José Luis Gutiérrez Hernández
Expediente 1718/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1718/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 19/09/2016
Partes del expediente
- José Luis Gutiérrez Hernández
- Fiscal del Ministerio Público Titular de la mesa de trámite Cuatro, Contraloría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 5. Devuélvase al Contralor General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residente esta ciudad, las constancias consistentes en copia certificada del expediente administrativo 089/CG/DPA/2012 (tres tomos); tomando en cuenta que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido; solicitándole el acuse de recibo respectivo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que por auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el informe justificado de las autoridades responsables 1. Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite número cuatro, Contraloría General de Justicia del Estado, y 2. Contralor General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad, donde comunicaron a este Juzgado lo siguiente: Ahora bien, resulta trascedente señalar que el amparista interpuso juicio de garantías recayéndole el número 356/2015, en el cual de esta autoridad reclamo la resolución emitida el 13 de febrero de 2015, dentro del presente procedimiento administrativo, y que mediante sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el Estado de Veracruz, residente en Xalapa, resolvió sobre la legalidad de la resolución que hoy en día el demandante de amparo pretende desacreditar, SOBRESEYENDO dicho juicio de amparo, determinación que fue CONFIRMADA por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. En este sentido, cabe decir que la presente demanda de amparo resulta infundada, en primer término por que el acto reclamado ya fue previamente estudiado por un órgano jurisdiccional. Ahora bien, al examinar las constancias remitidas por la responsable, consistente en copias certificadas del procedimiento administrativo 089/CG/DPA/2013 (tres tomos), se advierte lo siguiente: En el juicio de amparo 356/2015, del índice del Juzgado Quinto de Distrito, actualmente Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el hoy quejoso José Luis Gutiérrez Hernández, promovió juicio de amparo señalando como autoridades responsables, al Contralor General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite número cuatro, adscrito a la Contraloría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad, y como actos reclamados: La resolución inconstitucional de la remoción del cargo dictada en el procedimiento administrativo 089/CG/DPA/2012, instruido en nuestra contra como servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la autoridad que señaló como responsable ejecutora, reclamo la ejecución de dicha resolución, ya que dicha resolución de remoción del cargo en contra de los suscritos va en detrimento de nuestro trabajo, patrimonio y la alimentación tanto de los suscritos como nuestras familias. En el referido juicio de amparo 356/2015, se advierte la sentencia constitucional dictada el diecinueve de junio de dos mil quince, donde se sobreseyó el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Dicha resolución constitucional fue recurrida por el aquí quejoso José Luis Gutiérrez Hernández; tocándole conocer al entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, bajo el amparo en revisión 266/2015, quien confirmó la sentencia, y sobreseyó en el juicio de amparo 356/2015. Ahora bien, se advierte que en el presente juicio de amparo 1718/2016, se observa que el aquí quejoso José Luis Gutiérrez Hernández, el veinte de julio de dos mil dieciséis, promovió juicio de amparo, señalando como autoridades responsables al Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Cuatro, Contraloría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Contralor General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Director General de la Policía Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, y como actos reclamados: La resolución de fecha 13 trece de febrero del año 2015 dos mil quince, que fue dictado en el procedimiento administrativo número 089/CG/CPA/2012. De la primer autoridad señalada como responsable ordenadora, le reclamo la instauración del procedimiento administrativo número 089/CG/DPA/2012, que inicio en mi contra en el mes de Enero del año 2012 dos mil doce, en forma conjunta con otro compañero de trabajo de nombre JAVIER PACHECO BRAVO. De la segunda autoridad señalada como responsable ordenadora, le reclamo la conclusión del procedimiento administrativo número 089/CG/DPA/2012, que concluyó con la resolución de fecha 13 trece de febrero del año 2015 dos mil quince. Y de la autoridad señalada como responsable ejecutora, le reclamo fue quien me hiciera entrega y me notificara a través del MEMORANDUN NÚMERO FEJCL/319/2016 de fecha 16 dieciséis de junio del presente año, el día 29 de junio del año en curso, de la resolución de fecha 13 de febrero del año 2015, dos mil quince, que es hasta en esta fecha en que de manera oficial me notifican personalmente de la RESOLUCIÓN DE FECHA 13 TRECE DE FEBRERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, dictada