Jose Luis Gonzalez Zarate

Expediente 2229/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2229/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Gonzalez Zarate
  • Juez Décimo Primero Especializado En Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, incorpórese a los autos el oficio SGyDU/DDU/009/2023, del delegado del Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, por el cual aduce informar las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector; asimismo, solicita prorroga prudente para tal efecto, sin que del oficio de cuenta, se advierta que haya ajuntado documento alguno con el cual justifique las acciones que ha realizado para cumplir con la ejecutoria de amparo. Lo anterior, no obstante que dicha autoridad manifestó haber gozado de su período vacacional del diecinueve al treinta de diciembre de dos mil veintidós, por lo que se desprende los tres días otorgados en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, transcurrieron del tres al cinco de enero de dos mil veintidós. En efecto, de autos se aprecia que este juzgado federal mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, requirió a la citada responsable para que diera cumplimento al fallo protector, sin que lo hubiera hecho, no obstante encontrarse debidamente notificada para tal efecto desde el veinte de diciembre de dos mil veintidós, como se aprecia de la constancia de notificación que obra en autos (fojas 974 y vuelta). En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, al Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla; por tanto, una vez que cause estado el presente auto, impóngase a dicha autoridad una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. Asimismo, se REQUIERE al delegado del Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione el nombre y domicilio completo y correcto de la persona que desempeñaba o desempeña el cargo de Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós. En ese sentido, de las constancias que integran los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, ha sido omisa en cumplir la resolución que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, a pesar de los diversos requerimientos que se han realizado. Con la finalidad de evidenciar lo anterior, se destaca lo siguiente: En sentencia emitida el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa ******, contra los actos del Director de Desarrollo Urbano y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento Municipal de Puebla, para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo *****, incluida la orden de visita 3287 de veintidós de enero de dos mil catorce. 2. En ese contexto, se incluye las actuaciones realizadas en ejecución de la resolución definitiva y las que se sigan emitiendo. En el entendido de que se dejan a salvo las facultades de verificación de la autoridad competente...". Posteriormente, en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve (foja 189), la Directora de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 114 a 139). Asimismo, el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (foja 225), la parte tercera interesada ****** a través de su apoderado para pleitos y cobranzas *****, interpuso el recurso de revisión Luego por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 273 a 275), el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito informó que le tocó conocer de los recursos de revisión interpuestos en el presente juicio, los que radicó con el toca ***** de su índice. Mediante oficio 78/2020-I de dieciocho de febrero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito remitió testimonio de la ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte (foja 277 a 334), dictada en el toca **** de su índice, de la que se advierte que el Colegiado resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia dictada el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, por el secretario en funciones del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en apoyo al Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo 1617/2018. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****, respecto del acto que reclamó del Secretario de Infraestructura, Servicios Públicos del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a *******, respecto del acto que reclamó del Director de Desarrollo Urano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, consistente en la resolución de ********, dictadas dentro del expediente ********, la cual es inconstitucional porque sancionó a la quejosa sin que fuera oída y vencida dentro del procedimiento, así como los actos de ejecución atribuidos al Director de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Públicas." (fojas 277 a 334). Luego, seguido que fue el trámite, por auto de ******, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo (fojas 449 a 459). Inconforme con la anterior determinación, mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veinte, se tuvo a *****, apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa, interponiendo recurso de inconformidad (fojas 460 a 463), el que por turno conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Sexto Circuito, quien mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro de la inconformidad *******, resolvió: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad interpuesto por ******, a través de su apoderado general ******, en contra de la resolución de catorce de octubre de dos mil veinte, emitido por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo *****." (fojas 654 a 718). Al respecto, este juzgado de distrito por auto de trece de enero de dos mil veintidós, requirió el cumplimiento de ejecutoria correspondiente (fojas 719 a 725). En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se precisó que la autoridad señalada por la directora jurídica de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura para reconstruir la barda y colocar el portón respectivo, era el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura antes director de obras de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, por lo que se requirió el cumplimiento al fallo protector (fojas 746 a 749). Luego, por auto de quince de febrero dos mil veintidós, se tuvo al subsecretario de Infraestructura de Movilidad e Infraestructura del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, interponiendo recurso de queja contra el auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, el que por turno correspondió resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de ejecutoria pronunciado el uno de septiembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja *****, resolvió: ". ÚNICO. Se DESECHA el recurso de queja interpuesto por el Secretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura (antes Director de Obras Públicas de la Secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos), del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, contra el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo ******, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla" Por auto de esa misma fecha (quince de febrero de dos mil veintidós), se precisó que el cumplimiento de ejecutoria correspondía a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad) del Municipio de Puebla (foja 773). Mediante acuerdo de siete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al director jurídico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano en representación del entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla interponiendo recurso de queja contra el proveído de quince de febrero de dos mil veintidós (fojas 809 a 812), la que por turno correspondió resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de ejecutoria pronunciado el veintiuno de julio de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja *****, resolvió lo siguiente: ". ÚNICO. Se DESECHA el recurso de queja interpuesto por la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (antes Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad) del Municipio de Puebla, contra el acuerdo de quince de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo *****, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla". (fojas 848 a 859). Así, por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, este juzgado federal con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requirió a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, por conducto de su superior jerárquico presidente Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que dentro del término de tres días conminara a la primera de las autoridades mencionadas, para que diera cumplimiento al fallo protector, reiterándole que los efectos a cumplir los había precisado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Sexto Circuito al resolver el testimonio de ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos de la inconformidad *****. Mediante proveídos de veintiocho de septiembre; diecinueve, veintiuno y veintiocho de octubre; diecisiete y veinticuatro de noviembre; uno y catorce de diciembre, todos del año de dos mil veintidós, se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, sin que se ellas se advierta que ha dado debido cumplimiento (fojas 902, 911, 918, 925, 932, 940, 954, 960 y 970). Ello, dado que hasta este momento únicamente se encuentra justificado que mediante oficio ****** (fojas 354 y 355) de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, informo que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente administrativo ******, incluida la orden de visita 3287 de veintidós de enero de dos mil catorce. Asimismo, por oficio recibido en este juzgado el treinta de noviembre de dos mil veintidós, informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia, exhibiendo al efecto el original del oficio *******, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido por la oficina de Enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Puebla (foja 950), del cual se advierte le fue indicado el procedimiento a seguir para requerir el recurso económico para la reconstrucción de una barda perimetral y recolocación de un portón metálico para dar cumplimiento a la resolución emitida dentro del expediente de juicio de amparo 1617/2018 a favor de *****, es decir, le hicieron de su conocimiento que para estar en condiciones de solicitar dicho recurso a la Tesorería Municipal, se requería: copias de la resolución emitida dentro del expediente del juicio de amparo 1617/2018; Una cotización base emitida por una empresa del ramo, en donde se cuantifique el importe a solicitar y los conceptos a desarrollar; Valorar si es necesario presentar renuncia ante la Contraloría Municipal, por la presunta responsabilidad administrativa en la que incurrió el funcionario público que ordenó la ejecución de la diligencia de demolición de la barda perimetral. En caso de haberse presentado denuncia, se anexe copia de la misma (foja 950). Oficio que fue recibido por la autoridad oficiante el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós (foja 950). Sin embargo, no ha informado las acciones tomadas a fin de cumplir con los requisitos solicitados por la oficina de Enlace Administrativo de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información en la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Gobierno Municipal de Puebla y así, estar en condiciones de obtener el recurso económico respectivo para dar cabal cumplimiento en el presente juicio. En esa tesitura, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, la suscrito juzgadora estima que ante la evidente contumacia de la referida autoridad, resulta procedente remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, para que lo turne al tribunal que deba sustanciar la tramitación del incidente de inejecución respectivo; previo cuaderno de antecedentes que se forme. Ahora bien, independientemente de lo anterior y en aras de lograr el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada dentro de este asunto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, para que dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, dé cumplimiento al fallo protector, en el entendido que los efectos para ello, fueron precisados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Sexto Circuito al resolver el testimonio de ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en los autos de la inconformidad *****. Con el APERCIBIMIENTO que de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá al citado Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Municipio de Puebla, una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, y 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo valor diario será de $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obran las constancias de la notificación realizada a las partes de la sentencia y del proveído por el que se hace de su conocimiento el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada dentro del presente juicio, como se advierte: SENTENCIA PARTE FOJA OFICIO 48257/2022 FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 123 OFICIO 48258/2022 JUEZA DE ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA 124 PARTE QUEJOSA *******. 122 TERCERO INTERESADO *******. 127 AUTO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS OFICIO 51239/2022 FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA 135 OFICIO 51240/2022 JUEZA DE ORALIDAD EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA 136 PARTE QUEJOSA ******. 134 TERCERO INTERESADO *******. 137 En consecuencia, fórmese expedientillo de antecedentes. Con fundamento en los artículos 84, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con el escrito original de expresión de agravios, copia simple del mismo para el Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito al tribunal revisor que corresponda conocer del recurso de revisión interpuesto, remítase el expediente 897/2022 y tres anexos del mismo, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a fin de que sustancie el referido recurso.

