José Luis Enriquez Castillo

Expediente 356/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
356/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2016

Partes del expediente

  • José Luis Enriquez Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto por el que este Juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA. En cumplimiento al acuerdo de once de mayo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveido dictado en la referida fecha, el cual dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Juez Civil de Partido, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, que considera violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 356/2016-III; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda presentada, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y el diverso dispositivo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, el dispositivo 113 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y en su caso, a los anexos que se acompañen o a su ampliación, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, se estima que procede decretar el desechamiento del presente asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5º fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y el diverso dispositivo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para respaldar esta postura, es menester transcribir dichos numerales, que a la letra estatuyen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;...". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º, de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial frente al orden jurídico.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso...". De los dispositivos antes transcritos, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que, por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena de un interés jurídico, según sea el caso; lo cual, no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectadas por el acto de autoridad reclamado. Así, para la procedencia del juicio constitucional, es menester que la parte quejosa demuestre ser el titular de un derecho tutelado por la ley y que ha sufrido un agravio en ese derecho. Consecuentemente, tales intereses de quien promueva la acción constitucional, sólo se pueden surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado, le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta, el cúmulo de derechos u obligaciones que legalmente le correspondan. De ahí que, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de garantías, dado que es un presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Concomitante a lo antepuesto, resulta pertinente señalar que, de conformidad con el párrafo I, del artículo 107 Constitucional, el interés jurídico para acudir al juicio constitucional, representa el derecho derivado de alguna norma en particular que se concreta en forma individual y otorga a su titular dicha facultad; por lo que, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que toda persona que lo instaure, acredite fehacientemente ser el titular del derecho que desea se respete con motivo del acto de autoridad reclamado; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Como acontece en el presente caso, en el que ***, señala como acto reclamado: "LA ORDEN QUE DICTÓ DE PONER EN POSESIÓN AL C. ***, EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS ***; ORDEN QUE SE DICTÓ DENTRO DEL JUICIO SUMARIO HIPOTECARIO *** DONDE ACTUALMENTE SE CONDICE COMO PARTE ACTORA *** Y PARTE DEMANDADA ***, POR PARTE DE LA AUTORIDAD QUE SEÑALO COMO ORDENADORA Y JUICIO EN EL CUAL EL SUSCRITO NO SOY PARTE, PERO QUE DE EJECUTARSE DICHA ORDEN, ME DEJARÍA EN TOTAL ESTADO DE INDEFENSIÓN Y SE ME PRIVARÍA DE LA POSESIÓN LEGAL QUE OSTENTO DEL INMUEBLE, Y SE EJECUTARÍA LA ORDEN CON PLENA VIOLACIÓN A MIS GARANTÍAS INDIVIDUALES 14 Y 16 CONSTITUCIONAL, YA QUE SE ME PRIVARÍA DE LA POSESIPON DEL INMUEBLE DE LA CUAL GOZO EN FORMA LEGAL SIN DARME LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDO Y VENCIDO EN JUICIO, EN CUAL SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, el promovente aduce en esta vía constitucional que él es quien tiene la posesión del referido bien inmueble y pretende acreditar dicha circunstancia con el original de la documental consistente en: 1) Contrato de arrendamiento celebrado entre ***(arrendador) y ***(arrendatario), de veintiocho de enero de 2015, respecto del bien inmueble ubicado en *** celebrado ante la fe del Notario Público número ***, en ejercicio en Apaseo el Grande, Guanajuato; documental que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo y a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de los dispuesto por los artículos 133 y 203, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2º, pues éste se encuentra ratificado ante fedatario público. Ahora bien, analizada la documental de referencia, se advierte que desde el veintiocho de enero de dos mil quince, el hoy quejoso, arrendó el inmueble ubicado en **** a ***; asimismo, que el citado contrato adquirió la calidad de fecha cierta, por haberse ratificado ante un notario público, como lo es el Licenciado ***, Notario Público número ***, con ejercicio en Apaseo el Grande, Guanajuato, de suerte tal que desde aquella data, el quejoso ya no detenta la posesión del bien inmueble que ahora defiende en esta instancia constitucional y, por ende, no le asiste interés jurídico para acudir a la vía de amparo a defender dicho bien. Por lo anterior, es que se arriba a la conclusión que, desde la celebración del contrato de arrendamiento entre el aquí quejoso con **, la posesión del inmueble ahí descrito, salió de la esfera jurídica del quejoso, por lo que el acto que reclama mediante esta vía, no afecta ningún derecho subjetivo público del que sea titular y que por esta vía reclame. Lo anterior se corrobora en el contenido de la cláusula segunda de dicho acuerdo de voluntades y que se transcribe a continuación: "SEGUNDA.- El arrendador desde la firma del presente contrato, hace entrega de la posesión de la casa habitación materia del presente contrato, y el arrendatario la acepta como se encuentra actualmente sin tener nada que reclamar en cuanto a la entrega de la posesión." En consecuencia, no se acredita el interés jurídico que debe revestir al solicitante en un juicio de amparo para ser considerado legalmente legitimado para demandafr la protección de la Justicia Federal, pues en el caso de que se trata, no se demuestra la afectación producida en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 242, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, toda vez que se advierte de forma patente y absolutamente clara que opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, Constitucionales, se desecha de plano la demanda de amparo. En otro contexto, se tiene a la quejosa señalando domicilio para recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado Federal, lo que no es técnicamente posible; por tanto, con fundamento en los artículos 26 fracción III, adminiculado con el numeral 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizarle las notificaciones a través de lista que se fija en los estrados de este tribunal, aun las de carácter personal. Resulta aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona en el ocurso de cuenta, pues éste cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Además, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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