Jose Luis Garcia Gomez
Expediente 157/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Luis Garcia Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia, con sede en la capital, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le notificó el acuerdo de trece de los cursantes, y se le devolvió copia certificada del toca ***, en tres tomos, de su índice; agréguese a los autos dicho comunicado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
...Irapuato, Guanajuato, trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó negar el amparo, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no allegó documentos en el presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, inciso b); 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y 21, inciso c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, devuélvanse al Magistrado Supernumerario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, la copia certificada del toca de apelación ****, en tres tomos y a la Juez Primero Civil de Partido de Silao de la Victoria, Guanajuato, copia certificada del expediente ****, en tres tomos. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
.........TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital y a la Juez Primero de Partido Civil de Silao, Guanajuato, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado4. Además, su existencia se corrobora con las constancias que dichas responsables acompañaron en apoyo a su informe justificado, las cuales consisten en copia certificada del toca *** y del juicio ejecutivo mercantil *** respectivamente; a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones5. CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la tercera interesada, en su escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, hizo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, aduciendo que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución y que el acto reclamado no es el último en esa etapa de ejecución, por lo que debe ser sobreseído el presente juicio. Causa de improcedencia que resulta infundada, por las siguientes razones. En efecto, con base en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Ahora, aplicando dicha fracción en sentido contrario, es dable concluir que, en un asunto que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando el acto reclamado no se trate de la última resolución emitida en esa etapa o bien, en la etapa de remate dentro de ese procedimiento de ejecución. Luego, de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el presente asunto, se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución, en que se condenó al ahora quejoso al pago de gastos y costas en favor de su contraria. Así es, pues el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida en el Toca *** por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que confirmó la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** por la Juez Primero de Partido Civil de Silao, Guanajuato, en la que se condenó al ahora quejoso por el concepto de costas procesales. En ese sentido, si bien, el incidente de liquidación de costas es promovido en la etapa de ejecución de sentencia, tiene como única finalidad determinar con precisión el quantum de las prestaciones (en el caso las costas procesales) a cuyo cumplimiento se condenó a la parte vencida en el juicio (aquí quejoso), con el propósito de perfeccionar la sentencia y son indispensables para exigir el cumplimiento; de modo que, tal incidente fue instado para resolver sobre la liquidación ordenada en la sentencia, esto es, no es la ejecución de la propia sentencia, sino un medio previo para hacerla ejecutable. En tal virtud, dicha resolución tiene autonomía propia y destacada, por lo que no debe confundirse con aquellos actos que tienen por objeto directo la ejecución del fallo, respecto de los cuales el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en ese trámite, empero, como el acto reclamado es previo a esa ejecución, sí es reclamable en la vía biinstancial, tanto más que, tal resolución incidental sí ocasiona un perjuicio inmediato al quejoso, al habérsele condenado al pago de costas procesales6; de ahí que, no resulte aplicable, en sentido contrario, lo dispuesto en el artículo y fracción de la Ley de Amparo previamente referidos y por ende, resulta infundada la causa de improcedencia invocada. En el presente asunto no se hicieron valer diversas causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de iniciar el estudio del concepto de violación formulado por la quejosa en su demanda, para una mejor comprensión del asunto se reseñan los antecedentes relevantes del acto reclamado, que se derivan de las constancias aportadas por la Magistrada responsable: ... SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirá el concepto de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. En su concepto de violación, el quejoso señala que la resolución reclamada no se encuentra ajustada a derecho porque no atendieron de manera eficaz y se hicieron nugatorios los derechos del debido proceso, legalidad y tutela judicial efectiva, pues carece de congruencia respecto a la causa de pedir en los agravios expresados en el recurso de apelación, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Además, refiere que el artículo 16 Constitucional consagra el derecho de fundamentación y motivación que impone a las autoridades la obligación de citar en sus determinaciones los preceptos legales aplicables y expresar las razones particulares o circunstancias especiales por las que considera que la hipótesis normativa se actualiza al caso concreto. Las consideraciones de la responsable carecen de congruencia, porque con independencia de que se hubiera considerado que en nada incide el hecho de que se haya dictado sentencia condenadora para calificar el negocio de cuantía determinada. La circunstancia de que el quejoso haya intentado la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre el pago del pagaré, sin obtener sentencia favorable, no es una razón válida y razonable para el negocio que hubiera considerado de cuantía determinada. La magistrada fue omisa en realizar una interpretación sistemática y funcional del artículo 1084, fracción III, en relación al diverso 1085 del Código de Comercio. Los argumentos que hace valer el quejoso resultan inoperantes, en razón de que nada de lo expuesto se encuentra encaminado a contradecir lo que sostuvo la Sala responsable al confirmar la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte. En efecto, la autoridad responsable confirmó la resolución recurrida con base, en esencia, en las siguientes consideraciones: I. Por un lado, determinó inoperantes los agravios hechos valer por el quejoso, aduciendo que éstos no se encuentran dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones que sustentaron la resolución impugnada, no atacan con razonamientos lógico-jurídicos todas las consideraciones fácticas y jurídicas por las cuales el juzgado de origen aprobó en forma parcial el incidente de liquidación de gastos y costas y condenó al ahora quejoso al pago de ese concepto. II. El agraviado fue omiso en combatir la calificación de la dificultad del negocio que sirvió de base para establecer los parámetros bajo los que se llevaría a cabo la liquidación de gastos y costas del juicio, así como lo relativo a las cantidades por las que fue condenado en cada uno de los rubros establecidos en cada una de las fracciones. III. Lo que pretendía era establecer los agravios que le causaban haber sido condenado al pago de gastos y costas dentro de la primera instancia en la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve dictada por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca *** pues señaló que no debió condenársele a ningún pago, que quien debía ser condenado a tal pago era *** al haber sido quien puso a girar el pagaré y no haberse acreditado que él hubiera realizado la falsificación. IV. Los agravios fueron tendentes a combatir la condena en costas que le fue impuesta en la resolución de diez de junio de dos mil diecinueve y no combate la sentencia interlocutoria impugnada, esto es, pretendía impugnar una sentencia ejecutoria, la cual no es susceptible de análisis, pues lo ahí decidido ya no puede ser discutido nuevamente por las partes; sentencia en la cual se estableció que en virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 1084 del Código de Comercio, se condenó al aquí quejoso al pago de gastos y costas de la primera instancia. V. Si los argumentos que sirvieron a la juez de origen para condenar al aquí quejoso a pagar a favor de la demandada material principal la cantidad determinada por concepto de costas procesales, no fueron controvertidos, las inconformidades opuestas por el recurrente resultan inoperantes; además, no aluden a todos y cada uno de los pronunciamientos de la citada juez para sustentar su resolución, por lo que no pueden identificarse como verdaderos agravios. VI. Por otra parte, determinó infundado el agravio que pretendió hacer valer el inconforme al señalar que la juez de origen tuvo el asunto como de cuantía determinada y no conforme al artículo 1085 del Código de Comercio, en virtud de que el caso no se encuentra en ninguno de los supuestos que regula dicho numeral, además, omitió establecer razonamientos lógico-jurídicos por los cuales se debía considerar el asunto como de cuantía indeterminada y por qué era aplicable el precepto legal invocado y no los diversos artículos que sirvieron de base a la juez de origen para resolver el incidente de liquidación de costas. VII. Del mismo modo, señaló la Sala responsable que no pasaba desapercibido que en auto de quince de noviembre de dos mil dieciocho le fue revocado el endoso hecho en favor del quejoso, sin embargo, dicho proveído fue revocado mediante resolución de recurso de revocación de ocho de enero de dos mil diecinueve, en la que se estableció que al haberse determinado que el endoso en procuración que obraba en el expediente era nulo, por haberse acreditado la falsedad de la firma de quien suscribía el escrito de cuenta, por ende se desechó lo peticionado (revocación de endoso) al resultar improcedente. Por otro lado, como se asentó con antelación, los planteamientos formulados por la parte quejosa en su demanda de garantías, no controvierten las consideraciones por las cuales la Sala sustentó su determinación. Así es, pues en todo caso debió razonar de manera clara por qué los argumentos planteados en el recurso de apelación no resultaban