José Luis Guzmán Ramírez
Expediente 108/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 108/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Guzmán Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo y protección de la justicia federal, resolución que fue confirma por el Tribunal de Alzada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*
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Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de treinta de diciembre de dos mil veinte, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por JOSÉ LUIS GUZMÁN RAMÍREZ, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintiuno. DESIGAN AUTORIZADO Y SOLICITA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso José Luis Guzmán Ramírez, mediante el cual designa como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Arturo Pahua Rojas y Christian Arturo Pahua Guzmán, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como en el libro de registro de cédulas de este juzgado, se constató que existe registro de la cédula profesional que acredita que Luis Arturo Pahua Rojas se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, téngase por designado como autorizado de la parte quejosa y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no así en lo que atañe a Christian Arturo Pahua Guzmán, hasta en tanto acredite encontrarse facultado para ejercer la aludida profesión. SE AUTORIZA CONSULTA ELECTRÓNICA DE EXPEDIENTE A TRAVÉS DEL USUARIO DE SU AUTORIZADO SIN PLENITUD DE FACULTADES. Por otra parte, como el promovente solicita se le autorice la consulta del expediente vía electrónica; asimismo, se le realicen las notificaciones por esa vía, a través del usuario " ChristianPJbua", que corresponde a su autorizado sin la plenitud de facultades. Atento a lo anterior, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, se autoriza al quejoso José Luis Guzmán Ramírez, la consulta electrónica del presente expediente en el señalado sistema electrónico, a través del usuario señalado que corresponde a su autorizado; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. NOTIFICACIONES A LA PARTE QUEJOSA. Finalmente, toda vez que la parte quejosa lo solicita expresamente, se tiene como medio para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal, en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, a través del nombre de usuario indicado en líneas que anteceden, de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-108/2020, promovido por Elvia Bolaños Tinoco y María Verónica Gutiérrez Villaseñor, en su carácter de defensoras particulares del inculpado José Luis Guzmán Ramírez, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente hábil, por razón de turno, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Elvia Bolaños Tinoco y María Verónica Gutiérrez Villaseñor, en su carácter de defensoras particulares del inculpado José Luis Guzmán Ramírez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y otra autoridad. Las promoventes del juicio narraron los antecedentes del acto reclamado y estimó vulnerados en perjuicio de sus representados los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de seis de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda de garantías promovida por Elvia Bolaños Tinoco y María Verónica Gutiérrez Villaseñor, en su carácter de defensoras particulares del inculpado José Luis Guzmán Ramírez, misma que quedó registrada bajo el número VI-108/2020; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, ?????????????? pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en: ? El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 9/2020, que se instruye en contra del quejoso directo José Luis Guzmán Ramírez, por el delito de secuestro cometido en agravio de la víctima de iniciales Y.L.S., y su ejecución. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, y por el Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto Número 1, con sede en Charo, Michoacán, se advierte que son ciertos los actos reclamados, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento del mismo la autoridad jurisdiccional, consistentes en 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ??????????????? un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva, así como de la versión escrita respectivamente; con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. ???????????? En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con ??????????????? antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. De tal modo que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio de los actos reclamados se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por la juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso dictado el diez de enero de dos mil veinte, dentro de la causa penal 9/2020, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de la víctima de ??????????????? iniciales Y.L.S.; ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Ahora bien, en los conceptos de violación la parte quejosa esencialmente, señala: 1. Que los datos de prueba no son aptos ni suficientes para acreditar la presunta responsabilidad, participación o grado de intervención del quejoso en la comisión del delito que se le imputa; 2. Que no está acreditado el entroncamiento entre el denunciante y la víctima directa del delito. 