  3. Principal

    AVISO QUEJOSO San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que ********, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En primer término debe precisarse que ********* señala como acto reclamado: "ACTO RECLAMADO.- A).- Del Juez Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad (.) 1).- reclamo la orden de desalojo y entrega material del bien inmueble dictada en mi contra dentro del expediente número 154/2012 del Juzgado Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad y que se encuentra señalada para el día jueves quince de Diciembre del año dos mil veintidós respecto del bien inmueble ubicado en la ******** (.) B).- Del Diligenciario adscrito a los expedientes pares del Juzgado Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad, del C. Secretario de seguridad Pública y tránsito Municipal de Puebla, Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla así como del Director de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a quienes les atribuyo el carácter de Autoridades Responsables Ejecutoras reclamo la pretensión ilegal de ejecutar la orden de desalojo y entrega material del inmueble que se pretende perpetrar en mi contra respecto de la propiedad del suscrito dentro del expediente número 154/2012 del Juzgado Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad, respecto del bien inmueble ubicado en la ********* (.) Además, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "J).- Por lo que finalmente por auto de fecha siete de Diciembre del año del año dos mil veintidós se ordenó requerir al suscrito hacer entrega de la posesión material al adjudicatario del bien inmueble ubicado en la ********, resolución que no ha sido notificada de manera formal por ningún medio al suscrito, es decir de manera personal y domiciliaria, siendo esta la última actuación que existe actualmente dentro del expediente número 154/2012 del Juzgado Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad y de la cual hasta la fecha no he sido notificado de ninguna manera legal." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. De la lectura de los citados preceptos legales, se advierte que el amparo ante el juez de distrito será procedente contra: a) Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. b) Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. c) Tratándose de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. De los anteriores supuestos, el que interesa para efectos del presente asunto es el destacado en el inciso b), donde la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. En principio, se reitera que el acto reclamado al juez Décimo Primero especializado en materia mercantil de esta Ciudad, consiste en el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, que ordena el desalojo y entrega material del bien inmueble ubicado en la ********, emitida dentro del expediente número 154/2012. Cabe destacar que, de las manifestaciones que el quejoso realizó bajo protesta de decir verdad, se desprende la resolución de cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que el juez responsable adjudicó a favor de la parte actora el inmueble embargado en el juicio de origen; determinación que se declaró firme en acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, se destaca a fin de evidenciar que la etapa correspondiente a la de "remate" (adjudicación) del bien inmueble con el que se aseguró el cumplimiento de las prestaciones demandadas en el juicio ejecutivo mercantil de origen; para efectos de la procedencia de la acción de amparo, culminó con la referida orden de adjudicación de cinco de octubre de dos mil veintidós; por lo tanto, los actos subsecuentes -como lo son los aquí reclamados-, son considerados como aquellos pronunciados en la etapa de ejecución de la sentencia, y por ende, el juicio de garantías que ahora se intenta únicamente procedería en contra de la determinación que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es así, porque el Alto Tribunal estableció que el juicio biinstancial procederá en contra de la determinación que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la entrega del bien rematado, momento en el que la parte quejosa podrá hacer valer las violaciones que se hayan cometido en la etapa respectiva. De ahí que, al haberse pronunciado en el juicio de origen la orden de adjudicación respectiva desde el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que ésta constituya el acto reclamado en esta vía de amparo, es dable sostener que los subsecuentes actos conforman parte de la etapa de ejecución de la sentencia, por lo que en la especie no resulta procedente la acción constitucional intentada. Ello es así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo estableció que el juicio de amparo es procedente en el procedimiento de remate, en contra de cualquiera de las dos determinaciones que se dicten en el mismo, y tengan por objeto ordenar el otorgamiento de la escritura de adjudicación respectiva, o la que ordena la entrega de los bienes rematados, bastando para ello que se dicte una sola de esas órdenes jurisdiccionales para que se establezca que se ha emitido la última determinación en el procedimiento de remate, en contra de la cual es procedente el juicio de amparo biinstancial. Así, en el caso, al haberse emitido la orden de escrituración sin que ésta se hubiera combatido, no trae como consecuencia que el gobernado tenga una diversa oportunidad para inconformarse con los actos emitidos en esa etapa de "remate" (en el caso, adjudicación); pues el criterio del máximo tribunal estableció una conjunción disyuntiva (o) respecto de los supuestos de su procedencia, destacando que "basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate". Al