José Luis Gómez Flores
Expediente 633/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 633/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/10/2016
Partes del expediente
- José Luis Gómez Flores
- Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación, y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo promovido por José Luis Gómez Flores; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. En consecuencia y atento a la certificación de cuenta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en Libro de Gobierno. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 633/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 5836/2016 recibido el nueve de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, se presentó copia certificada del expediente formado con motivo de la demanda de amparo promovida por José Luis Gómez Flores, por derecho propio, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican [fojas 6 a 7]: AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO [.]. B).- LIC. OFELIA ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO [.]. C).- PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE [.]. D).- DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO [.]. E).- ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA [.]. ACTOS RECLAMADOS: A).- De los agentes del Ministerio Público, adscritos al PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo el aseguramiento del inmueble ubicado en la calle de SALVADOR DÍAZ MIRÓN, NÚMERO 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, realizado de forma ilegal en fecha 24 de septiembre del año 2015. B).- De la LIC. ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ, FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo LA NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN Y ACCESO AL SUSCRITO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 595810360039215 iniciada como consecuencia del ilegal aseguramiento del inmueble ya referido con anterioridad. C).- De la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la ilegal orden de visita de fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DÍAZ MIRÓN, No. 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por los artículos 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. D).- De la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, se reclama la orden de verificación de fecha 23 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DÍAZ MIRÓN, No. 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por los artículos 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como la SUSPENSIÓN TEMPORAL de mi negocio realizada en fecha 24 de septiembre del año 2015. E).- De la ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, la visita realizada en fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DÍAZ MIRÓN, No. 652-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, en Toluca, Estado de México, por excederse en sus facultades que le confiere la ley y sin fundamentar sus determinaciones. SEGUNDO. Derechos fundamentales y garantías individuales violados. El quejoso narró los antecedentes del caso y dada la naturaleza del acto reclamado expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes y manifestó que el acto impugnado es violatorio de los artículos 1°, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [foja 7]. TERCERO. Radicación de la demanda. De las constancias mencionadas se obtiene que por acuerdo de seis de mayo de este año se decretó la separación de juicios, al advertirse que los actos reclamados revisten naturaleza distinta y se encuentran desvinculados entre sí -ya que derivan de una carpeta de investigación y de diversas órdenes de visita de verificación en áreas administrativas diferentes-, aunado a que el impetrante atacó los actos impugnados de manera independiente en sus conceptos de violación. En ese sentido, se precisó que el presente expediente se ocuparía del acto identificado con el inciso c) y, respecto de los diversos actos reclamados se ordenó el trámite del registro a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, procediéndose a su devolución a este órgano jurisdiccional para acordar lo que en derecho correspondiera. CUARTO. Admisión de la demanda. Una vez recibidas las constancias mencionadas, por auto de diez de mayo de dos mil dieciséis [fojas 348 a 354] se formó el expediente relativo y se registró con el número 633/2016, se admitió a trámite respecto del acto reprochado a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México; además, al estimar que en autos ya obraba el informe justificado de la autoridad responsable, con aquél se ordenó dar vista a las partes en términos de los numerales 116 y 117 de la Ley de Amparo, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de diferirse en una ocasión por la razón que consta en actuaciones, se inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción VI, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que los actos reclamados derivan de un procedimiento en materia administrativa cuya emisión y ejecución se atribuyen a una autoridad con residencia oficial dentro del ámbito de competencia de este órgano constitucionalidad órgano. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, que es del contenido siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México: La orden de visita de inspección ordinaria número PROPAEM/TOL/190/2015 de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, realizada sobre el inmueble ubicado en avenida Salvador Díaz Mirón, número 650-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, código postal 50149; así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México al rendir su informe justificado aceptó parcialmente la existencia de los actos reclamados [fojas 99 a 105]; sin embargo, de sus argumentos se desprende la existencia fehaciente del acto reclamado, al haber admitido que ordenó la visita de inspección ordinaria número PROPAEM/TOL/190/2015, por lo que se tiene plenamente probada su existencia; la cual, refirió fue entendida con José Luis Gómez Flores, propietario de la negociación. Al respecto conviene invocar la tesis jurisprudencial novecientos noventa y cuatro, visible en la página mil seiscientos trece, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que señala: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa al autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad de ese acto. CUARTO. Marco referencial. Para un mejor entendimiento del asunto es importante hacer relación de los antecedentes más trascendentes relativos a los actos reclamados en el presente juicio de amparo. 