José Luis Florez Paez y Otros.
Expediente 296/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Luis Florez Paez y Otros.
- José Luis Florez Paez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante cinco años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de cuadernos incidentales Según lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, en cuanto al original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por haberse negado la suspensión definitiva solicitada. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese en lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada ***, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de junio de dos mil veintidós, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 296/2022-III, promovido por ******* y *******, contra actos del Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, todos del Estado de Chihuahua. Resultando PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito, en esta Ciudad, y turnado a este Juzgado ese mismo día, ******* y *******, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, todos del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó, los actos que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda: Mediante acuerdo de veintidós de abril de dos mil veintidós, previo cumplimiento a prevención realizada mediante auto de fecha doce de abril de mismo año, se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; de igual forma, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento y se emplazó a la tercero interesada. Asimismo, el nueve de mayo de dos mil veintidós, atento a las constancias que remitió el Titular del Juzgado Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad, se advirtió que el Actuario de esa adscripción tuvo intervención en los actos reclamados por la parte quejosa, por lo que se ordenó darle vista a fin de que manifestara si era su voluntad señalar a éste último como autoridad responsable; plazo que se tuvo por fenecido el siete de junio siguiente, sin que hubiere realizado dicha designación. Posteriormente, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación, se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio: "III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: En su carácter de ORDENADORAS y EJECUTORAS: a).- C. JUEZ NOVENO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRÍTO JUDICIAL BRAVOS, en su carácter de Ordenadora, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos en esta ciudad Juárez Chihuahua. b). C. JEFE DE LA CENTRAL DE NOTIFICADORES y MINISTROS EJECUTORES DE LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES POR AUDIENCIA DEL DISTRITO BRAVOS., en su carácter de Ejecutora, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y Aserraderos en esta ciudad Juárez Chihuahua. c).- C. JEFE DE LA OFICINA DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, como Ejecutora, con domicilio conocido en esta ciudad Juárez. Chihuahua IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Señalo como acto reclamado a la Ordenadora; Señalo como acto reclamado a la Ordenadora, se le reclama todas y cada una de las actuaciones practicadas en el expediente *******, llevadas a cabo a nuestras espaldas, así como todas la (actuaciones) que se realizaron con violación a las formalidades y principios esenciales del procedimiento, trasgrediendo igualmente las normas legales expedidas con anterioridad a dichos actos, lo que trajo como consecuencia la trasgresión de nuestras Garantías de audiencia, legalidad, certeza y seguridad jurídica así como a nuestros Derechos Humanos, puesto que, JAMAS fuimos EMPLAZADOS A JUICIO, ni oídos, ni vencidos dentro del procedimiento que se realizó en forma ilegal, lo que trajo como consecuencia, la trasgresión de nuestras Garantías de Audiencia, Legalidad, Certeza y Seguridad jurídica, así como a nuestros Derechos Humanos. De las Ejecutoras se reclama; a).- El cumplimiento dado a las órdenes de la autoridad señalada como ordenadora en el emplazamiento ilegal que no reúne los requisitos que marca la ley. b).- La o las notificaciones que se hubieren realizado supuestamente a los hoy Promotores de Amparo, para emplazarnos a juicio reclamado también de estas autoridades ejecutoras, todas las consecuencias que de hecho y por derecho se deriven por virtud de ese acto procesal. c).- Todos los actos y ordenes que se hayan dado, tendientes a la Ejecución de privarnos de nuestros Derechos de Propiedad, Posesión y demás Derechos derivados del juicio de referencia." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. I. El Jefe de la Central de Notificadores y Ministros Ejecutores de los Juzgados Civiles y Familiares por Audiencia del Distrito Bravos, del Estado de Chihuahua, al rendir su informe con justificación, negó la existencia del acto que se les reclama, consistente en la o las notificaciones que se hubieren realizado supuestamente a los quejosos, para emplazarlos a juicio, toda vez que esa autoridad es de naturaleza administrativa y dentro de sus funciones no se encuentra el realizar emplazamientos a juicio ni ningún tipo de actuaciones judiciales. La parte quejosa no exhibió prueba que desvirtúe tal negativa, por lo que debe tenerse como inexistente el acto que se atribuye a las citadas autoridades responsables. Tiene aplicación, se cita la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad señalada como responsables, Jefe De La Oficina Del Registro Público de la Propiedad, como Ejecutora, con domicilio conocido en esta ciudad Juárez, Chihuahua, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de abril del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se le endilga, a saber, los actos tendientes a cumplir con la orden de privarlos de sus derechos de propiedad. Por lo que se tiene por cierto el acto que se le atribuyó. Por lo que hace a la autoridad señalada como responsable, Juez Noveno Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, son ciertos los actos reclamados a la misma, en virtud de que así lo expresó al momento de rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora a su informe, consistente en copia certificada de constancias relativas al siguiente proceso: Juicio Oral Ordinario Civil con número de expediente *******, del índice del Juzgado Noveno Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, promovido por ******* apoderado de *******, en contra de ******* y *******. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: "DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.". QUINTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1). En el Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, mediante auto de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, se admitió demanda Ordinaria Civil, acción Reivindicatoria en contra de *******, así mismo en auto de fecha veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda, en contra de ******* y *******. 2). En fecha diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a juicio a la parte demandada *******, así mismo se emplazó por medio de instructivo a *******, el dieciocho de noviembre del dos mil veintiuno. 3). En auto de fecha siete de diciembre del dos mil veintiuno, se tuvo en tiempo y forma a ******* y a *******, contestando la demanda entablada en su contra, por medio de escrito recibido en Oficialía de partes el treinta de noviembre del mismo año. 4). El día dieciséis de febrero del dos mil veintidós tuvo verificativo la Audiencia Preliminar, en la cual se hizo constar la incomparecencia de las partes, así mismo el nueve de marzo del dos mil veintidós tuvo verificativo la audiencia de juicio. 5). Finalmente el veintiocho de marzo del dos mil veintidós se dictó resolución declarativa procedente en la cual se resolvió que la parte actora acredito la acción intentada y se le declaro legítimo propietario sobre el bien inmueble materia del juicio. 6). Según constancia actuarial, levantada dentro del expediente *******, exhibida por la tercero interesada, en fecha diez de mayo de dos mil veintidós, se puso en posesión material del bien inmueble marcado con el número *******, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, a la parte actora, hoy tercero interesada. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. No obstante la certeza de los actos reclamados, no se analizará su constitucionalidad, ya que el presente juicio deviene improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu, ya que la parte quejosa fue omisa en señalar como responsable a la autoridad que ejecutó el emplazamiento reclamado -y del que se hacen depender los restantes actos de autoridad. Dichos preceptos establecen: " 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los preceptos transcritos, se desprende que el juicio es improcedente cuando el quejoso en su demanda de derechos fundamentales no señala a la autoridad responsable que haya emitido, ordenado, ejecutado o trate de ejecutar el acto reclamado, pues, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de su actuar, porque no se le ha llamado al juicio y, por ende, no puede ser vencida en él. Ahora bien, en el caso concreto, la parte promovente reclamó el no haber sido emplazado a juicio, en el expediente Ordinario Civil *******, del Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos. De este modo, el nueve de mayo de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas las constancias que dan sustento al informe justificado que emitió la autoridad jurisdiccional señalada con antelación, advirtiendo la actuación del Actuario de esa adscripción, pues, de dichas constancias se desprende que, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, dicho funcionario realizó una constancia de notificación, dentro del citado expediente ordinario civil, mediante la cual, de manera personal, emplazó a juicio al hoy quejoso *******. Así mismo, de las copias certificadas en comento, se observa que en la misma fecha, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el fedatario público realizó una cita de espera para la diversa quejosa de nombre *******, la cual fue recibida por ******* y ante la falta de atención al citatorio previo, en fecha dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante instructivo, el actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, tuvo por emplazada a la parte demanda, aquí quejosa *******. Con motivo de ello, mediante auto de fecha nueve de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su voluntad señalar con el carácter de autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos; de lo cual quedó debidamente notificada mediante aviso de notificación de fecha once de mayo, el cual fue listado en fecha dieciséis de mismo mes, por lo cual, dicho plazo feneció el siete de junio, todos de dos mil veintidós, sin haberse pronunciado al respecto. Por tanto, no es jurídicamente factible examinar la constitucionalidad de la diligencia reclamada. Ello, porque proceder en esos términos se dejaría al Actuario adscrito al Juzgado Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, en completo estado de indefensión, al no darle la oportunidad de defender la legalidad de su actuación, precisamente, al no habérsele llamado al presente juicio. Entonces, dado que el Actuario judicial que, efectivamente, ejecutó el emplazamiento reclamado no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente asunto, es claro que se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, todos de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados a contrario sensu y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción V del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página sesenta y siete, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número setenta y cuatro, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, registro 213345, que señala: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal. De igual forma, en lo conducente apoya las consideraciones anteriores, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento trece, tomo IV, enero de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194684, de contenido siguiente (énfasis añadido): DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Sobreseimiento que deberá hacerse extensivo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, consistente en todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil *******, de su índice, ya que dicho acto no se le reclama por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento antes referido. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III del numeral 108 y fracción II del numeral 5°, 62, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ******* y *******, por las autoridades y actos señalados en el considerando tercero y cuarto de la presente sentencia, por las razones y argumentos precisados en el último. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado *******, hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en el presente juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso e) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el auto de ocho de junio del año en curso, en el cual se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de mayo del presente año, y se continuó con el trámite del presente juicio, únicamente respecto del acto, autoridades y los conceptos de violación indicados en su escrito inicial de demanda, en los términos ahí apuntados, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la audiencia constitucional; sin embargo, esta juzgadora no se está en aptitud legal de llevarla a cabo. Lo anterior es así, puesto que, en auto de ocho de los actuales se determinó continuar con el trámite del presente juicio, únicamente respecto del acto, autoridades y los conceptos de violación indicados en su escrito inicial de demanda, en los términos ahí apuntados, en razón de que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo. Ahora, a fin de que transcurra el término legal para que la parte quejosa esté en posibilidad de inconformarse con el presente auto, se difiere dicha audiencia constitucional, que habría de celebrarse en esta data y se fijan para su desahogo las diez horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. En ese sentido, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto, el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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