en el procedimiento administrativo número 089/CG/DPA/2012, sin que este me haya obsequiado copias y/o otorgado copias de la resolución que hoy combato a través de este juicio de amparo. En esas condiciones, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." El supuesto normativo transcrito, en lo de interés, estatuye la causal de improcedencia de la acción constitucional, por cosa juzgada, cuando se enderece contra leyes o actos que hayan sido materia de un juicio de amparo anterior, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales planteadas sean diversas. Motivo de improcedencia que, cabe puntualizar, tiende a evitar la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada, privilegiando la certeza jurídica, al impedir que lo ya decidido pueda discutirse nuevamente. Ahora bien, lo antes expuesto revela que, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consistente en la resolución de trece de febrero del año dos mil quince, que fue dictada en el procedimiento administrativo número 089/CG/CPA/2012, misma que fue materia de análisis en el diverso juicio de amparo 356/2015, del índice de este juzgado, promovido por el mismo quejoso José Luis Gutiérrez Hernández, contra las mismas autoridades responsables, y por el mismo acto reclamado consistente en la resolución de trece de febrero del año dos mil quince, y su notificación, dictada en el procedimiento administrativo número 089/CG/CPA/2012, en la que se impuso al aquí quejoso José Luis Gutiérrez Hernández, la sanción administrativa consistente en remoción, del puesto de agente de la policía especializada, adscrito a la Dirección General de la Policía Especializada dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, y la perdida de la confianza. En tal orden jurídico, no procede volver analizar el aludido acto reclamado precisado, pues hacerlo contravendría la autoridad de cosa juzgada que reviste la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 356/2015, donde se sobreseyó el juicio de amparo promovido por el aquí quejoso José Luis Gutiérrez Hernández, confirmado por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el amparo en revisión 266/2015. Cabe destacar, que si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; sin embargo, también ha expuesto la excepción a dicha regla, cuando se declara que el acto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, como sucede en el presente juicio de amparo, pues la sentencia de diecinueve de junio de dos mil quince, donde se sobreseyó el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, fue confirmada por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, bajo el amparo en revisión 266/2015; por tanto, dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto reclamado, y contra las mismas autoridades responsables. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Asimismo, tiene aplicación por las razones jurídicas que la contienen, la Tesis CCLXXVIII/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. En consecuencia, se actualiza en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, que por su aplicación relacionada con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, obliga a sobreseer en el juicio. Bajo ese orden de ideas, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, puesto que ni aún con la celebración de la misma podría desvirtuarse con prueba alguna tal hecho jurídico; de ahí que resulta innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, esperar a que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional, misma que estaba fijada para las nueve horas con veintidós minutos del doce de septiembre de dos mil dieciséis, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.
- Principal
se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los presentes autos con el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, y testimonio de ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión 18/2016. Acúsese recibo. Por cuanto dicho tribunal CONFIRMÓ la sentencia recurrida, en la que se NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a José Luis Rosales Chandoquí. Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se negó el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el Acuerdo General 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo del presente año, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a partir del catorce de marzo del año en curso, cambió su denominación a Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que con la nueva denominación de este órgano jurisdiccional, el número de expediente que corresponde a este asunto es el 110/2016. Finalmente, se advierte que mediante oficio SEADS/762/2016, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada ese día, el Pleno de dicho Consejo, por unanimidad de votos acordó la readscripción de la Jueza Minerva López Constantino, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con efectos a partir del dieciséis de mayo del presente año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que se contraen los artículos 51 de la Ley de Amparo y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
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