José Luis Gómez Flores
Expediente 1654/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 41 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1654/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 12/09/2016
Partes del expediente
- José Luis Gómez Flores
- Primer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación, y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 1654/2015, promovido por José Luis Gómez Flores, por propio derecho, contra actos de los Agentes del Ministerio Público del Primero, Segundo y Tercer Tuno de la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en esta Ciudad, José Luis Gómez Flores, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables. "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como autoridades responsables: --- A).- PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN CALLE ALDAMA S/N EN EL POBLADO DE SAN MATEO OXTOTITLAN, EN TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. --- B).- LIC. OFELIA ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. CON DOMICILIO EN JOSE MARIA MORELOS NÚMERO 1300, COLONIA SAN SEBASTIAN EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- C).- PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE CON DOMICILIO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ ESQUINA CON PASEO TOLLOCAN, SIN NÚMERO, COLONIA UNIVERSIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- D).- DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, CON DOMICILIO EN AVENIDA LERDO ORIENTE, NÚMERO 909, COLONIA SECTOR REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. --- E).- ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON DOMICILIO EN PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 10, PISO 26, COLONIA TABACALERA, DELEGACIÓN CUAHUTEMOC (SIC), MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. Actos Reclamados. "IV.- ACTO RECLAMADO: --- A).- De los agentes del Ministerio Público, adscrito al PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TURNO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo el aseguramiento del inmueble ubicado en la calle de SALVADOR DÍAZ MIRON, NUMERO 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, realizado de forma ilegal en fecha 24 de septiembre del año 2015. --- De la LIC. ESPERANZA CRUZ MONTAÑEZ, FISCAL DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN, RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE VEHICULOS ROBADOS EN TOLUCA, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo LA NEGATIVA DE DAR INFORMACIÓN Y ACCESO AL SUSCRITO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 595810360039215 iniciada como consecuencia del ilegal aseguramiento del inmueble ya referido con anterioridad. --- C).- De la PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo la ilegal orden de visita de fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DIAZ MIRON, No. 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por el artículo 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. --- D).- De la DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE MÉXICO, se reclama la orden de verificación de fecha 23 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DIAZ MIRON, NO. 650-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD TOLUCA ESTADO DE MÉXICO por no estar realizada conforme a lo establecido por el artículo 7 y 128 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, así como la SUSPENSIÓN TEMPORAL de mi negocio realizada en fecha 24 de septiembre del año 2015. --- E).- De la ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR "4" DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIONES ESPECIALES DE COMERCIO EXTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE COMERCIO EXTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, la visita realizada en de (sic) fecha 24 de septiembre del año 2015 en el negocio de mi propiedad ubicado en boulevard SALVADOR DÍAZ MIRON, NO. 652-B, COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD en Toluca Estado de México, por excederse en sus facultades que le confiere la ley y sin fundamentar sus determinaciones." SEGUNDO. El solicitante del amparo señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de garantías a este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, cuyo titular mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince (fojas 17 a 19), la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil quince (fojas 92 a 93); se tuvo por ampliada la demanda de amparo en cuanto al acto y autoridad que a continuación se enuncian: Autoridad responsable: Jesús Mendoza Ortega, Agente del Ministerio Público adscrito a las Mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Naucalpan, con sede en Toluca, Estado de México. Acto reclamado: negativa de dar acceso a la carpeta de investigación. QUINTO. Durante la secuela procesal, mediante proveído de seis de mayo de dos mil dieciséis, se ordenó la separación de autos, determinándose que el presente juicio de amparo se resolvería sobre las autoridades señaladas como: Agentes del Primero, Segundo y Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, y respecto de la Lic. Ofelia Esperanza Cruz Montañez, Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; teniéndose como actos reclamados: a. El aseguramiento del inmueble ubicado en la calle Salvador Díaz Mirón, número seiscientos cincuenta guion B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, en Toluca, Estado de México; y, b. La negativa de dar información y acceso a la carpeta de investigación 595810360039215. La audiencia constitucional inició en términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque la autoridad a quien se atribuye el acto reclamado tiene su residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial del juzgado. II. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, tal como lo prevé el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo; para tal efecto, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a tomar en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías, e incluso la totalidad de la información del expediente del juicio, en atención al pensamiento e intencionalidad de su autor y así, descartar las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgado de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal contexto, de la atenta lectura de la demanda de amparo, de la ampliación de la misma, y de los informes justificados se obtiene que la parte quejosa reclama: De los agentes del Primero, Segundo y Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: - El aseguramiento de su negocio comercial ubicado en calle Salvador Díaz Mirón, número 650-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Toluca Estado de México, realizado el veinticuatro de septiembre de dos mil quince. De la Lic. Ofelia Esperanza Cruz Montañez, Fiscal de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados en Toluca; y de Jesús Mendoza Ortega, Agente del Ministerio Público adscrito a las Mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca-Naucalpan, con sede en Toluca, Estado de México, ambas autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México: La negativa de dar información y acceso a la carpeta de investigación 595810360039215. Es aplicable la jurisprudencia número 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Asimismo, sirve sustento la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." III. Certeza del acto reclamado. En toda sentencia de amparo debe analizarse y resolverse respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se estudiarán las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen y, en caso de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior, pues de no ser ciertos los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, se torna imposible legalmente analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." a).- Actos existentes. Son ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Adscrito a las Mesas de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos Toluca Tlalnepantla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pues no obstante que al rendir su informe con justificación negó el acto reclamado, su certeza se advierte de las constancias que conforman la carpeta de investigación 595810360039215, que en copia certificada anexó con el oficio 213200001-090-2016, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de ahí, que deban tenerse por ciertos los actos que se le reclaman, consistentes en el aseguramiento del negocio del quejoso. Se estima aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 136, Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS. TIENEN VALOR DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, AUNQUE NO SE CONTENGA EN LA CERTIFICACIÓN EL PROVEÍDO QUE ORDENÓ SU EXPEDICIÓN (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE SONORA, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL). Las copias fotostáticas certificadas por los secretarios de acuerdos, tienen valor como documentos públicos, aun cuando carezcan de los datos de la resolución o decreto mediante el cual se ordenó su expedición, pues es facultad de los secretarios de Acuerdos de los juzgados de primera instancia expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto o resolución judicial; de lo que se sigue que la expedición de dichas copias deriva de un mandato judicial, salvo prueba en contrario." b).- Actos inexistentes. Los agentes del Ministerio Público Adscritos al Primero, Segundo y Tercer Turno, respectivamente, de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, Estado de México, negaron la existencia del acto que se les reclama. El Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa 5 de Devoluciones de la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, negó el acto reclamado, consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación. En tales circunstancias, y dado que dicha negativa no fue desvirtuada con prueba en contrario por parte del quejoso, lo que procede es decretar el sobreseimiento al respecto, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Ahora, en la especie, no hay evidencia de que el aquí quejoso, hasta antes del quince de octubre de dos mil quince, hubiese comparecido ante la Representante Social responsable y ésta le haya negado a dar información así como el acceso a las constancias que conforman la carpeta de investigación 595810360039215. Y sí, por el contrario, como se advierte de la carpeta de investigación en cita, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la Representante Social responsable hizo constar que se presentó en sus oficinas el quejoso José Luis Gómez Flores, quien se identificó y solicitó se le permitiera el acceso a la carpeta de investigación, a fin de imponerse de la misma, por lo que, el Fiscal le facilitó dicha carpeta, misma que fue revisada por el compareciente, en compañía del licenciado Julio Eric Vilchis Torres. IV. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor, las causas de improcedencia se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo o en caso de que las partes invoquen alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de la materia. En el caso las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna, y este órgano jurisdiccional no advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que resulta procedente entrar al estudio de la litis constitucional planteada, sin que sea obligación analizar todas las causas de improcedencia previstas por el precepto 61 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo VII, Junio de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." V. No transcripción de los conceptos de violación. Los conceptos de violación se contienen en la demanda, que no se transcriben en virtud que la Ley de Amparo no contiene dispositivo legal que así lo ordene; además, esa cuestión no deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." VI. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los motivos de disenso expresados aun suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. El promovente del amparo básicamente afirma que se infringen los preceptos constitucionales que cita, dado que es ilegal el aseguramiento de su establecimiento comercial. Previo al estudio de fondo, se precisan los antecedentes del acto reclamado: 1. Mediante oficio de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, la Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4", del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hizo del conocimiento de la Fiscal Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, que derivado de la orden de visita domicilia CVD1900201/15, contenida en el oficio 110-04-04-00-00-2015-972, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, en el domicilio ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, Código Postal 50150, Toluca de Lerdo, Estado de México, en donde se comercializa mercancía consistente en "autopartes", se localizaron "autopartes usadas", y toda vez que no se acreditó su legal posesión, hizo del conocimiento de dicha fiscalía tales hechos para efectos de su competencia. 2. En la misma data se apertura la carpeta de investigación 595810360039215, ante la Agencia del Ministerio Público Especializado en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla. 3. En la misma fecha, el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, se constituyó en el domicilio ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad; por lo que se entrevistó con quien dijo ser el responsable de dicho lugar de nombre Juan Guadalupe Cruz Ortega, a quien le solicitó exhibiera el dictamen de impacto y riesgo ambiental, persona que manifestó no contar con dicho dictamen. Acto seguido le fue solicitado a dicho responsable permitiera realizar una revisión en el interior del inmueble, en el que el fiscal, en la entrada apreció la leyenda: "ECOPARTES. COMPRO AUTOS Y CAMIONETAS CHOCADOS. VENTA DE AUTOPARTES USADAS", asentando además lo siguiente: ".primeramente se aprecian VENTILADORES, RADIADORES, CAJAS DE TRANSMISIONES, VOLANTES, PLUMAS PARA LIMPIADORES DE PARABRISAS, ESPEJOS LATERALES SIN SERIES Y DEPOSITOS DE AGUA, asi como diversos motores J30A12020233, C042899, UDH008788, BBX055969 el cual se encuentra con reporte de robo vigente, relacionado con la carpeta de investigación numero 160250830007513, y que corresponde a un vehículo con SERIE numero VSSRK46L09R009895 Y PLACA DE CIRCULACIÓN JGW4185, de un vehículo de la marca SEAT, tipo CORDOBA, modelo 2009, con fecha de robo seis de febrero de dos mil trece, información que fuera proporcionada por elementos de la policía ministerial, asi mismo del lado nororiente de estos motores y estructuras y restos de vehículos de diversas marcas y colores, se aprecia una placa vin seriada con el numero 4AAMB1300457, que se solicita a los elementos de la policía ministerial informen el estatus de dicha VIN, refiriendo que de acuerdo a los sistemas Base de datos pendientes por recuperar de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, quienes informan que cuenta con reporte de robo vigente, relacionado con la carpeta de investigación numero 483350830407615 con fecha de robo 16 de septiembre de 2015, y que corresponde a un vehiculo de la marca NISSAN, tipo TSURU, modelo 1994, así como los motores números WS131408, ER072282, BHP053872, 10677, BHP05522, PSA0002087, 66002313 y el numero F22B12111157, asi mismo en la parte central del inmueble se observa un vehiculo chocado color gris, de cuatro puertas, con el medallón completamente estrellado sin accesorio alguno, sin asientos, sin puertas, el cual se aprecia con SERIE numero VSSRK46L09R009895, en la parte posterior de dicho inmueble se parecía (sic) y en similares características se aprecia las carrocerías con las series números JN1CA21D4TT150982, 8AFBT23D666002313, 67813, 99881, VSSPK46L43R084761, 24457, WF0BT09F5W4101525, VSSMK16LSSR, 66002313, 12149, 1G2Z11H578164270627, la carrocería con placa de circulación numero 542ABC, así como las placas de circulación numero MAF6951, LXU4929, LZU9668, 638LHV, 289LVH, MRH7750, 192TGA, así mismo se parecía (sic) una camioneta de la marca Isuzu con diversas autopartes sin número de registro y desincorporada una palca (sic) de registro numero 453BJ6338R7942946 asi mismo del lado suroriente se aprecia una división con malla ciclónica que abarca el sur oriente y del lado sur del predio con terracería, y en el inmueble se aprecian llantas rines llantas defensa, parrillas y asientos automovilísticos, procediendo el perito en materia de criminalística y fotografía JOSE MIGUEL LEONIDES GIL, al embalaje de la placa metálica VIN marcada con la serie 4AAMB1300457 en una bolsa de plástico, informando el personal de la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO QUE PROCEDERIA A COLOCAR SELLOS DE SUSPENSIÓN MARCADO CON EL NUMERO 141/15 EN DICHO INMUEBLE PUES NO CUMPLIAN CON SU NORMATIVIDAD, ASI MISMO Y TODA VEZ QUE EL INMUEBLE. (sic) En ese orden de ideas resulta inconcuso que el bien inmueble ubicado en Salvador Díaz Mirón precisamente en el numero 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, PREDIO CON GIRO COMERCIAL DE VENTA DE AUTOPARTES fue utilizado como INSTRUMENTO DEL DELITO, ENTENDIENDOSE ESTE COMO "aquellos elementos materiales mediante los cuales los autores de una conducta considerada como delito se han apoyado para planearla, cometerla, o encubrirla, estos instrumentos serán sancionados mediante la figura llamada decomiso si estas no pertenecen a la víctima o a alguna persona ajena al delito, siempre que sean de lícita tenencia." YA QUE CON ESTE INMUEBLE SE ALMACENABAN MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN CON REPORTE DE ROBO DE MANERA ILÍCITA YA QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LA LEGAL PROCEDENCIA DE DICHOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN LOS CUALES CUENTAN CON REPORTE DE ROBO VIGENTE, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 258, 258.1, 259 y 262 del Código de Procedimientos Penales del Estado de México; 2.62, 2.63 y 2.64, fracción I, del Acuerdo 01/2010 emitido por el Procurador General de Justicia del Estado de México y siendo las DIECISEIS horas CON VEINTICINCO MINUTOS, se ordena el aseguramiento del bien INMUEBLE ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, en la Ciudad de Toluca de Lerdo Estado de México, con fines de investigación y para evitar que se altere, destruya o desaparezca las evidencias que puedan ser de utilidad para la adecuada investigación de la presente carpeta, por considerarse el inmueble de referencia como instrumento del delito, de acuerdo con lo que dispone el artículo 258.1 por el delito de encubrimiento por receptación contenido en el artículo 152 fracción primera que a la letra dice: COMETE EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN, EL QUE SIN HABER PARTICIPADO EN LA COMISIÓN DE UN HECHO DELICTIVO, FRACCIÓN I: COMERCIALICE PRODUCTOS O INSTRUMENTOS DEL DELITO CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA, AL RESPONSABLE DE ESTE DELITO SE LE IMPONDRÁN DOS TERCERAS PARTES DE LA PENA DEL DELITO DE ENCUBRIMIENTO Y MULTA IGUAL A CINCO VECES EL VALOR DE LOS BIENES SIN EXCEDER DE UN MIL DIAS MULTA. EN EL CASO DE QUE SE TRATE DE UN VEHICULO AUTOMOTOR SE IMPONDRÁ LA PENA DE DOS A OCHO AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA IGUAL A CINCO VECES EL VALOR DEL BIEN. Aunado a lo anterior, en virtud de lo manifestado por el responsable del inmueble JUAN GUADALUPE CRUZ ORTEGA en el sentido de que no cuenta con el dictamen de impacto ambiental del predio para la guarda, comercialización, deposito o almacenamiento de autopartes usadas en el inmueble motivo de la intervención, y ante la posibilidad de la comisión de una hecho delictuoso diverso, como lo puede ser lo señalado por la fracción VII del artículo 228 del Código Penal vigente en el Estado de México, que a la letra señala: "AL QUE INTENCIONALMENTE Y EN CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN O NORMAS TECNICAS AMBIENTALES.--- VII. Debiendo obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental, realice obras o actividades, sin contar con la misma o no implemente las medidas preventivas y correctivas que indique la autoridad correspondiente para la mitigación de impactos ambientales y de seguridad de las personas, sus bienes y el ambiente, ocasionando daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas." --- Es por lo anterior que se procede A COLOCAR LOS SELLOS DE INMUEBLE ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón precisamente en el número 652-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, en la Ciudad de Toluca de Lerdo Estado de México, CON LOS FOLIOS NUMEROS 537 Y 538, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE DISPONE EL ARTICULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 81 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 64 91, 241, 244, 258, 258.1 y 262 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES VIGENTE EN EL ESTADO DE MEXICO, 10 INCISO A, FRACCIONES III, VII Y XV, INCISO B, FRACCIÓN V Y 23 DE LA LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MEXICO. --- GIRESE ATENTO OFICIO AL COMISIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO a efecto de que realice la CUSTODIA Y PRESERVACIÓN de manera continua e ininterrumpida y bajo su más estricta responsabilidad del inmueble ubicado en la calle de Salvador Díaz Mirón precisamente en el número 652-B, colonia Comisión Federal de Electricidad, en la ciudad de Toluca, Estado de México, el cual se decreto el aseguramiento y se encuentra a disposición de esta autoridad, por lo que se procede a notificar de manera personal al responsable del inmueble asegurado, JUAN GUADALUPE CRUZ ORTEGA quien firma de enterado de la diligencia practicada en unión del testigo EDER MICHEL GARCIA RODRIGUEZ, teniéndose por concluida la diligencia de merito, y quien en ese momento manifestó estar enterado del aseguramiento decretado en su inmueble." Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, como se adelantó, los conceptos de violación aun suplidos en su deficiencia devienen infundados, como se explica. En efecto, en principio debe precisarse que el acuerdo de aseguramiento reclamado no constituye un acto privativo, sino de molestia; y por tanto, su emisión no está sujeta a la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ciertamente, dicho precepto constitucional tutela la garantía de audiencia, para cuyo respeto, se comprende la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en el que, conforme a las formalidades esenciales del procedimiento, los gobernados ejerzan debidamente el derecho fundamental de defensa antes del acto privativo. De manera que si tales requisitos no son respetados, es evidente que no se cumple con la garantía de audiencia consagrada en el citado precepto constitucional. Con relación a esa garantía, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 14 Constitucional, ha estimado que la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia; y que para ello, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad; esto es, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada a su debida fundamentación y motivación; por el contrario, si esa restricción es definitiva, entonces se trata de un acto de privación, para lo cual, se debe respetar la garantía de audiencia. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 40/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En la especie, se afirma que el acuerdo de aseguramiento de inmueble -que constituye aquí el acto reclamado- no transgrede la garantía de audiencia previa, debido a que se trata de un acto de molestia y no privativo, ya que no restringe en definitiva el derecho de propiedad sobre el inmueble ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, en Toluca, Estado de México -lugar donde se ubica el establecimiento del local comercial cuya defensa pretende el quejoso-, pues sólo lo limita de manera provisional, en tanto que el aseguramiento dura el periodo de la investigación; etapa que, una vez agotada, hace que nazca la obligación de tal autoridad de poner los bienes a disposición de la autoridad judicial, a quien en todo caso corresponderá determinar su destino final, en esa virtud, es de concluirse que se está frente a actos de molestia. Ilustra lo anterior, la tesis XII/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 62, tomo 61, enero de mil novecientos noventa y tres, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe y sinopsis dicen: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO, MEDIDAS PARA EL. NO ES DECOMISO. El decomiso es la privación coactiva, definitiva y sin indemnización de una parte de los bienes de una persona, por razones de interés, seguridad, moralidad o salud públicos y constituye una pena establecida en la ley, consistente en la pérdida de los instrumentos con los cuales se comete un delito o de los bienes que son objeto o producto del mismo. Las medidas que dicta el Ministerio Público para el aseguramiento de los bienes producto del delito, no constituyen un decomiso, pena cuya aplicación compete sólo al órgano jurisdiccional. Los artículos 24 y 40 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y los artículos 123 y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales no facultan a la autoridad investigadora a aplicar penas". Por tanto, lo aseverado por el quejoso encaminado a combatir el acto reclamado resulta infundado desde la perspectiva de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que el aseguramiento es de carácter provisional, dado que a dicha autoridad no le compete resolver en definitiva sobre el destino de ese bien, y por ello, atendiendo los fines que se persiguen en la indagación de los hechos delictuosos, puede decretarla sin importar que no se tenga consentimiento de sus legítimos poseedores o propietarios; esto es, que previamente deba otorgar la garantía de audiencia de que se habla. Resulta aplicable, en lo conducente, por identidad jurídica sustancial, la tesis P.X/93, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, enero de mil novecientos noventa y tres, que dice: "ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES PRODUCTO DEL DELITO