José Luis Contreras Ortiz
Expediente 998/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Luis Contreras Ortiz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo en que se actúa, promovido por José Luis Contreras Ortiz. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 998/2018, promovido por José Luis Contreras Ortiz, contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Zamora, Michoacán, José Luis Contreras Ortiz, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Fiscal Regional de Zamora, Michoacán y otras autoridades, consistentes en el pretende detenerlo fuera de todo procedimiento judicial. Por auto de esa misma fecha el referido órgano jurisdiccional tuvo por recibida la demanda, proveyendo sobre la medida cautelar provisional y ordenó remitir dicho asunto al Juzgado de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad; hecho que fue, el veintisiete de noviembre pasado, la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, tunó a este órgano jurisdiccional dicha demanda al día siguiente hábil, registrándose en este juzgado con el número de amparo IV-998/2018. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veintinueve de noviembre de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con la misma con el número de expediente 998/2018; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue levantada por Marbella Juárez García, Secretaria autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", para fungir como Encargada del Despacho, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48 y 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de autoridades del orden penal que tendrán verificativo dentro del territorio sobre el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Conforme lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", este órgano jurisdiccional precisa el acto que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, conforme la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, el cual consiste en: I. Pretender detenerlo fuera de todo procedimiento judicial. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado las autoridades señaladas como responsables, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de ellas, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en la misma se contengan. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Contreras Ortiz, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el considerando cuarto de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada Marbella Juárez García, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargada del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6638/2018, signado por el Secretario de Apoyo B adscrito a la secretaría técnica, en ausencia del secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 998/2018. NO SE HACE NECESARIO SOLICITAR INFORMES Sin que haya lugar a solicitar informe previo a las autoridades responsables Fiscal Regional de Justicia, Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional y Director de Seguridad Pública Municipal, todos con residencia en Zamora, Michoacán, toda vez que éstos ya fueron rendidos y remitidos por la autoridad auxiliar, por lo que, en términos del artículo 140, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con los mismos, sin perjuicio de hacer relación de dichos informes, en la audiencia incidental correspondiente. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del seis de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la orden de detención y su ejecución. Ahora, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Zamora, Michoacán, se advierte que actuando en auxilio de la Justicia Federal, mediante proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por José Luis Contreras Ortiz contra actos del Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán y otras autoridades y en ese propio auto, con apoyo en el artículo 125 de la Ley de Amparo, al estimar que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por haberlo solicitado el promovente, le concedió la suspensión provisional del acto reclamado. En virtud a lo anterior y debido a que la autoridad auxiliar concedió la medida suspensional de manera provisional, es menester dejar sin efectos dicha concesión y proveer lo conducente, en los siguientes términos: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En ese orden de ideas, teniendo en consideración que el quejoso reclama la orden de detención librada en su contra, así como su materialización de las responsables ejecutoras y, por lo tanto, se satisface el requisito que contempla el artículo 128, fracción I, en relación con el diverso 131, ambos de la ley de Amparo, pues el quejoso solicita expresamente la suspensión del acto reclamado; además de que con la concesión de la medida no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y de no otorgarse la misma, con la ejecución del acto se causarían al promovente daños y perjuicios de difícil reparación; por tanto, se concede a José Luis Contreras Ortiz la suspensión provisional de los actos reclamados, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte en autos sobre la suspensión definitiva, para los siguientes efectos: a) En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. b) Si ya fue ejecutado y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea consignado ante el Juez correspondiente o puesto en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que la imputada sea puesta a disposición del Ministerio Público que corresponda. c) En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En la inteligencia que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberán ser puesto en libertad. d) En cualquier caso distinto de los anteriores, en los que el Ministerio Público restrinja la libertad del quejoso, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarlo ante un Juez, según proceda. Con fundamento en el artículo 162, de la Ley de Amparo y como medida para asegurar que el quejoso no evada la acción de la justicia, se decreta que el impetrante del amparo deberá comparecer cuantas veces sea citado por el Ministerio Público, para colaborar en la investigación con la cual se encuentre relacionada y ante este órgano jurisdiccional, cuantas veces le sea exigido, apercibido que de incumplir con cualquiera de esta prevenciones, la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto reclamado. La suspensión que se concede no producirá el efecto apuntado, si el delito del cual deriva el acto reclamado es de los señalados como de prisión preventiva oficiosa, en cuyo caso, este mandamiento no impide que el quejoso sea privado de su libertad personal, pues la suspensión sólo producirá el efecto de que quede a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar donde deba ser recluida, en cuanto a su libertad personal y a la del juez de la causa, por lo que respecta a la secuela del procedimiento respectivo, en términos del artículo 136, párrafo quinto, de la ley de Amparo. En la inteligencia de que si el acto reclamado emana de una orden o medida de protección dictada en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por