José Luis Fernández Acuña
Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Luis Fernández Acuña
Actuaciones
- Principal
1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por -....., contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1124/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: 3.1 Autoridades responsables. i) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México; ii) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; iii) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Morelia Michoacán; iv) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Querétaro, Querétaro; v) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes; vi) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Guadalupe, Zacatecas; vii) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en San Luis Potosí; viii) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; ix) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Guadalupe, Nuevo León; ix) Encargado/a de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; 3.2 Actos reclamados: i) La posible detención que puedan ser objeto los quejosos por parte de agentes de migración en los puntos de revisión y verificación en el territorio mexicano. ii) La posible privación de la libertad personal y/o aseguramiento ilegal y/o presentación ante el Instituto Nacional de Migración que puedan ser objeto los quejosos, además de los señalados en el numeral 22 de la Carta Magna, que pudieran ser ejecutadas por conducto de los servidores públicos de ese instituto, comisionados a las acciones de control y verificación migratorias. iii) El temor fundado a ser deportados al país de origen. iv) La posible incomunicación de los quejosos por parte de la autoridad ejecutora. v) La restricción al derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio mexicano, del cual pudieran ser objeto al detenerlos y/o asegurarlos y/o presentarlos ante el INM, a pesar de tener oficio de salida del país número ....., el cual les otorga 20 días para abandonar el país por el lugar destinado al tránsito internacional de personas. 3.3 Antecedentes. La parte promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los quejosos J...., son de nacionalidad cubana, quienes fueron detenidos el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós por elementos del Instituto Nacional de Migración y permanecieron en la Estación Migratoria de Chetumal, Quintana Roo hasta el veintiocho de septiembre de este año, los cuales solicitaron su salida voluntaria del país, por lo que, la autoridad migratoria les otorgó el oficio de salida número ....., mediante el cual les otorgó un plazo de 20 días naturales para abandonar el país. Asimismo, del análisis íntegro de su demanda de amparo se advierte que su reproche consistente en que corren el riesgo de que dentro de ese plazo de veinte días que les otorgó la autoridad migratoria para abandonar el país, puedan ser detenidos por agentes de migración en cualquiera de los puntos de revisión y verificación que se encuentran a lo largo del país, puesto que se encuentran en trayecto para despedirse de sus familiares antes de salir definitivamente del país. 4. Causal de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. 4.1 Actos futuros e inciertos. De acuerdo con la causal prevista en las fracciones XII, se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Para demostrar lo anterior, debe precisarse que en el caso, en atención a las manifestaciones realizadas por la propia parte promovente bajo protesta de decir verdad, en relación a los antecedentes del acto reclamado, aduce que los quejosos directos se encuentran en trayecto para despedirse de sus familiares antes de salir definitivamente del país y corren el riesgo de que en el plazo de veinte días que se les otorgó para abandonarlo, sean detenidos por agentes de migración en cualquiera de los puntos de revisión y verificación que se encuentran a lo largo del país Lo que es indicativo de que los actos reclamados aún no se han llevado a cabo, sino que se trata de actos futuros de realización incierta, respecto de los cuales no procede el juicio de amparo, toda vez que el agravio que da derecho a instar esta vía constitucional debe ser directo y actual, es decir, de realización presente o pasada. Ello, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no acontece, pues la circunstancia de que la promovente aduzca que los quejosos directos se encuentran en trayecto para despedirse de sus familiares antes de salir definitivamente del país y que en el plazo de veinte días que se les otorgó para abandonarlo, puedan ser detenidos por agentes de migración en cualquiera de los puntos de revisión y verificación que se encuentran a lo largo del país, no implica, ni de suyo ni de facto, que las autoridades que señala como responsables vayan a realizar los actos que les reclama. Por lo anteriormente expuesto es dable dejar establecido que la vía constitucional intentada por la promovente, se encuentra fundamentada únicamente en suposiciones y no con datos veraces y objetivos, como se ha mencionado con anterioridad. De ahí que se considere dichos actos reclamados como futuros de realización incierta, pues no existe dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que los actos impugnados puedan llegar a existir. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. De ello, es claro que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, no le causan un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que, los actos que en este punto se estudian, no son inminentes, al no existir certeza de que se vayan a ordenar y menos ejecutar. Este criterio ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis. 5. Desechamiento. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 6. Autorizados para notificaciones. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ...... y E....., por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Régimen Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Registro Electrónico. 6.1 Consulta y notificaciones electrónicas. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta y notificaciones electrónicas al usuario ''...''. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente el citado usuario; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.2 Instrucción al Oficial Judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 6.3 Correo electrónico y número de teléfono. Se tiene a la promovente proporcionando como correo electrónico y número de teléfono los que señalan en su escrito, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 7. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 8. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley.
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