POR EL MINISTERIO PÚBLICO. EL ARTICULO 40 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL, Y LOS ARTÍCULOS 123 Y 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO ESTABLECEN, NO VIOLAN EL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL. Los artículos mencionados que facultan al Ministerio Público a dictar medidas para asegurar bienes del indiciado, no infringen la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Aunque estas medidas se dictan sin audiencia previa de la parte a la que pudieran perjudicar, no implican privación definitiva de derechos, puesto que son medidas provisionales que constituyen únicamente actos de simple molestia y para decretarse, no requieren cumplir los requisitos que para los actos de privación de derechos establece el artículo 14 constitucional". A mayor abundamiento debe decirse que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente dispone: "Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. [.]" En relación con el tema que nos ocupa, puede establecerse que el precepto transcrito impone al Ministerio Público la investigación y persecución de los delitos, auxiliándose de las Policías que actuaran bajo su conducción y mando inmediato; así, el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que a nivel federal como local tiene la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos, y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas, haya resentido la sociedad y esta actuación del Ministerio Público no solamente se concreta al ámbito penal, sino que su actuación también es válida en juicios civiles y familiares, donde funge como representante de menores y ausentes, y se constituye como parte principal en juicios donde se defienden los intereses patrimoniales del Estado. Así el precepto constitucional transcrito con antelación, hace referencia a las facultades de investigador que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la fase de la integración de la carpeta de investigación o de la averiguación previa; en esencia, este dispositivo constitucional delimita las obligaciones y prerrogativas que durante esta etapa del proceso penal le confiere la Constitución a esa institución pública. Dicho precepto, consagra el principio acusatorio en el que, por ahora, descansa el sistema penal mexicano, que consiste en la obligación que constitucionalmente se impone al Ministerio Público de acreditar, la probable responsabilidad del imputado. En esas condiciones y dado que corresponde a esa institución pública el acreditamiento de la actualización del delito, por imperativo constitucional, en todos los casos se le constriñe a realizar "la investigación de los delitos" debiendo para ello, necesariamente buscar y presentar los datos de prueba que acrediten la probable responsabilidad de los imputados. Lo anterior, en términos de lo que establece el artículo 19 constitucional. De ahí que, como ya quedó expuesto, al Ministerio Público, por mandato constitucional del artículo 21, primer párrafo, de la Ley Fundamental, le impone la obligación de aportar los datos de prueba que acrediten la existencia de un delito, en contraposición a ello, el indiciado goza del derecho de defensa que se le otorga para acreditar la inexistencia del delito. De manera que, si por disposición constitucional a dicha institución le está permitido practicar toda clase de diligencias para los fines indicados, entonces el aseguramiento de los bienes que a su consideración sean objetos materiales del delito, constituye una de esas diligencias, sin que para ello tenga que otorgar la garantía de previa audiencia a su legítimo poseedor o propietario. Es aplicable, por identidad sustancial, la tesis CXLV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 31, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de dos mil, que señala: "INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU ASEGURAMIENTO, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé el aseguramiento practicado por el Ministerio Público, de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicho aseguramiento se asemeja a una medida precautoria, en atención a que tiene por finalidad proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte, lo que evidentemente no contraviene lo dispuesto por el citado numeral de la Carta Magna, pues tal medida está comprendida dentro de la facultad de investigación y persecución de los delitos que dicho dispositivo otorga al Ministerio Público. Por tanto, la facultad conferida al aludido representante social implica la realización de todas aquellas diligencias necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de la justicia y se le apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley, y dentro de dichas diligencias se encuentra la conservación de la prueba a que hace referencia el artículo 181 del código adjetivo en mención". De igual forma, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer, en el sentido de que se viole el artículo 16 Constitucional, pues de la lectura del acto reclamado, se advierte que éste se dictó acorde con lo dispuesto en dicho artículo, el cual establece entre otras garantías para la protección de los derechos humanos de los gobernados, la de motivación de los actos de autoridad, además de