Jose Luis Gonzalez Zarate

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Juez Décimo Primero Especializado En Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla
  • Jose Luis Gonzalez Zarate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, incorpórese a los autos el oficio SMADSOT.DGAJ-0347/2023, signado por el director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, recibido el diez de febrero del año en curso, mediante el cual da cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remite copia certificada del auto dictado el siete de febrero de dos mil veintitrés, dentro del expediente SMADSOT/DGAJ/CER/305/2021, por el que determinó la procedencia de la medida de seguridad consistente en la clausura temporal total de la actividad que se realiza en la negociación ubicada en las coordenadas UTM: X=0573747, Y=2113939, municipio de Coronango, Puebla, prevista en el artículo 176, fracción I, de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla (fojas 238 a 239). Asimismo, remitió las constancias de notificación hechas al propietario de la negociación ubicada en las coordenadas UTM: X=0573747, Y=2113939, municipio de Coronango, Puebla, identificada como "La Bloquera" (foja 243); así como a la parte quejosa a través de su representante común (fojas 249 y 250). Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XXXVIII-99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, cuyo epígrafe y contenido son: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de .........................., en su carácter de representante común de los quejosos, visto su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que indica, previa razón de entrega e identificación que obre agregada en autos, teniendo por autorizadas para recibirlas a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, en la inteligencia que deberán acudir a este órgano jurisdiccional a las nueve horas con treinta minutos, o bien a las once horas, únicamente de los días lunes y jueves, por así permitirlo las labores del juzgado. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por ********************, mediante el cual comparece a renunciar al mandato que le fue conferido por los quejosos Luis Jesús ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************; asimismo, solicita se revoque el usuario "********************" que se señaló en el presente asunto para oír y recibir notificaciones, requiriendo se notifique a los quejosos en el domicilio ubicado en: "********************"; y en cuanto al mismo, se acuerda lo siguiente: Al efecto, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos y tomando en consideración que la notificación del proveído de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se les dio vista con el cumplimiento pretendido por la autoridad responsable, se les llevo a cabo de forma electrónica con el usuario que en esta fecha el promovente aduce revocar; por tanto, se ordena turnar los presentes autos al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para que se constituya en el domicilio citado en el párrafo que antecede y, previo cercioramiento de ser el domicilio correcto notifique a los quejosos respecto de la renuncia hecha por su apoderado, así también para que les notifique el mencionado acuerdo de nueve de enero del año en curso. Igualmente, les requiera para que dentro del término de tres días contado a partir de su notificación, señalen domicilio en esta ciudad de Puebla o en San Andrés Cholula, Puebla, para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se les practicarán por lista autorizada que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III; 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso -por las razones que la sustentan- la tesis III.1o.T.98 L con registro digital 168385, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, página 973, de rubro y texto siguientes: APODERADO. SU RENUNCIA AL CARGO ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL PODERDANTE. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. CUENTA CON DILIGENCIA Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el veintitrés de enero de dos mil veintitrés el quejoso ***** ratificó el escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintitrés; por tanto, se provee: DESECHAMIENTO Previamente al estudio de la demanda y escrito aclaratorio en cuestión es menester señalar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juez de distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es necesario establecer que, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito de demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto o indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXI/2002, determinó que por manifiesto se entiende aquello que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, que el término indudable, implica tener la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Así, un indicador de que se está ante una causa manifiesta e indudable de improcedencia es que aun cuando se continuara con el trámite de la demanda de amparo, de ninguna manera pudiera desvanecerse el motivo de improcedencia. Bajo esas circunstancias, esta juzgadora advierte que, en el caso concreto, respecto del acto reclamado consistente en la falta de llamamiento al inicio de procedimiento de ejecución de sentencia relativa al juicio de acción de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 154/2012, del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil de esta ciudad, y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluido el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la entrega del bien rematado situado en calle dieciocho sur, número once mil setecientos veintisiete guión dos, lote diecinueve manzana quince del Fraccionamiento los Héroes Puebla de esta ciudad, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, por los siguientes motivos: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero que no son los únicos. Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." (Lo destacado es propio de este Juzgado) En esa tesitura, conforme a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando los actos reclamados son emitidos después de concluido el juicio, éste únicamente procede en determinados supuestos, a saber: a) Respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, dictados en ejecución de sentencia o laudo, el amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o se ordena el archivo definitivo del expediente; supuesto en el que, de ser el caso, deberán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hayan dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; y, b) Cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de remate, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la resolución definitiva en que se ordena otorgar la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Por otra parte, es necesario destacar que la hipótesis de procedencia relativa a los actos dictados en ejecución de sentencia o laudo no es absoluta, pues admite diversas excepciones. Una de dichas excepciones, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 108/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE", se presenta al interpretar la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la diversa fracción V, de ese precepto legal, dado que esta última contempla un supuesto de aplicación más amplio y protector, por tanto, los supuestos de la primera, deben subsumirse en la segunda, de tal manera que contra los actos emitidos en el procedimiento de ejecución, incluyendo a los de remate y adjudicación, el amparo será procedente siempre que se afecten materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa (en su carácter de ejecutante o ejecutado), por tratarse de actos de imposible reparación, pero exclusivamente cuando esos derechos sustantivos sean ajenos a la cosa juzgada; esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar por ser aspectos ya discutidos y resueltos en forma definitiva, habida cuenta que desde que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En concordancia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 32/2010, sostuvo que al desestimarse en etapa de ejecución de sentencia, ciertas excepciones perentorias y sustanciales, como la de pago, compensación, pacto de espera o la prescripción del derecho de pedir ejecución, se estarían generando situaciones de imposible reparación, por lo que en contra de la interlocutoria firme correspondiente, es procedente el juicio de amparo indirecto de manera inmediata. Una diversa excepción, se desprende de la ejecutoria emitida el cinco de marzo de dos mil ocho por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 148/2007-PS, de la que se obtiene que se actualiza cuando el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia; es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución de la sentencia, porque en ese supuesto no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente porque si el acto reclamado impide la continuación de la ejecución, no puede llegarse a ese momento procesal, haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos, de imposible reparación ajenos a esa figura; de ahí que, en esa hipótesis también resulte procedente el juicio de amparo biinstancial de manera inmediata. En conclusión, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto solamente es procedente contra la última resolución dictada en esa etapa, así como en las relativas al procedimiento de remate y adjudicación y, excepcionalmente, contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos -ajenos a la cosa juzgada- que sean de imposible reparación y contra aquéllos que obstaculicen en forma total, la continuación de la ejecución de manera que impidan el dictado de la última resolución. En el caso concreto, de la narrativa de antecedentes se obtiene, en primer lugar, que la notificación reclamada en este juicio se ubica en etapa de ejecución, de inicio porque en el juicio de acción de vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria 154/2012, del Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Mercantil de esta ciudad, se dictó resolución incidental de liquidación de sentencia, el cual se declaró procedente y se condenó al demandado a pagar a la parte actora la cantidad de $497,084.15 (cuatrocientos noventa y siete mil ochenta y cuatro pesos 15/100 moneda nacional). En segundo término, es importante resaltar que el aquí quejoso no es tercero extraño al juicio de origen, únicamente para efectos de esta instancia constitucional, sobre esa base, es válido afirmar que la notificación reclamada y como consecuencia todo lo actuado con posterioridad al mismo, incluido el auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se ordenó la entrega del bien rematado situado en calle dieciocho sur, número once mil setecientos veintisiete guión dos, lote diecinueve manzana quince del Fraccionamiento los Héroes Puebla de esta ciudad, no es la última resolución en etapa de ejecución, porque no pone fin a esa fase del procedimiento, ni declara cumplida o la imposibilidad de cumplimiento de la condena. Aunado a ello, la notificación reclamada, al haber constituido la primera notificación dentro del incidente de liquidación de sentencia, si bien eventualmente pudiera entenderse indirectamente como de imposible reparación, el hecho relevante es que ese acto no es ajeno a la condena derivada de la sentencia que constituye cosa juzgada, sino que precisamente pretende ejecutarla, por lo que no se actualiza la excepción relativa; en ese sentido, el juicio de amparo no