolver los conflictos o diferencias laborales entre la autoridad electoral nacional y sus trabajadores adscritos a órganos centrales, mientras que corresponderá a las Salas Regionales el conocimiento de los conflictos distintos a éstos. Razonar en sentido diverso implicaría interpretar de una manera restringida y textual dichos artículos, en el sentido de que solamente conocerá de los conflictos de los trabajadores en activo, cuando debe interpretarse para aquellos que por alguna causa no lo están, y el conflicto derivó de dicha relación laboral, lo cual es acorde con la finalidad y arquitectura legal de la materia electoral". Solicitud para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho y Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la restante persona mencionada en el proemio de la demanda por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Se autoriza a la Secretaria a firmar los oficios que deriven de esta determinación. Notifíquese personalmente a la parte promovente del amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 8,475 expedientes
- José Luis Flores Morales y Otros.1216/2021
- José Luis Francisco Martín Martínez Rodriguez47/2022
- José Luis Gandarillas Dominguez988/2023
- José Luis García Irigoyen288/2018
- José Luis Hernández Castro y Otros.817/2016
- José Luis Hernández Cortes1135/2019
- José Luis Hernández Gutierrez781/2018
- José Luis Hernández Trejo547/2021
- José Luis Jiménez Marquez705/2018
- José Luis Juárez Moreno838/2019
- José Luis Laureanis Cruz1016/2017
- José Luis Manuel Martínez1162/2018