la fundamentación, razón por la cual es determinante exigir a los órganos competentes del Estado que al emitir actos imperativos que generan molestias al gobernado en virtud de su fuerza coercitiva, se encuentren debidamente motivados. Lo anterior, es así, pues toda autoridad debe invocar de manera precisa los fundamentos y motivos del mismo, a efecto de que el gobernado esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, a fin de que no quede en estado de indefensión. En efecto, no asiste razón al quejoso en tanto señala que el acuerdo de aseguramiento, está indebidamente fundado y motivado, pues de manera correcta se sustentó en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 258, 258.1, 259 y 262 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México, 2.62 y 2.64 del Acuerdo General del Procurador General de Justicia del Estado de México; asimismo, vertió las razones y motivos que lo llevaron a determinar el aseguramiento del inmueble. Ahora, en el caso el veinticuatro de septiembre de dos mil quince, se recibió en la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, el oficio número 110-04-04-2015-6196, signado por la Administradora de Operaciones Especiales de Comercio Exterior "4", quien con motivo de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, inició visitas domiciliarias en Toluca, Estado de México, en donde se comercializa mercancía consistente en "autopartes", por lo que durante el recorrido realizado en el domicilio ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, derivado de la orden de visita domiciliaria CVD1900201/15, contenida en el oficio 110-04-04-00-00-2015-972 de fecha veintitrés de septiembre de dos mil quince, se localizaron mercancías consistentes en "autopartes usadas", respecto de las cuales no se acreditó su legal posesión. Ante tal noticia criminis, en esa misma fecha, el Ministerio Público se constituyó en el citado domicilio, localizando "autopartes" de diversos vehículos, respecto de los cuales cuentan con reporte de robo, por lo cual se procedió a realizar la respectiva cadena de custodia, además de que el encargado o dueño del establecimiento comercial no presentó la autorización de impacto y riesgo ambiental. Asimismo, obran en la carpeta de investigación los oficios: a. CIRDVR-213-07-S/N-15, de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, suscrito por el encargado de la Coordinación para la Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, quien informó que la serie vehicular 4AAMB1300457, cuenta con reporte de robo en la carpeta de investigación 483350830407615. b. Oficio 212090000/DGOIA/OF 2384/15, de fecha nueve de octubre de dos mil quince, signado por el Director General de Ordenamiento e Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, del Gobierno del Estado de México, quien informó que el establecimiento con giro de deshuesadero sin razón social ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental y/o riesgo ambiental para la guarda, comercialización, depósito o almacenamiento de autopartes usadas. c. Oficio 20801A000/596/2015, de fecha nueve de octubre de dos mil quince, signado por el Director General de Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, del Gobierno del Estado de México, quien informó que el establecimiento con giro de deshuesadero y razón social "ECOPARTES", ubicado en Avenida Salvador Díaz Mirón, número 652-B, Colonia Comisión Federal de Electricidad, no cuenta con el dictamen de factibilidad comercial automotriz, ni con el sistema de registro interno de autopartes. Entonces, contrario a lo sostenido por el quejoso, el acuerdo de aseguramiento reclamado, no es trasgresor de derechos fundamentales, pues como quedó reseñado, sí se encuentra correctamente fundado y motivado, en la medida de que la autoridad responsable no sólo se limitó a exponer los dispositivos legales que le sirvieron de sustento para acordar en el sentido en que lo hizo, sino que igualmente precisó con claridad y sin lugar a dudas, las razones, motivos y razonamientos necesarios para establecer la correspondencia entre tales numerales legales, y su adecuación al caso concreto, y si bien es cierto, citó varios artículos de la legislación penal, también lo es que en el acuerdo reclamado se dieron a conocer las razones para proceder de tal manera. Aunado a ello, expuso que el bien inmueble se aseguró a fin de preservarlo y evitar que se siguieran cometiendo hechos delictivos, aunado a que por parte del encargado del negocio, no se presentó documento alguno con el cual acreditara la autorización de impacto y riesgo ambiental, para guardar, comerciar, depositar o almacenar vehículos de desecho o autopartes usadas. En consecuencia, es legal la determinación que decreta el aseguramiento el bien inmueble afecto, puesto que la autoridad responsable no sólo citó los preceptos legales en los cuales basó su determinación, sino que también expuso cuáles fueron las causas, razones y motivos que consideró para arribar a la conclusión de que debía estar asegurado el inmueble que nos ocupa y las consecuencias y trámite legal que procedía en vista de la imposición de dicha medida provisional, así que sobre el particular, no existe violación por reparar. Asimismo, debe decirse que el aseguramiento