José Luis Flores Partida
Expediente 602/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Luis Flores Partida
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 22 a 30), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte promovente por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro del juicio de amparo 602/2016, que dice: "I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con sede en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y otra autoridad. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 602/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente reclama de las autoridades responsables denominadas Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo y Delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; los actos consistentes en: "Del C. GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL DELEGACIÓN REGIONAL DE COAHUILA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, le reclamo: La inmovilización de cuentas bancarias, dinero, bienes inmuebles, cartera, bienes muebles, negociación y acciones, bonos, valores, etc; orden verbal o por escrito girada por el C. Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con Residencia en Saltillo Coahuila, para efecto de que se embarguen, congelen e inmovilicen los fondos existentes en la cuenta bancaria 0216173567 Del Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple para mayor proveer identificado como BANORTE Sucursal Ciudad Acuña Coahuila, Institución de Crédito que recibió por parte del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores el oficio N-16075291 INFOCOAHINMOV/1415/16290716. Del C. DELEGADO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES CON SEDE EN ESTA CIUDAD DE MEXICO D.F., le reclamo: El cumplimiento que efectúo a la orden por escrito que giro el C. Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con Residencia en Saltillo Coahuila, por la cual ordeno a la Institución Bancaria para efecto de que se embarguen, congelen e inmovilicen los fondos existentes en la cuenta bancaria 0216173567 Del Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple para mayor proveer identificado como BANORTE Sucursal Ciudad Acuña Coahuila" En ese sentido, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: *** Además, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos tres, tomo XIV, octubre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: *** En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualizan la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de los numerales invocados, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El artículo 107 de la Constitución Federal establece los principios fundamentales y bases generales para la procedencia del juicio de amparo, consagrando entre otros, en su fracción III, inciso b), el principio de definitividad, el cual estriba en que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, o que procediendo, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos, de no haberse obtenido la reparación solicitada, consistiendo su principal objetivo el de preservar al juicio constitucional como un medio de defensa extraordinario al que debe acudirse sólo cuando ya no exista ante la potestad común la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. De modo que aquellas resoluciones o determinaciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales recursos o medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo, sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios ordinarios de defensa. La causa de improcedencia contenida en el precepto legal trascrito, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar y nulificar la resolución o acto que lo lesiona. Por otro lado, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. La determinación en comento, que se consagra en forma específica en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, opera para los actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal, susceptible de modificarlos, revocarlos o anularlos; con ello, se da oportunidad al gobernado que interviene dentro de uno de esos procedimientos administrativos o de trabajo, para que antes de acudir a la instancia extraordinaria de análisis constitucional, se agoten los recursos ordinarios que puedan hacer cesar, con un estudio de legalidad, la violación de la que se queja el gobernado que se aduce agraviado. Uno de los axiomas que rigen la procedencia del juicio de amparo, lo constituye el reglamentado por el artículo antes trascrito, que es el que se denomina de definitividad; esto es, el juicio de amparo no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establece, y que tengan por objeto modificarlo, revocarlo o nulificarlo, lo que quiere decir, que el acto reclamado debe ser definitivo, en el sentido de que mediante el sistema ordinario ya no se pueda anular. Así lo estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCVII, página dos mil seiscientos setenta y cinco, de la Quinta Época, materia común, Civil, registro número 345720, del rubro y texto siguientes: *** En relación con lo anterior, importa mencionar que en materia administrativa, cuando los actos son emitidos por autoridades distintas a las judiciales -como sucede en el caso- en ocasiones existe la posibilidad de su impugnación en la propia sede administrativa, generalmente ante el superior jerárquico o autoridad designada por la norma para conocer del recurso relativo, o bien, a través del juicio de nulidad ante los tribunales contenciosos administrativos instituidos para tal efecto, siendo factible que, por su distinta naturaleza impugnativa, es posible que los recursos administrativos y los juicios de anulación no se encuentren regulados en un mismo ordenamiento legal. Ahora, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. El marco normativo que rige para el recurso ordinario conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo fue modificado a partir de la reforma de diez de diciembre de 2010, el cual debe ser interpretado en relación con lo dispuesto en los artículos 116, 117, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación. Al respecto, el artículo 116 del código tributario establece que contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación, y el artículo 117 de la citada legislación prevé las diversas resoluciones y actos contra los que se puede interponer dicho medio de defensa en sede administrativa, tal como se verá a continuación: "Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código." El precepto legal referido establece la regla general de procedencia del recurso de revocación, estableciendo supuestos que pueden dividirse en dos grupos, en el primero se encuentran las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que pueden impugnarse a través del citado medio de defensa; en tanto que en el segundo se precisan los actos de las referidas autoridades que pueden ser materia del recurso en comento, entre los que destacan aquellos que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, y que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución; así como los que se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se argumente que éste no se ha ajustado a la ley. El artículo 121 del Código Fiscal de la Federación prevé el plazo en que debe interponerse el recurso de revocación. "Artículo 121. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala. El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de correos a las oficinas postales del Servicio Postal Mexicano y aquellas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación." Es patente que el recurso de revocación debe interponerse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, por regla general, dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto impugnado, salvo las excepciones previstas en los artículos 127 y 175 del Código Fiscal de la Federación. "Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta." "Artículo 175. La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el reglamento de este código y en los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente al embargado el avalúo practicado. El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso d) del artículo 117 de este código, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores señalados en el reglamento de este código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad. Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en el reglamento" De los preceptos legales invocados se advierte que los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 121 del Código Fiscal de la Federación, respecto del plazo para interponer el recurso de revocación, consisten en los casos en que se pretende recurrir actos dictados en el procedimiento administrativo de ejecución, por no haberse ajustado a la ley (violaciones cometidas hasta antes del remate) así como cuando el embargado o terceros acreedores no estén conformes con la valuación practicada del bien embargado; en esta última hipótesis el recurso de revocación debe interponerse dentro del plazo de diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la resolución relativa. El artículo 127 del Código Fiscal de la Federación establece, como regla general, que cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria; empero, también prevé dos hipótesis de excepción a la mencionada regla general de procedencia, a saber, la primera se actualiza cuando se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables; en tanto que la segunda se surte cuando se esté en presencia de actos de imposible reparación material. Asimismo, el propio numeral establece que en los dos últimos supuestos excepcionales, el plazo para interponer el recurso de revocación se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo. En relación con este tipo de actos, es pertinente puntualizar que la regla de excepción al plazo previsto en el artículo 127 del Código Fiscal de la Federación, no opera respecto de cualquier tipo de embargo, sino únicamente para aquellos que han recaído sobre bienes inembargables y que, en los demás supuestos, rige el plazo genérico de impugnación hasta antes de la convocatoria de remate. Como se advierte del contenido de los numerales invocados, el acto que se reclama a las autoridades responsables denominadas Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional de Coahuila del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza y Delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, el cual ya quedo precisado en párrafos precedentes, es acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, en las condiciones y plazos que ya han quedado precisados. En tales términos, ante la determinación de las autoridades administrativas de fincar un crédito fiscal y ordenar la inmovilización de la cuenta bancaria 0216173567, el gobernado afectado tiene a su alcance el recurso de revocación, el cual, puede agotarse previamente antes de acudir al juicio contencioso administrativo. Esto, en virtud de que este medio de impugnación es de naturaleza optativa, en términos del diverso artículo 120 del Código Fiscal de la Federación, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." De lo anterior se sigue que el medio ordinario de defensa carece de obligatoriedad y que su ejercicio es opcional y, en tal medida, no es exigible para el gobernado, de manera que si decide no agotarlo, tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ambos casos, esto es, bien en el recurso de revocación, o bien, en el procedimiento contencioso administrativo, existe la posibilidad de suspender el acto, pues en las dos vías rige lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que la letra dice: "Artículo 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y 2. Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado instructor o quien lo supla. III. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme. b) Se tramitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado instructor. c) El Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud. d) El Magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con el acto reclamado puede encontrar reparabilidad haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto, o bien, a través del juicio contencioso administrativo y, en su caso, a través de la vía uniinstancial. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 18/2015 (10a.), en materia administrativa, visible en la página 1377 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, Registro: 2008718, cuyo rubro y texto son: *** Cobra vigencia la jurisprudencia VI.3o.A.J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1470 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo 3, Décima Época, Registro 2004254, cuyo rubro y texto establecen: *** Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. IV. Domicilio y autorizado del promovente. Se tiene a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle De la Fuente, número 616 poniente, en Villa de Fuente, en esta ciudad y designado como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***. V. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se comisiona al oficial administrativo correspondiente para realizar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones de sentencias y toda información relacionada con el expediente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. VI. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente"; lo anterior, por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
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notificación personal
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