efecto, conviene destacar que la Primera Sala del Alto Tribunal, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia previamente transcrita3, estableció, en lo que interesa, lo siguiente: ".cuando el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, especifica que la última resolución del remate impugnable en amparo indirecto, es aquella que ordena la escrituración del bien inmueble sujeto a remate, y la orden de entrega del mismo, el juzgador federal debe considerar que basta se emita la orden de escrituración para actualizar la última resolución del remate, pues una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar ambas órdenes y, por ende, el amparo indirecto resulta procedente." En ese orden, los actos que aquí se reclaman -para efectos del juicio de amparo- tienen la naturaleza de ser dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, que ordena el desalojo y entrega material del bien inmueble, emitido en el juicio ordinario mercantil 152/2012). Entonces, se reitera que el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado a contrario sentido, de la Ley de Amparo, establece que por "última resolución" debe entenderse aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ello obedece a que la ejecución de sentencias es de orden público, razón por la cual el Estado está interesado en que las resoluciones se cumplimenten sin mayor dilación; por lo que, en aras de evitar el retardo o entorpecimiento de la ejecución de las sentencias, es que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos que tiendan a su cumplimiento, por lo que sólo pueden combatirse tales violaciones mediante el juicio biinstancial, que se promueva en contra de la resolución que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad material para cumplimentarla. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expedites que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Así, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; ya que en éstos no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente; de ahí que resulta improcedente el presente juicio. Luego, la resolución que deparará perjuicio al peticionario, será aquella que el juez responsable en su momento procesal dicte y, en su caso, determine que la sentencia está totalmente cumplida o manifieste la imposibilidad para ello. Máxime, que los actos reclamados fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo tanto no se deja en estado de indefensión a la hoy quejosa, ya que cuando se emita la resolución que ponga fin a dicho procedimiento, se puede reclamar ésta a través de amparo indirecto y en la demanda se pueden hacer valer las violaciones cometidas durante el citado procedimiento, a fin de evitar que se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tanto -se insiste-, aun cuando el proveído se pronunciaron en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de aquéllas en las que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, por lo que resulta improcedente el presente juicio. Por consiguiente, la acción constitucional intentada es improcedente, ya que estimarlo de otro modo pugnaría no sólo con el texto de la norma, sino con su espíritu, que no es otro que el de permitir la reparación constitucional únicamente cuando se trate de la última resolución con el propósito de impedir el abuso del juicio de amparo y así evitar que se entorpezca dicho procedimiento. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda en el juicio con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal.

  4. Principal

    AVISO TERCERO INTERESADA. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veintiún minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1611/2022, Julieta Ramírez Fragoso, Jueza Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, actuando con la secretaria Nadya Domínguez Andrade, quien autoriza y da fe, la declara abierta sin la comparecencia personal de alguna de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, la secretaria informó de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: Registro digital: 206494 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185 Tipo: Aislada "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el juez Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla (Anexo I), Registrador Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla, la prueba presuncional en su doble aspecto, la instrumental de actuaciones por lo que hace al presente juicio de garantías, así como las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda, asimismo, se da cuenta con las documentales anunciadas por ******, apoderado de la persona moral tercera interesada denominada "*******. De igual forma, se da cuenta con la objeción hecha valer por la parte tercero interesada en relación a la falsedad del documento consistente en el instrumento número ******, volumen *****, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, de la Notaría Pública Número ****, de la ciudad de Puebla, relativo a la compraventa celebrada por ****** (vendedor) y ****** (vendedor), respecto de la casa ********, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 de la Ley de Amparo se suspende la presente audiencia constitucional a fin de que las partes estén en aptitud de ofrecer las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del referido documento, las cuales deberán anunciarse dentro del término de tres días, si se tratan de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial, quedando apercibidas que de no hacerlo dentro del término concedido perderán ese derecho. En tal sentido, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la continuación de la audiencia constitucional.

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