no exige ninguna responsabilidad penal ni situación específica del poseedor o propietario de los bienes materia de la medida, esto es, para el aseguramiento de bienes no se exige que el poseedor o propietario del bien sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, puesto que la medida es provisional y en caso de no resultar responsabilidad penal, la autoridad quedará obligada a devolver el bien asegurado. Lo anterior, como lo puso de relieve la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 31/2009, publicada en la página 5, del tomo XXIX, junio de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ASEGURAMIENTO DE BIENES PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DE UN TERCERO AJENO A LA CAUSA PENAL. PARA DECRETARLO NO ES NECESARIO QUE ÉSTE SEA RESPONSABLE POR EL DELITO DE ENCUBRIMIENTO O QUE SE ENCUENTRE SUJETO A PROCESO. El aseguramiento de bienes previsto en el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales es una medida precautoria que sólo afecta provisionalmente los bienes sobre los que recae, ya que no constituye un fin en sí mismo sino que pretende proteger los bienes materia de la medida para garantizar un futuro y posible decomiso o la eventual reparación del daño, así como asegurar la comprobación del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, protegiendo la subsistencia de los posibles medios de prueba; de ahí que no prejuzga ni tiene relación con la responsabilidad penal del poseedor o propietario del bien respectivo. Lo anterior distingue dicha medida del decomiso, que es una pena, cuya afectación sobre el bien es definitiva y se impone en razón de la responsabilidad penal del sentenciado, sea por el delito de la causa penal o por el diverso de encubrimiento. En congruencia con lo anterior y en virtud de que, por un lado, el referido artículo 181 sólo requiere que los bienes asegurados sean instrumentos, objetos o productos del delito, o que contengan huellas o puedan tener relación con éste, sin exigir que el poseedor o propietario se encuentre en alguna situación específica y, por el otro, que el artículo 40 del Código Penal Federal no establece algún requisito al respecto, se concluye que para decretar el aseguramiento de bienes pertenecientes o en posesión de un tercero ajeno a la causa penal, no es necesario que éste sea responsable del delito de encubrimiento o que se encuentre sujeto a proceso, sino que basta con atender a los extremos previstos en el indicado artículo 181." En ese contexto, al haber resultado infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, y no haberse evidenciado la ilegalidad del acuerdo de aseguramiento del inmueble reclamado, al haberse reunido para su emisión los requisitos y formalidades que para tal efecto establecen las leyes aplicables al caso concreto, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Es aplicable, la tesis emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 186, tomo I, enero a junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INFUNDADOS. Los conceptos de violación son infundados cuando con los argumentos de carácter jurídico que se invocan en ellos, no se demuestra que los fundamentos del acto reclamado sean violatorios de garantías individuales". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Gómez Flores, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisadas en la parte final del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a José Luis Gómez Flores, por propio derecho, respecto del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca Tlalnepantla, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el licenciado José Jiménez Sarmiento, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy once de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de los autos, se advierte que el presente juicio de amparo, no obstante de estar debidamente integrado, lo cierto es que a esta fecha, no se cuenta con la ratificación del escrito de desistimiento expresado por el quejoso (folio 392); asimismo, tampoco no se cuenta con la notificación respectiva o la razón de su imposibilidad; para permitir lo anterior y no violar las reglas procedimentales del juicio de amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil dieciséis, para su verificativo.
- Principal
se notifico por lista a la parte quejosa lo siguiente: De conformidad con el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, intégrese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Luis Gómez Flores, a través del cual desiste del juicio de amparo en que se actúa. Para acreditar la certeza de la voluntad expresada, requiérase al ocursante para que en el plazo de tres días, legalmente computado, comparezca ante este juzgado de Distrito con documento oficial y vigente con fotografía que permita su identificación, a ratificar el escrito de desistimiento que presenta. Apercibido que de no hacerlo, se continuará con la secuela procedimental del presente asunto. Orienta esta determinación, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y datos de localización siguientes: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. (S.J.F. y su Gaceta, novena época, materia común, tomo XXIV, agosto de 2006; pág. 295).
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