1. El veinticuatro de septiembre de dos mil quince la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México emitió la orden de visita de inspección número PROPAEM/TOL/190/2015, dirigida al "OCUPANTE Y/O PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL Y/O RESPONSABLE DEL PREDIO DONDE SE LLEVA A CABO LA VENTA DE AUTOPARTES USADAS Y/O DESHUESADERO, UBICADO EN AVENIDA DÍAZ MIRÓN, SIN NÚMERO, COLONIA SANTA ANA TLAPALTITLÁN Y/O COLONIA ELECTRICISTAS, MUNICIPIO DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO" como lo admite la propia responsable [fojas 107 a 108] 2. La referida orden, según refiere la responsable fue entendida con el hoy quejoso, el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, sin que el promovente del amparo hubiese objetado dicha manifestación [fojas 109 a 117]. QUINTO. Cuestiones de procedencia. Una vez determinada la certeza de los actos combatidos y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio constitucional, como lo dispone el numeral artículo 62 de la legislación de la materia. Esto es así, debido a que la causa de inejercitabilidad constituye un impedimento para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados ante la falta de oportunidad, fundamento o derecho para acudir ante la potestad jurisdiccional, lo cual se traduce en un obstáculo insalvable para pronunciarse respecto del fondo por la falta de oportunidad o pertinencia de la acción intentada. Recoge ese criterio la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 553, del Tomo VI, del Apéndice 1917-1995, Parte TCC, materia común, Octava Época, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, el análisis correspondiente a las causales de improcedencia, se realizará atendiendo a los actos reclamados ya identificados, en el siguiente orden: 1) En cuanto al acto reclamado a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, consistente en la orden de visita de inspección ordinaria número PROPAEM/TOL/190/2015 de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, realizada sobre el inmueble ubicado en avenida Salvador Díaz Mirón, número 650-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, código postal 50149, se estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, al considerar que existe un medio ordinario de defensa a través del cual puedo modificarse, revocarse o nulificarse, por las consideraciones siguientes: El precepto y fracción indicados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. [.] Del dispositivo transcrito se observa que el juicio de amparo resulta improcedente cuando el acto reclamado es pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa a través del cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido. Por su parte, los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, indican: Artículo 186. Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se esté haciendo uso del recurso de inconformidad, previo desistimiento del mismo, el interesado podrá promover el juicio ante el propio Tribunal. La resolución que se dicte en el recurso de inconformidad también puede impugnarse ante el Tribunal. Para los efectos del párrafo anterior, tienen el carácter de particulares las personas afectadas en sus intereses jurídicos o legítimos por los actos y resoluciones reclamados, incluyendo a los servidores públicos que se les atribuya alguna causal de responsabilidad administrativa y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública que sean molestados en sus derechos e intereses, en términos de las leyes aplicables." Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. De los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. De las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 20 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." Artículo 230. Serán partes en el juicio: I. El actor; II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad estatal o municipal que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado. b) La autoridad estatal o municipal que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares. c) La autoridad estatal o municipal que expida el reglamento, decreto, circular o disposición general. d) El particular a quien favorezca la resolución cuya invalidez pida alguna autoridad fiscal de carácter estatal o municipal. e) La persona que se ostente como autoridad estatal o municipal, sin serlo. III. El tercero interesado, que es cualquier persona cuyos derechos e intereses legítimos puedan verse afectados por las resoluciones del Tribunal." Artículo 231. Sólo podrán intervenir en juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Tienen interés jurídico los titulares de un derecho subjetivo público e interés legítimo quienes invoquen situaciones de hecho protegidas por el orden jurídico, tanto de un sujeto determinado como de los integrantes de un grupo de individuos, diferenciados del conjunto general de la sociedad. Los citados numerales establecen la procedencia del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad, contra actos dictados por autoridades administrativas y/o fiscales. Como se mencionó en párrafos que anteceden, el peticionario del amparo sustancialmente se duele del mandamiento de visita de verificación de veinticuatro de septiembre de dos mil quince y de la ejecución de la misma, por lo que, previo a la promoción del juicio de amparo, tales actos debieron ser combatidos mediante