la autoridad judicial, no procederá la medida suspensiva que se otorga; lo anterior, en términos del artículo 128, fracción II, última parte, de la ley de Amparo. Asimismo, si los actos reclamados son por algún delito que de acuerdo a la Constitución Federal y Leyes Ordinarias aplicables, prohíban o no autoricen por la gravedad del mismo, el beneficio de la libertad provisional bajo caución, y la autoridad ministerial responsable motive y funde la urgencia o la flagrancia en el mandamiento, la suspensión producirá el efecto de que, una vez que sea detenido el quejoso, queda a disposición de este Juzgado Tercero de Distrito, en el lugar en que sea recluido y, a disposición de la autoridad responsable para los efectos de la continuidad del procedimiento del que derive dicho mandato restrictivo de la libertad, quien deberá consignar al quejoso ante el juez que corresponda dentro del término de cuarenta y ocho horas siguientes a su detención o de noventa y seis en caso de delincuencia organizada, o en su caso, la ponga en libertad bajo su más estricta responsabilidad, acorde con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. La medida cautelar que se concede, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si el quejoso no exhibe ante y a satisfacción de este juzgado y dentro del término de CINCO DÍAS, garantía por la cantidad de $900.00 (novecientos pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante el quejoso, o en cualquiera otra de las formas establecidas por la ley, pues de lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables que quedarán en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Dicha suma se fija, de manera discrecional, en atención a lo dispuesto por el artículo 162, en concordancia con el diverso 168 de la ley de Amparo, tomando en consideración que al presumirse cierto el acto reclamado en relación a la autoridad responsable por la que se concede la presente medida cautelar, no hay certeza del tipo de ilícito que presumiblemente pudo haber cometido el quejoso, y dados los pocos datos objetivos con que se cuenta, se ejerce el arbitrio judicial para fijar la cantidad de la medida de aseguramiento que nos ocupa. Aunado a que con base en los datos aportados por la parte quejosa, no se advierte que dicha garantía no sea accesible para el amparista y por el contrario, se estima que la suma fijada permite garantizar el fin perseguido, esto es, que éste no se sustraiga de la acción de la justicia y sea devuelto a la autoridad que le inició el procedimiento; sin perjuicio de aumentarse o disminuirse al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, según los elementos que las partes alleguen al presente incidente. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/1996, del rubro siguiente: "Tesis: 1a./J. 16/97 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 198729 Primera Sala Tomo V, Mayo de 1997 Página 226 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSION PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATANDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." Contradicción de tesis 33/96. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Cuarto Circuito. 16 de abril de 1997. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Teódulo Angeles Espino. ": La concesión de la presente medida cautelar, no surtirá ningún efecto legal si los actos reclamados provienen de autoridades distintas de la señalada como responsable; o bien, si se le sorprende en la comisión flagrante de delito, o se encuentren en alguno de los supuestos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional. La medida suspensiva se concede, sin que se constriña al quejosa para que acuda ante la autoridad responsable, debido a que tal cuestión es exigible hasta que se tenga certeza sobre la existencia de los actos reclamados, al tenor de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 79/2007-PS, de la siguiente literalidad: "Tesis: 1a./J. 149/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 170432 Primera Sala Tomo XXVII, Enero de 2008 Página 371 Jurisprudencia (Penal) SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. Contradicción de tesis 79/2007-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías.". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Visto el oficio número 1693 de veinte de noviembre en curso, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de Zamora, Michoacán, mediante el cual remite el original de la demanda de amparo promovida por José Luis Contreras Ortiz contra actos del Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán y otras autoridades; auto de recepción de demanda de fecha trece de noviembre en curso; así como los informes rendidos por las responsables. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Admítase la demanda de amparo promovida por José Luis Contreras Ortiz contra actos del Fiscal Regional de Justicia de Zamora, Michoacán y otras autoridades, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado al Director de Seguridad Pública Municipal de Zamora, Michoacán, con apoyo en los artículos 115 y 117, de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite; la cual, además, deberá acompañar, en el término señalado, las constancias necesarias para apoyar su informe, en copia certificada, completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II, de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme a la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Sin que haya lugar a solicitar informe justificado al Fiscal Regional de Justicia y Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, toda vez que los mismos los envió la autoridad auxiliar, por lo que con vista a las partes, agréguense a sus autos los respectivos informes rendidos por las citadas autoridades responsables, de conformidad con citado el artículo 117 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer relación de los mismos, en la audiencia constitucional respectiva. Requiérase a las autoridades responsables para que informen si alguna de las partes, ha tramitado diverso juicio de amparo contra actos derivados del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de las autoridades responsables. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Fórmese incidente de suspensión, por duplicado y cuerda separada. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora, como la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, dígase al promoverte que no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones personales los estrados de este Juzgado de Distrito, dado que dicha circunstancia no la prevé ni la ley de la materia, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica supletoriamente por disposición expresa de su numeral 2°; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones que deban hacerse a la parte quejosa, aún las de carácter personal, se le deberán practicar por lista. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, con las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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