Jose Luis Gutiérrez Estrada
Expediente 103/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/12/2016
Partes del expediente
- Jose Luis Gutiérrez Estrada
- Tribunal del Trabajo Burocrático
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en Funciones de Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; mediante el cual acusa recibo del diverso 24672/20106, de ocho de diciembre del año en curso, con el que se devolvió copia certificada del expediente laboral ***(en un tomo), de su registro, que remitió en apoyo a su informe con justificación. Devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario que autoriza y da fe José Mario Mejía Ceceña Trasfí, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, que a partir del uno de diciembre del presente año, funge como nuevo titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el licenciado José Antonio Lozano Batarse, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio número SEADS/1327/2016, suscrito por el secretario ejecutivo de adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217, de la literalidad siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, en que se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que por una parte sobreseyó y, por otra concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvase a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente 193-A/2008, constante de un tomo, que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, asistido de la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS DICE:"Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de diez del mes en curso, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 10771/2016, dirigido al Ayuntamiento Municipal de Sabanilla, Chiapas. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "La resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, generándose dilación en el procedimiento de ejecución de laudo." Ahora bien, mediante resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este juzgado de distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: Con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: En vista de que existe solicitud de la parte quejosa para que se efectúe el cumplimiento del laudo relativo, así como el dictado de acuerdos de apercibimiento y posterior determinación de hacer efectivas las multas a que alude el artículo 104 de la legislación de la materia, el tribunal laboral responsable deberá dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, deberá proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad jurídica que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, de proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; y, hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. Sin embargo, de las constancias de autos y de lo informado por la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; máxime que mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, se ordenó la notificación por conducto del actuario adscrito a este tribunal a efecto de hacer del conocimiento a la parte quejosa que debería de comparecer ante la citada responsable, con el paercibimiento que de no acreditar que impulsó el procedimiento en el juicio de origen, se declararía la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Aunado a ello, se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que manifestara lo que a su interés convenga, mediante proveído de dos de septiembre del presente año; sin embargo, fue omisa de nueva cuenta en dar cumplimiento a lo aquí solicitado. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino un cambio de situación jurídica, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que se emite la presente determinación, la situación jurídica en que se encontraba cuando se concedió el amparo y protección de la justicia federal cambió, toda vez que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia la suscrita procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo, no se puede tener por cumplida en virtud de que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. "
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de diez del mes en curso, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 10771/2016, dirigido al Ayuntamiento Municipal de Sabanilla, Chiapas. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "La resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, generándose dilación en el procedimiento de ejecución de laudo." Ahora bien, mediante resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este juzgado de distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: Con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: En vista de que existe solicitud de la parte quejosa para que se efectúe el cumplimiento del laudo relativo, así como el dictado de acuerdos de apercibimiento y posterior determinación de hacer efectivas las multas a que alude el artículo 104 de la legislación de la materia, el tribunal laboral responsable deberá dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, deberá proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad jurídica que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, de proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; y, hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. Sin embargo, de las constancias de autos y de lo informado por la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; máxime que mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, se ordenó la notificación por conducto del actuario adscrito a este tribunal a efecto de hacer del conocimiento a la parte quejosa que debería de comparecer ante la citada responsable, con el paercibimiento que de no acreditar que impulsó el procedimiento en el juicio de origen, se declararía la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Aunado a ello, se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que manifestara lo que a su interés convenga, mediante proveído de dos de septiembre del presente año; sin embargo, fue omisa de nueva cuenta en dar cumplimiento a lo aquí solicitado. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino un cambio de situación jurídica, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que se emite la presente determinación, la situación jurídica en que se encontraba cuando se concedió el amparo y protección de la justicia federal cambió, toda vez que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia la suscrita procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo, no se puede tener por cumplida en virtud de que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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