José Luis García Adame

Expediente 311/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
311/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2018

Partes del expediente

  • José Luis García Adame

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado 9287 mediante el cual se le comunico el archivo del presente asunto y se le devolvieron los autos del juicio ordinario civil reivindicatorio número 729/2015, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán y toca 2/2018 de su índice, de lo que esta potestad federal toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de trece de abril de dos mil dieciocho, que desechó de plano la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. En otro aspecto, toda vez que el Magistrado de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, anexó a su informe justificado el juicio ordinario civil reivindicatorio número 729/2015, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán y toca 2/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en razón de que este juicio de amparo ha concluido y resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, dentro del plazo de tres días, ya que de no hacerlo se tendrá por recibido a entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo directo 279/2018, del índice de ese tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos López Adame, en cuanto apoderado jurídico de José Luis García Adame, y juicio ordinario civil reivindicatorio número 729/2015, promovido por la parte quejosa frente a Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda y Jesús David Ávalos Linares del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán y toca 2/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; comunicado en el que manifiesta carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa en comento; en esas condiciones, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número IV-311/2018. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo del quejoso, se advierte que el peticionario de amparo precisó el acto reclamado en la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo el siguiente acto: La Resolución Definitiva dictada por la responsable con fecha 23 veintitrés de enero de 2018 dos mil dieciocho, dentro del procedimiento judicial con número de toca I-2/2018 formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, en contra de la sentencia definitiva pronunciada dentro del Juicio Ordinario Civil número 729/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán que, sobre reivindicación de inmueble y oras prestaciones, promovió José Luis García Adame" (Sic). De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, así como de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable se obtiene lo siguiente: I. El quejoso José Luis García Adame, por conducto de su apoderado jurídico Juan Carlos López Adame, promovió demanda en la vía sumaria civil sobre división de cosa común y otras prestaciones, en contra de Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y otras personas; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien lo radicó bajo el expediente 729/2015. II. Juicio subyacente en el que el juez primigenio una vez agotado el procedimiento dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la cual finalizó con los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Este tribunal resultó competente para conocer y resolver en definitiva la presente controversia. SEGUNDO. Se declara procedente la acción reivindicatoria que en la vía ordinaria civil, promovió José Luis García Adame, frente a Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda y Jesús David Ávalos Linares; y por ende, TERCERO. Se declara que el actor es el legítimo propietario de la fracción de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las calles de Juárez y Corregidora, número 313 trescientos trece, con frente a la calle Juárez, de la población de Purépero, Michoacán, cuyas medidas y colindancias han quedado precisadas en el cuerpo de esta resolución; por lo tanto, se condena a los demandados a la desocupación y entrega real y material de la fracción del inmueble que tiene en posesión, con todos sus frutos y accesiones, una vez que se cause ejecutoria este fallo. CUARTO. Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas que su contraria hubiera erogado con motivo de la tramitación de este juicio". IV. La sentencia dictada en primera instancia, fue recurrida por Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, por conducto de su apoderada jurídica Hermila Oropeza Alfaro medio de impugnación del que correspondió el conocimiento al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, radicándolo como toca I-2/2018 de su índice, el cual dictó ejecutoria el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en la que en su tercer considerando expuso lo siguiente: De todo lo anterior se obtiene que en los juicios reivindicatorios surge la existencia de un litisconsorcio, ya sea activo (de actores) o pasivo (de demandados), cuando habiendo ambas partes presentado título de propiedad, deriva de uno de ellos una copropiedad, pues si ésta supone un estado de indivisión en el que cada condueño ejerce su derecho, no sobre una parte determinada de la cosa, sino respecto de