3. Que no está acreditada la flagrancia, ya que no se advierte el tipo de delito que estaba cometiendo el quejoso al momento de su detención. 4. Que el vehículo de donde se sustrajeron diversos datos de prueba fue manipulado al momento de la detención al no haberse cumplido con la cadena de custodia. Son infundados los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,2 dado que quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al peticionario de amparo le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal 9/2020, el diez de enero de dos mil veinte, no transgrede los derechos fundamentales del 2 Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: (.) III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y ??????????????? amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarle, le perjudica y no le reporta utilidad alguna. ? Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia celebrada el diez de enero de dos mil veinte, para advertir que el Agente del Ministerio Público expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente: Que el uno de enero de dos mil veinte, el imputado sostuvo comunicación telefónica con la víctima con quien sostenía una relación sentimental, de tal modo que acordaron verse, una vez juntos el imputado privó de la libertad a la víctima, y haciendo uso de la tarjeta de crédito que esta portaba realizó diversas compras al día siguiente; posteriormente, se realizó una llamada a una amiga de la víctima diciéndole que no podían entablar comunicación con los padres de la víctima, por lo que le pidieron que les dijera que ellos la tenían detenida y que pedían un millón de pesos por su libertad; después una diversa persona llamó al padre de la víctima directa y le informó que tenían secuestrada a su hija, le pidió un millón de pesos para dejarla en libertad, por lo que el padre de la víctima procedió a presentar la denuncia respectiva, una vez asesorado negociaron la cantidad que se entregaría a cambio de la libertad de la víctima directa, siendo así que el siete de enero de dos mil veinte, pactan la entrega de la cantidad de cuatrocientos mil pesos, para lo cual se procedió a preparar un paquete que simulara tal cantidad, el cual fue llevado y depositado en un nicho de la Virgen de Guadalupe que se ubica en la Avenida Atécuaro de esta ciudad, y posteriormente se acercó al lugar un vehículo Civic, marca Honda, color blanco, con placas de circulación PFZ934D, del cual descendió una persona del sexo masculino, quien sustrajo el paquete que simulaba el dinero, acto en el que fue detenido por los elementos encubiertos; que no fue sino hasta el nueve de enero de dos mil veinte, cuando se localizó el cuerpo sin vida de una mujer que coincidía con la media filiación de la víctima directa, el cual fue reconocido por los padres de la misma. ? Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1.Denuncia de dos de enero de dos mil veinte. 2.Oficio de dos enero de dos mil veinte. 3.Diversos informes policiales. ??????????????? 4.Entrevistas con el padre de la víctima directa. 5.Retrato hablado elaborado por perito en la materia. 6.Oficios sobre información de líneas telefónicas. 7. Informes de comercios y videograbaciones de los mismos. 8.Dictamen de análisis de los datos conservados sobre líneas telefónicas. 9.Dictámenes de secuencia fotográfica de videos. 10. Informes del negociador. 11. Entrevista a la testigo Montserrat Alcántara Aguilar. 12. Dictamen sobre descripción de objetos. 13. Dictamen químico sobre arma de fuego. 14. Dictamen sobre extracción de información sobre el vaciado de los teléfonos celulares. 15. Dictamen de identificación vehicular 16. Dictamen de balística forense. 17. Entrevista a testigo Víctor de Jesús Flores Estrada. 18. Reconocimiento de persona. 19. Inspección del lugar de pago. 20. Dictamen de química forense. 21. Entrevista a testigo Alejandro Trujillo Martínez. ? Hecho que la ley señala como delito. En concordancia con lo anterior, respecto del quejoso José Luis Guzmán Ramírez, la juez responsable determinó la existencia de un hecho que reviste el carácter de delito, el cual objetivamente pudo ser ejecutado por la persona a quien se imputó, pues en forma acertada señaló que una persona fue privada de la libertad con el fin de obtener un rescate, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el hecho denunciado por el padre de la víctima en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que precisó en la entrevista que le realizó la Fiscalía, es congruente y coherente en sí mismo y además, guarda correspondencia con los datos de prueba ??????????????? que obran en el sumario, mismos que fueron obtenidos de manera lícita. Asimismo, el juez de control, estableció que los datos aportados resultan ser suficientes, aptos e idóneos para acreditar el hecho señalado como secuestro agravado, pues la víctima fue privada de su libertad el uno de enero de dos mil veinte, exigiéndose un rescate para su liberación, lo cual corroboró con la propia denuncia formulada por el padre de la víctima directa, quien hizo referencia al cuadro fáctico propuesto por la fiscalía y precisó circunstancias que percibió de manera directa a través de los sentidos; también resulta razonable