José Luis Estrada Ávila
Expediente 1223/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1223/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Estrada Ávila
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que trascurrió el plazo legal para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de diez de los actuales, que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído de que se trata, para los efectos legales a que haya lugar. Como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y el mismo encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de DESTRUCCIÓN; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de la secretaria de acuerdos; mismo que fue notificado a las partes el dieciocho, diecinueve y veintiuno, siguientes (fojas 317, 320, 321 y 324). En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, debe decirse que por sentencia terminada de engrosar el trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 183 a 198), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, y confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de veinticuatro de noviembre del año inmediato anterior (fojas 242 a 264), pronunciada en el toca en revisión 81/2017, en la cual se concedió la protección constitucional al quejoso Manuel López Ruiz, para los efectos que se reproducen: "[.] que la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: Deje insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil dieciséis dictada en el toca penal 385/2015, y en su lugar emita otra con plenitud de jurisdicción, que podrá ser en igual sentido o en uno diverso, pero en la que resuelva integralmente sobre los agravios formulados por el procesado al interponer el recurso de apelación. [.] Concesión que se hace extensiva por cuanto se refiere al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, a quien se atribuye la calidad de ejecutora, al no reclamarse por vicios propios. Esto es, en la sentencia se determinó que ante la omisión en que incurrió la Sala responsable al dictar el fallo de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el toca penal 385/2015, que confirmó el auto de formal prisión pronunciado el veintinueve de agosto de dos mil quince por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelia, incumplió con el mandato legal previsto en el artículo 449 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán en la parte que establece que previo a emitir la calificativa de los agravios expuestos -fundados o infundados- debe realizarse el pronunciamiento y análisis respectivo, toda vez que soslayó dar respuesta a todos los agravios planteados por el procesado y ratificado en la audiencia final, de ahí que contravino el principio de congruencia y exhaustividad que toda resolución debe contener, el cual se encuentra establecido en el artículo 17 constitucional, motivo por el cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 265-266), se requirió su cumplimiento. Ahora bien, en acatamiento a la sentencia de amparo, el Magistrado la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, remitió los oficios 1545/2017 y 1596/2017 (fojas 278 y 280), mediante el primero, hace del conocimiento que por auto de siete de diciembre del año inmediato anterior, dejó insubsistente la resolución emitida el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el toca de apelación I-385/2015, y ordenó pronunciar una nueva; en tanto que con el segundo, anexó lo siguiente: Resolución de doce de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro de los autos del toca penal I-385/2015, que se integró con el recurso de apelación interpuesto por el quejoso y su defensor en, contra el auto de formal prisión pronunciado el veintinueve de agosto de dos mil quince por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelia, en el proceso penal 130/2015-II (fojas 281 a 314). Del examen de las documentales allegadas a este juzgado, las que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se hace patente que la sala responsable cumplió con el fallo protector, ello tomando en cuenta que el siete diciembre del año inmediato anterior, dejó insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil dieciséis y en su lugar -con plenitud de jurisdicción- el doce de diciembre siguiente, dictó otra -en igual sentido- bajo los términos siguientes: Previo a emitir la calificativa de los agravios expuestos, el Magistrado de la sala responsable, realizó una síntesis de éstos, de conformidad con la ejecutoria de amparo (foja 284). Luego realizó un pronunciamiento y análisis respectivo (foja 286 vuelta). Dio respuesta respecto a los agravios hechos valer en contra de la resolución impugnada, pues consideró que no asistía razón al asesor particular del inculpado y eran infundados (fojas 287 a 290, 291 vuelta, 303 vuelta). Asimismo, procedió a dar respuesta a cada uno de los agravios formulados por el inculpado que se dejaron de analizar y por los cuales se otorgó la protección constitucional, como se advierte a partir de la foja 307 a la 311). En los que finalmente, emitió contestación a la totalidad de los agravios planteados por el inculpado, en específico, como se puede advertir a fojas 312 y 313 de autos. Por ello, se concluye que la sala responsable al haber contestado y emitido un pronunciamiento -con un juicio reflexivo- respecto a los agravios que fueron materia de la concesiva de amparo, formulados en la audiencia final de apelación; pues debe decirse que dio respuesta a todos los puntos litigiosos, en cuanto que estableció: Respecto al primero en el que el inculpado alegó que no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos; la responsable adujó: que si bien, el quejoso fue demandado en el juicio ordinario civil 1013/2013, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este distrito judicial, por la agraviada en el proceso penal de origen, ello no implicaba que se le juzgara dos veces por el mismo delito, pues en el ordinario civil se ventilan cuestiones que afectan exclusivamente a particulares, y caen en el derecho privado, mientras que, en el proceso penal 130/2015, se dirimen cuestiones en las que existe un interés de la sociedad, por que en el caso se sanciona una determinada conducta que previamente ha sido tipificada como delito, por lo cual cae en el derecho público, de lo que resulta que se este frente a dos acciones distintas, que en su caso, pueden coexistir, sin que se traduzca en transgresión al principio no bis in ídem, contemplado en el artículo 23 constitucional. Por lo que hace al segundo agravio relativo a que el pliego de consignación careció de los requisitos de fundamentación y motivación previstos en el numeral 16 de la Carta Magna, estableció que: de la operación intelectual llevada a cabo del pliego de consignación de dieciocho de junio de dos mil quince, suscrito por la agente del Ministerio Público Investigador de la Agencia Décima de la Subprocuraduría Regional de Justicia en esta ciudad, dentro de la averiguación previa 900/2013-X-3, se desprendía que ejerció acción penal contra el solicitante del amparo, por fraude, previsto y sancionado por el artículo 324 fracción III del Código Penal del Estado; luego, además de describir los elementos que componen tal antijurídico, destacó contenido y valor del material probatorio obrante en la indagatoria, con los que estableció que se acreditó el hecho fáctico y evidenciaron los elementos constitutivos del delito imputado. Asimismo, que de acuerdo a los elementos de convicción obrantes en la averiguación previa y, los razonamientos que vertió el representante social, en los que especificó los hechos o la conducta imputada al quejoso, el grado de intervención de éste, así como los supuestos que contemplan las fracciones I, II y III, del Código de Procedimientos Penales del Estado, cumplió con las exigencias legales que debe contener el pliego de consignación presentado ante los tribunales. Ahora, en torno al tercer agravio, concerniente a que el fiscal consignador violó los principios de contradicción, equidad procesal y presunción de inocencia, pues acordó una petición realizada por la ofendida, a través de la cual ofreció pericial en ingeniería civil, sin que el ocurso tuviera firma, ni sello de recibido, infirió que: no se vulneró el principio de equidad procesal, toda vez que si bien, tal promoción no contó con firma ni sello de recibida dicho escrito, fue ratificado en la fecha de su presentación -catorce de noviembre de dos mil catorce- ante el representante social, actuación en la que obró, la firma de quien gestionó como el de la funcionaria pública, así como el sello de la institución; lo que -dijo- convalidó su presentación, y por ende, el ministerio público no actúo oficiosamente en el desahogo de tal prueba, sino a instancia del documento presentado por el apoderado de la ofendida. Después, -continúo- que no existió vulneración al principio de contradicción, respecto a que el licenciado Miguel Aguilar Meza, ofertó pericial en ingeniería civil, y el órgano acusador admitió inspección ocular, a la que mencionó el activo que no fue llamado; lo anterior, toda vez que la corrección que efectúo el fiscal respecto de la denominación de la prueba solicitada, no implicó que actúo contra el imputado, sino que fue una precisión técnica, tan es así, que la materia de la prueba, no obstante el cambio de denominación, fue la misma; además, dicho medio de convicción pudo ser controvertido por el acusado como por su defensa. Luego, en lo referente al principio de presunción de inocencia, estableció que no se vulneró, porque de los datos que emanaron de los elementos de prueba -hasta ese estadio-, devenían suficientes para hacer probable la responsabilidad de Manuel López Ruiz y, por tanto, existía soporte probatorio para emitir un acto de molestia en su contra, el que sólo era necesario para el inicio del proceso, en cuyo caso, la presunción de inocencia subsistía porque no existe resolución que sostenga la responsabilidad del enjuiciado. Por otra parte, en lo que respecta al agravio consistente en que no se acredita el cuerpo del delito imputado al quejoso, dedujo la Sala responsable que: resultaba improcedente, toda vez que el sujeto activo del delito, desde que contrató con la agraviada, decidió de manera dolosa disimular los desperfectos del objeto materia del acuerdo de voluntades -casa-, es decir, crear un escenario irreal, con matices existenciales auténticos que, por lo cautivadores, motivaron a la compra, en el caso a la víctima, a pagar el precio del inmueble sin advertir el ardid o artilugio empleado por el vendedor, lo cual, le reportó un lucro debido. Finalmente, en lo relativo al último de los agravios expresados -referente a la prescripción-, la responsable estableció que: la acción penal no se encuentra prescrita, porque de la fecha en que tuvo conocimiento la pasivo -seis de julio de dos mil trece- de los hechos que estimó constitutivos del delito, a la denuncia que formuló -diez de diciembre de esa anualidad-, no ha transcurrido el tiempo -un año- para que opere la prescripción, como erróneamente lo adujó la defensa del inculpado. Con lo cual, atendió en su totalidad los planteamientos de disenso vertidos por la parte apelante, y de acuerdo a los lineamientos de la ejecutoria concesiva del amparo, con plenitud de jurisdicción resolvió íntegramente sobre los agravios formulados por el inculpada al interponer el recurso de apelación. Por consiguiente, la que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo establecido en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues dejó insubsistente la resolución de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en el toca de apelación I-385/2015. Emitió otra -doce de diciembre del año inmediato anterior-, en la que con plenitud de jurisdicción resolvió -en igual sentido- íntegramente sobre los agravios formulados por la inculpada al interponer el recurso de apelación; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una resolución, emitir otra con plenitud de jurisdicción, en igual o diverso sentido, pero resolviendo íntegramente sobre los agravios formulados por la inculpada. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como lo relativo a los cuadernos incidentales, al igual que la devolución de las copias certificadas de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable en apoyo al informe justificado, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JOSÉ LUIS ESTREDA ÁVILA. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que la parte quejosa no desahogó las prevenciones formuladas en proveído de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, pese a encontrarse debidamente notificada para ello y ha trascurrido el plazo otorgado para tal efecto; consecuentemente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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