toda ella, es inconcuso que debe reconocerse al copropietario que no fue llamado a la contienda la facultad de acudir a la misma, en razón de que el derecho de propiedad al que se encuentra unido está siendo controvertido y, que el estudio que se realice de los títulos en la sentencia definitiva podría pararle perjuicio, por tanto, es imprescindible que se le cite al procedimiento, en cualquier etapa que éste se encuentre, a fin de que tenga la oportunidad de defender su causa y que, /o que ahí se decida, no restrinja sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, en franca violación a la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, si, en la especie, de las constancias de autos aparece que el actor José Luis García Adame compareció a reclamar de Jesús David Ávalos Linares y de Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, la reivindicación de una fracción de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las calles Juárez y Corregidora número trescientos trece 313, con frente a la calle Juárez, de Purépero, Michoacán, adjuntando a su demanda la copia certificada de la escritura privada número ciento cincuenta 150, que contiene el contrato de compraventa celebrado por Salvador Jiménez Naranjo, como vendedor, y por el citado García Adame, como comprador del inmueble que pretende reivindicar -fojas de la 7 a la 11 del expediente-, con la finalidad de justificar su propiedad; que, el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, al dar respuesta a la acción ejercitada en su contra, señaló, en esencia, que el bien raíz que él tiene en posesión, lo adquirió en copropiedad, junto con su hermano Alfredo Melgoza Sepúlveda, mediante la adjudicación que se les realizó en los juicios sucesorios intestamentarios a bienes de Elvira y Juan, ambos de apellidos Sepúlveda Cendejas, así como que para probar sus afirmaciones, exhibió las escrituras números mil seiscientos noventa y ocho 1,698, dos mil doscientos treinta y cinco 2,235, y dos mil doscientos treinta y seis 2,236, visibles en los folios del 98 al 124; y si, según se explicó con anterioridad, la figura jurídica del litisconsorcio obliga a que se llame a juicio a todas las personas que estén vinculadas con el derecho litigioso, a fin de que tengan intervención en defensa de sus intereses y, en consecuencia, puedan ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión debatida; entonces, ha de concluirse que en el juicio de origen se surte plenamente un litisconsorcio pasivo necesario respecto de Alfredo Melgoza Sepúlveda (quien aparece como condueño con el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, en las escrituras que éste presentó eh el sumario), merced a que la presencia de títulos de propiedad exhibidos por ambas partes, como ya se dijo, implica necesariamente emprender su estudio para determinar cuál debe prevalecer, lo que a su vez, conduce a llamar al controvertido a todos lo que aparecen como propietarios en tales instrumentos, como el citado Alfredo, toda vez que la declaratoria que se haga sobre la prevalencia de alguno de esos documentos podría afectar sus intereses, sobre todo, porque de los exhibidos por su condueño no se obtiene que se haya precisado con exactitud la porción del bien inmueble que a cada quien corresponde, por lo que de resultar procedente la acción y, por ende, condenar a los reos a entregarle al actor la fracción del predio que éste pretende, se le privaría de su derecho de propiedad respecto de esa porción; de aquí la importancia de que acuda a la contienda para el efecto de ser oído y vencido, en su caso (sic). Para finalizar con los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, se estimó innecesario el estudio y decisión de los conceptos de agravio expresados por la licenciada Hermila Oropeza Alfaro, en cuanto apoderada jurídica de Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda; en consecuencia: TERCERO. Se revoca la sentencia definitiva impugnada, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos insertos en la parte final del tercer considerando de esta ejecutoria. CUARTO. No se impone condena en costas de la alzada" (Sic). fijación del acto reclamado. De un estudio integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-2/2018, la cual tuvo por efecto revocar la sentencia dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ordinario civil 729/2015, para el efecto de que reponga el procedimiento e integre a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, que respectivamente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la promovente del amparo reclama la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-2/2018, la cual tuvo por efecto revocar la sentencia dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ordinario civil 729/2015, para el efecto de que reponga el procedimiento e integre a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda. Conforme a lo expuesto, se evidencia que el acto reclamado, esto es, la ejecutoria emitida dentro del toca civil I-2/2018, que se erige como acto reclamado, de ninguna manera constituye un acto cuyos efectos sean considerados de ejecución irreparable. Lo que se estima en ese sentido, toda vez que de acuerdo a lo narrado por el quejoso y las constancias que se tienen a la vista, se advierte que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, integridad personal, libertad o propiedad; sino, en todo caso, sólo produce afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues de la demanda de amparo se desprende que el promovente del amparo se duele de la resolución que determinó revocar la sentencia de primera instancia para ahora incorporar a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda a quien ordena se emplace para que comparezca al juicio subyacente en defensa de sus derechos, por tanto, resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales; y, en caso de trascender a su esfera jurídica, únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 172 de la Ley de Amparo. En efecto, el hecho de que se ordene llamar a juicio a Alfredo Melgoza Sepúlveda, como demandado en la controversia principal, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En esa línea de pensamiento, es palpable que el acto reclamado ante esta potestad federal, no produce afectación a derechos sustantivos, pues contrario a ello, la autoridad responsable ordenó integrar a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda, a fin de que no se violenten sus derechos y sea llamado a juicio. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, pronunció la tesis II.1o.C.4 K (10a.), en que analiza el tópico tratado en esta determinación, bajo el rubro y contenido siguiente: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal de persona no contemplada como demandada en el juicio, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede, encuentra sustento, en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En ese orden de ideas, dado que la resolución reclamada sólo trae como consecuencia que en el procedimiento de origen se llame a juicio a una persona vinculada con el bien en controversia, lo cual, se traduce en el derecho de audiencia y defensa de las partes e implica únicamente, base para la sentencia que, en su momento, se dicte, es evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre la parte quejosa una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. Sin que se inadvierta la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Pues como se expuso en líneas precedentes, ese criterio se fundó, en la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la cual, el artículo 114, fracción IV, no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender en él a los actos que afectan materialmente derechos sustantivos. Atento a lo anterior, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley; por lo cual, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Lo anterior, aunado a que en la ejecutoria de la Jurisprudencia que se estima inaplicable, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva procesal, era factible su impugnación en forma excepcional a través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo una sentencia favorable, es decir, la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto no se orientó en la circunstancia de que tal reposición del procedimiento para llamar al litisconsorte faltante afectara materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, sino en una cuestión meramente procesal que de acuerdo al contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo Abrogada, admitía en casos excepcionales la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no definía claramente lo que debía entenderse por ejecución irreparable, lo que si acontece con el ordinal 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado federal la jurisprudencia 2a./J.87/2016, de rubro y texto siguientes: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. La jurisprudencia antes citada establece que la impugnación en amparo indirecto de la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda. Sin embargo, la jurisprudencia antes transcrita no es aplicable en el caso que nos ocupa y, por tal motivo, sí resulta factible proveer en este momento sobre el desechamiento de la demanda. Esto se explica toda vez que la jurisprudencia de mérito parte de la premisa consistente en que, al momento de proveer sobre la demanda, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa únicamente se cuenta con el escrito inicial y las constancias allegadas por el quejoso, siendo necesario contar con las constancias que derivan del juicio principal, mismas que se obtienen con la rendición de los informes justificados. Pero en el caso que nos ocupa, sí se cuenta con los informes rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias del juicio subyacente, ya que la demanda de amparo fue presentada en la vía directa y, como consecuencia de ello, al turnarse la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito [quien declinó su competencia a este juzgado] éste remitió las constancias relativas al juicio subyacente que se tienen a la vista en este momento en que se provee sobre el desechamiento de la demanda. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica y en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a David López Adame toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS GARCÍA ADAME. Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo directo 279/2018, del índice de ese tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos López Adame, en cuanto apoderado jurídico de José Luis García Adame, y juicio ordinario civil reivindicatorio número 729/2015, promovido por la parte quejosa frente a Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda y Jesús David Ávalos Linares del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán y toca 2/2018 del índice de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; comunicado en el que manifiesta carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa en comento; en esas condiciones, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número IV-311/2018. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo del quejoso, se advierte que el peticionario de amparo precisó el acto reclamado en la forma siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable reclamo el siguiente acto: La Resolución Definitiva dictada por la responsable con fecha 23 veintitrés de enero de 2018 dos mil dieciocho, dentro del procedimiento judicial con número de toca I-2/2018 formado con motivo del recurso de apelación hecho valer por el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, en contra de la sentencia definitiva pronunciada dentro del Juicio Ordinario Civil número 729/2015 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán que, sobre reivindicación de inmueble y oras prestaciones, promovió José Luis García Adame" (Sic). De los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso, así como de las constancias que adjuntó a su informe justificado la autoridad responsable se obtiene lo siguiente: I. El quejoso José Luis García Adame, por conducto de su apoderado jurídico Juan Carlos López Adame, promovió demanda en la vía sumaria civil sobre división de cosa común y otras prestaciones, en contra de Ma. de los Ángeles Cárdenas Torres y otras personas; la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, quien lo radicó bajo el expediente 729/2015. II. Juicio subyacente en el que el juez primigenio una vez agotado el procedimiento dictó sentencia el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la cual finalizó con los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Este tribunal resultó competente para conocer y resolver en definitiva la presente controversia. SEGUNDO. Se declara procedente la acción reivindicatoria que en la vía ordinaria civil, promovió José Luis García Adame, frente a Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda y Jesús David Ávalos Linares; y por ende, TERCERO. Se declara que el actor es el legítimo propietario de la fracción de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las calles de Juárez y Corregidora, número 313 trescientos trece, con frente a la calle Juárez, de la población de Purépero, Michoacán, cuyas medidas y colindancias han quedado precisadas en el cuerpo de esta resolución; por lo tanto, se condena a los demandados a la desocupación y entrega real y material de la fracción del inmueble que tiene en posesión, con todos sus frutos y accesiones, una vez que se cause ejecutoria este fallo. CUARTO. Se condena a los demandados al pago de los gastos y costas que su contraria hubiera erogado con motivo de la tramitación de este juicio". IV. La sentencia dictada en primera instancia, fue recurrida por Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, por conducto de su apoderada jurídica Hermila Oropeza Alfaro medio de impugnación del que correspondió el conocimiento al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, radicándolo como toca I-2/2018 de su índice, el cual dictó ejecutoria el veintitrés de enero de dos mil dieciocho, en la que en su tercer considerando expuso lo siguiente: De todo lo anterior se obtiene que en los juicios reivindicatorios surge la existencia de un litisconsorcio, ya sea activo (de actores) o pasivo (de demandados), cuando habiendo ambas partes presentado título de propiedad, deriva de uno de ellos una copropiedad, pues si ésta supone un estado de indivisión en el que cada condueño ejerce su derecho, no sobre una parte determinada de la cosa, sino respecto de toda ella, es inconcuso que debe reconocerse al copropietario que no fue llamado a la contienda la facultad de acudir a la misma, en razón de que el derecho de propiedad al que se encuentra unido está siendo controvertido y, que el estudio que se realice de los títulos en la sentencia definitiva podría pararle perjuicio, por tanto, es imprescindible que se le cite al procedimiento, en cualquier etapa que éste se encuentre, a fin de que tenga la oportunidad de defender su causa y que, /o que ahí se decida, no restrinja sus derechos sin haber sido oído y vencido en juicio, en franca violación a la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, si, en la especie, de las constancias de autos aparece que el actor José Luis García Adame compareció a reclamar de Jesús David Ávalos Linares y de Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, la reivindicación de una fracción de la finca urbana ubicada en la esquina que forman las calles Juárez y Corregidora número trescientos trece 313, con frente a la calle Juárez, de Purépero, Michoacán, adjuntando a su demanda la copia certificada de la escritura privada número ciento cincuenta 150, que contiene el contrato de compraventa celebrado por Salvador Jiménez Naranjo, como vendedor, y por el citado García Adame, como comprador del inmueble que pretende reivindicar -fojas de la 7 a la 11 del expediente-, con la finalidad de justificar su propiedad; que, el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, al dar respuesta a la acción ejercitada en su contra, señaló, en esencia, que el bien raíz que él tiene en posesión, lo adquirió en copropiedad, junto con su hermano Alfredo Melgoza Sepúlveda, mediante la adjudicación que se les realizó en los juicios sucesorios intestamentarios a bienes de Elvira y Juan, ambos de apellidos Sepúlveda Cendejas, así como que para probar sus afirmaciones, exhibió las escrituras números mil seiscientos noventa y ocho 1,698, dos mil doscientos treinta y cinco 2,235, y dos mil doscientos treinta y seis 2,236, visibles en los folios del 98 al 124; y si, según se explicó con anterioridad, la figura jurídica del litisconsorcio obliga a que se llame a juicio a todas las personas que estén vinculadas con el derecho litigioso, a fin de que tengan intervención en defensa de sus intereses y, en consecuencia, puedan ser afectados en conjunto por la sentencia que decida la cuestión debatida; entonces, ha de concluirse que en el juicio de origen se surte plenamente un litisconsorcio pasivo necesario respecto de Alfredo Melgoza Sepúlveda (quien aparece como condueño con el codemandado Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda, en las escrituras que éste presentó eh el sumario), merced a que la presencia de títulos de propiedad exhibidos por ambas partes, como ya se dijo, implica necesariamente emprender su estudio para determinar cuál debe prevalecer, lo que a su vez, conduce a llamar al controvertido a todos lo que aparecen como propietarios en tales instrumentos, como el citado Alfredo, toda vez que la declaratoria que se haga sobre la prevalencia de alguno de esos documentos podría afectar sus intereses, sobre todo, porque de los exhibidos por su condueño no se obtiene que se haya precisado con exactitud la porción del bien inmueble que a cada quien corresponde, por lo que de resultar procedente la acción y, por ende, condenar a los reos a entregarle al actor la fracción del predio que éste pretende, se le privaría de su derecho de propiedad respecto de esa porción; de aquí la importancia de que acuda a la contienda para el efecto de ser oído y vencido, en su caso (sic). Para finalizar con los puntos resolutivos siguientes: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Por las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, se estimó innecesario el estudio y decisión de los conceptos de agravio expresados por la licenciada Hermila Oropeza Alfaro, en cuanto apoderada jurídica de Cuauhtémoc Melgoza Sepúlveda; en consecuencia: TERCERO. Se revoca la sentencia definitiva impugnada, para regirse en lo sucesivo por los resolutivos insertos en la parte final del tercer considerando de esta ejecutoria. CUARTO. No se impone condena en costas de la alzada" (Sic). fijación del acto reclamado. De un estudio integral de la demanda de amparo, analizada como un todo, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-2/2018, la cual tuvo por efecto revocar la sentencia dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ordinario civil 729/2015, para el efecto de que reponga el procedimiento e integre a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario, que respectivamente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y. De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la promovente del amparo reclama la sentencia de veintitrés de enero de dos mil dieciocho dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca civil I-2/2018, la cual tuvo por efecto revocar la sentencia dictada por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán dentro del juicio ordinario civil 729/2015, para el efecto de que reponga el procedimiento e integre a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda. Conforme a lo expuesto, se evidencia que el acto reclamado, esto es, la ejecutoria emitida dentro del toca civil I-2/2018, que se erige como acto reclamado, de ninguna manera constituye un acto cuyos efectos sean considerados de ejecución irreparable. Lo que se estima en ese sentido, toda vez que de acuerdo a lo narrado por el quejoso y las constancias que se tienen a la vista, se advierte que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor del promovente, como sería la vida, integridad personal, libertad o propiedad; sino, en todo caso, sólo produce afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Ello es así, pues de la demanda de amparo se desprende que el promovente del amparo se duele de la resolución que determinó revocar la sentencia de primera instancia para ahora incorporar a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda a quien ordena se emplace para que comparezca al juicio subyacente en defensa de sus derechos, por tanto, resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales; y, en caso de trascender a su esfera jurídica, únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 172 de la Ley de Amparo. En efecto, el hecho de que se ordene llamar a juicio a Alfredo Melgoza Sepúlveda, como demandado en la controversia principal, en modo alguno transgrede derechos sustantivos, requisito necesario para estimar la procedencia del juicio constitucional contra actos dentro de procedimiento, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos, y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza material de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En esa línea de pensamiento, es palpable que el acto reclamado ante esta potestad federal, no produce afectación a derechos sustantivos, pues contrario a ello, la autoridad responsable ordenó integrar a la relación jurídico procesal a Alfredo Melgoza Sepúlveda, a fin de que no se violenten sus derechos y sea llamado a juicio. Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, pronunció la tesis II.1o.C.4 K (10a.), en que analiza el tópico tratado en esta determinación, bajo el rubro y contenido siguiente: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal de persona no contemplada como demandada en el juicio, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede, encuentra sustento, en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En ese orden de ideas, dado que la resolución reclamada sólo trae como consecuencia que en el procedimiento de origen se llame a juicio a una persona vinculada con el bien en controversia, lo cual, se traduce en el derecho de audiencia y defensa de las partes e implica únicamente, base para la sentencia que, en su momento, se dicte, es evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre la parte quejosa una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. Sin que se inadvierta la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO". Pues como se expuso en líneas precedentes, ese criterio se fundó, en la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la cual, el artículo 114, fracción IV, no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender en él a los actos que afectan materialmente derechos sustantivos. Atento a lo anterior, respecto a la vigencia de la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, el artículo sexto transitorio del decreto de la nueva ley establece que: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley; por lo cual, el texto de la nueva ley no permite la aplicación de la jurisprudencia en comento, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable. Lo anterior, aunado a que en la ejecutoria de la Jurisprudencia que se estima inaplicable, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que aun cuando la resolución que ordena reponer el procedimiento para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, esto es, para llamar al juicio a todas aquellas personas demandadas, involucradas con la cuestión litigiosa, contrarias al interés de la parte actora, constituye una violación adjetiva procesal, era factible su impugnación en forma excepcional a través del amparo indirecto, por razón de afectar de manera exorbitante a la parte que obtuvo una sentencia favorable, es decir, la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto no se orientó en la circunstancia de que tal reposición del procedimiento para llamar al litisconsorte faltante afectara materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, sino en una cuestión meramente procesal que de acuerdo al contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo Abrogada, admitía en casos excepcionales la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, pues no definía claramente lo que debía entenderse por ejecución irreparable, lo que si acontece con el ordinal 107, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Tampoco pasa inadvertido para este juzgado federal la jurisprudencia 2a./J.87/2016, de rubro y texto siguientes: RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva. La jurisprudencia antes citada establece que la impugnación en amparo indirecto de la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda. Sin embargo, la jurisprudencia antes transcrita no es aplicable en el caso que nos ocupa y, por tal motivo, sí resulta factible proveer en este momento sobre el desechamiento de la demanda. Esto se explica toda vez que la jurisprudencia de mérito parte de la premisa consistente en que, al momento de proveer sobre la demanda, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa únicamente se cuenta con el escrito inicial y las constancias allegadas por el quejoso, siendo necesario contar con las constancias que derivan del juicio principal, mismas que se obtienen con la rendición de los informes justificados. Pero en el caso que nos ocupa, sí se cuenta con los informes rendidos por las autoridades responsables, así como las constancias del juicio subyacente, ya que la demanda de amparo fue presentada en la vía directa y, como consecuencia de ello, al turnarse la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito [quien declinó su competencia a este juzgado] éste remitió las constancias relativas al juicio subyacente que se tienen a la vista en este momento en que se provee sobre el desechamiento de la demanda. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica y en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a David López Adame toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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