la posibilidad de que estos hechos hayan ocurrido por lo que mantiene congruencia interna. Estableció que también guarda congruencia externa al corroborarse con otros datos de prueba que lo robustecen, de manera particular con la entrevista practicada a la testigo Montserrat Alcántar Aguilar, quien fue la persona que recibió la primera llamada en la cual se solicitaba el rescate a cambio de la libertad de la víctima. De igual forma, concatenó lo manifestado por el elemento que estuvo a cargo de las negociaciones con el secuestrador y quien acudió a la entrega del paquete que simulaba el dinero. Lo cual robusteció con los informes policiales homologados y con los datos conservados, cuya solicitud fue ratificada oportunamente por un juez. De tal modo que los informes de las líneas telefónicas y vaciado de las mismas, permitieron corroborar las llamadas establecidas entre los dispositivos, datos conservados los cuales no se estableció que fueran obtenidos ilícitamente y sí por el contrario ratificados por autoridad competente para ello, que corroboran lo manifestado por el denunciante y la testigo en cuanto a las llamadas. También se relacionaron los informes de investigación, así como los dictámenes respecto de los cuales en ningún momento se controvirtió el método, de tal modo que se consideró lícita y fiable, y de los cuales se desprenden diversas circunstancias que robustecen la mecánica de los hechos acontecidos desde la privación de la libertad de la víctima, tales como el uso de su tarjeta de crédito en diversos comercios, las negociaciones efectuadas con el secuestrador y los indicios recabados en el lugar de entrega del paquete que simulaba el dinero, así como respecto del vehículo en que se trasladaba el inculpado y el arma que portaba. Esto es, el juez responsable correctamente estableció que los anteriores datos corroboran de manera razonable que ??????????????? efectivamente se privó de la libertad a la víctima Y. L. S. con la exclusiva finalidad de obtener un rescate, dado que así lo hicieron del conocimiento de la testigo de nombre Montserrat Alcántar Aguilar y posteriormente se lo solicitaron al padre de la víctima, por lo que tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de secuestro en agravio de Y. L. S. Además la juez válidamente puntualizó que los datos de prueba existentes generan credibilidad y que la defensa no realizó manifestación alguna que minara la credibilidad de las pruebas y que por tanto ello era suficiente. ? Probable participación. Respecto de la probable participación de José Luis Guzmán Ramírez, en el hecho que la ley señala como delito de secuestro, la juez responsable estableció que el imputado se llevó a la víctima, además de que existen indicios de los que se advierte tal hecho, ya que el padre de la misma proporcionó la media filiación de la persona que pretendía a su hija y con quien se vería el día que desapareció. Además existe evidencia en los videos de los comercios en los que se usó la tarjeta de crédito de la víctima, en los que se aprecia a una persona del sexo masculino, la cual además de usar dicha tarjeta se retira de uno de los comercios a bordo de un vehículo marca Honda, civic blanco, el cual coincide con el automotor en el que arribó el quejoso el día en que se iba a cobrar el rescate y que fue el día de su detención. Se precisó que el perito hizo la comparativa de la fotografía obtenida del video y del retrato hablado y que los rasgos son coincidentes con los del aquí quejoso; aunado a ello que el padre de la víctima lo identificó como el amigo o pretendiente de su hija y con quien se citó el día que desapareció. Además de que obra el informe policial en el que se documenta que el imputado, aquí quejoso, fue quien acudió a cobrar el rescate y que fue detenido con el pago simulado, acto en el que le fue asegurado un teléfono celular cuya línea es una de las que intervino en la negociación del rescate. Y que incluso dentro del vehículo se aseguraron los tickets o comprobantes de las compras que fueron realizadas con la tarjeta bancaria de la víctima, así como su credencial y su licencia, los cuales no tenían razón de estar ahí. Siendo que el encargado del casino, que es uno de los comercios donde se utilizó la tarjeta de crédito de la víctima lo reconoció físicamente por ser cliente asiduo de ese lugar y señaló que había gastado el monto de $15,400.00 (quince mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), lo que se corrobora con el ticket que se encontró al interior del vehículo. ?????????????? Por otro lado, también señaló que el Ministerio Público documentó el número de serie de los billetes que estaban en las fajillas que simulaban el dinero del rescate y que ese número de serie coincide con el que se documentó cuando fue detenido el quejoso al momento de intentar cobrar el rescate. Asimismo, se precisó que en el vehículo se encontró un ticket de la tienda denominada OXXO relativo a un abono a celular, cuyo número corresponde a la línea de donde se realizó la negociación del rescate, además de que el celular que le fue asegurado en su poder corresponde a uno de los que se utilizó para solicitar el rescate. De modo que, correctamente, la juez responsable consideró que tales elementos, en concordancia como