José Luis Gandarillas Dominguez

Expediente 988/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
988/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • José Luis Gandarillas Dominguez
  • Guadalupe Sánchez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se DESECHÓ la demanda de amparo. Lo anterior, pues el presente asunto no es de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la DESTRUCCIÓN del expediente principal, en términos de los artículos 20 antepenúltimo párrafo, 21, 22 y 23 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Kithzaim José Ruiz Santiago, Secretario Proyectista de Juzgado que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Guadalupe Sánchez Romero, José Luis Gandarillas Domínguez, Alejandro Luis Hernández, Mario Sumano Baíza, Francisca Hilaria García Bernardo, Francisco Jesús Santa Ana López, Jesús Zenon Torres Ramírez, Sunashi Molina Mendoza, Yazmin Guadalupe Osorio Aguilar y Carlos Antonio Santiz Ortiz, por su propio derecho, contra actos de la Rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca y otras autoridades. En consecuencia, regístrese bajo el número 988/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el expediente electrónico e impreso. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Para lo anterior, en principio resulta necesario precisar cuáles son los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Así, la parte quejosa reclama lo siguiente: De la Rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca: 1.- La orden dada al personal de la Universidad -Abogado General, Coordinador Académico y Jefe de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales-, para agredir física y verbalmente a los quejosos, así como para impedirles ejercer su derecho de manifestación libre y pacífica, el día siete de septiembre de dos mil veintitrés, lo que desde su perspectiva, se traduce en actos discriminación y exclusión por ejercer el derecho y, en particular discriminación de género contra la alumna que encabezó el ejercicio de ese derecho -Incisos a), c) y h) del apartado de actos reclamados de la demanda-. 2.- La orden para que sean expulsados como alumnos y alumnas de la Universidad, por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica -Inciso d) del apartado de actos reclamados de la demanda-. 3.- La orden para que se les prive de la beca otorgada por la Federación, denominada "Jóvenes Construyendo el Futuro", por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica -inciso e) del apartado de actos reclamados de la demanda-. Del Abogado General, Coordinador Académico y Jefe de Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales todos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca: 1.- La ejecución de la referida orden, realizada el día siete de septiembre del año en curso, lo que desde la perspectiva de los quejosos se traduce en actos discriminación y exclusión por ejercer el derecho y, en particular discriminación de género contra la alumna que encabezó el ejercicio de ese derecho -incisos b), c) y h) del apartado de actos reclamados de la demanda-. 2.- La orden para que sean expulsados como alumnos y alumnas de la Universidad, por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica -inciso d) del apartado de actos reclamados de la demanda-. 3.- La orden para que se les prive de la beca otorgada por la Federación, denominada "Jóvenes Construyendo el Futuro", por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica - inciso e) del apartado de actos reclamados de la demanda-. Del Gobernador, de la Oficina de Enlace Educativo en Oaxaca de la Secretaría de Educación Pública, del Coordinador General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología de Oaxaca y de la Directora de Educación Superior Coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología de Oaxaca (sic): 1. La falta de atención a sus pretensiones, por no recibirlos, incumpliendo con ello su deber de actuar con debida diligencia, situándose, derivado de ello, en calidad de víctimas por los actos acontecidos el siete de septiembre de dos mil veintitrés -inciso g) del capítulo de actos reclamados-. Del Presidente Municipal, Síndico Municipal, y Regidores de Educación y de Hacienda del Municipio de San Pablo Huixtepec, Oaxaca: 1. La actitud aquiescente respecto a las agresiones de las que, aseguran, fueron objeto los quejosos el día de los hechos antes mencionados -inciso f) del apartado de actos reclamados de la demanda-. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, cabe puntualizar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." DESECHAMIENTO POR CUANTO HACE A CIERTOS ACTOS RECLAMADOS, POR HABERSE CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. Ahora bien, analizada en su conjunto la demanda de amparo, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. La doctrina y la jurisprudencia, consideran que los actos consumados, son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece, tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". Lo anterior, ya que en el presente asunto los quejosos, reclaman de las autoridades precisadas de manera anterior con los números I y II, los actos siguientes: La orden y su ejecución, para agredir física y verbalmente a los quejosos, así como para impedirles ejercer su derecho de manifestación libre y pacífica, el día siete de septiembre de dos mil veintitrés, lo que desde la perspectiva de los quejosos, se traduce en actos discriminación y exclusión por ejercer el derecho y, en particular discriminación de género contra la alumna que encabezó el ejercicio de ese derecho. De las autoridades identificadas en el número III: La falta de atención a sus pretensiones, por no recibirlos, incumpliendo con ello su deber de actuar con debida diligencia, situándose, derivado de ello, en calidad de víctimas por los actos acontecidos el siete de septiembre de dos mil veintitrés. De las autoridades identificadas en el número IV: La actitud aquiescente respecto a las agresiones de las