inoperantes e infundados, ni eran ajenos a la litis incidental, esto es, que lo que se pretendía combatir sí era efectivamente la resolución de trece de noviembre de dos mil veinte en la que se determinó la cantidad líquida por concepto de costas y no la diversa de diez de junio de dos mil diecinueve en la que se le condenó al pago de ese concepto y por ende, sí atacó todos los razonamientos expuestos por la juez primigenia para decretar la condena de costas. Además, por qué, contrario a lo determinado por la autoridad responsable sí formuló argumentos tendentes a combatir que la cuantía del asunto de origen debía ser indeterminada y no determinada como lo estableció la juez primigenia y por ende, sí era aplicable el artículo 1085 del Código de Comercio y no los diversos artículos que sirvieron de base a la juez de origen para resolver el incidente de liquidación de costas; y debió exponer también por qué la magistrada sí debía analizar e interpretar el artículo 1084, fracción II, del Código de Comercio, aduciendo la causa de que ese numeral no solo era materia de la sentencia definitiva del juicio de origen. Asimismo, que opuesto a lo indicado por la Sala responsable sí le había sido revocado el endoso hecho en su favor o bien, que esa cuestión no era suficiente para decretar su condena de costas. De igual forma, debió indicar que, opuesto a lo determinado por la responsable sí expuso argumentos para combatir la resolución incidental recurrida y cuáles fueron éstos. Circunstancia que no aconteció en el caso que nos ocupa, dado que, como se dejó asentado líneas atrás, el quejoso, solo refirió que: a).- La resolución reclamada no se encuentra ajustada a derecho porque no se atendieron de manera eficaz y se hicieron nugatorios los derechos del debido proceso, legalidad y tutela judicial efectiva, pues carece de congruencia respecto a la causa de pedir en los agravios expresados en el recurso de apelación, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. b).- El artículo 16 Constitucional consagra el derecho de fundamentación y motivación que impone a las autoridades la obligación de citar en sus determinaciones los preceptos legales aplicables y expresar las razones particulares o circunstancias especiales por las que considera que la hipótesis normativa se actualiza al caso concreto. c).- La circunstancia de que el quejoso haya intentado la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa sobre el pago del pagaré, sin obtener sentencia favorable, no es una razón válida y razonable para el negocio que hubiera considerado de cuantía determinada. d).- La magistrada fue omisa en realizar una interpretación sistemática y funcional del artículo 1084, fracción III, en relación al diverso 1085 del Código de Comercio. Argumentos que no rebaten en nada las consideraciones plasmadas por la Sala responsable para confirmar la resolución de primera instancia. Se afirma lo anterior, pues tal parte no desvirtuó la legalidad de los argumentos vertidos por la responsable para establecer su determinación, ya que no desvirtuó lo expuesto por la Sala, esto es, no refirió nada en el sentido de que si era factible analizar sus agravios porque sí atacaba los argumentos que sustentaron la resolución recurrida que decretó en su perjuicio la cantidad líquida por costas procesales, y debido a eso no encaminó tales agravios a controvertir la resolución firme que estableció la condena al pago de costas. Además, tampoco formula argumentos dirigidos a evidenciar la cuantía del negocio, esto es, no controvierte lo estipulado por la responsable en el sentido de que sí debía aplicarse lo previsto en el numeral 1085 del Código de Comercio y no los artículos que sirvieron de base a la juez de origen para resolver el incidente de liquidación de costas y por ende, que sí debió analizar e interpretar el artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio; ni se aprecia argumento relativo a la dificultad y cantidades determinada por la responsable. Por el contrario, como se dijo, con las manifestaciones expuestas en su demanda de amparo no rebate los razonamientos que emitió la Sala para sostener su resolución y confirmar la determinación incidental de primera instancia. Pues, como se aprecia de lo antes expuesto, la quejosa se limitó a realizar manifestaciones dogmáticas, sin verter argumento alguno del que se desprenda cuestionamiento respecto a las razones que llevaron a la Sala a confirmar la resolución puesta a su consideración, con los cuales controvirtiera lo señalado en ésta; dado que, se insiste, se trata solo de expresiones afirmativas sin que debata los argumentos de la responsable. Motivo por el cual, tales asertos devienen inoperantes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 3a. 30, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 207328 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 30 Página: 277 "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida". Amparo en revisión 9381/83. Evangelina Franco de Ortiz. 16 de marzo de 1988. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretaria: Alma Leal Treviño. Octava Época, Tomo I, Primera Parte, página 273. Amparo en revisión 1286/88. Leopoldo Santiago Durand Sánchez. 11 de julio de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Concepción Martín Argumosa. Octava Época, Tomo II, Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1877/88. Ibaur Chem, S.A. 21 de noviembre de 1988. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Octava Época, Tomo II , Primera Parte, página 196. Amparo en revisión 1885/88. Bufete de Asesoría Administrativa, S.C. 12 de junio de 1989. Cinco votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García. Octava Época, Tomo III, Primera Parte, página 308. Amparo en revisión 3075/88. Paulino Adame Flores. 10 de julio de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Filiberto Méndez Gutiérrez. Texto de la tesis aprobado por la Tercera Sala en sesión privada de diecisiete de agosto de mil novecientos ochenta y nueve. Cinco votos de los señores ministros: presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Jorge Carpizo Mac Gregor, Salvador Rocha Díaz e Ignacio Magaña Cárdenas." De igual forma, la inoperancia del citado motivo de disenso, también se actualiza al establecer únicamente que la Sala responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, y que el primero de los mencionados consagra el derecho de fundamentación y motivación que impone a las autoridades la obligación de citar en sus determinaciones los preceptos legales aplicables y expresar las razones particulares o circunstancias especiales por las que considera que la hipótesis normativa se actualiza al caso concreto. Se afirma lo anterior, pues no basta con que la parte quejosa se limite a indicar o transcribir los preceptos legales que considere infringidos o bien, la normatividad que considera no fue debidamente aplicada, sino que es indispensable explicar, concretizar el daño o perjuicio ocasionado por la autoridad responsable y además, como se dijo, argumentar jurídicamente los razonamientos o consideraciones de la resolución que se reclama; máxime que, se insiste, es a dicha parte a quien le corresponde exponer razonadamente el por qué estima inconstitucional o ilegal el acto que combate, circunstancia que en el caso no aconteció, pues como se ha visto, no se debatieron las razones en que la responsable se basó para llegar a su determinación7. Por su parte, la misma suerte corre el argumento que formula el quejoso en el sentido de que, las consideraciones de la responsable carecen de congruencia, porque con independencia de que se hubiera considerado que en nada incide el hecho de que se haya dictado sentencia condenadora para calificar el negocio de cuantía determinada. Se afirma lo anterior, pues además de que se trata de una cuestión dogmática, el mismo deviene impreciso, pues no se expone argumento alguno, ni con claridad, a fin de evidenciar la ilegalidad de la resolución reclamada, mediante el cual este Juzgado pueda emprender el estudio del argumento correspondiente y analizar si es correcta o no la determinación combatida. Pues se insiste, con esa sola manifestación no expone argumento alguno con el que refute las razones que llevaron a la Sala responsable a resolver en la forma en que lo hizo, pues como se ve, se trata de una manifestación imprecisa que no llega a controvertir sustento alguno de la resolución reclamada8. Por lo que, debe decirse que la parte quejosa dejó intactos los argumentos que por sí solos bastan para sostenerla, pues para que esta juzgadora estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era necesario que rebatiera, mediante el empleo de razonamientos jurídicos concretos, los argumentos esgrimidos por la responsable; por ende, tales argumentos deben seguir rigiendo el sentido de la resolución impugnada. En tales condiciones, al resultar inoperantes los argumentos formulados por el quejoso, procede dejar incólume la resolución reclamada y negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. SÉPTIMO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva Ley. OCTAVO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** contra el acto que atribuye a la Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución...
- Principal
...Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo 157/2021, a las catorce horas con cuarenta minutos del uno de junio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional y se encuentra pendiente el dictado de la resolución correspondiente; por tanto, se ordena abrir un cuadernillo por separado con motivo de la promoción de cuenta, el cual se ordena glosar al cuaderno principal cuando se dicte la sentencia, sin ulterior acuerdo. En consecuencia, agréguese el pedimento de mérito, en el que la fiscal adscrita pretende formular alegatos, sin que implique realizar mayor pronunciamiento, toda vez que su presentación resulta ser extemporánea respecto de la hora y fecha en que se celebró la audiencia constitucional. Ahora, por lo que ve a la solicitud de copias de la sentencia definitiva que se emita en el presente juicio, no ha lugar a acordar de conformidad, en tanto que aún no se dicta, siendo que el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, señala que solo se autorizará la expedición de copias de las constancias que obren en el expediente. De ahí que, de estimarlo pertinente, deberá reiterar su petición en el momento procesal correspondiente...
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