José Luis González Pompa

Expediente 678/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
678/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/02/2021

Partes del expediente

  • José Luis González Pompa

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiocho de octubre de dos mil vente, mediante el cual SE DESECHA la demanda de garantías promovida por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ; en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe. /*arga*/*

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE; Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de dicha demanda se advierte que el quejoso pretende reclamar en esta instancia: "Auto de Fecha 28 veintiocho de Septiembre de 2020 dos mil veinte, Notificado al día siguiente día 29 de septiembre de 2020 dos mil veinte por medio de lista publicada en los estrados del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Zitácuaro, Michoacán". Respecto de los actos reclamados se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, según se verá a continuación: Artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, los artículos 696, 697 y 698 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, vigente y aplicable en el dos mil doce (año de inicio del expediente de origen), de aplicación supletoria al Código Familiar del Estado, por disposición expresa de su artículo 927, establecen: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley. Artículo 697. Se concede el recurso de queja, en contra de los actuarios y secretarios ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y contra los segundos, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. Artículo 698. El recurso de queja contra las resoluciones del juez se interpondrá ante él, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución reclamada. El juez, sin suspender el procedimiento del juicio en el caso de que se encontrare en trámite, acordará dar vista con el escrito de queja a la contraparte del quejoso que se hubiere llamado o comparecido al procedimiento, por el término de tres días, para que manifieste lo que a sus intereses corresponda y señale domicilio para segunda instancia, así como enviar dentro del término de tres días siguientes a que se hubiere contestado la vista o transcurrido el término de la misma, a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, los escritos originales de queja y manifestaciones de la contraparte, junto con su informe justificado sobre la materia de la queja y copia certificada de las constancias que estime conducentes, a las que se agregarán las que señale el quejoso al interponerlo. Recibidas las actuaciones se turnarán a la sala civil que en atención al turno corresponda, la que mandará notificar a las partes la llegada de los autos, así como traer los autos a la vista a fin de dictar resolución, dentro del tercer día. La falta de informe con justificación, se sancionará por el Consejo del Poder Judicial conforme a su Ley Orgánica. Recibidas las actuaciones se turnarán al pleno, para que de inmediato ordene traer los autos a la vista a fin de dictar resolución, dentro del tercer día. La falta de informe con justificación, se sancionará con multa de veinticinco a treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado.." Así es, en torno a los actos reclamados consistentes en el auto de denegada apelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el recurso de queja, a través del cual podría lograrse precisamente la revocación, modificación o anulación del acuerdo impugnado. Se estima de esta manera, precisamente porque el acto de molestia del que se duele la parte promovente, lo es el auto dictado el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio Ordinario Familiar que originalmente fue radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán bajo el número de expediente 198/2012, posteriormente reasignado bajo el número 60/2020 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de Zitácuaro, Michoacán, virtud a que desapareció el Juzgado Segundo de lo Civil del distrito Judicial de Zitácuaro. Michoacán, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del diverso auto de catorce de septiembre de dos mil veinte; acuerdo en contra del que, en términos de lo dispuesto en el transcrito artículo 696, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable de manera supletoria al caso concreto, por disposición expresa del propio Código Familiar del Estado, ambos vigentes en el año dos mil doce, procede, el recurso de queja, medio de impugnación a través del cual, puede ser modificado, revocado o nulificado por el tribunal que lo emitió; lo anterior se considera de esa manera, porque el mencionado precepto legal, dispone que el recurso de queja procede contra ".II. Contra la denegación de apelación; y, ."; de ahí que, el impetrante, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda resulta improcedente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.6o.C. J/37, localizable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.3o.C. J/39, página 1214, tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el contenido de la jurisprudencia 603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA."; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, existe un recurso ordinario procedente en contra del auto que se reclama, y de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la tesis VI.3º.C.J/62, página 1665, XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Densy Gomez Reyes y/o Miguel Alejandro Villa Bravo, sin la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de las cédulas profesionales que los faculte para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet . HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. SE RECIBE DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis de dicha demanda se advierte que el quejoso pretende reclamar en esta instancia: "Auto de Fecha 28 veintiocho de Septiembre de 2020 dos mil veinte, Notificado al día siguiente día 29 de septiembre de 2020 