el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, fracción II, 230 fracciones I, II y III y 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXI, junio de 2013, Tomo I, página 933, con rubro y texto siguientes: JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad. En ese contexto, el juicio contencioso o los recursos previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México deben agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo, al no establecer dicho ordenamiento mayores requisitos que la legislación de la materia para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. De igual manera cobra aplicación la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 902, que establece: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Máxime que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por las siguientes razones: Los preceptos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, establecen que la suspensión se decretará cuando ocurra lo siguiente: a) Que la solicite el agraviado (artículo 128, fracción I); b) Que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículo 128, fracción II); c) Que -cuando se aduzca un interés legítimo- se acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento (artículo 131); y, d) Que del análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social conlleve a concluir que deba concederse la suspensión solicitada (artículo 138). Al respecto, los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, disponen: Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado de la sala regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión sino a solicitud de parte, si se sigue perjuicio al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos privativos de libertad decretados por autoridad administrativa, cuando se actualicen a favor del particular la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora o bien, cuando a criterio del magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 259. El acuerdo del magistrado de sala regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde el momento en que se dicte, aun cuando en contra de éste se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata. Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda. Bajo esa óptica, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no establece mayores requisitos a los previstos la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues en ambas legislaciones, ante la solicitud de la medida cautelar se establecen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio. De igual manera, el artículo 139 de la Ley de Amparo prevé que cuando con la concesión de la suspensión de los actos se puede ocasionar un daño o perjuicio se deberá otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo, lo cual también es previsto en el párrafo primero del artículo 257 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad. Cabe mencionar, que en ambas leyes se establece la figura de la contragarantía. En el caso de la Ley de Amparo dicha institución se encuentra regulada en el artículo 125 al 158, en tanto que en la ley procesal local se regula en igualdad de circunstancias en el párrafo segundo del citado artículo 257. La comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto acorde con el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México permiten concluir que no se exigen mayores requisitos que en el juicio de amparo para conceder la suspensión. Máxime que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues en la especie, no se acreditan los siguientes supuestos: a) Que el quejoso ostente el carácter de tercero extraño. b) Que la ley por la cual se pueda nulificar el acto reclamado exija mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo c) Además, el acto reclamado no es del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. d) Tampoco se reclama inconstitucionalidad de alguna ley. e) Ni se hacen valer violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior permite concluir que antes de acudir a la presente vía el accionante del amparo debió agotar el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos de los artículos 186, 229, 230 fracciones I, II y III, 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Aunado a que no es posible analizar mayores excepciones al principio de definitividad que las que la propia ley expresa, o bien, las contenidas en la jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial de la Federación. Para sustentar lo anterior se transcribe la tesis 2a. LVI/2000, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156, que dispone: DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. También resulta ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, cuyo contenido es: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la invocada ley. 2) En cuanto al diverso acto, consistente en la ejecución de la orden de visita de inspección ordinaria número PROPAEM/TOL/190/2015 de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, realizada sobre el inmueble ubicado en avenida Salvador Díaz Mirón, número 650-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, código postal 50149, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. A efecto de acreditar dicha afirmación, se toma en consideración que los preceptos legales en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los artículos transcritos se desprende que es procedente el juicio de amparo tratándose de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución, o bien, contra diversos actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que un procedimiento administrativo no es un acto unitario sino un complejo de actos vinculados con una misma finalidad, por lo que, cuando se trata de actos procedimentales, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la última resolución con que tales actos culminan; de ahí, se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra cada uno de los actos que van constituyendo la cadena procesal, y si bien tales actos en forma aislada pueden llegar a causar perjuicio al gobernado que interviene o es sujeto de un procedimiento, debe esperar a que recaiga la resolución definitiva; y, si lo perjudica, podrá combatirla vía amparo en el que podrá atacar las violaciones al procedimiento. Esto es, la violación procesal debe aguardar para hacerse valer en amparo, hasta que se dicte la resolución definitiva; la razón de este sistema radica en la intención de evitar la proliferación de juicios de amparo contra cada acto procesal, con el objeto de hacer expeditos los juicios y procedimientos, sin menoscabo de la protección constitucional que, al final, venga a sanear toda la actuación de la autoridad; máxime si se toma en cuenta que, de adoptar la interpretación contraria al indicado sistema que establece la Ley de Amparo, produciría, en la práctica, la obstrucción, dificultad o lentitud del funcionamiento de la administración pública en detrimento de los gobernados. Por tanto, al establecer la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo que, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva o contra actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, por lo que ha de estimarse que, por procedimiento seguido en forma de juicio debe entenderse, con amplitud, no sólo los procedimientos en que la autoridad decide una controversia entre partes contendientes, sino también todos aquellos procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara, estudia o previene su resolución definitiva, aunque sólo sea para cumplir con el derecho fundamental de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento noventa y seis, tomo XVII, correspondiente a abril de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Establecido lo anterior, conviene referir que el acto reclamado que combate la parte quejosa, consiste en la visita efectuada en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince en el negocio ubicado en avenida Salvador Díaz Mirón, número 650-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, código postal 50149, derivada de la orden de visita de inspección ordinaria número PROPAEM/TOL/190/2015, de veinticuatro del citado mes y año; visita administrativa que, bajo ninguna óptica puede considerarse como resolución definitiva, a que se refiere el numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sino un acto de índole intraprocesal, por lo que no es susceptible de impugnación a través del juicio constitucional, sino hasta que se dicte la resolución definitiva. Tal acto, tampoco se traduce en violación de algún derecho sustantivo que haga procedente el juicio de amparo en términos del artículo 107, fracción III, fracción b), de la citada ley, puesto que se trata únicamente de actos intraprocesales de carácter netamente formal, los cuales sólo trascienden y actualizan sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento, o en su caso, violen derechos fundamentales del peticionario de amparo, de ahí que no puedan ser calificados como actos terminales, o bien de imposible reparación. Máxime que, si el procedimiento del que deriva el acto reclamado aún no concluye, entonces el quejoso todavía no puede saber el sentido de la resolución definitiva que ahí se dicte y, por ende, tampoco puede conocer desde este momento, si el procedimiento que se le inició le será desfavorable; será hasta que tal resolución se emita, cuando la parte quejosa estará en aptitud de aseverar que dicho acto le causa un daño o perjuicio de imposible reparación y, en este supuesto, podrá combatirlo por los medios legales que estime pertinentes. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia que establece el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, se debe sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en la ejecución de la orden de visita PROPAEM/TOL/190/2015, de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, realizada en el inmueble ubicado en avenida Salvador Díaz Mirón, número 650-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca, Estado de México, código postal 50149. Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Las manifestaciones precedentes cobran aplicación en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, cabe señalar que aun cuando algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el cuerpo del presente fallo hacen alusión a preceptos legales de la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que su contenido es aplicable por contener similares razones previstas en artículos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; por ende, tales criterios, a pesar de haberse integrado conforme a la legislación anterior, continúan en vigor al no oponerse a lo que establece la vigente y resultar aplicables al caso, tal como se establece en el dispositivo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 633/2016, promovido por José Luis Gómez Flores, por derecho propio, contra los actos atribuidos al Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del licenciado Christian Ballesteros de Paz, Secretario que autoriza y da fe, el día de hoy nueve de agosto de dos mil dieciséis, por así haberlo permitido las labores del juzgado.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE NUEVE DE LOS PRESENTES, A LA PARTE QUEJOSA DE INICIALES J.L.G.F.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha no ha sido recibido el acuse 6172/2016, por el cual le fue comunicada a la autoridad responsable foránea Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, la radicación del presente juicio en este órgano jurisdiccional, y con el que se acredite que hayan sido notificada para tal efecto. En consecuencia, a fin de que se cumplimente lo anterior, y no violar las reglas que rigen el juicio de garantías o causar un menoscabo en los derechos fundamentales de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con cinco minutos del cuatro de julio de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo.
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