Jose Luis Garcia Castañeda

Expediente 632/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
632/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Garcia Castañeda

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso *** señaló como acto reclamado la omisión de acordar sus escritos ambos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en los cuales solicitó la designación de defensor, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones así como solicitó se deseche o declare sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada. Sin embargo, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que el dos de julio de dos mil diecinueve, acordó los dos escritos del quejoso, pues tuvo señalado el domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, le nombró como defensores particulares a los señalados en su escrito, a quienes requirió acudieran para ratificar el cargo y mientras ello ocurría, a fin de no dejar en estado de indefensión al mismo se le nombró defensora pública. Respecto a la solicitud de desechar o declarar sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada se le dijo que estuviera a lo acordado en ese mismo acuerdo, en el sentido de que declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la agraviada. Además, esa determinación se le notificó el cuatro de julio el referido acuerdo (durante el trámite de este juicio de amparo). Por ende, es innegable que con la notificación al quejoso de la determinación de dos de julio de dos mil diecinueve en la cual fueron acordados sus escritos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho fundamental violado, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Ello porque, como se dijo, el quejoso se dolía de la omisión de darle contestación a los escritos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, a través de los cuales solicitaba la designación de defensor, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y pidió se desechara o declarara sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado al responsable Magistrados de la Primera Sala en Materia Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con cuarenta minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve, para celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se les hace saber a la autoridad responsable y agente del ministerio público tercero interesado que, la notificación correspondiente al archivo definitivo se notificará sólo mediante lista de acuerdos. Así, se les dejará de remitir oficio para comunicarles el archivo definitivo pues ningún derecho procesal estará involucrado en la declaración en que cause estado esta determinación, de acuerdo al sentido del mismo. Lo anterior se adopta con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo el cual permite la aplicación de los principios generales del derecho ante la falta de disposición expresa en la propia legislación. Entonces, en supletoriedad a la Ley de Amparo se aplica el principio de economía procesal (menor trabajo y justicia más barata y rápida) Tal principio es consecuencia del concepto de que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal. Aunado a lo anterior, tal determinación tiene la finalidad de economizar recursos materiales por lo que se hace saber a las autoridades (parte) que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará y se les notificará este acuerdo, en caso de desear conocer el estado de este juicio. Pese a lo anterior, dejo establecido que si alguna autoridad pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite o de llegar a solicitarlo de forma económica al teléfono 01(222)2716973. Por último, cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso.

  2. Principal

    DADO QUE SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTICARSE DE FORMA PERSONAL EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Del estado procesal de los autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, el quejoso *** señaló como acto reclamado la omisión de acordar sus escritos ambos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en los cuales solicitó la designación de defensor, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones así como solicitó se deseche o declare sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada. Sin embargo, respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: "Artículo 61.- El Juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que el dos de julio de dos mil diecinueve, acordó los dos escritos del quejoso, pues tuvo señalado el domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, le nombró como defensores particulares a los señalados en su escrito, a quienes requirió acudieran para ratificar el cargo y mientras ello ocurría, a fin de no dejar en estado de indefensión al mismo se le nombró defensora pública. Respecto a la solicitud de desechar o declarar sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada se le dijo que estuviera a lo acordado en ese mismo acuerdo, en el sentido de que declaró procedente el recurso de apelación interpuesto por la agraviada. Además, esa determinación se le notificó el cuatro de julio el referido acuerdo (durante el trámite de este juicio de amparo). Por ende, es innegable que con la notificación al quejoso de la determinación de dos de julio de dos mil diecinueve en la cual fueron acordados sus escritos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, se restituyó al aquí quejoso en el goce del derecho fundamental violado, como si el acto lesivo nunca hubiese existido, al haber cesado sus efectos y de esa manera se actualiza la causa de improcedencia invocada. Ello porque, como se dijo, el quejoso se dolía de la omisión de darle contestación a los escritos de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, a través de los cuales solicitaba la designación de defensor, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones y pidió se desechara o declarara sin materia el recurso de apelación hecho valer por la agraviada A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Tomo IX, correspondiente al mes de Junio de 1999, cuyo rubro dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la legislación, dada la causal de improcedencia materializada, respecto del acto reclamado al responsable Magistrados de la Primera Sala en Materia Penal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para las diez horas con cuarenta minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve, para celebrar la audiencia constitucional. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se les hace saber a la autoridad responsable y agente del ministerio público tercero interesado que, la notificación correspondiente al archivo definitivo se notificará sólo mediante lista de acuerdos. Así, se les dejará de remitir oficio para comunicarles el archivo definitivo pues ningún derecho procesal estará involucrado en la declaración en que cause estado esta determinación, de acuerdo al sentido del mismo. Lo anterior se adopta con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo el cual permite la aplicación de los principios generales del derecho ante la falta de disposición expresa en la propia legislación. Entonces, en supletoriedad a la Ley de Amparo se aplica el principio de economía procesal (menor trabajo y justicia más barata y rápida) Tal principio es consecuencia del concepto de que debe tratarse de obtener el mayor resultado con el mínimo empleo de actividad procesal. Aunado a lo anterior, tal determinación tiene la finalidad de economizar recursos materiales por lo que se hace saber a las autoridades (parte) que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará y se les notificará este acuerdo, en caso de desear conocer el estado de este juicio. Pese a lo anterior, dejo establecido que si alguna autoridad pidiera conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio donde lo solicite o de llegar a solicitarlo de forma económica al teléfono 01(222)2716973. Por último, cabe señalar que en nada se dio vista al ministerio público federal con los extremos previstos en el artículo 21 de la constitución federal, porque de la demanda de amparo en nada se advierten manifestaciones a la comisión de actos de tortura contra el propio quejoso.

  3. Principal

    Se agrega al expediente el oficio con anexo del Presidente de la Primera Sala en Materia Penal, por el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remite copia certificada del toca de apelación **. En consecuencia, doy a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionadas dichas constancias con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por lo que dado el volumen de las constancias remitidas por la autoridad judicial responsable, fórmese el cuaderno auxiliar I de pruebas relativo a este juicio constitucional, para lo cual deberá respetarse el folio, rúbrica y entresello de origen.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por **contra actos de los Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, y debido a que la demanda de amparo cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite. Se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apertura del incidente de suspensión. No se tramita incidente de suspensión porque la parte quejosa omitió solicitar la medida cautelar, y tampoco se advierte la hipótesis prevista en el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que se trate de un acto que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir el goce del derecho involucrado. Notificación del fiscal adscrito. Notifíquese en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de protección de derechos. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación . En este, deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. De ahí que se le envíe copia de la demanda, adjunta al oficio en donde se contiene esta determinación. También, deberá remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias y actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberá acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia . Se le apercibe que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá, a la omisa, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Solicitud de antecedentes. Por otra parte, si a la fecha cuando reciba la notificación de este acuerdo la autoridad responsable, ya hubiera dictado la resolución cuya omisión reclama el quejoso en la demanda de amparo, se le hace saber que deberá informarlo a éste juzgado y remitir la constancia que así lo acredite; así como de la notificación efectuada a la parte quejosa, para apoyar el informe justificado que rinda en este juicio. Incluso conviene indicarle que al dictar la resolución -mencionada en la demanda- puede evitar que se declare en la sentencia de este juicio, una violación al derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal. Se requiere a la autoridad responsable informe si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señale ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Gestiones para el emplazamiento de la parte tercera interesada. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que en su caso pudieran tener el carácter de terceros interesados (diversas a *** respecto de quien se proveerá su emplazamiento en líneas posteriores), así como remita las constancias necesarias relativas de donde se desprende tal información. Se apercibe a la autoridad responsable que si omiten cumplir lo ordenado en el presente párrafo en el plazo señalado, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar un hecho notorio el consistente en la carga de trabajo de la autoridad responsable, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Emplazamiento del tercero interesado. De la demanda de amparo, se advierte que le reviste el carácter de tercera interesada dentro de la causa penal ***; por lo tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se le tiene en su carácter de tercera interesada a la antes citada. En tales condiciones y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias se ordena emplazar a *** Por tanto, con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso c) y 16 de la Ley de Amparo, se ordena turnar los autos a uno de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que realice la diligencia de emplazamiento con copia de la demanda, del auto de admisión y de este proveído, en el domicilio indicado. Se hace notar al tercero interesado que el emplazamiento al presente sumario, le otorga el derecho a comparecer por escrito a este juicio con el carácter de parte, a aportar pruebas y alegatos para la solución de la controversia. Así mismo, le informe al tercero interesado que la vista otorgada, le permite consultar todas las constancias relacionadas con los actos reclamados, en las instalaciones de este juzgado. De igual suerte, se ordena a dicho actuario judicial que requiera a la mencionada tercera interesada, para que en el plazo de tres días siguientes al en que surta efectos el emplazamiento, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Puebla, Puebla o en su zona conurbada (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula o Cuautlancingo), así como la aperciba que de omitir hacerlo así, en el plazo otorgado para ese efecto, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, sin previo acuerdo se le harán por lista, en términos de los artículos 26, fracción III, 27, fracciones II, párrafo primero y III inciso a), aplicadas por analogía jurídica, así como 29, todos de la ley de la materia; asimismo les haga saber la fecha de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del uno de agosto de dos mil diecinueve. Emplazamiento del Fiscal tercero interesado. De igual manera, se ordena remitir oficio con copia de la demanda de amparo a la Agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, para que haga valer los derechos que le corresponden como autoridad tercera interesada, los cuales implican la posibilidad de formular alegatos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, enciso e), de la Ley de Amparo. Notificación de las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, se hace saber a la responsable, que en el presente juicio solo le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se le notificará por medio de lista que se fije en este juzgado de distrito . Además, de negarse a recibir alguna notificación ordenada en este juicio, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el actuario de este juzgado procederá a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación. Asimismo, como lo ordena el artículo 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Por tanto, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo que se encuentra al final de la minuta que se deje para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. Además, se requiere al actuario que deba notificar este acuerdo y las subsecuentes, para que en caso de que algún traslado u oficio carezca de la firma del secretario, lo haga saber de forma inmediata, en lugar de dejar pasar varios días, pues ese actuar contraviene la celeridad con la que se llevar el juicio de amparo. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos que tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente que deberán verificar los traslados y oficios de referencia; así como firmar el espacio relativo a su cargo en la minuta correspondiente, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Apercibimiento a la parte quejosa. Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se le apercibe que en caso de que las autoridades que designó como responsables no existan con la denominación referida o en la residencia indicada, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con éstas. Audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Omitir cumplir con lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición de una multa por el importe de treinta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio del quejoso el señalado en su escrito de demanda. Además, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y a las restantes personas (*** en términos restringidos del referido numeral. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).

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