dos mil veinte por medio de lista publicada en los estrados del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial Zitácuaro, Michoacán". Respecto de los actos reclamados se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, según se verá a continuación: Artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Por su parte, el artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En tanto, los artículos 696, 697 y 698 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, vigente y aplicable en el dos mil doce (año de inicio del expediente de origen), de aplicación supletoria al Código Familiar del Estado, por disposición expresa de su artículo 927, establecen: Artículo 696. El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el Juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad o la personería de un litigante antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de apelación; y, III. En los demás casos fijados por la ley. Artículo 697. Se concede el recurso de queja, en contra de los actuarios y secretarios ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y contra los segundos, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. Artículo 698. El recurso de queja contra las resoluciones del juez se interpondrá ante él, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución reclamada. El juez, sin suspender el procedimiento del juicio en el caso de que se encontrare en trámite, acordará dar vista con el escrito de queja a la contraparte del quejoso que se hubiere llamado o comparecido al procedimiento, por el término de tres días, para que manifieste lo que a sus intereses corresponda y señale domicilio para segunda instancia, así como enviar dentro del término de tres días siguientes a que se hubiere contestado la vista o transcurrido el término de la misma, a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, los escritos originales de queja y manifestaciones de la contraparte, junto con su informe justificado sobre la materia de la queja y copia certificada de las constancias que estime conducentes, a las que se agregarán las que señale el quejoso al interponerlo. Recibidas las actuaciones se turnarán a la sala civil que en atención al turno corresponda, la que mandará notificar a las partes la llegada de los autos, así como traer los autos a la vista a fin de dictar resolución, dentro del tercer día. La falta de informe con justificación, se sancionará por el Consejo del Poder Judicial conforme a su Ley Orgánica. Recibidas las actuaciones se turnarán al pleno, para que de inmediato ordene traer los autos a la vista a fin de dictar resolución, dentro del tercer día. La falta de informe con justificación, se sancionará con multa de veinticinco a treinta y cinco días de salario mínimo general vigente en el Estado.." Así es, en torno a los actos reclamados consistentes en el auto de denegada apelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por incumplimiento del principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el recurso de queja, a través del cual podría lograrse precisamente la revocación, modificación o anulación del acuerdo impugnado. Se estima de esta manera, precisamente porque el acto de molestia del que se duele la parte promovente, lo es el auto dictado el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio Ordinario Familiar que originalmente fue radicado en el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán bajo el número de expediente 198/2012, posteriormente reasignado bajo el número 60/2020 del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de Zitácuaro, Michoacán, virtud a que desapareció el Juzgado Segundo de lo Civil del distrito Judicial de Zitácuaro. Michoacán, en el que se declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del diverso auto de catorce de septiembre de dos mil veinte; acuerdo en contra del que, en términos de lo dispuesto en el transcrito artículo 696, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán aplicable de manera supletoria al caso concreto, por disposición expresa del propio Código Familiar del Estado, ambos vigentes en el año dos mil doce, procede, el recurso de queja, medio de impugnación a través del cual, puede ser modificado, revocado o nulificado por el tribunal que lo emitió; lo anterior se considera de esa manera, porque el mencionado precepto legal, dispone que el recurso de queja procede contra ".II. Contra la denegación de apelación; y, ."; de ahí que, el impetrante, previo a acudir a esta vía constitucional, debió hacer valer el recurso ordinario que la ley contempla, observando de esa forma el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y como no lo hizo, es claro que su demanda resulta improcedente. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.6o.C. J/37, localizable en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, sustenta la determinación a que se arriba, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenida en la tesis I.3o.C. J/39, página 1214, tomo XXVI, Agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." No pasa inadvertido para el suscrito juzgador, el contenido de la jurisprudencia 603, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA."; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, existe un recurso ordinario procedente en contra del auto que se reclama, y de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, contenido en la tesis VI.3º.C.J/62, página 1665, XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el Juez Federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ GÓMEZ, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a José Densy Gomez Reyes y/o Miguel Alejandro Villa Bravo, sin la plenitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se constató que no existe registro de las cédulas profesionales que los faculte para ejercer la profesión de licenciados en Derecho. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet . HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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