procede en su contra, sino que el demandado tendrá que esperar a aquella última resolución en etapa de ejecución, en la cual podrá, en su caso, reclamar todas las violaciones aducidas. Lo anterior se sustenta en la razón legal de la causa de improcedencia en estudio, que consiste en evitar la interrupción de la ejecución de una sentencia firme, lo que se traduce en que todos aquellos actos que se dirijan al cumplimiento de la condena no pueden reclamarse aisladamente a través del juicio de amparo indirecto, sino en función de la impugnación de la última resolución en esa etapa procesal. En ese sentido, la notificación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, no es la última resolución en ejecución de sentencia, porque no pone fin a esa fase del procedimiento, ni declara cumplida o la imposibilidad de cumplimiento de la condena. En ese contexto, es inobjetable que el presente juicio de amparo indirecto resulta improcedente, al reclamarse una notificación en la etapa de ejecución de sentencia; de ahí que, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino hasta que culmine el procedimiento de ejecución. Por todo lo anterior, está claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que si bien se reclama una notificación emitida después de concluido el juicio (regla general), lo cierto es que no se trata de la última resolución en ejecución de sentencia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la presente demanda de amparo. En las condiciones apuntadas y atendiendo el acto reclamado de que se trata no ocasiona una afectación a derechos sustantivos, sino sólo procesales adjetivos, ni se actualiza excepción alguna, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone resulta improcedente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de La Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdicciones del Propio Consejo. Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento, así como la impresión de los acuerdos y resoluciones que se generen aún de manera electrónica para su correcta revisión por la titular de este Juzgado. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. SUPERVISIÓN DEL REGISTRO DIARIO Y DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la digitalización de los documentos que remitan las autoridades responsables así como los ofrecidos por las partes, las comparecencias, ratificaciones, tomas de protesta, devolución de documentos, desahogos de pruebas, etcétera, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, el secretario deberá supervisar que se escaneen los documentos a fin de que se integren debidamente digitalizados, así como subir el documento en Word para incorporarse al expediente electrónico autorizándolos de manera electrónica. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, para lo anterior, en caso de no tenerlo deberán tramitar mediante la firma electrónica, que funciona con FIREL 12 y con e firma Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Por otra parte, de conformidad con los artículos 64, 238 y 51, de la Ley de Amparo, hágase saber a las partes que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós; la cual, en su caso, será impuesta al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. SUPERVISIÓN DE ESCANEO DE CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN (ACTUARIOS) Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el actuario deberá supervisar que se escaneen y digitalicen los documentos relativos a las notificaciones, diligencias, inspecciones, comparecencias y demás correspondientes a su función, así como todas aquellas actuaciones que no se realicen de manera electrónica, a fin de que se integren debidamente digitalizados al expediente respectivo. Por lo que, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, así como la digitalización que asegure la permanente actualización y veracidad de la información con relación a las notificaciones, estará a cargo del actuario de juzgado asignado del presente asunto, quien deberá revisar que el expediente electrónico se encuentre debidamente digitalizado, así como proteger y mantener la reserva adecuada respecto de los datos personales e información considerada como reservada. PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO En observancia al artículo 14 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se ordena que el presente acuerdo se publique a través de la lista electrónica que se genera de manera automática vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual podrá ser consultado por a partes en la página: https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, agréguense a los autos el testimonio de la ejecutoria emitida el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós dentro del toca ******************** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, derivado del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ********************, en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión. En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que el citado testimonio fue resuelto bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesto por ********************, en contra de la interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Secretario en funciones de Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************." En esas condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, transcurrido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". En diverso aspecto, se tiene a la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, devolviendo el original del cuaderno incidental que fue enviado por este órgano jurisdiccional, para la substanciación del citado recurso de revisión; En consecuencia, acúsese el recibo correspondiente.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano