José Luis Funes Pérez

Expediente 1098/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1098/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • José Luis Funes Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1098/2021-VIII. Puebla, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja -ya fuera de manera física o con los requisitos del artículo 3 de la Ley de Amparo, relativo a la firma electrónica-, contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a los quejosos. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar a los quejosos por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. JUICIO DE AMPARO 1098/2021. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo ), promovida por los quejosos , por su propio derecho, contra actos del Fiscal General , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por los quejosos comprenden todos aquellos actos que tiendan a detener y privar de la libertad a los quejosos o la orden de investigación, búsqueda, comparecencia, presentación, aprehensión, detención y reaprehensión, libradas en su contra por autoridades administrativas que solo son autoridades ejecutoras (Fiscal General del Estado de Puebla, Director de la Agencia Estatal de Investigación y Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla). Lo anterior es así, ya que como se observa de su escrito de protección, los quejosos señalaron como autoridades responsables y les imputó como actos reclamados, los que se citan a continuación: "...III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. b).- CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. c).- CIUDADANO DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO: a).- Del CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra libertad personal, tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la Autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. b).- Del CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra libertad personal, tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. c).- Del CIUDADANO DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA; señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra personal (sic), tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la Autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. d).- De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables reclamamos las consecuencias legales que se traducen en tenernos por señaladas como imputadas (sic), y/o pretender investigarnos y/o pretender privarnos de nuestra libertad personal injustificadamente." De modo que el reclamo planteado por los quejosos, está circunscrito a una orden de investigación, búsqueda, comparecencia, presentación, aprehensión, detención y reaprehensión, así como todo acto que tienda a detenerlos y privarlos de la libertad, emitidas por las autoridades administrativas que señalaron como responsables, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -octubre de dos mil veintiuno-3 hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclaman de las autoridades responsables (Fiscal General del Estado de Puebla, Director de la Agencia Estatal de Investigación y Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, como las que reclaman los quejosos, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial como las señaladas como responsables, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dichas autoridades ministeriales carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Similar situación ocurre con el acto relativo a la orden de presentación. Ello es así ya que la actuación ministerial relativa a la presentación de un imputado, no contravienen lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Federal, ya que el propósito de su emisión es para que comparezca el imputado ante el fiscal investigador. En otras palabras, su presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que la orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad radica en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden de presentación con fines de investigación reclamada por los quejosos, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte de considerar que el acto reclamado de manera destacada se trate del diverso acto, consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales4) para recabar entrevista; debe establecerse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Ello así se estableció en la tesis : "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Finalmente, por cuanto hace a lo que denomina los actos a que tiendan a detenerlo o privarlo de su libertad o cualquier acto de molestia, debe decirse que dicho señalamiento resulta ser ambiguo pues se desconoce a qué acto reclamado se refieren los quejosos con precisión, ya que la sola manifestación de cualquier acto de molestia genera inexactitud al respecto por lo que ese señalamiento resulta ser genérico y en consecuencia, improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXXIII, y 108 fracción VI de la Ley de Amparo, por ser imprecisa la manifestación respecto del señalamiento del indicado acto reclamado. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 108, fracción VI, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo de los quejosos * , porque los actos que reclaman - orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión, detención, presentación, comparecencia, investigación y todos aquéllos que tiendan a privarlos de su libertad, así como todo acto de molestia y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Domicilio físico y autorizados. Se tiene como domicilio físico de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, la persona nombrada por los promoventes en la demanda de amparo, porque no le otorgaron en forma expresa las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la ley de la materia. Notifíquese; de manera personal a los quejosos (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1098/2021. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Se recibe la demanda de amparo ), promovida por los quejosos , por su propio derecho, contra actos del Fiscal General , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por los quejosos comprenden todos aquellos actos que tiendan a detener y privar de la libertad a los quejosos o la orden de investigación, búsqueda, comparecencia, presentación, aprehensión, detención y reaprehensión, libradas en su contra por autoridades administrativas que solo son autoridades ejecutoras (Fiscal General del Estado de Puebla, Director de la Agencia Estatal de Investigación y Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla). Lo anterior es así, ya que como se observa de su escrito de protección, los quejosos señalaron como autoridades responsables y les imputó como actos reclamados, los que se citan a continuación: "...III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: a).- CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. b).- CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. c).- CIUDADANO DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, como Autoridad Ejecutora. IV.- ACTO RECLAMADO: a).- Del CIUDADANO FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra libertad personal, tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la Autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. b).- Del CIUDADANO DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra libertad personal, tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. c).- Del CIUDADANO DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA; señalado como Autoridad Responsable, reclamamos todos aquellos actos que tiendan a detenernos y privarnos de nuestra personal (sic), tratando de ejecutar la orden de investigación, y/o la orden de comparecencia y/o cita de comparecencia y/o la orden de presentación y/o la orden de busca y presentación y/o la orden de busca, aprehensión y detención y/o la orden de comparecencia y/o la orden de reaprehensión, a través de elementos a su cargo, ignorando los Suscritos la Autoridad que la decretó, la fecha de dicha orden, así como el Número de Proceso, y si ésta es verbal o escrita. d).- De todas y cada una de las Autoridades señaladas como responsables reclamamos las consecuencias legales que se traducen en tenernos por señaladas como imputadas (sic), y/o pretender investigarnos y/o pretender privarnos de nuestra libertad personal injustificadamente." De modo que el reclamo planteado por los quejosos, está circunscrito a una orden de investigación, búsqueda, comparecencia, presentación, aprehensión, detención y reaprehensión, así como todo acto que tienda a detenerlos y privarlos de la libertad, emitidas por las autoridades administrativas que señalaron como responsables, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -octubre de dos mil veintiuno-3 hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclaman de las autoridades responsables (Fiscal General del Estado de Puebla, Director de la Agencia Estatal de Investigación y Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, como las que reclaman los quejosos, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial como las señaladas como responsables, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dichas autoridades ministeriales carecen de facultades jurídicas para emitir una orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión o detención, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Similar situación ocurre con el acto relativo a la orden de presentación. Ello es así ya que la actuación ministerial relativa a la presentación de un imputado, no contravienen lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Federal, ya que el propósito de su emisión es para que comparezca el imputado ante el fiscal investigador. En otras palabras, su presentación jamás genera la obligación de que declare el imputado, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al imputado, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquel puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo anterior resulta patente que la orden de presentación no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, dado que en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, porque todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos con apariencia de delitos que es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad radica en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Luego, es válido afirmar que la orden de presentación con fines de investigación reclamada por los quejosos, encuentra una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual se obtiene de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu, y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte de considerar que el acto reclamado de manera destacada se trate del diverso acto, consistente en la citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales4) para recabar entrevista; debe establecerse -por una parte- que éste no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el agente del ministerio público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Ello así se estableció en la tesis : "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO". Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Finalmente, por cuanto hace a lo que denomina los actos a que tiendan a detenerlo o privarlo de su libertad o cualquier acto de molestia, debe decirse que dicho señalamiento resulta ser ambiguo pues se desconoce a qué acto reclamado se refieren los quejosos con precisión, ya que la sola manifestación de cualquier acto de molestia genera inexactitud al respecto por lo que ese señalamiento resulta ser genérico y en consecuencia, improcedente el juicio de amparo en términos del artículo 61, fracción XXXIII, y 108 fracción VI de la Ley de Amparo, por ser imprecisa la manifestación respecto del señalamiento del indicado acto reclamado. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 108, fracción VI, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo de los quejosos * , porque los actos que reclaman - orden de búsqueda, aprehensión, reaprehensión, detención, presentación, comparecencia, investigación y todos aquéllos que tiendan a privarlos de su libertad, así como todo acto de molestia y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento. Domicilio físico y autorizados. Se tiene como domicilio físico de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Asimismo, queda autorizada sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, la persona nombrada por los promoventes en la demanda de amparo, porque no le otorgaron en forma expresa las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la ley de la materia. Notifíquese; de manera personal a los quejosos (en su domicilio procesal, con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano