José Luis Flores García

Expediente 485/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
485/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • José Luis Flores García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de seis de los cursantes, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 485/2019-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El uno de julio de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la negativa que atribuyó al Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó: IV. ACTO RECLAMADO. La omisión y negativa que hizo el A quo al no aplicar de oficio la ley más favorable al reo con la facultad que le confiere la Ley para concederme algún beneficio de libertad anticipada como lo es: la libertad preparatoria o remisión parcial de la pena que establece el artículo 69, 70, 76, 80 y del artículo primero transitorio, inciso a) y b) de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de Chihuahua, Chihuahua, vigente en la época histórica en que se cometió el delito, por estar estos mismos numerales concatenados al precepto 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (sic) SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 8, 14, 17, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 485/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó del Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos: La omisión de aplicar la ley más favorable al quejoso, que se traduce en que el Juez le negó el beneficio de libertad anticipada, en sus modalidades de libertad preparatoria o de remisión parcial de la pena, en términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, vigente en la época en que se cometió el delito. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, Tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en su denominación correcta, al rendir su respectivo informe justificado negó haber incurrido en la omisión que le atribuyó el accionante del amparo. No obstante, entre las consideraciones en las que descansó su negativa, hizo saber a este Juzgado que, mediante resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de ejecución *******, relativa a la causa penal ******, se declaró sin materia el incidente relativo a la solicitud de otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que fue solicitada por el aquí quejoso; para tal efecto, la Responsable remitió las constancias que estimó necesarias para resolver el presente asunto, así como el registro de audio y video en disco versátil digital (DVD) de la audiencia en que se dictó la resolución en la que declaró sin materia el incidente de otorgamiento de beneficio preliberacional, de dieciséis de mayo del actual, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, tomo 1, de agosto de 2013, página 703, del rubro y texto siguientes: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En esta tesitura, la negativa sobre la existencia del acto reclamado se encuentra desvirtuada en el presente asunto y, por ende, debe tenerse por cierta la existencia de una determinación dictada en el incidente en que se solicitó el referido beneficio y que, independientemente de su sentido, tiene por efecto que el quejoso permanezca privado de su libertad, compurgando la pena que le fue impuesta. De ahí que se tenga por existente la omisión de aplicar la ley más favorable al quejoso, traducida en la negativa de otorgarle el beneficio de libertad anticipada, en sus modalidades de libertad preparatoria o de remisión parcial de la pena, en términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, vigente en la época en que se cometió el delito por el que se le sentenció (violación agravada). CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.] Del precepto transcrito se colige que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentra la relativa a la existencia de actos que hayan sido consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o un acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. La integración del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de amparo en la hipótesis que se analiza, conduce a formular dos nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento. Apoya la anterior conclusión, en lo conducente, la tesis aislada identificada bajo el consecutivo 13, aprobada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Séptima Época, Tomo VI, materia común, página 11, del siguiente tenor: ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria. En el caso, de las constancias que obran en el presente expediente, se deducen los siguientes antecedentes relevantes: 1. El veintidós de enero de dos mil catorce, se dictó sentencia condenatoria en el procedimiento abreviado que se instruyó contra el aquí quejoso, por la comisión del delito de violación agravada en perjuicio de una persona menor de edad, por el cual se le impuso una pena de seis años y ocho meses de prisión, computables a partir del catorce de junio de dos mil trece, negándosele el beneficio de la condena condicional. 2. Por auto de treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se inició el procedimiento de ejecución respectivo, bajo la carpeta de ejecución 264/2014. 3. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas responsable inició, a solicitud del sentenciado, el procedimiento relativo al otorgamiento de algún beneficio preliberacional a su favor. 4. En acuerdo de doce de junio de dos mil diecisiete, el Juez de ejecución señaló fecha para la celebración de la audiencia en que resolvería acerca de la solicitud de otorgamiento de un beneficio preliberacional que fue formulada. 5. Por escrito de catorce de julio del mismo año, la parte quejosa y su defensora particular presentaron escrito en el que desistieron de su solicitud, el cual se acordó favorablemente el catorce del mismo julio. 6. Mediante escrito fechado el quince de noviembre de dos mil dieciocho, el sentenciado nuevamente presentó un escrito en el que solicitó el otorgamiento de su libertad, en forma anticipada, a través de la remisión parcial de la pena. 7. Por auto de veintitrés de noviembre de aquel año (2018), el Juez de Ejecución dio entrada a la solicitud formulada y ordenó recabar los estudios de personalidad del sentenciado. 8. De manera paralela, en acuerdo de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, el Juez de Ejecución determinó que el procedimiento de ejecución que se le instruye al aquí quejoso debería continuar tramitándose conforme a la legislación aplicable al inicio del mismo, esto es, la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua. 9. En acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, el Juez responsable señaló fecha para la celebración de la audiencia en la que habría de determinar si resultaba o no procedente el otorgamiento de la libertad anticipada solicitada por el ahora quejoso. 10. En audiencia de dieciséis de mayo del actual, ante la presencia del Juez de Ejecución, el ahora quejoso y su defensora manifestaron lo siguiente: (...) Previo a hacer una breve reseña de la situación jurídica que guarda dicho sentenciado, se identifican en la presente audiencia. Sentenciado y peticionario de los beneficios José Luis Flores García. Defensora Pública Lic. *******. Su señoría nos vamos a desistir de la presente audiencia, en virtud de que mi representado viene sentenciado por un delito que viene restringido en el artículo 91 bis del Código Penal así como en el artículo 104 bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. - El de la voz: ¿está de acuerdo el sentenciado, con lo expuesto por su defensora?, - El sentenciado: sí, su señoría. En virtud de lo expuesto y fundado por la defensa, al adherirse el sentenciado a lo sostenido por la defensa técnica al no existir materia de debate, vamos a dar por concluida la audiencia (.) 11. Tal manifestación de la parte quejosa y de su defensora particular condujeron a sin materia la incidencia de otorgamiento de beneficio preliberacional que solicitó el aquí quejoso. La anterior narrativa pone de relieve que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia señalada al inicio de este considerando, en atención a que la negativa del otorgamiento del beneficio de libertad anticipada, en sus modalidades de libertad preparatoria o de remisión parcial de la pena, en términos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, vigente en la época en que se cometió el delito, que el quejoso alega como una omisión de aplicarle la ley más favorable, a juicio de quien esto resuelve constituye un acto consentido expresamente. En efecto, a juicio de esta resolutora, al desistirse de la incidencia tramitada ante la responsable, por considerar que el quejoso se encontraba sentenciado por un delito que se encontraba restringido por los artículos 91 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua y el diverso 104 bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, respecto de lo que el ahora quejoso manifestó su conformidad, constituyen manifestaciones de la voluntad que entrañan el consentimiento de la negativa que reclamada. En efecto, si lo que se reclama en el presente juicio de amparo es lo que el solicitante del amparo es lo que considera como la omisión de aplicarle la ley más favorable al quejoso, que se traduce en la negativa de haberle otorgado el beneficio de libertad anticipada, es evidente que al haberse desistido del incidente en que aquél se le pudo haber otorgado, por considerar que no se ubica en las hipótesis legales en que ese beneficio resulta procedente, es claro que el solicitante del amparo ya exteriorizó su voluntad y estuvo de acuerdo o conforme con el hecho de que no es procedente que se le otorgue el beneficio que solicitó y, respecto de lo cual, el Juez lo tuvo por conforme; por ende, existe una manifestación expresa de voluntad que entraña el consentimiento del hecho de que no es procedente el otorgamiento de la libertad anticipada que solicitó; de ahí que el presente juicio de amparo deviene improcedente. En las apuntadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se impone sobreseer en el presente juicio. No obsta a lo anterior que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento lo antes señalado, en el criterio proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la solicitante de amparo, porque si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente; de ahí que la procedencia del juicio de amparo es de orden preferente, al análisis de la posible transgresión de un tratado internacional. Apoya esta consideración la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, materia constitucional, página 890, del siguiente tenor: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 485/2019-II, promovido por *******. Notifíquese; personalmente al quejoso, en el lugar en que se encuentra recluido. Lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de nueve de julio de dos mi diecinueve, y con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el licenciado *******, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Notifíquese; personalmente al quejoso y por oficio a su defensora pública, Lic. *****************. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *************. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 485/2019-II. Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas del seis de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación el cual deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que en relación con este expediente se le dirija, en el entendido que de negarse a recibirlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Ahora, toda vez que el quejoso manifiesta que se encuentra compurgando la pena impuesta en la causa penal *******, actualizada en la carpeta de investigación ******* del índice del Juzgado Primero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos; este Juzgador considera que le reviste el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al citado órgano, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, que establece: 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. En razón de lo anterior, con el propósito de integrar debidamente el presente juicio, con copia de la demanda de amparo, emplácese al presente juicio a la representación social de referencia. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora, en virtud de que el quejoso informa que su defensora es la Pública Penal adscrita al Juzgado Primero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, licenciada *******; se ordena notificar a la citada defensora el contenido del presente acuerdo y demanda que lo origina, haciéndole de su conocimiento que de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se le designa como asesora jurídica del justiciable en el presente asunto y se le requiere para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, comparezca ante este órgano jurisdiccional a protestar el cargo conferido, apercibida que en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional); conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 43/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación, del rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y tercero interesada, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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