pluralidad de indicios, eran suficientes para acreditar la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho; y, que al no controvertirse son suficientes para acreditar la calidad de coautor. De ahí que el suscrito comparte el criterio de la juez responsable, en el sentido de que los hechos narrados son constitutivos del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, en términos del artículo 9º, fracción I, inciso a), y 10, fracción I, inciso b) y fracción II, inciso b) y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, y la intervención de José Luis Guzmán Ramírez, dado que en el contexto referido quedó establecido que Sintervinieron más de dos personas, según la versión del padre de la víctima y de la testigo Monserrat Alcántar Aguilar, pues al menos dos personas intervinieron, ya que pese a ser amiga del imputado ella no reconoció ni identificó la voz de aquel en el primer contacto que se estableció con ella. Además de señalarse que existía una relación con la víctima y que había cercanía entre ellos. En este contexto cabe destacar que la juez responsable señaló que no había datos para tener por acreditada la violencia, ya que el daño psicológico ocasionado al padre de la víctima y que señaló la fiscalía no es una consecuencia de la comisión del hecho, sino que corresponde a una circunstancia posterior como consecuencia del hecho y que por tanto no había datos para tal agravante. Luego señaló que se acreditaba el dolo en razón de que no es factible que el delito de secuestro se cometa sino con conocimiento y libertad, esto es, con dolo directo; además de establecerse que la víctima fue privada de la libertad durante su cautiverio ya que no existe prueba de que ésta hubiera sido puesta en libertad sino por el contrario, su padre exigía una prueba de vida, la cual nunca se le otorgó. Además de que la defensa no controvirtió que el fallecimiento haya sido por causa distinta y dado que tampoco existe prueba de que hubiera??????????????? sido liberada, no se puede atribuir a persona distinta la muerte de la víctima, pues nunca se otorgó la prueba de vida. Por todo lo antes expuesto, se estima que contrario a lo que sostiene el quejoso, existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, así como su probable intervención en su comisión y en ese sentido, también es acertada la determinación de conceder la medida consistente en la prisión preventiva oficiosa, atento a lo que dispone el artículo 19, segundo párrafo, Constitucional, durante todo el tiempo que dure el proceso. Al respecto, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza la juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. De modo que, en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, es inconcuso que la juez responsable tuteló en todo momento a favor del quejoso el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó la Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; máxime que en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en ??????????????? el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar. Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2019450, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar." En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda ??????????????? el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del ??????????????? conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público y los cuales, en oposición a lo manifestado por el quejoso, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia1 de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación de la juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que la defensa no controvirtió en su momento ninguno de los datos de prueba, y si bien en un momento señaló que no estaba en la carpeta que se le facilitó la información a la que hacía mención el Ministerio Público, en ese mismo momento se hizo la aclaración pertinente, sin que haya existido mayor objeción de la defensa, quien por el contrario señaló que sería una defensa pasiva, de tal modo que la juez responsable fundó y motivó su determinación. Ahora bien los restantes conceptos de violación vertidos por la parte quejosa resultan inatendibles, ello en atención a que tales cuestiones, como ya se dijo, no fueron expuestas ante la autoridad responsable al momento de la ?????????????? audiencia pese a que se impuso de las constancias y estuvo en aptitud de percatarse de las mismas, incluso respecto de aquellas bajo las cuales se llevó a cabo la detención del quejoso, así como de la cadena de custodia, de tal modo que al no haberse expuesto en su momento, la juez responsable no estaba en aptitud de pronunciarse en torno a las mismas. Se sostiene lo anterior porque, -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada la responsabilidad del quejoso en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, aunado a que durante el plazo concedido para la investigación la defensa podrá presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. En consecuencia, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Guzmán Ramírez, contra los catos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy treinta de diciembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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