que, aseguran, fueron objeto los quejosos el día de los hechos antes mencionados --Inciso g del apartado de actos reclamados de la demanda-. En tales circunstancias, se aprecia que si bien los quejosos sostienen que fueron agredidos físicamente y verbalmente el pasado siete de septiembre de la presente anualidad, ello derivado de la inconformidad que han manifestado respecto a que la referida Universidad prescinda de los servicios profesionales de algunos integrantes del cuerpo docente de dicha institución educativa, lo cierto es que es jurídicamente factible determinar que ubican tales actos en una temporalidad específica que ya ocurrió, esto es, el siete de septiembre del año en curso, cuando afirman haber ejercido su derecho a manifestarse en un espacio público -vialidad-, lo que evidencia que se consumaron, sin que produzcan efectos en forma independiente susceptible de impugnarse en este momento, a través del juicio de amparo. Por lo que de ser procedente el amparo solicitado contra esos actos, sería imposible regresar el tiempo para dejarlos sin efectos, esto en atención a que la sentencia que se llegara a dictar en la cual se otorgue el amparo y protección de la Justicia cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de la que se duelen, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que se dicte pueda producir la restitución de los agraviados en el pleno goce de sus derechos. Lo mismo acontece con el diverso acto consistente en que las diversas autoridades responsable no hayan recibido a los quejosos para atender sus peticiones, pues de lo narrado en los antecedentes de la demanda de amparo, punto 4, se advierte que ello emerge en el contexto de lo ocurrido el siete de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que acontecieron los hechos que, a decir de los quejosos, generaron los actos reclamados, ya consumados a la fecha de presentación de la demanda de amparo. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por lo que respecta a los actos reclamados antes citados. Lo anterior, dado que el juicio de amparo tiene como finalidad restablecer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo que no sería posible en el presente caso, pues los actos a los que se alude en la demanda ya fueron consumadas, por lo que a ningún fin práctico conduciría la substanciación del juicio constitucional; en todo caso, las consecuencias que se hubieren producido con motivo de los hechos que, bajo protesta de decir verdad, narran en la demanda, no sería factible analizarla en la presente instancia -sino en una diversa- donde lo que reclaman es la vulneración a su derecho humano de asociación, en su vertiente de libre manifestación de ideas. DESECHAMIENTO POR LO QUE RESPECTA AL RESTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, POR SER DE NATURALEZA FUTURA DE REALIACIÓN INCIERTA. Ahora bien, por otra parte, del escrito de demanda se desprende que los quejosos también reclaman, de las autoridades precisadas de manera anterior con los números I y II, los actos siguientes: Las órdenes para que sean expulsados como alumnos y alumnas de la Universidad, por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica y para que se les prive de la beca otorgada por la Federación, denominada "Jóvenes Construyendo el Futuro", por haber ejercido su derecho de asociación y manifestación libre y pacífica. En su atención, cabe destacar que los actos reclamados aún no acontecen; pues como lo refieren los propios quejosos bajo protesta de decir verdad, se pretenden realizar dichos actos en su contra, lo que evidencia que se trata de posible comisión de actos que ellos suponen podrían ocurrir. De ahí que este órgano jurisdiccional considera debe desecharse la demanda de amparo por cuanto hace a los aludidos actos reclamados. Lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5° fracción I de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, tenido tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de madera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Atento a los mencionados dispositivos, se concluye que la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. En ese sentido, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, que se produzca un agravio personal y directo por el acto reclamado; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resienta afectación alguna por el acto reclamado. Así, por agravio debe entenderse todo menoscabo, toda ofensa a la persona, física o moral, que puede o no ser patrimonial, siempre que sea material, apreciable objetivamente. En torno a las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido de que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, volumen 199-204, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente establece: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Por tanto, el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente o segura a ocurrir. Por ende, su realización presente es cuando los efectos del mismo operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya concluyeron e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos objetivos que crean certeza de que ocurrirán, y no meramente subjetivos o deducidos por inferencias. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada, un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente, no puede reputarse propiamente como integrante de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º, fracción I, de la ley de la materia, condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique al quejoso. Por consiguiente, el agravio futuro remoto, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto, el mismo se torna improcedente. De ahí que se concluya que el juicio de amparo será procedente cuando el acto reclamado produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que no acontece en la especie. Luego, de la demanda de amparo se advierte que lo que en realidad constituye el acto de molestia en el presente juicio de amparo, es el temor de la parte quejosa de que posiblemente sean expulsados como alumnos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, así como que sean privados de su beca otorgada por la federación denominada "jóvenes escribiendo el futuro"; y que en el caso de que las autoridades materialicen sus actuaciones les afectaría en su derecho a la educación; lo que constituye actos futuros de realización incierta. Lo que se considera así, pues en diversas partes de su demanda de amparo, los promoventes indicaron esencialmente -bajo protesta de decir verdad- que en caso de que las autoridades responsables materialicen su actuación les afectaría en su derecho de a la educación. Manifestaciones que constituyen una confesión que hace prueba plena, conforme a lo establecido por los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, de contenido: "AMPARO, CONFESION EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa." Igualmente, es de apoyo la tesis XXVI/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 439, Libro 40, marzo de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONFESIÓN HECHA EN LA DEMANDA, EN LA CONTESTACIÓN O EN CUALQUIER OTRO ACTO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 400 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER QUE HARÁ PRUEBA PLENA SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN NI SER OFRECIDA COMO PRUEBA, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA." De lo antes expuesto, se estima que lo que la parte quejosa reclama a las autoridades, implica una presunción o posibilidad de existencia, más no algo cierto, real y actual. Lo que a las luces de la lógica, resulta una cuestión contingente, es decir, puede ser, o bien, no puede ser; lo que no es admisible para la procedencia de un juicio de amparo, pues no se advierten datos que hagan factible la inminencia de lo reclamado, pues todo su reclamo está contenido en una posibilidad y no en una certeza que acontecerá en breve lapso. En esta línea, no se debe perder de vista que los quejosos no refieren que las autoridades responsables hayan llevado a cabo su expulsión como alumnos de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, así como tampoco que hayan sido privados de su beca que refieren ser beneficiarios. De ahí, que se sostenga que se trata de una mera presunción o posibilidad de actos de autoridad. Es decir, la parte quejosa no tiene certeza de la inminencia de su existencia y ejecución de lo reprochado; por lo tanto, es necesario probar al menos de manera indiciaria pero fundada en mayores datos objetivos, que permitan advertir que se afecta la esfera jurídica de sus derechos, ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado, que debe ser dirigido en forma personal y no por inducciones, tal y como acontece en el caso concreto. Es así, pues con los antecedentes narrados en la demanda de amparo se estima que en el caso concreto, lo que la parte quejosa pretende es prevenir actos futuros de realización incierta, contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, pues basa su pretensión en meras sospechas. En tales condiciones, se estima importante puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, ya ha establecido que la sola mención de tener una sospecha o temor, en el caso analizado, de ser investigado no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, actualiza una causa manifiesta e indudable que da lugar al desechamiento de la demanda de amparo; criterio que se estima orientador para la decisión que aquí se adopta, donde se reclaman actos que parten de la sospecha o suposición de los quejosos de que serán expulsados de la universidad y que serán privados que una beca que les ha otorgado la Federación. Con base en lo expuesto en las líneas que anteceden, se puede advertir que en los actos futuros e inciertos, su realización está sujeta a meras eventualidades, y por ser inciertos constituyen un supuesto de improcedencia del juicio de amparo, ya que la eventualidad y la incertidumbre de su realización no permiten asegurar que el acto reclamado perjudica a la parte promovente del amparo o que existe una proximidad certera en la realización del perjuicio. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia mencionada, se desecha la demanda de amparo de que se trata respecto de los actos reclamados antes referidos, en términos de lo dispuesto por el diverso 113 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Luna Morales y Flor Elena Candelaria Pérez, toda vez que sí tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis aislada 2a.VIII/2020 (10a.), registro digital 2021840, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77, agosto de 2020, tomo V, página 4456, décima época, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." Domicilio (notificaciones electrónicas). Como lo solicita, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales a dicha parte se realicen por vía electrónica, para efecto de recibir cualquier notificación al usuario Helen; en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo, en el domicilio que para tal efecto precisó en su demanda de amparo. Consulta del expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al usuario Helen, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del expediente en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional (antes Analista Jurídico SISE). Representante común. Ahora, de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, señaló como representante común en el presente asunto a Guadalupe Sánchez Romero; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase a dicha persona como representante común de la parte quejosa. Correo electrónico. En relación con el correo electrónico que proporciona, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General, se toma nota de éste para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, y en su caso, de ser necesario, se incorporará. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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